Conflictos de tierras en Costa de Marfil: las comunidades se defienden ante SIAT y el Estado

Todo comenzó una mañana de agosto de 2011, cuando tres comunidades situadas en la zona centro oriental de Costa de Marfil se enteraron de que una empresa belga, la Société d’Investissement pour l’Agriculture Tropical (SIAT), había llegado a instalarse en sus tierras. Poco después, la empresa de agronegocios llegó a instalarse para implantar un monocultivo de hevea o caucho, sobre 11 mil hectáreas de tierras que las comunidades jamás habían vendido ni cedido y que SIAT no tenía derecho a explotar.

Hoy, recorriendo los pueblos afectados, Famienkro, Koffessou-Groumania y Timbo, la tristeza innegable y los graneros vacíos son el día a día de las comunidades. Ahora se hace necesario comprar comida, pero ¿con qué dinero? Muchos campesinos sin tierra son dependientes de SIAT para poder alimentar a sus familias.

El hambre y la inseguridad alimentaria que se vislumbra en el horizonte debieran tener una explicación de parte de las autoridades nacionales y sus socios internacionales. Este informe busca describir la situación que viven las comunidades ante el Estado de Costa de Marfil y la multinacional belga SIAT reabrir el debate en torno a la autorización que el gobierno marfileño mitio para explotar las tierras reivindicadas por las comunidades de Famienkro. La zona de indefinición legal que mantiene el Estado ¿demuestra una voluntad de espoliación de las tierras comunitarias en provecho de esta multinacional dedicada a la explotación del caucho?

La agricultura familiar sacrificada en el altar de los agronegocios

En Costa de Marfil, 2014 fue celebrado activamente como el Año Internacional de la Agricultura Familiar por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y numerosas ONG nacionales.[1] Se realizaron numerosos proyectos con el objetivo de proteger a los pequeños agricultores y la protección a la agricultura familiar estuvo en el centro de numerosos debates y encuentros. Posteriormente, en 2015, el país promulgó una ley de orientación agrícola para contribuir, entre otras cosas, a la soberanía alimentaria de la población.[2]

A pesar de estos avances, hoy en día la voluntad de las autoridades políticas marfileñas está restringida a los intereses de los agronegocios. Lo prueba el hecho de que el proyecto de agronegocios de SIAT haya predominado sobre la agricultura familiar y campesina. Los campesinos y campesinas de Famienkro se encuentran frente a la maquinaria de la empresa SIAT, que los despojó de sus tierras y que se muestra decidida a convertirlos en obreros agrícolas. El caucho, que tiene consecuencias desastrosas para la biodiversidad, ha tomado el lugar de los cultivos destinados a alimentar a las personas.

SIAT desconoce el derecho al consentimiento libre, informado y previo

Fue en agosto de 2011 que las comunidades de Famienkro, Koffessou-Groumania y Timbo, ubicadas a unos 300 km de Abidjan, se enteraron de manera informal que una empresa se instalaría en sus tierras.

Un mes más tarde, el 15 de septiembre, los representantes de las tres aldeas fueron informados que el gobierno había entregado una concesión de tierras que cubre una superficie total de 11 mil hectáreas a la Compagnie Hévéicole de Priko (CHP), filial marfileña de la sociedad anónima belga SIAT para la creación de una plantación industrial de caucho. Una parte de las tierras en cuestión habían sido explotadas entre 1979 y 1982 por la Société d’État para el desarrollo de plantaciones de caña de azúcar (SODESUCRE). Después de la finalización del proyecto azucarero, los campesinos y campesinas reanudaron sus actividades agrícolas en las tierras del antiguo complejo.

Las comunidades quedaron atónitas. El antiguo complejo azucarero había ocupado para sus actividades 5 mil 500 ha de tierras y el Estado le entregó 11 mil a la CHP.

Por otro lado, el consentimiento libre, informado y previo (CLIP) de parte de las personas afectadas es siempre un requisito en estos casos, sobre todo cuando se trata de conceder tierras cultivables a las empresas, ya sean nacionales o extranjeras. Esta regla fue instituida por el Primer Presidente de Costa de Marfil cuando negociaba la instalación de SODESUCRE y hoy día los campesinos se preguntan por qué habría de anularse esta regla.

El Rey de Andoh, su Majestad Nanan Akou Moro II, a través de su portavoz Sinan Ouattara, lo confima : “Nosotros no hemos dado nuestro consentimiento a este proyecto, cuyo impacto sobre nuestras tierras ancestrales, territorios y recursos naturales es devastador, y nosotros nos oponemos a dejarnos robar nuestras tierras”. Jefe hace 39 años, el rey de Andoh preside sobre la tribu Coblossi que agrupa a siete aldeas en las cercanías de Famienkro: Koffessou-Groumania, Sérébou, Kamélésso, Assouadiè, Morokro, Lendoukro y Kouakoukro.

SIAT desconoce el marco legal de Costa de Marfil

El Código ambiental de Costa de Marfil, en su artículo 39, estipula que el proyecto de SIAT, en tanto un proyecto importante, susceptible de tener un impacto sobre el ambiente y la sociedad, debe ser objeto de un estudio de impacto ambiental y social previo.[3] Hasta del día de hoy, SIAT no ha realizado dicho estudio.

“¿Quién es SIAT para arrogarse el derecho a violar el Código Ambiental Nacional y el derecho de las comunidades a sus tierras?”

En el año 2015, cuando los trabajos de plantación del caucho ya habían comenzado, la CHP cooptó a la Agencia National del Medioambiente (ANDE), organismo público encargado de proponer las medidas de corrección del impacto del proyecto. Los términos de referencia (TDR) del estudio de impacto ambiental y social fueron re-escritos y entregados a SIAT, que debería seleccionar un equipo para la realización del estudio.

Este TDR que, según la reglamentación, es válido por un año, todavía no había sido presentado después de un año, cuando estábamos investigando para la redacción de esta publicación. En ese momento, según la información disponible en ANDE, el estudio ya había sido realizado y entregado y estaba a la espera de la validación. En ausencia del estudio de impacto ambiental y social previo, la explotación de estas tierras y la puesta en marcha de las obras del proyecto es una violación al código ambiental de Costa de Marfil.

Los negocios de SIAT en el mundo

SIAT es una multinacional Belga que se dice “especializada” en agricultura tropical.[4] Está presente en África, en Asia y en Europa. Totalizaba, en junio de 2013, alrededor de 175 mil hectáreas de superficie cultivada en África.[5] Esta poderosa multinacional tiene un capital de 31 millones de euros y una facturación de casi 200 millones de euros en palma aceitera, caucho y ganadería extensiva. SIAT tiene su sede en Bruselas y tiene actividades en Bélgica, Nigeria, Ghana, Gabón, Camboya y Costa de Marfil.

En Nigeria SIAT tiene el 60 por ciento de participación en Presco Pic, compañía registrada en la Bolsa de Comercio de Lagos. Presco es una empresa productora de aceite de palma totalmente integrada. Posee 20 mil hectáreas de palma aceitera, un molino de aceite, una estación de molienda de vainas y una planta de refinería/fraccionamiento.

SIAT también tiene el 100 por ciento del capital de SIAT Nigeria Ltd (SNL). SNL compró al Gobierno de River State su propiedad de 16 mil hectáreas de plantaciones de palma aceitera añosa, con la totalidad de la infraestructura social e industrial asociada a un complejo de aceite de palma industrial de este tipo. Las plantaciones se renovarán en el curso de los próximos 10 años.

En Ghana, SIAT es dueña del 100 por ciento de GOPDC, una empresa que cultiva alrededor de 7 mil 800 hectáreas de palma aceitera industrial de una concesión de 14 mil hectáreas, y entrega un apoyo financiero y técnico a siete mil agricultores que cultivan un total de 13 mil 700 hectáreas. GOPDC dispone de una estación de refinería/fraccionamiento con una capacidad de 100 toneladas por día y tiene una zona de almacenaje para 16 mil toneladas.

En Gabón, SIAT posee el 99 por ciento de SIAT Gabón que tiene 12 mil hectáreas de plantaciones de caucho y cinco mil cabezas de ganado bovino.

En Costa de Marfil, SIAT tiene el 100 por ciento de la Compagnie Hevéicole de Cavally (CHC) que cultiva 5 mil 400 hectáreas de una concesión total de 7 mil 700 hectáreas. La compañía opera también un contrato de arriendo por 13 mil 500 hectáreas de caucho con alrededor de mil 200 agricultores. Una planta de tratamiento de caucho se instaló en la plantación con una capacidad de producción de 3 mil 500 t/m de miga de caucho. La finca se encuentra en la zona de cultivo del caucho cerca de la frontera con Liberia.

CHP es una nueva concesión en la cual SIAT tiene previsto desarrollar 5 mil hectáreas de plantaciones de caucho industrial, ocho mil hectáreas de plantaciones con contrato de arriendo y una planta de tratamiento mediante la inversión de 50 millones de euros durante 10 años. Además del caucho, el proyecto tiene previsto también cultivos adaptados a las necesidades de la población.

La inauguración de la concesión tuvo lugar en septiembre de 2013 en presencia del Ministro de Agricultura de Costa de Marfil, M. Sangafowa Coulibaly

En Bélgica, SIAT NV tiene el 81 por ciento de las acciones de Deroose Plants, reconocida compañía belga de horticultura. Con sus subsidiarias en Estados Unidos y China, Deroose creó una línea completa de plantas de interior.

En Camboya, SIAT tiene el 100 por ciento de SIAT Camboya que se ocupa de las operaciones de empresas conjuntas en Camboya, administradas directamente por SIAT NV.

Desarrollo y expansión por la fuerza y sin consentimiento

Paralelamente, SIAT tiene como objetivo continuar su expansión y aumentar sus ganancias en el mundo, y en África en particular, en detrimento de las comunidades que no tienen más que sus tierras para alimentarse y vivir decentemente de sus actividades agrícolas. Para lograr esto, SIAT no duda en hacer oídos sordos a los ciudadanos y ciudadanas que impugnan sus proyectos en África bajo el slogan de “no al caucho”.

Un incendio de tractores y la destrucción de cultivos durante el verano de 2015 se le atribuye al movimiento de “no al caucho”. Algunos días después de los incidentes, la Gendarmería Nacional respondió con una represión muy agresiva que degeneró en un enfrentamiento. El balance fue negativo: dos personas muertas por las balas en Famienkro. Se trata de Assué Amara de Koffessou, muerta sobre el campo por una bala en el cuello y Ali Amadou de Timbo, alcanzada en el abdomen, quien falleció al día siguiente; esto, sin contar numerosos heridos. En los enfrentamientos se enfrentaron por igual los “si al caucho” y los “no al caucho”.

Más tarde, numerosas casas fueron incendiadas en Famienkro. Muchos opositores al proyecto huyeron para evitar las represalias. 71 personas, incluido el rey de Famienkro, el jefe de la aldea de Koffessou y Sinan Ouattara, fueron arrestados y detenidos en la prisión de M’Bahiakro, después de haber estado retenidos algunos días en Prikro, lugar de la jefatura de la comuna. Daouda Mahaman, que no estaba en el lugar de la manifestación, fue culpado el 28 de julio de 2015 de incendio intencional de edificios de habitación, del incendio de 8 motores, de la destrucción de plantas y árboles “hechos por manos humanas”, agresión intencional, insultos a un oficial en el desempeño de sus funciones, incumplimiento del orden público y posesión ilegal de armas de fuego.

Entre ellas se encontraba N’Djoré Yao Kassoum, jefe de la aldea de Koffessou. A su salida de la prisión, después de una detención triste y degradante, señaló: “Cuando llegaron las máquinas a rozar los campos, todos mis bananos, mi taro, arroz, mandioca, maíz y castañas de cajú fueron destruidos. A causa de esto le pedí a la gente que fuera y los expulsaran. Estoy ciego, tengo que comer. Ustedes destruyeron mis campos. ¿Qué voy a comer? ¡Fui injustamente encarcelado por defender mi propia tierra!”[6] A los 87 años, ciego, falleció poco después de su salida de la prisión, el 26 de mayo de 2016.

Acaparamiento de tierras por el Estado en beneficio de SIAT

El gobierno reclama la propiedad de las tierras bajo el pretexto de que éstas fueron puestas a disposición del ministerio de agricultura en 1970 debido a la instalación del complejo azucarero. Las comunidades señalan que esto es falso, afirman que jamás le han vendido al Estado, sino que fueron cedidas a SODESUCRE hasta el desmantelamiento de su explotación en 1982.

Hasta hoy, el gobierno no ha mostrado los documentos que prueban que las tierras les fueran entregadas por las comunidades originarias, tampoco ha demostrado la revocación efectiva de los derechos consuetudinarios de los propietarios de la tierra que se sienten afectados. La revocación de los derechos consuetudinarios es el único acto administrativo que podría dar la razón a la reivindicación del gobierno. La pérdida de los derechos consuetudinarios sobre las tierras implica una indemnización en beneficio de los detentores; pero en Famienkro, ningún detentor de derechos consuetudinarios de tierras fue indemnizado por la pérdida de sus derechos sobre sus tierras en 1979. El Estado, mediante sucesivos decretos, solamente compensó a los campesinos cuyas cosechas habían sido destruidas para la ejecución del proyecto del complejo azucarero.

Batalla judicial en un clima de tensión

En 2013, en uno de los últimos actos de resistencia, la gente de las comunidades opuestas al proyecto, demandaron a SIAT ante el tribunal de la ciudad principal del departamento, M’Bahiakro, para exigir su expulsión de las tierras que eran objeto del litigio.

En el tribunal, SIAT respondió que el acuerdo marco que firmó en 2013 con el Estado de Costa de Marfil (representada por el ministro de agricultura) le permite explotar estas tierras. La empresa también exhibió una solicitud de registro de la tierra en el libro de la circunscripción de la región de Baoulé, de 11 mil hectáreas de tierras, solicitud que había sido ingresada el 24 de abril de 2014 por el ministerio de agricultura. Las comunidades de Famienkro se oponen también a esta inscripción.

En octubre de 2014, el tribunal de M’Bahiakro ordenó la realización de una serie de audiencias para determinar la naturaleza del contrato que existe sobre la tierra en litigio y la existencia o no de la revocación de los derechos consuetudinarios. Al mes siguiente, el ministerio de agricultura, representado por el director de tierras rurales Delbé Zirignon Constant, afirmó ante el juez que “la revocación o no de los derechos consuetudinarios de ninguna manera invalida esta cesión”. Afirmó también que al momento de la instalación de la SODESUCRE, el Estado indemnizó a los campesinos por los cultivos destruidos. El director de tierras rurales, también señaló que “siendo el Estado propietario del espacio en disputa, no hay necesidad de la revocación del derechos ancestral”. También dijo que las tierras desocupadas y sin dueño pertenecen al Estado.

Sin embargo las tierras en disputa no son tierras desocupadas y sin dueño, porque las comunidades están establecidas en éstas y las explotan desde tiempo remotos. Por lo tanto, se debe hacer distinción entre la revocación de derechos consuetudinarios sobre una superficie de tierra y las indemnizaciones por los cultivos destruidos: esto no implica que los titulares pierdan su derecho a la tierra.

Al apropiarse de las tierras de Famienkro, el Estado viola también la ley de 1998, sobre el dominio de la tierra rural, que establece que las comunidades tienen un plazo de 10 años, es decir hasta 2023, para hacer la constancia de los derechos consuetudinarios sobre sus tierras.[10]

Tampoco parecen preocuparle al Estado marfileño las directrices voluntarias de la FAO para una gobernanza responsable de los regímenes de tierras. El Estado se comprometió a implementarlas en 2014.[11],[12]

Segundo capítulo jurídico bajo un silencio culpable

Cuando la investigación dictada por el tribunal de M’Bahiakro llegaba a su fin, el juez se encontró sin pruebas de la revocación o del contrato con las comunidades que hubiera permitido materializar la cesión de estas tierras. Decidió entonces iniciar una segunda audiencia.

Si bien no fueron invitados a la segunda audiencia, las comunidades se enteraron mucho más tarde de que el 24 de noviembre de 2016 se emitió una decisión judicial adversa. Sentenciando, respecto a la solicitud de expulsión formulada por la comunidad, el juez dijo que las comunidades no desmienten "haber cedido el terreno en disputa por la necesidad del establecer un complejo azucarero". Agregó, además, que las poblaciones de Famienkro no suscribieron "ningún contrato de arrendamiento con el Estado cuyo plazo coincida con el cese de actividades del complejo azucarero que justifique el retorno inmediato de dichas tierras a [su] patrimonio".

Según nuestro análisis, las comunidades detentan los derechos consuetudinarios sobre estas tierras. No es a ellas a quienes se les debe pedir pruebas de su calidad de propietario, sino más bien el Estado debe probar que existe una cesión en su beneficio y que éste es ahora el propietario definitivo de estas tierras.

En 2015, a pesar de la inexistencia de un acta de concesión que entregara las tierras explotadas por SODESUCRE al Estado, éste logró registrar a su nombre una superficie de cerca de 11 mil hectáreas ubicadas en Famienkro.

SIAT, como otras multinacionales en Costa de Marfil, se mantienen en las tierras en conflicto. La aplanadora de los agronegocios, apoyada por algunas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o AGRA, continúan extendiéndose en Costa de Marfil como por todo África. Las comunidades son forzadas a dejar sus tierras en manos de las multinacionales bajo el pretexto de “alimentar a África” y luchar contra el hambre.[13] ¿Luchar contra el hambre? No había dudas de que es lo que hacían antes los valientes campesinos de las siete comunidades afectadas por el proyecto de cultivo del caucho.

Anexo: Las Asociaciones Público Privadas en el ámbito de la agricultura, asociaciones del engaño

En el marco de su asociación con el Estado, SIAT afirma que va a crear 8 mil empleos directos. El objetivo puede ser noble pero SIAT no menciona los otros miles de empleos que serán destruidos en estas comunidades. Toda la población local, estimada en alrededor de 40 mil habitantes, ¿encontrará trabajo con SIAT?

Generalmente, a las multinacionales del sector agrícola les gusta hablar de lo empleos que ellas piensan crear, pero nunca quieren reconocer que sus inversiones destruyen, a menudo, un actividad u oficio por completo, es decir la agricultura.

Este proyecto de SIAT se inscribe en el marco del Programa Nacional de Inversión Agrícola (PNIA) 2012-2015 de Costa de Marfil, que privilegia las asociaciones público-privadas (APP).

En una entrevista concedida a la prensa de Costa de Marfil, en Abiyán en abril de 2016, en la 29ª Conferencia Regional de la FAO, Ibrahim Coulibaly, Vicepresidente de la Red de Organizaciones de Campesinos y Productores de África Occidental (ROPPA) señaló que, refiriéndose a las APP, se necesita crear medidas consistentes, porque no podemos hacer políticas agrícolas que sean discrepantes. Muchos actores señalan que las APP sólo benefician a las empresas privadas extranjeras. Éstas disfrutan de muchos beneficios, incluidos los subsidios de sus países, y las nacionales no pueden competir con ellos. “Nos toman por tontos", continuó el líder de ROPPA.

Como señala Oxfam, las asociaciones público-privadas refuerzan la desigualdad y amenazan los derechos a la tierra de las poblaciones africanas.[14],[15]

En Famienkro, aparte del poco personal estable que trabaja en la compañía, entre 800 y mil trabajadores se emplean en las plantaciones de SIAT. Cifras que habrían disminuido al momento de escribir este informe.

Un trabajador explicó que “por mes, menos los domingos, uno puede recibir 39 mil francos africanos (unos 60 euros). Yo, por ejemplo, estoy en riego, así que trabajo todos los días. Y también puedo tener la oportunidad de trabajar tiempo extra. Por eso puedo llegar a ganar 50 o 60 mil francos (entre 77 y 92 euros). Si no tienes ningún trabajo extra, en cualquier caso, tu salario al final del mes es de 39 mil”.

¿Quién se beneficia realmente con estas asociaciones? Teniendo en cuenta los salarios, no son las comunidades precisamente.

Es necesario preguntarse si estas alianzas realmente quieren reducir la pobreza y luchar contra el hambre, como lo afirman iniciativas como la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición y GROW Africa.

Referencias