Aunque no es tan reciente el comunicado, quisimos dejar constancia del clima de hostigamiento y abierta represión que se ha vivido durante todos estos meses en Brasil y las dificultades que crecen ante la andanada de ataques a quienes defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y de la expansión de los agronegocios sobre las comunidades de varias regiones de Brasil.
Por supuesto esto se conjunta con el clima golpista tras el comienzo del proceso enjuiciamiento de Dilma Roussef, la presidenta de Brasil, y quienes hoy detentan de facto el poder en Brasil
Brasil: Policía Militar y pistoleros atacan familias Sin Tierra, y asesinan a dos personas en Paraná
Comunicado MST Paraná
08 abril de 2016. En la tarde del 7 de abril, familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST), organizadas en el Campamento Dom Tomás Baluino, en el municipio de Quedas do Iguaçu, región del centro del estado de Paraná, fueron víctimas de una emboscada realizada por la Policía Militar del Estado y por seguridad privada da empresa maderera Araupel.
El campamento, cuya ocupación tuvo lugar en mayo del 2015, posee aproximadamente mil quinientas familias. Está localizado en el inmueble Río das Cobras que fue apropiado fraudulentamente por la empresa maderera. La justicia declaró, en función del fraude, que las tierras son públicas y pertenecen a la Unión, y deben ser destinadas para la reforma agraria.
La emboscada ocurrió cuando aproximadamente 25 trabajadores Sin Tierras circulaban de camioneta, a 6 kilómetros del campamento, dentro del perímetro del área decretada pública por la justicia, cuando fueron sorprendidos por la por la policía y la seguridad privada atrincherada.
Al ver que se dirigían hacia el vehículo, los trabajadores Sin tierra corrieron en dirección al campamento, para protegerse y huir de los disparos que no cesaban.
En el ataque dos Sin Tierra fueron asesinados, siete resultaron heridos —aunque el número exacto aun no fue confirmado—, y dos fueron detenidos para declarar y ya fueron liberados. El local donde ocurrió la emboscada fue aislado por la policía, impidiendo a los familiares de las víctimas, abogados y periodistas, amenazando a las personas que se aproximaban. Tal actitud permite a la policía destruir pruebas que pueden esclarecer el grave hecho.
La Policía Militar creó un clima de terror en la ciudad de Quadas do Iguaçu, tomando las calles, cercando la comisaría y los hospitales de Quedas do Iguaçu y Cascavel para donde fueron llevados los heridos, impidiendo cualquier contacto de las víctimas con familiares, abogados y el periodismo.
El ataque de la Policía Militar a los Sin Tierra, ingresando en área federal, aconteció días después de la visita del Secretario de la Casa Civil, Valdir Rossoni, y el representante de las cúpulas de la policía de Paraná, el día 01 de abril a Quedas do Iguaçu, donde se determinó el envió de un contingente de más de 60 policiales para el municipio.
El MST está en la región hace casi 20 años, y siempre actuó de forma organizada y pacífica para avanzar en la reforma agraria, reivindicando que la tierra cumpla su función social. Sólo en el gran latifundio de Arapuel fueron asentados más de 3 mil familias.
El MST exige:
* Inmediata investigación, prisión a los policías y al personal de seguridad privada, y la condena de todos los responsables —ejecutores y mandantes— por el crimen contra los trabajadores Sin Tierra.
* El apartamiento inmediato de la policía militar y la retirada de la seguridad contratada por Araupel.
* Garantizar la seguridad y protección de las vidas de todos los trabajadores acampados del Movimiento en la región
* Que todas las áreas fraudulentamente apropiadas por la empresa Araupel sean destinadas para la Reforma Agraria, asentando las familias acampadas.
¡Luchar, construir Reforma Agraria Popular!
“Papeles de Panamá” del modelo agroexportador y la aniquilación de los hijos de labriegos sencillos
conquistaron tus hijos
—labriegos sencillos—
eterno prestigio, estima y honor”
Himno Nacional de Costa Rica
Mauricio Álvarez Mora.* Ni prestigio, ni estima ni honor. La situación de los sobrevivientes labriegos sencillos frijoleros, arroceros y maiceros es cada día más paupérrima. Ya la mayoría de los granos son importados; por ejemplo la totalidad del maíz amarillo. Ahora El Niño y el Cambio Climático los golpea con más fuerza. Hace un año se esperaba una cosecha de 236 quintales de frijoles en Huétar Norte y sólo se llegó a 186 mil, según estimaciones del CNP (La República, 7 de abril, 2016).
Esto contrasta con las revelaciones de los famosos “Papeles de Panamá” donde se ventiló la creación de estructuras legales de papel, facturas para cobrar millonarias cifras de un tipo de incentivo fiscal llamado Certificados de Abono Tributario (CAT) para los agroexportadores. El caso denunciado de la empresa Borda Azul no fue el único: hay una lista de políticos empresarios que se beneficiaron de esta forma de estafa legalizada que al igual que la venta de energía privada se ha convertido en la yugular de la clase “vampira-política-empresarial” del país.
En Costa Rica el modelo de granos básicos para la seguridad alimentaria nacional fue desplazado por el agroexportador con monocultivos extensivos de piña, palma y banano y esto fue posible por los incentivos como la exención de impuestos, los Certificados de Abono Tributario CATs y los contratos de exportación.
Los Certificados de Abono Tributario fueron “subsidios” o mejor dicho “premios” que el gobierno dio a productores para promover las exportaciones entre 1993 y 1996. Pindeco fue la empresa que más dinero recibió, unos 3 mil 243 millones de colones. Según los representantes de la empresa, (La Nación, el 24 de noviembre de1997), “sin esa ayuda se hubieran instalado en otro país, ya que con ese aporte compensan las distorsiones de la actividad como son las carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, los costos portuarios y los servicios de telecomunicaciones”. Otras empresas beneficiadas fueron Palmatica, TicoFrut, Melones de Costa Rica, Fertilizantes de Costa Rica y otros más (Aravena Bergen J., 2005).
Tales certificados significaron los cimientos del modelo agroexportador: 60% de la producción nacional de nuestro país es para la exportación de banano, piña, café, aceite de palma, plantas, follajes, flores, yuca y melón (FAO, 2012), producidos en monocultivos que contribuyen a que seamos primer lugar mundial en importación de plaguicidas o venenos.
La actitud de los piñeros se evidencia en estas revelaciones. “Evadir impuestos sin disimulo, la intención de un empresario costarricense” así dijo la cadena internacional Univisión del empresario Alfredo Volio Escalante, padre de Alfredo Volio Pérez padre del exministro del MAG y ex directivo del Banco Nacional y jefe del comando de la campaña del SI al TLC. El empresario buscó al bufete Mossack Fonseca para abrir una sociedad en Panamá. En un mensaje escrito, aseguró explícitamente que su intención era protegerse de “las pesadas cargas tributarias” de su país.
“Nuestra familia ha estado siempre, por varias generaciones, ligada a la producción e industrialización de leche, así como ganado de carne. Mi hijo Alfredo es el presidente de una empresa dedicada a la producción, industrialización y exportación de piña. Necesitamos que la nueva sociedad esté radicada en Panamá, y que ustedes nos ayuden en cuanto a la dirección allá”, dijo Volio Escalante en carta publicada por Univisión (Univisión, 4-4-2016). Suponemos que se refiere a la empresa Upala Agrícola Sociedad Anónima, denunciada en 2012 por ser la segunda mayor deudora del sector piñero con la Caja. La deuda ascendía a ¢73 768 176 (Semanario Universidad, 2-8- 2012).
Contrastan estas revelaciones con el trato dado a los productores de frijol y granos básicos en los gobiernos posteriores al TLC donde cualquier tipo de subsidio o ayuda es satanizado y priva la falta de mercado y opciones de comercialización. En el caso del frijol los productores llegan a huelgas y protestas por lograr colocar anualmente la cosecha.
Organizaciones de agricultores estuvieron frente a Casa Presidencial denunciando su situación.
Se oponen a prorrogar licencias para explotación de los mares a flotas pesqueras extranjeras pues esto afecta a pescadores artesanales. Consideran un tiro de gracia para el sector el eventual ingreso del país al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y una traición a lo prometido: no negociar y firmar más acuerdos comerciales.
Llamamos a luchar contra este modelo y sus graves consecuencias como el desplazamiento de campesinos, la deposición de riqueza colectiva para terminar en pocas manos, la apropiación de las transnacionales, la contaminación de agroquímicos de las fuentes de la vida y de los mismos alimentos y en cientos de conflictos por el acaparamiento del agua para riego.
*Presidente de FECON y profesor en Kioscos Socioambientales, UCR
Informe de la Comisión Interamericana:
Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo
Servindi, 6 de abril, 2016. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este informe donde destaca el alcance y la complejidad de los problemas causados por las actividades extractivas y de desarrollo en la región, y procura avanzar un marco jurídico integral de estándares de derechos humanos del sistema interamericano aplicable a este tema.
Las actividades extractivas y de desarrollo, en aumento en la región, son implementadas en los territorios ocupados históricamente por los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes, áreas que albergan una gran cantidad de recursos naturales.
La CIDH no desalienta estos proyectos y reconoce la importancia que tales emprendimientos pueden tener para la prosperidad y el desarrollo económico de los países de América. Sin embargo, precisa que el desarrollo económico de los Estados Miembros no puede realizarse en detrimento de sus obligaciones fundamentales de respetar y garantizar derechos humanos.
Los Estados receptores y los Estados de origen de las empresas que ejecutan estos proyectos tienen obligaciones específicas. El informe desarrolla éstas buscando garantizar que el desarrollo económico no se realice a expensas de los derechos humanos fundamentales de las comunidades indígenas y afro-descendientes.
Los Estados receptores deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones a los derechos humanos que resulten de la ejecución de estos proyectos.
Deben cumplir con estándares internacionales de derechos humanos, mediante la adopción de políticas, legislación y regulaciones adecuadas, y la garantía de un efectivo acceso a la justicia.
La obligación de los Estados incluye el prevenir violaciones a los derechos humanos. Se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, y durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización. Incluye la necesidad de evaluar los riesgos a los derechos humanos internacionalmente reconocidos inherentes a la operación de actividades extractivas y de desarrollo antes de ser autorizadas.
Actuar con debida diligencia requiere que los Estados adopten un marco regulatorio apropiado para proteger el ambiente y los derechos humanos; que contemple de forma adecuada la operación de compañías extranjeras en la jurisdicción de un Estado con un enfoque extraterritorial de los derechos humanos.
Incluye el deber fundamental de consultar a pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que pueden verse afectadas; la garantía de mecanismos de participación efectiva y de un adecuado acceso a información facilitadora del ejercicio de derechos.
Precisa la obligación de supervisar y fiscalizar las actividades de las empresas y otros actores no estatales; el deber de prevenir actividades ilegales y otras formas de violencia; y medidas para asegurar un adecuado acceso a la justicia a través de la investigación, sanción y reparación plena de las violaciones de derechos humanos en estos contextos.
La obligación de alcance amplio también comprende considerar los impactos diferenciados y adversos sobre grupos específicos como líderes, autoridades y defensores indígenas o afrodescendientes, mujeres, niñas y niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
El informe concluye con recomendaciones prácticas, generales y específicamente adaptadas para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Con éstas procura promover que los Estados desarrollen un marco normativo y regulatorio adecuado para que puedan cumplir con su obligación de actuar con debida diligencia, adoptando medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar violaciones a derechos humanos y el acceso a la justicia en este ámbito.
La Comisión insiste en la necesidad de adoptar e implementar una legislación doméstica que proteja los derechos humanos y establezca sistemas de monitoreo, control y supervisión de las actividades de compañías extractivas y de desarrollo.
Se incluyen recomendaciones orientadas a los Estados donde se ejecuta el proyecto y a los Estados donde tiene sede la empresa).
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Su mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Su mandato es promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Boletín de prensa
Cómo dejar atrás la agricultura industrial: expertos en sistemas alimentarios urgen a un viraje global hacia la agroecología
Bruselas-Trondheim, 2 de junio. Debemos desterrar al pasado los monocultivos con aplicación intensiva de insumos químicos y los sistemas de alimentación animal de escala industrial para lograr que los sistemas alimentarios mundiales tengan una base sustentable, según afirman los expertos más importantes en seguridad alimentaria, agro-ecosistemas y nutrición.
La solución es diversificar la agricultura y reorientarla a gravitar en torno a prácticas ecologicas, no importa si partimos de una agricultura altamente industrializada o si de cultivos de subsistencia como en los países más pobres, afirman los expertos.
El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sustentables (IPES-Food), encabezado por Olivier De Schutter, ex- Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas, publicó sus hallazgos en un informe titulado De la Uniformidad a la Diversidad: Un cambio de paradigma de la agricultura industrial a los sistemas agroecológicos diversificados.
Dijo De Schutter: Muchos de los problemas de los sistemas alimentarios se vinculan específicamente a la uniformidad que es corazón de la agricultura industrial, y su dependencia hacia los fertilizantes y plaguicidas químicos. Si sólo se retoca la agricultura industrial no tendremos soluciones de largo plazo para la multitud de problemas que ésta genera”. Y añadió: No es falta de evidencia lo que frena la alternativa agroecológica. Es el desencuentro entre su enorme potencial para mejorar resultados a todo lo ancho de los sistemas alimentarios y su mucho menor potencial para generarle ganancias a las firmas de agronegocios”.
El informe fue presentado en la Octava Conferencia sobre Biodiversidad en Trondheim, Noruega, por su autor principal, Emile Frison, ex director general de Biodiversity International.
El informe revisa las más recientes evidencias de los resultados de diferentes modelos de producción, e identifica ocho razones clave que muestran por qué la agricultura industrial se mantiene bien plantada pese a sus resultados negativos. También traza un mapa de los pasos para romper estos ciclos y darle un viraje al centro de gravedad de los sistemas alimentarios.
Frison explicó que algunos de los obstáculos claves para el cambio es que quien tiene el poder fija la agenda: “El modo en que definen seguridad alimentaria y el modo en que miden los logros de los sistemas alimentarios tiende a reflejar que la agricultura industrial está diseñada para entregarnos algo que en realidad no refleja lo que realmente importa, si pensamos en términos de construir sistemas alimentarios sustentables.
Con base en la revisión de las evidencias más recientes, el pánel de expertos identificó que la agricultura industrial es la instancia que contribuye más a provocar los problemas más urgentes de los sistemas alimentarios:
* Los sistemas alimentarios contribuyen cerca de 30% de los gases con efecto de invernadero globales.
* Un 20% de los suelos en la tierra están degradados
* Más de 50% de los alimentos humanos derivados de las plantas dependen ahora de tres cultivos (arroz, maíz y trigo); 20% de las variedades de ganado están en riesgo de extincion.
* Que se extingan especies silvestres y la aplicación de plaguicidas amenazan al 35% de los cultivos dependientes de la polinizacion a nivel global.
* Cerca de 2 mil millones de personas sufren deficiencias en sus micronutrientes; los actuales sistermas alimentarios [industriales] producen abundancia de cultivos ricos en energía y pobres en nutrientes.
Los expertos concluyeron que era importante un viraje hacia una agricultura agroecológica diversificada que pueda brindar beneficios simultáneos a la productividad, el ambiente y la sociedad.
El creciente cuerpo de evidencia muestra que los sistermas agroecológicos diversificados brindan rendimientos fuertes y estables al construir ecosistemas saludables donde diferentes plantas y especies interactuan de modo que se mejora la fertilidad del suelo y la retención del agua. Se comportan particularmente bien en circunstancias de presión ambiental y brindan incrementos en la producción en los lugares donde se más se requieren alimentos adicionales.
Los sistemas agroecológicos diversificados tambien muestran un importante potencial para mantener el carbono en el suelo, incrementar la eficiencia de los recursos y restaurar las tierras degradadas, haciendo de la agricultura una de las soluciones clave de la crisis climática.
La agricultura diversificada también es clave para incrementar la diversidad en la dieta a nivel local, además de reducir múltiples riesgos a la salud procedentes de la agricultura industrial (como la exposicion a pesticidas y la resistencia a antibióticos).
Algunos hallazgos clave:
* Los rendimientos promedio de la agricultura orgánica rinden algo equivalente a la agricultura convencional, pero es 30% más rendidora en los años de sequía (un estudio de 30 años).
* La producción total en los sistemas diversificados de pastizal son entre 15% y 79% más altos que en los monocultivos
* La eficiencia de recursos es entre 2 y 4 veces mayor en las fincas agroecológicas de pequeña escala.
* En las fincas orgánicas hay 30% más especies y 50% mayor abundancia de biodiversidad.
* En la carne y los lácteos orgánicos hay 50% más ácidos grasos omega-3 que son benéficos.
Los expertos identifican una promesa importante en impulsar las iniciativas que van creciendo en torno a sistrmas alternativos de cultivo y alimentación, y en las nuevas formas de cooperación política para el desarrollo de nuevas relaciones de mercado que le den la vuelta a los circuitos convencionales de menudeo.
“El reto es unir estas iniciativas”, urgió Frison. “Es de esperar que los agricultores transformen sus prácticas cuando tengan la certeza de encontrar mercado. Y los consumidores se volcarán hacia la comida saludable y sustentable cuando sea accesible y costeable. Estos cambios deben enlazarse, porque las dinámicas actuales conspiran para frenarlos”.
De Schutter añadió: “Requerimos cambiar el modo en que fijamos las prioridades políticas. Los pasos hacia cultivos agroecológicos diversificados son pasos en la democratización de la toma de decisiones y en rebalancear el poder en los sistemas alimentarios”.
* Entendemos por agricultura agroecológica diversificada aquellos modelos basados en cultivos diversificantes y paisajes de cultivo, en reemplazar los insumos quimicos, en optimizar la biodiversidad y estimular las interacciones entre diferentes especies, como parte de estrategias holísticas para construir una fertilidad de largo plazo, agro-ecosistemas saludables y sustento y modos de vida seguros. La agricultura orgánica con frecuencia refleja estos principios, pero la certificación orgánica no garantiza una aproximación holística diversificada.
El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sustentables (IPES-Food) es un pánel idependiente que trabaja para informar el debate de cómo reformar los sistemas alimentarios. Lanzado en 2015, se compone de científicos ambientalistas, economistas del desarrollo, nutricionistas, agronomos y sociólogos, además de experimentados practicantes de la sociedad civil y los movimientos sociales. Ver www.ipes-food.org
¿Comida o basura? La máquina de generar enfermedad
Silvia Ribeiro*
El sistema alimentario industrial, desde las semillas a los supermercados, es una máquina de enfermar a la gente y al planeta. Está vinculado a las principales enfermedades de la gente y de los animales de cría, es el mayor factor singular de cambio climático y uno de los principales causantes de factores de colapso ambiental global, como la contaminación química y la erosión de suelos, agua y biodiversidad, la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, vitales para la sobrevivencia de todos los seres vivos.
Según la Organización Mundial de la Salud, 68 por ciento de las causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades no trasmisibles. Las principales enfermedades de este tipo, como cardiovasculares, hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer de aparato digestivo y órganos asociados, están relacionadas con el consumo de comida industrial. La producción agrícola industrial y el uso de agrotóxicos que implica (herbicidas, plaguicidas y otros biocidas) es además causa de las enfermedades más frecuentes de trabajadores rurales, sus familias y habitantes de poblaciones cercanas a zonas de siembra industrial, entre ellas insuficiencia renal crónica, intoxicación y envenenamiento por químicos y residuos químicos en el agua, enfermedades de la piel, respiratorias y varios tipos de cáncer.
Según un informe del Panel Internacional de Expertos sobre Sistemas Alimentarios Sustentables (IPES Food) de 2016, de los 7 mil millones de habitantes del mundo, 795 millones sufren hambre, mil 900 millones son obesos y 2 mil millones sufren deficiencias nutricionales (falta de vitaminas, minerales y otros nutrientes). Aunque el informe aclara que en algunos casos las cifras se superponen, de todos modos significa que alrededor de 60 por ciento del planeta tiene hambre o está mal alimentado.
Una cifra absurda e inaceptable, que remite a la injusticia global, más aún por el hecho de que la obesidad, que antiguamente era símbolo de riqueza, es ahora una epidemia entre los pobres. Estamos invadidos de comida que ha perdido importantes porcentajes de contenido alimentario por refinación y procesamiento, de vegetales que debido a la siembra industrial han disminuido su contenido nutricional por el efecto dilución que implica que a mayor volumen de cosecha en la misma superficie se diluyen los nutrientes (http://goo.gl/AIZJjF); de alimentos con cada vez más residuos de agrotóxicos y que contienen muchos otros químicos, como conservadores, saborizantes, texturizantes, colorantes y otros aditivos. Sustancias que al igual que pasó con las llamadas grasas trans que hace algunas décadas se presentaban como saludables y ahora se saben son altamente dañinas, se va develando poco a poco que tienen impactos negativos en la salud.
Al contrario del mito generado por la industria y sus aliados —que mucha gente cree por falta de información— no tenemos por qué tolerar esta situación: el sistema industrial no es necesario para alimentarnos, ni ahora ni en el futuro. Actualmente sólo llega al equivalente de 30 por ciento de la población mundial, aunque usa más de 70 por ciento de la tierra, agua y combustibles que se usan en agricultura (Ver Grupo ETC http://goo.gl/V2r2GN).
El mito se sustenta en los grandes volúmenes de producción por hectárea de los granos producidos industrialmente. Pero aunque resulten grandes cantidades, la cadena industrial de alimentos desperdicia 33 a 40 por ciento de lo que produce. Según la FAO, se desperdician 223 kilogramos de comida por persona por año, equivalentes a mil 400 millones de hectáreas de tierra, 28 por ciento de la tierra agrícola del planeta. Al desperdicio en el campo se suma el de procesamiento, empaques, transportes, venta en supermercados y, finalmente, la comida que se tira en hogares, sobre todo los urbanos y del norte global.
Este proceso de industrialización, uniformización y quimicalización de la agricultura tiene pocas décadas. Su principal impulso fue la llamada Revolución Verde —el uso de semillas híbridas, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos y maquinaria— que promovió la Fundación Rockefeller de Estados Unidos, empezando con la hibridación del maíz en México y el arroz en Filipinas, a través de los centros que luego serían el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y el Instituto Internacional de Investigación en Arroz (IRRI). Este paradigma tiene su máxima expresión en los transgénicos.
No fue sólo un cambio tecnológico, fue la herramienta clave para que se pasara de campos descentralizados y diversos, basados fundamentalmente en trabajo campesino y familiar, investigación agronómica pública y sin patentes, empresas pequeñas, medianas y nacionales, a un inmenso mercado industrial mundial —desde 2009 el mayor mercado global— dominado por empresas trasnacionales que devastan suelos y ríos, contaminan las semillas y transportan comida por todo el planeta fuera de estación, para lo cual químicos y combustibles fósiles son imprescindibles.
La agresión no es solamente por el control de mercados e imposición de tecnologías, contra la salud de la gente y la naturaleza. Toda diversidad y acentos locales molestan para la industrialización, por lo que también es un ataque continuo al ser y hacer colectivo y comunitario, a las identidades que entrañan las semillas y comidas locales y diversas, al acto profundamente enraizado en la historia de la humanidad de qué y cómo comer.
Pese a ello, siguen siendo las y los campesinos, pastores y pescadores artesanales, huertas urbanas, las que alimentan a la mayoría de la población mundial. Defenderlos y afirmar la diversidad, producción y alimentación local campesina y agroecológica es también defender la salud y la vida de todos y todo.
*Investigadora del Grupo ETC
Honduras
Asesinan otra integrante del Copinh, también defensora de los ríos
“La tarde de 6 de julio fue asesinada la joven Lesbia Janeth Urquía Urquía, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz. El cadáver de la joven fue encontrado en un lugar denominado como Mata Mulas cerca del botadero municipal de basura de Marcala. La joven Urquía era fuerte opositora a la construcción de represas sobre los ríos de su departamento y se había incorporado al Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas COPINH a partir del golpe de estado de 2009”, así comienza un boletín de prensa emitido por Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe.
Mientras, las integrantes del Frente Feminista de los Movimientos Sociales del ALBA gritan con Berta Cáceres: “¡Despertémonos, humanidad!”, e insisten: “Janett era una luchadora contra las represas y en defensa de la vida; una destacada dirigente comunitaria, y cuidadora de los bienes comunes y de los derechos indígenas”.
Y prosiguen las compañeras: “Janett era una luchadora contra las represas y en defensa de la vida; una destacada dirigente comunitaria, y cuidadora de los bienes comunes y de los derechos indígenas. Tenía 49 años, y era madre de dos hijas y un hijo, a quienes les hacemos llegar nuestro abrazo y toda nuestra solidaridad. Sepan que su mamá, Janeth, seguirá presente en todas nuestras luchas en el continente. En estos meses su lucha junto a la de la comunidad, tenía como objetivo defender los ríos, evitar su concesionamiento y privatización, y especialmente frenar la construcción de la represa Aurora 1 del Municipio de San José, proyecto en el cual tiene vinculación directa la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional Gladys Aurora López”
Tanto las compañeras del Frente feminista como la agencia Nodal insisten en señalar que “el asesinato de la defensora de los ríos coincide con una jornada que se realizó en la ciudad de Marcala, por parte del gobierno con el apoyo de las Naciones Unidas” dos días antes. Paradójicamente, la consulta , promovida por el gobierno hondureño tenía que ver con “el proyecto de ley de aprobación del mecanismo de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, y cuando se preparaba una nueva consulta, a realizarse este domingo en Santa Elena, La Paz, promovida por el pueblo lenca y el Centro Hondureño para la Promoción del Desarrollo Comunitario (Cehprodec) sobre la construcción de otra represa”, remarcó el Frente Feminista.
Nodal apunta: “Lesbia Janeth Urquía, activó mucho en contra de la represa que se construyó o está construyéndose en el municipio de San José, en el mismo departamento de La Paz. Según los analistas, el asesinato de esta activista podría tener el propósito de meterle miedo a la población para que no participe en la consulta”.
El Frente Feminista abundó en su repudio al asesinato de Lesbia Janeth y lo vinculó al hostigamiento y represión permanente que desde ciertos oscuros sectores ligados a empresas y gobierno se ha desatado contra el Consejo Cívico de organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) “Nos resulta intolerable que se siga matando a las defensoras de la vida, a las mujeres del pueblo, a quienes han puesto sus esfuerzos para hacer más habitable nuestro mundo. El asesinato de Janeth, es un nuevo golpe a las defensoras de los ríos y territorios de Nuestra América. En este año hemos sufrido el asesinato de la compañera Nilce de Souce del MAB (Movimiento de Afectados por las Represas) de Brasil, y hace 4 meses el asesinato de Berta Caceres, coordinadora general del Copinh”.
Por su parte, el propio Copinh emitió su comunicado donde señala: “Este asesinato se produce a 4 meses y 4 días del asesinato de nuestra compañera y lideresa, Berta Isabel Cáceres Flores, y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza, organizados en el Copinh. La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta. Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza, de igual forma a la señora Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro por ser fuente permanente de amenazas y conflictos por la construcción de proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz”.
El Copinh insistió en que deben cesar los asesinatos sus integrantes y se castigue a los culpables de los asesinatos Lesbia Janeth y Berta Cáceres.
Dos visiones de la agricultura mexicana
Contrastamos dos visiones de producción que representan tendencias mundiales. Una surge de los despachos de funcionarios y planificadores, articula giras de turismo y sumisión comercial a remotos países y busca tecnificar lo más posible la producción; promueve un ejército de mano de obra y andanadas de insumos, inversión y apoyos.
La otra comprende que lo más importante no son las grandes industrias ni los enormes rendimientos sino una agricultura que permita que la gente produzca por cuenta propia, equilibre la fertilidad y la humedad de los suelos, mantenga el largo plazo de sus sistemas alimentarios y sus semillas y, sobre todo, no expulse a la gente ante la imposibilidad de resolver su propia vida.
Las exportaciones mexicanas de alimentos
rebasan las del crudo
Tad Thompson, México, 11 de mayo, 2016. Las exportaciones mexicanas de alimentos son la clave del futuro del país, según un alto funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). A fines de abril, José Calzada, cabeza de este ministerio le dijo a The Produce News acerca del brillante futuro que emerge para la industria alimentaria mexicana.
“Obtuvimos 26 mil 600 millones de dólares en exportaciones agrícolas al mundo el año pasado”, dijo. De esa cantidad, 22 mil 900 millones dólares fue por ventas al mercado estadunidense. Exportamos 60 millones de dólares al día a EUA. Ese mercado es enorme”.
En 2015, según cifras de Sagarpa, Estados Unidos recibió 80.1% de productos agrícolas y exportaciones pesqueras. Canadá está en segundo lugar en su recepción con mil 500 millones de dólares n alimentos procedentes de México. La UE es la tercera y Japón se ha vuelto el cuarto importador de productos agrícolas, sobre todo hortícolas.
“Ahora esta cantidad de recursos que obtenemos del agro es mayor que el crudo o el turismo”, dijo el secretario. “La agricultura no es sólo una parte importante de las exportaciones mexicanas sino que es fuerte y está creciendo. Continuamos invirtiendo en tecnología y en la mecanización de la tierra. Nos movimos de la agricultura tradicional a mucho mayor mecanización y modos tecnológicos de producir. Eso hace la diferencia en valor”.
Antes, según el funcionario, las dependencias de Agricultura gastaban gran parte de su presupuesto en apoyar agricultura “muy tradicional” “Ahora casi todo nuestro presupuesto se va a respaldar tecnología. Apoyamos la construcción de invernaderos y mejor infraestructura”.
Los productores agrícolas del mundo necesitan proveer para el crecimiento de la población produciendo 70% más alimentos hacia 2050 que lo que producimos hoy, añadió. Y dijo “Queremos ser el décimo productor más grande de alimentos e el mundo en los próximos diez años. Si continuamos creciendo 5 o 6 % anual, lo haremos. Este año pensamos que el crecimiento será de 4.5%”.
Calzada continúa: “El futuro de la agricultura mexicana es muy positivo. Estamos invirtiendo en los lugares correctos y dando el mensaje de que invertir en agricultura es un buen negocio. Necesitamos mucha gente joven. Muchos se fueron de los campos a la ciudad. Necesitamos que regresen para lograr un bienestar social y una sana economía. Tenemos 25 millones de gente en las áreas rurales y 7 millones trabajan en los campos”.
Aunque la agricultura compite contra las fábricas automotrices por la mano de obra, “tenemos suficientes trabajadores si les pagamos correctamente”, dijo Calzada.
El crecimiento de la necesidad de mano de obra en la agricultura mexicana ciertamente implica la necesidad de una educación avanzada y capacitación técnica para muchos, añadió. La sanidad alimentaria, los estándares fitosanitarios y los avances en la trazabilidad contribuyen en gran medida a las ganancias. Calzada habló acerca del programa de etiquetado de calidad, “México Calidad Suprema”, que es “un activo para nuestros productores y les proporciona motivación” el producir alimentos de la mayor calidad y con los estándares de sanidad. Según Calzada un nuevo sector en México expande rápidamente la producción y la exportación de productos hortícolas orgánicos. “Los orgánicos se expanden y son grandes en el mundo”, dice. “EUA y la UE tienen mucho interés en lo orgánico”.
A mediados de mayo, Calzada y Raúl Urteaga, coordinador general de relaciones exteriores de Sagarpa fueron en gira a Medio Oriente. La pareja llevó a 46 productores a visitar Arabia Saudita, Los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Dos chefs mexicanos acompañaron al grupo para resaltar la comida mexicana en el trabajo de incrementar las exportaciones de productos hortícolas frescos, fruta enlatada, res, atún y otros pescados.
En junio, los líderes de Sagarpa llevaron a otro grupo a China a promover las exportaciones agroalimentarias. En 2014 México exportó productos agrícolas por valor de 2 millones 500 mil dólares al mercado chino. Esa cifra se espera que se convierta en 100 millones en cinco años, según Calzada. Una conexión aérea dos veces por semana, de Guadalajara a Chicago y de ahí a Hunan en China, es clave para lograr este objetivo y Chicago puede obviarse eventualmente en favor de una ruta directa entre China y México.
Los aguacates son el alimento de exportación que más rápido crece en relación a China. Las bayas, el puerco y la res son también importantes, como lo es el tequila, que también cuenta como agro-exportación.
Actualmente 30 millones de plantas de agave azul crecen en el suelo tibio. Cada planta producirá cinco o seis litros de tequila. Esto permite que México exporte 400 litros de tequila por minuto según Calzada. Los líderes de la industria tequilera le mostraron a The Produce News el tequila premium que crece en popularidad.
El puerto de Manzanillo en el Pacífico es el acceso directo a Asia. Japón y Corea son fuerte compradores de limón mexicano. Los productos agrícolas han sobrepasado al petróleo en dividendos para México. Sólo la industria automotriz sigue siendo más importante, dijo Calzada.
Pero se necesita otro paso para desarrollar la industria hortícola en el procesamiento y el sector de valores agregados, dijo el funcionario. “Tenemos mano de obra y estamos invirtiendo en la infraestructura necesaria para los estándares máximos que piden los compradores extranjeros”, apuntó. “La tecnología ha cambiado los productos que producimos. Hace años no contábamos con invernaderos. Ahora incrementamos el valor del producto mexicano. Tenemos mucho más comercio con países con los que no comerciábamos hace unos años”.
Las incómodas verdades de la agricultura mexicana
De acuerdo a Olivier De Schutter, ex-Relator para la Alimentación de Naciones Unidas, uno de los requisitos para que un país enfrente el hambre y la desnutrición, es que ponga su foco en el campesinado y los agricultores en pequeña escala. Ellos constituyen un porcentaje sustancial de los pobres de México, y son los que mejor abastecen a las poblaciones rurales y urbanas con alimentos nutritivos. (1)
Es claro que aunque el secretario Calzada se refiere a la agricultura como productora de alimentos, en ningún momento ubica el problema de la alimentación sino que trata la producción como captadora de divisas. El llamado “milagro de la industria hortícola mexicana” impulsa mercancías, y la agricultura industrial sin duda produce materias primas para las grandes industrias, como sería el caso del jarabe de alta fructosa de maíz, o las harinas y almidones que del maíz se derivan. Algo que también pone al país como uno de los diez productores de alimentos procesados, cada vez más tóxicos y más enfermantes.
La producción hortícola en México obedece el manual de operación de las reglas de los tratados de libre comercio que con estándares y normas buscan excluir a toda la agricultura independiente con más y más requisitos de compra-venta y pagos delegados mediano plazo, insumos cada vez más caros, semillas registradas y de marca, y toneladas de agrotóxicos que ponen a las comunidades y las regiones en graves problemas ambientales y de salud.
Todo privilegia esta agricultura industrial sin miramientos. Poblaciones enteras son expulsadas y engrosan la mano de obra en condiciones de semiesclavitud, como lo constatan los levantamientos y protestas de jornaleros en Baja California contra Driscoll, una de esas empresas productoras de bayas de las que habla Sagarpa, o la huida masiva de jornaleros de los invernaderos de Desert Glory en Jalisco en 2012.
Según De Schutter, en México, “la mayoría de los programas agrícolas no se dirigen a los pobres: tomados globalmente, los gastos públicos en agricultura son muy regresivos [...] Aunque más de 95% de los gastos en programas sociales del gobierno mexicano bajo su Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable (PES) tienen como objetivo a los pobres, menos del 8% del gasto en programas agrícolas se dirige a esa población de pobres”. El Relator insiste: “Estudios recientes indicaron que las políticas agrícolas favorecen a los estados, los municipios y los productores o establecimientos más ricos. En 2005, los seis estados más pobres recibieron sólo 7% del gasto público en agricultura, pese a que esas entidades son el hogar de 55% de los pobres en extremo”. De Schutter finaliza: “En un país donde 80% de los campesinos tiene menos de 5 hectáreas, sería deseable destinar más recursos a respaldar a los agricultores en pequeño, en áreas deprimidas, ya que los programas en curso no responden eficazmente a la pobreza rural”. (2)
Las políticas de Sagarpa promueven dependencia, acaparamiento de tierras, devastación. A fin de cuentas las reglas del Foro Económico Mundial, buscan “conectar más países a las cadenas globales de valor”, pero tal “valorización” de los productos hortícolas tienen costos sociales, económicos, ambientales y humanos inaceptables. El acaparamiento del agua, la devastación ambiental y la expulsión generacional son sólo las más agudas manifestaciones de este desperdicio que con tanta arrogancia promueven las autoridades mexicanas.
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1 - Informe del Relator Especial para la Alimentación Olivier De Schutter, adenda, Misión a México, Human Rights Council, Decimonovena sesión, Agenda item 3, 17 de enero, 2012, A/HRC/19/59/Add.2
2 - Ibídem
Se publica documento sobre el estado de las tierras comunales en Perú
Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el futuro es la nueva publicación del colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, presentado el 10 de mayo.
El documento busca responder a los “líderes de opinión” que creen que la modernidad debe conducir a la parcelación de las tierras comunales e individualizar los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas.
Por el contrario, postula —desde una mirada realista, inteligente y visionaria del futuro del Perú— el reconocimiento de las tierras comunitarias y su importancia, en términos de extensión y población, y de su enorme aporte en varios planos, incluido el económico.
“Tenemos la convicción de que en esa permanente actitud de negación del Perú indígena, rural y comunitario reside una explicación al naufragio sistemático de los sueños de los mencionados líderes de opinión, los cuales acaban indefectiblemente estrellados contra esa realidad que tanto se esfuerzan por negar, denigrar e invisibilizar” reza la presentación.
El informe destaca que la gobernanza comunal sobre las tierras y recursos es una tendencia que involucra entre dos y tres mil millones de personas en el mundo y más de la mitad de la masa terrestre global está sujeta a tales normas.
Para ilustrar la universalidad de las tierras comunales, el Capítulo 1 reproduce extractos de un artículo de Liz Alden Wily, experta en tenencia comunal de tierras en África y Asia, que explica que “el reconocimiento formal del régimen comunal de tierras es clave para asegurar el futuro de millones de seres humanos que dependen de ellas, así como el de las poblaciones urbanas”.
Cerca de la mitad de las comunidades no tienen título de propiedad. La publicación describe la situación actual de las comunidades indígenas del Perú que a marzo de 2016 alcanzan un total de 10 mil 529 comunidades rurales, de las que falta titular 4 mil 023, constituyendo la titulación comunal en la mayor enorme deuda histórica del Estado considerando que la mayoría de comunidades son pre-existentes al propio Estado peruano.
El documento contiene un mapa de tierras comunales y áreas protegidas. Se incluye el 95% de comunidades nativas, al 40% de comunidades campesinas originarias y 40% de las comunidades campesinas ribereñas.
De estos dos últimos tipos de comunidades no existe información geo-referenciada del área real de cada comunidad, indica el informe.
La publicación informa de las nuevas oportunidades de cooperación financiera para titular tierras comunales.
El documento fue presentado con la participación de representantes de organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas (ONAMIAP), la Confederación Campesina del Perú (CPP) y la Central Asháninka del Río Ene (CARE).
El Estado no ve ni prioriza a las comunidades. Durante la última década apenas se ha formalizado menos del 1% las comunidades rurales y el Estado carece de cifras oficiales actualizadas desde 1998, acerca de la extensión de tierras comunales y la población comunitaria.
Richard Smith, director del Instituto del Bien Común (IBC), encargado de presentar este tercer reporte bianual, manifestó: “A este ritmo, un buen número de estas comunidades tendrán que esperar hasta el próximo milenio para recibir sus títulos de propiedad”.
Durante la presentación del documento quedó en evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano para titular a las comunidades, situación que afecta directamente la seguridad de la tenencia de las tierras y recursos naturales de las comunidades.
Uno de los capítulos describe los esfuerzos realizados por los últimos cuatro gobiernos para debilitar el régimen de tierras comunales, facilitar su parcelación en lotes individuales y así permitir la fácil transferencia de estas tierras rurales, en beneficio de quienes las codician. Para ello se han valido de una serie de decretos leyes, decretos legislativos, decretos supremos y otras normas anticomunales.
Cabe destacar que del total de la superficie del Perú que alcanza 128 millones 500 mil hectáreas el 49.1% —unos 63 millones de has— se encuentran en propiedad o posesión de las comunidades rurales, del cual el 21% carece de título de propiedad.
En el Perú, la propiedad comunal es una forma de propiedad privada. A partir de la Constitución de 1979, y más abiertamente desde la de 1993, la comunidad indígena adquirió el derecho de disponer libremente de su propiedad y de asociarse según su conveniencia para usar las tierras, siempre y cuando haya un acuerdo formal entre sus integrantes, conforme a las normas establecidas.
La publicación que puede ser descargada libremente desde el siguiente enlace: http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf (castellano, PDF, 60 páginas).