Nuevo set de datos sobre acaparamiento de tierras
GRAIN, diciembre 2011. En los últimos meses hemos participado en reuniones y talleres en diferentes partes del mundo sobre acaparamiento de tierras. La mayoría fueron organizados por pequeñas organizaciones de agricultores y otros grupos de la sociedad civil. Nuestro papel con frecuencia ha sido proporcionar datos y análisis para alimentar los debates. Hemos elaborado una serie de aportes que ahora queremos compartir para el uso de todos. Uno de ellas es una versión actualizada de la presentación en powerpoint, que da una visión general de la tendencia al acaparamiento de tierras. Nos centramos aquí en el acaparamiento de tierras para la producción de alimentos (no forestales, agrocombustibles o turismo) y los flujos relacionados con el capital internacional (no la apropiación de tierras nacionales). Nuestra presentación hace hincapié en el papel del sector financiero, ya que los fondos de inversión son considerados por muchos como los acaparadores de tierras claves hoy en día, junto con otras empresas del sector privado.
Otro conjunto de datos es una tabla que hemos compilado que muestra hasta qué punto este proceso de acaparamiento de tierras está penetrando en los distintos países. Lo que se calculó fue el porcentaje de la tierra que ha sido acaparada —para la producción de cultivos y ganado— en términos de las tierras cultivables, tierras agrícolas y la superficie total por país. Nos encontramos con resultados muy ilustrativos pero también muy preocupantes.
Un tercer ejercicio fue actualizar la tabla publicada en junio de 2011 sobre los fondos de pensiones que participan en la apropiación mundial de tierras. Este cuadro es aún incompleto, pero la versión actual ofrece un panorama más amplio y puede ser útil para algunos grupos.
Faltan datos precisos sobre el acaparamiento de tierras, pero la información en que se basan estos archivos proviene de casos con los que estamos bastante familiarizados y de los que estamos seguros de su confiabilidad. Por tanto, queremos compartirlos con ustedes. Las preguntas, correcciones o comentarios o adiciones que ustedes puedan tener son muy bienvenidos. Por favor, comuníquense a través del campo “comentarios” en la parte inferior de esta página web o por escrito a [email protected]. Gracias de antemano.
Brasil
Trasvase del río
San Francisco
Desinformémonos (de entrevistas con João Zinclar). En enero de 2005 el fotógrafo João Zinclar inició un recorrido por el São Francisco, el río más grande que corre en pleno territorio brasileño.
Con casi tres mil kilómetros de extensión, es considerado por su importancia en la historia del país el Río de la Unidad Nacional.
Zinclar buscó documentar con sus lentes la lucha del pueblo ribereño, de las comunidades de campesinos, indígenas, quilombolas, pescadores, en defensa de su supervivencia, de su tierra y del agua de su río.
El motivo: un megaproyecto del gobierno brasileño para el trasvase de las aguas del São Francisco, un plan de más de dos mil millones de dólares para llevar el agua captada en la divisa de Pernambuco y Bahía hasta los estados del Ceará, Rio Grande do Norte y Paraíba, en una distancia de más de 700 kilómetros.
Un proyecto idealizado aún en el periodo imperial, en el siglo XIX, e irónicamente concretado por un trabajador electo presidente de Brasil.
Las fotos de este ensayo son parte del trabajo que generó el libro “El río São Francisco y las aguas en el Sertão”, lanzado a finales del 2010.
Es el panorama de los conflictos en torno a la defensa, el uso y el control de las aguas en una región donde los recursos hídricos pueden ser una dádiva de Dios o una valorada mercancía.
Las aguas del Viejo Chico, como suele ser llamado este río, son la fuente de vida y trabajo para los ribereños, pero con fondos del Estado, están regando los grandes proyectos de la agro-exportación y minería en el semi-árido brasileño.
Mientras privatizan el agua, muchas comunidades siguen en la miseria. El trasvase amplía ese cuadro de desigualdad.
El trabajo de Zinclar muestra las huelgas de hambre del frade Luiz Cappio en el 2005 y 2007, año en que se iniciaron las obras; la ocupación por los movimientos sociales del eje norte de la transposición, exigiendo la detención de las obras; la contaminación por cianobacterias, en el 2006, del Rio das Velhas, uno de los principales afluentes del São Francisco.
Muy distante de lo que sería un sertão nordestino pintado por el dramatismo de la sequía y de la dura vida en la caatinga, el que João Zinclar buscó fue un sertão azul color de agua, donde “el sertanejo es antes que nada un fuerte”, como decía Euclides da Cunha. l
El foto-reportaje completo está disponible en: www.desinformemonos.org
Transgénicos contra la apicultura
A los muchos impactos negativos que conllevan los transgénicos, se suma ahora el golpe contra la producción apícola mexicana, porque la miel está contaminada —o podría estarlo en el futuro cercano— con polen transgénico: otra tragedia anunciada, como la contaminación transgénica del maíz y otros cultivos, que las autoridades mexicanas decidieron ignorar para favorecer las ganancias de unas pocas transnacionales.
En esa misma línea, Juan Elvira, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó recientemente que se podrían sembrar grandes superficies de maíz transgénico en el norte de México, sin colocar en riesgo los maíces nativos o la biodiversidad. Un aporte más al concierto de falsedades que repiten las autoridades de que los transgénicos servirían para aumentar la producción o enfrentar el cambio climático, cuando la realidad muestra lo contrario.
La contaminación transgénica de la miel se puso de manifiesto cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el 6 de septiembre de 2011 que la miel que contenga más de 0.9% de polen transgénico deberá ser etiquetada como producto que contiene transgénicos, o si contiene polen transgénico de variedades no autorizadas para el consumo humano (como el maíz Bt Mon810 de Monsanto ) no se podrá comercializar.
El caso lo presentó un apicultor de Baviera, Alemania, cuyas colmenas se contaminaron con polen de maíz Bt Mon810 procedente de un cultivo experimental, es decir, ni siquiera por grandes superficies, y supuestamente, en condiciones de “bioseguridad”.
En México, gracias a los dictámenes gubernamentales, se han aprobado 19 siembras experimentales de maíz transgénico que contienen ese cuestionado gen Mon810, y decenas de miles de hectáreas de otros transgénicos que amenazan la biodiversidad, el futuro de la apicultura mexicana y a las miles de familias campesinas que dependen de ella.
La Organización Nacional de Apicultores (ONA) convocó el 9 de noviembre de 2011 al foro “Organismos genéticamente modificados y su impacto en la apicultura”, con el apoyo de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente para el Campo, de la Cámara de Diputados, de México. Ahí expusieron diversos expertos en los temas de transgénicos, biodiversidad y apicultura. Monsanto fue invitada al panel pero no se presentó. Los asistentes eran sobre todo apicultores campesinos. Más del 80% de los productos apícolas en México provienen de campesinos que usan métodos tradicionales. La polinización que hacen las abejas es fundamental en la producción agrícola y la biodiversidad.
Miguel A. Munguía de la sociedad cooperativa Educe de Yucatán, explicó que México es el tercer exportador de miel a nivel mundial y 40% de ésta se obtiene en la península de Yucatán, zona donde 98% de la miel se exporta a Europa, proveyendo sustento a 25 mil familias campesinas en las épocas de mayor necesidad, cuando baja la producción de cultivos.
En esa zona se han aprobado en los últimos años varias experiencias con transgénicos, en áreas cada vez mayores. Para 2011-2012, Monsanto solicitó la siembra piloto de 30 mil hectáreas de soya transgénica en varios municipios de producción apícola campesina (“piloto” es un eufemismo, porque es a campo abierto y se puede vender). Esto equivale a condenar a muerte la exportación de miel de esas áreas.
Además de la contaminación de miel por polen transgénico, que aumentaría exponencialmente en el caso del maíz, los transgénicos también aumentan el uso de glifosato y otros agrotóxicos que dañan la producción apícola y la biodiversidad, contaminan tierra, fuentes de agua y tienen impactos severos a la salud de los pobladores, en especial los niños.
En el foro se presentaron datos científicos basados en el análisis de más de una década de producción en Estados Unidos, el mayor productor mundial de transgénicos, que confirman que la soya transgénica produce menos que la híbrida. En el caso del maíz, la producción es similar a la de los híbridos, pero el precio de la semilla y los riesgos a la biodiversidad son mucho mayores. Además, la producción actual de maíz en México es sobradamente suficiente para las necesidades alimentarias de la población y de gran parte de la pecuaria y otros usos. Las importaciones de maíz transgénico son solamente por la demanda de transnacionales de la industria pecuaria que operan en México, y no serían necesarias si la producción pecuaria fuera en pequeña escala, con forrajes diversificados.
En el foro se mostró claramente que los transgénicos no se necesitan, que no producen más, que usan más tóxicos y que colocan en riesgo el maíz en su centro de origen, la biodiversidad y ahora además, la apicultura y la miel, un importante producto de exportación del país. Así, los apicultores se suman a la vasta mayoría de la población que exige que se frenen los transgénicos en México.
Silvia Ribeiro (Grupo ETC)
La primavera silenciosa en el sureste mexicano
Las abejas y las 40 mil familias que en México las crían están en serio riesgo por el avance de los cultivos transgénicos de los últimos años. La señal de alarma la detonó el 6 de septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia de la Corte de la Unión Europea (UE), al sentenciar que “la miel y los complementos alimentarios que contienen polen derivado de un organismo genéticamente modificado (OGM) son alimentos producidos a partir de OGM que no pueden comercializarse sin autorización previa”. Esta medida no puede considerarse proteccionista, ya que la regulación también la deben cumplir los apicultores europeos.
En México se producen cerca de 57 mil toneladas de miel y se exportan cerca de 30 mil; el destino más importante es Europa, principalmente Alemania. Pero durante 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), de México, escudada en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, autorizó a Monsanto la siembra piloto de soya transgénica Roundup Ready, resistente a herbicidas, para 30 mil hectáreas en la península de Yucatán, 12 mil en Chiapas, 4 mil en las sierras de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Campeche, Yucatán y Quintana Roo son la principal región productora y exportadora de miel, con prestigio internacional por sus floraciones únicas. En ella se concentra al mayor número de apicultores: 25 mil de ellos mayas, que además de producir miel se alimentan a sí mismos y a sus familias a partir de una agricultura diversificada.
En Chiapas, 85% de los cerca de 2 mil productores son pequeños y crían abejas en combinación con la agricultura. Estos estados son de los más importantes en la producción de miel orgánica.
La miel como fuente de producción, ingreso y forma de vida campesina está amenazada por las pretensiones de las agroindustrias de hacer crecer los desiertos verdes de la soya y el maíz transgénico en el sureste, pero también en la sierras del nordeste mexicano llamadas Huastecas, y en otros muchos estados.
La soya transgénica es dependiente del glifosato —herbicida considerado altamente tóxico—, pero además utiliza agroquímicos como atrazina, endosulfán, clorpirifós, cipermetrina, imidacloprid, tiram, carbendazim, muchos de ellos prohibidos en la UE y otros que han producido la pérdida de miles de colmenas en Estados Unidos y Francia.
Para que la soya genéticamente modificada sea rentable es necesario sembrarla en extensiones compactas, de ahí que la expulsión de campesinos a través de la renta o compra de sus parcelas va de la mano del avance del monocultivo. En este año, de las 30 mil hectáreas autorizadas en la península, lograron plantar 14 mil, casi todas controladas por productores de fuera, que operan esquemas de agricultura por contrato.
Ya que la soya no es un cultivo tradicional en la región, su avance se da a costa de otros, principalmente del maíz de temporal. Los mapas presentados por Monsanto para solicitar los permisos abarcan una enorme superficie de la península, en la que la siembra de soya transgénica puede expandirse cuando llegue a la etapa comercial.
Además, la Sagarpa apoya el cultivo de la soya convencional o transgénica con programas de subsidios públicos. En 2011 garantizó a los soyeros un precio mínimo por tonelada de 4 mil 690 pesos, en tanto el programa de reconversión productiva propone cambiar los cultivos de granos básicos, que según sus criterios tienen “bajo potencial productivo”, a oleaginosas, para lo cual otorgó un subsidio de 30% del costo del paquete tecnológico, hasta 750 mil pesos por productor.
De ahí que tanto la Sagarpa como la Secretaría de Economía intenten soluciones frente a la sentencia europea que no impliquen cancelar los permisos de soya transgénica, tal como demandan apicultores y científicos, sino sacar al enemigo y acogerse a los páneles de disputas por obstáculos al comercio en la Organización Mundial del Comercio. Pero el problema no es que Europa prohiba la comercialización de la miel OGM, sino que exige únicamente etiquetarla, en tanto los consumidores europeos han decidido libremente no consumirla.
Los apicultores mexicanos necesitan el apoyo de toda la sociedad para impedir el avance de los cultivos transgénicos en México, antes que mañana. l
Ana de Ita (Ceccam)
La Jornada, 17 de diciembre 2011
Defendamos nuestro maíz nativo y criollo,
sus usos, ritos y prácticas asociadas.
Apoyen el pedido de declarar al maíz
patrimonio cultural del humanidad
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos, es una coalición de organizaciones que trabajamos desde 1999 y que nació inspirada en la necesidad de las comunidades de nuestro continente de hacer frente a la introducción de organismos transgénicos y prevenir nuevas introducciones en la región.
Nuestra principal preocupación al momento es la inu-sitada expansión del maíz transgénico en América del Sur. Recientemente Monsanto anunció que tuvo en su primer trimestre fiscal ganancias que van más allá de lo predicho por sus analistas económicos, y en gran parte se debe a las ventas de semillas de maíz transgénico en América del Sur.
El maíz es uno de los cultivos más importante de América Latina, pues en cada rincón de nuestra Abya Yala, ha compartido por milenios nuestra historia, nuestras prácticas agrícolas, rituales, nuestro calendario agrofestivo. Es el cultivo más domesticado que existe y no puede sobrevivir sin la intervención humana. Sin embargo, hoy más que nunca se está cumpliendo lo que dijo Miguel Ángel Asturias:
sembrado para comer es sagrado sustento del hombre que fue hecho de maíz. Sembrado para negocio es el hambre del hombre que fue hecho de maíz.
Ahora, nuestros maíces nativos y criollos están en peligro, por ser el cultivo más manipulado por la industria semillera y biotecnológica. De los híbridos a los transgénicos, del grano a la semilla de maíz industrial que circula en el mercado internacional, todo está controlado por un puñado de empresas transnacionales que desarrollan estrategias jurídicas y comerciales para que el pequeño campesino deje de usar sus semillas propias y entre en sus circuitos de dependencia.
Se está usando el maíz en aplicaciones no alimenticias, como la producción de etanol como combustible para los automóviles, o para alimentar a la industria avícola y porcícola, en detrimento de la soberanía alimentaria. Se usan las variedades más comerciales y se pierde el uso de otras, porque ya no son apetecidas por su tamaño, su color, su contenido de almidón, en sujeción y mandato a las necesidades de la industria. Cada día peligran más razas de maíz en todo nuestro continente. Con ello se pierden también las prácticas agrícolas y culturales asociadas a estas variedades, sólo subsisten algunas variedades gracias al trabajo heroico de campesinos que las conservan por su valor cosmogónico o cultural. Su erosión genética va a significar además la erosión cultural de todas las prácticas y usos que están asociados a este cultivo. Su erosión significará también la erosión cultural de la milpa mesoamericana, de la chacra andina y amazónica.
La principal amenaza es la fuerte expansión del maíz transgénico en nuestra región: en su cuna y centro de diversidad. Existen ya millones de hectáreas con maíz transgénico en Argentina y Brasil. Se cultiva en menor escala en Colombia, Uruguay y Honduras, y hay amenazas de que se expanda a Paraguay y Bolivia. En México se han aprobado ya siembras experimentales. En realidad ningún país de América Latina está libre de esta amenaza. Ya se ha reportado contaminación genética de las variedades de maíz criollo y nativo en México y Perú, donde ni siquiera se ha aprobado su siembra. Por otra parte, la expansión del agronegocio sobre territorios campesinos ha hecho que cada vez se cultive menos maíz de la manera tradicional, y que la milpa o la chacra, sean reemplazadas por grandes monocultivos que transforman el maíz en balanceados destinados para alimentación de animales de granja, y que sobre los campos se arrojen grandes cantidades de agrotóxicos, lo que hace que la madre tierra, la Pachamama, enferme.
Es necesario parar esta amenaza que constituye un atentado contra el futuro alimenticio de nuestros pueblos.
Por eso, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos se ha plantea como estrategia proponer ante la UNESCO DECLARAR AL MAÍZ NATIVO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
Aunque el Convenio de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural se aplica a bienes inmateriales, desde la RALLT planteamos que la declaración incluya al maíz nativo y criollo, a sus prácticas agrícolas, usos y rituales, porque estas prácticas no podrán sobrevivir sin el maíz nativo. Una petición de este tipo a la UNESCO debe ser hecha desde un Estado miembro, o por amplio sector de la sociedad, y cuando el bien inmaterial está amenazado a en peligro.
Es importante crear un frente de defensa de nuestro maíz nativo y criollo, y unir muchas voces en esta petición. Queremos invitarles a ustedes y su organización a sumarse a esta iniciativa, para que sean muchas las voces y desde muchos sectores que demandemos la protección del maíz como un patrimonio de todos. Sabemos que esta medida no es suficiente, pero puede constituir un pequeño paso para proteger nuestro maíz.
Más información, [email protected]
No existe soberanía alimentaria sin
biodiversidad
Los monocultivos en gran escala para la producción de alimentos fueron introducidos, junto a “paquetes tecnológicos” de la “revolución verde” que, a lo largo de los años, han envenenado y empobrecido la biodiversidad, afectando en especial a las mujeres, porque ellas son, en muchas comunidades alrededor del mundo, las principales responsables de velar por la salud, el abastecimiento de agua y la producción de alimentos —actividades muy vinculadas a la conservación de la biodiversidad.
Al mismo tiempo en que gran parte de esa diversidad ya se perdió, se introdujeron y avanzan los monocultivos transgénicos de soja, maíz, eucalipto, etcétera. En sus definiciones, los organismos oficiales como la FAO apoyan y fortalecen el modelo de monocultivos, llamando “bosque” al monocultivo, incluso de eucalipto transgénico y, de esta forma, desconsiderando completamente la enorme biodiversidad de un bosque de verdad.
El modelo de monocultivo en gran escala siempre ha alegado su supuesta “productividad”, la cual no logró ni logra evitar que unos mil millones de personas sigan sufriendo de hambre en el mundo. Esa “productividad” viene siendo cuestionada seriamente, incluso por la ciencia. El mayor estudio sobre este tema en Estados Unidos comprobó que la agricultura sin insumos químicos es muy superior al modelo convencional en términos de cosecha y viabilidad. Es un hecho que los campesinos, a pesar de todas las presiones vividas, siguen siendo responsables de la producción de la mayor parte de la comida consumida por la población mundial.
Y fueron justamente campesinos y campesinas, organizados en la Vía Campesina, los que a comienzos de los años 90 desarrollaron el concepto de soberanía alimentaria, un concepto amplio que engloba enfoques especiales para enfrentar y generar alternativas a las políticas neoliberales que mantienen el paradigma de desarrollo dominante fundamentado en el comercio y la producción industrial agrícola y de alimentos. Tales políticas, canalizadas en gran medida por el “marco” internacional de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros organismos de la política económico-financiera internacional, son responsables, entre otras cosas, de la continua expulsión de los campesinos y campesinas del campo y del creciente control de algunas empresas transnacionales sobre la cadena productiva que va desde la producción de las semillas hasta la venta de granos —factores que provocaron una reducción de la soberanía alimentaria.
Hace algunas décadas que está en curso un proceso de apropiación y privatización de semillas en el mundo por parte de algunas pocas empresas transnacionales, occidentales, que se conoce como “patentamiento”. Hoy en día, muchos campesinos se ven obligados a comprar semillas, pagando “royalties” [regalías] a las empresas “dueñas” de tal semilla. Así pierden su autonomía para reproducir la vida en la tierra, y enriquecen a dichas empresas. Y para las empresas es estratégico tener el control sobre todas las semillas para seguir garantizando el abastecimiento a los agricultores.
Surgió también el concepto de los llamados “servicios ambientales”, que implica que elementos de la biodiversidad como el agua, la regulación del clima, la conservación del suelo puedan ser comercializados, incluso en las bolsas de valores, abriendo margen a la especulación con la naturaleza. El hecho de que su valor dependa necesariamente de la oferta conduce a una lógica perversa: a más destrucción, más podrá rendir un “servicio ambiental”. Y todo eso se llama “economía verde”.
¿Qué significa eso para las poblaciones locales y, sobretodo, para la biodiversidad y la soberanía alimentaria? Significa más presión sobre los recursos naturales y la biodiversidad de los que esas poblaciones dependen, y a su vez, implica más expulsión de miles de personas. Y si eventualmente se acepta su permanencia, la población no podrá interferir más en los recursos, en la biodiversidad. Es una falta de respeto a su cultura y reduce su soberanía alimentaria, por ejemplo, cuando se les prohibe plantar sus cultivos de subsistencia —algo que ya está ocurriendo en diversas partes del mundo. De esta forma, pierden el control sobre el territorio, pierden su autonomía.
Por ello, es muy importante que las comunidades, hoy en día, busquen entender plenamente las propuestas ”verdes” que les hacen, desde el mecanismo de carbono forestal —REDD+— hasta la venta de servicios ambientales. Generalmente, se presentan como algo bueno que beneficiaría a la comunidad y mejoraría el ambiente. En realidad, son mecanismos que por su propia lógica tienden a empeorar el medio ambiente global, y que, por el control que quieren ejercer sobre el territorio de las poblaciones indígenas, tradicionales y rurales, influyen profundamente en la soberanía alimentaria de millones de personas en todo el mundo que quieren conservar sus modos de vida.
Movimiento Mundial por los Bosques (WRM)
RENACE repudia el asesinato de
Cristián Ferreyra
Miembro del Mocase
Vía Campesina
La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) condena el asesinato del militante Cristián Ferreyra, que desde la comunidad de San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, resistía junto a su familia y su organización el intento de desalojo de empresarios que han contratado matones armados para realizar amedrentamiento en la zona norte de Santiago del Estero.
El miércoles 16 de noviembre la comunidad de San Antonio comunicó que en la casa de la Familia Ferreyra se apersonaron Javier y Arturo Juárez, que serían empleados del empresario Ciccioli, oriundo de Santa Fe, y dispararon a sangre fría contra tres campesinos, causando la muerte con una escopeta a Cristián Ferreyra de 25 años, e hirieron de gravedad a otro compañero que se encuentra aún en el hospital de la capital santiagueña y un tercero con golpes graves. Compartimos parte del comunicado del Mocase-VC sobre este crimen:
Los empresarios que intentan acaparar las tierras, Los Julianes, Ciccioli, Ricardo Villa, Saud, son venidos de Santa Fe y Tucumán; éstos son los mismos que han diseñado el plan de ataque que vienen sufriendo los campesinos indígenas en los departamentos Copo, Pellegrini y Alberdi desde hace 4 meses de forma sistemática. Unos ejemplos son la detención arbitraria de Ricardo Cuéllar, el atentado a la FM Pajsachama, la quema de ranchos y pertenencias de campesinos de la CCCOPAL.
Esto ocurre con complicidad y alevosía de parte de autoridades provinciales y funcionarios del poder judicial e instituciones como la dirección provincial de bosque, quien autorizó el desmonte en un lugar donde viven familias campesinas indígenas de varias generaciones. A todos ellos los hacemos responsables directos del asesinato de Cristian.
En varias oportunidades el empresario Cicciola, amenazó públicamente que mataría a un campesino del Mocase-VC para que dejen de “molestar”
El asesinato de Cristián Ferreyra no va a quedar impune y con toda la rabia y dolor que sentimos sus compañeros y compañeras, reafirmamos una vez más, que en la defensa de nuestros territorios llegaremos hasta la últimas consecuencias.
Tal como se expresara en el reciente Juicio Ético a las Transnacionales: “Este Tribunal Ético Popular ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en América Latina, invisibilizados por el discurso del poder y por los grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio, y pueden ser considerados —dadas las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven— como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza”. Este asesinato es parte de este genocidio del agronegocio.
Desde RENACE constatamos que a noviembre de 2011 continúan los crímenes de lesa humanidad en Argentina, en Santiago del Estero y en cada lugar donde la gente se organiza para defender el monte, la salud, la alimentación, el trabajo digno, el agua para la vida, los bienes comunes.
Nuestras condolencias a la familia Mocase-Vía Campesina. Hacemos nuestro el dolor y la digna rabia. Cristián Ferreyra Presente! Ni un metro más, la tierra es nuestra! Somos Tierra para Alimentar a los Pueblos.
Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina
17 de noviembre 2011
Perú
La contradicción entre UPOV y una moratoria a los transgénicos
Hace unos meses leíamos en la prensa: “Perú se adhiere al convenio de la UPOV. Hoy el Perú ha depositado su instrumento de adhesión al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV); de igual modo, Perú se convirtió en el septuagésimo miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el 8 de agosto de 2011. El objetivo del Convenio de la UPOV es fomentar el desarrollo de nuevas variedades vegetales mediante la concesión de un derecho de propiedad intelectual para los obtentores sobre la base de un conjunto de principios claramente definidos. Para poder obtener protección, las variedades deben satisfacer ciertas condiciones, como el ser distintas de variedades existentes y notoriamente conocidas y al mismo tiempo ser suficientemente homogéneas y estables. Las obtenciones vegetales son uno de los medios más útiles para fomentar la producción alimentaria de una manera sostenible, aumentar el ingreso en el sector agrícola y contribuir al desarrollo general”, se atreven a afirmar desde la prensa, como si la gente que leemos no supiéramos todo lo que hay detrás de cualquier privatización de ideas, conceptos, y peor aún elementos y formas complejas de vida en el planeta.
Por eso cuando el pleno del Congreso aprobó “la ley que establece una moratoria de 10 años al ingreso y producción de organismos vivos modificados —conocidos como transgénicos— con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente”, hubo un regocijo mundial entre los colectivos que combaten la introducción de organismos genéticamente modificados.
Sin embargo, la información señalaba también: “El documento precisa que se excluye de la norma a los transgénicos para la investigación, que se usan como productos farmacéuticos y veterinarios y que se rigen por tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte. También los productos importados para alimentación directa humana y animal o para su procesamiento”.
La ley que establece la moratoria —aprobada con 98 votos a favor, dos abstenciones y exonerada de segunda votación— recayó en el Ministerio del Ambiente como la autoridad nacional competente, y es ésta la que se encargará de “proponer y aprobar las medidas necesarias para garantizar la conservación de la biodiversidad en el país”.
La norma también fija que “los ministerios de Agricultura, Salud y Producción, y organismos adscritos a la cartera del Ambiente, en coordinación con el Ministerio Público, tendrán la misión de vigilar, ejecutar las políticas de conservación de los centros de origen y la biodiversidad, así como controlar el comercio transfronterizo”.
Algo digno de señalar, según la nota de Perú 21, es que la ley de moratoria deja sin efecto el polémico “Decreto Supremo 003, emitido en el gobierno anterior, que permite el ingreso de transgénicos al territorio peruano”.
Qué significa entonces estar adscrito a un Convenio como UPOV, que busca establecer sistemas de privatización de semillas (y la criminalización de las semillas nativas con su intercambio y custodia ancestral), mientras se establece una moratoria a la entrada de transgénicos.
En realidad parecería que la supuesta defensa de los cultivos tradicionales en varios países dice basarse en la certificación y registro de las semillas nativas, que dizque para “protegerlas”, de las versiones piratas. En realidad, esto es introducir los controles empresariales por un lado mientras se proclama por el otro que no se dejarán pasar los transgénicos. Es muy pronto para afirmarlo pero si en Perú no se desmonta UPOV y toda su maquinaria, los transgénicos volverán, con nuevos diseños que evadan las definiciones y le den la vuelta a cualquier moratoria. Tenemos que enfatizar que los transgénicos son sobre todo semillas de diseño que por el procedimiento industrial de obtención se vuelven sumamente nocivas en sus efectos sobre el ambiente, la salud de las personas y la diversidad biológica a la que impactan. Pero es también igualmente nocivo que entrañan la noción de una propiedad intelectual con la que intentan erradicar las semillas libres, ancestrales. UPOV es un arma en manos de las mismas empresas que emprendieron el ataque transgénico en el mundo. Si el gobierno de Umala tiene la buena voluntad que proclama, tendrá que ser más claro en sus acciones por proteger la agricultura campesina y sus saberes. Todo lo demás es retórica.
Argentina
Fragmento de la sentencia emitida por el Tribunal Ético en el Juicio Ético Popular
contra las Transnacionales
En los últimos meses de 2011, Argentina vivió un proceso de vinculación y reflexión colectiva en torno a las condiciones que pesan sobre su sociedad (como efecto del actuar de las empresas que han tomado el territorio nacional como su coto personal). Esta reflexión es un proceso de recuperar la responsabilidad como ámbito común para valorar nuestras relaciones y la justicia como centro. Éste es el fragmento final de la sentencia.
3. Condena. De acuerdo con los fundamentos y las denuncias recibidas, este Tribunal Ético Popular resuelve denunciar y condenar ante la opinión pública:
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Como antiético y violatorio de los derechos humanos al sistema capitalista, racista, patriarcal, y a este modelo productivo neoextractivista que impera en nuestra sociedad y que tiene en las empresas transnacionales y en los gobiernos —nacionales y provinciales— a sus principales protagonistas.
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A las empresas transnacionales aquí enjuiciadas, al Estado nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los derechos humanos inalienables y de los derechos de la naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.
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A las empresas farmacéuticas y a los agentes médicos responsables de la experimentación de medicamentos en seres humanos, exigiendo que el Estado defienda la integridad y dignidad de los argentinos y argentinas, para que no sean manipulados por médicos inescrupulosos que entregan sus pacientes a la voracidad y codicia de las empresas de la Big Pharma: Bayer, Novartis, Pfeizer, Biotec, Merck, Lilly.
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Las formas de operar de las transnacionales, ya que las enjuiciadas en estas audiencias se consideran una muestra representativa de la conducta de muchas otras presentes en este y otros territorios.
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Y responsabilizar por estos crímenes a aquellos funcionarios de los tres poderes del Estado que durante la dictadura y después, a partir del restablecimiento de la democracia, construyeron las condiciones históricas de posibilidad del actual modelo neocolonial.
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A las empresas transnacionales por los crímenes cometidos contra otros pueblos de Nuestra América, como el golpe de Estado en Honduras, la militarización, el terrorismo estatal y paraestatal en Colombia, México, Paraguay, Perú, Honduras, Haití.
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Al gobierno argentino y a otros gobiernos latinoamericanos por la participación en la intervención militar en Haití, a través de la MINUSTAH, y por la legitimación del régimen golpista en Honduras, votando a favor del reingreso de este gobierno en la OEA.
Este Tribunal declara: El reconocimiento del derecho al territorio y a la libre determinación como derecho fundamental de los pueblos. Somos territorio, pertenecemos al territorio y ésta es la base de nuestra existencia y del derecho a la vida.
La nulidad de todas las leyes, tratados, convenios, decretos y demás actos normativos y administrativos que posibilitaron la implementación y vigencia del actual modelo de maldesarrollo.
La necesidad urgente de detener la usurpación y emprender la restitución de las tierras y fuentes de agua usurpadas y expropiadas a sus pobladores legítimos, pueblos originarios, comunidades campesinas y pobladores de nuestros campos y localidades.
La inviabilidad e insostenibilidad del actual patrón energético, la minería a gran escala, y del modelo de mega-agricultura industrial ligada a los transgénicos y los agronegocios de exportación.
La falsedad manifiesta de la biotecnología como “respuesta” a las necesidades alimentarias de los pueblos.
El rechazo al Plan Nuclear Nacional, al Plan Estratégico Alimentario y al IIRSA, como componentes inherentes a este modelo.
La legitimidad y el deber moral y social de las poblaciones que resisten los actos de violación de los derechos territoriales y humanos básicos.
La falacia del discurso del “desarrollo” fundado en el modelo extractivista, como arma ideológica que produce y legitima el avasallamiento de los derechos territoriales de nuestros pueblos. El rechazo al discurso que sostiene la necesidad de entregar nuestros bienes comunes al capital concentrado, nacional o extranjero, para lograr adecuadas y dignas condiciones de vida.
El derecho fundamental de los pueblos al Buen Vivir. Como pueblos tenemos el derecho, la responsabilidad y las capacidades para decidir con autonomía sobre nuestras formas de vida y de organización, cuidado y utilización de los bienes comunes de nuestros territorios.
El cese inmediato y la expulsión de estas empresas de nuestros territorios.
El cese inmediato de la represión y la criminalización de la legítima protesta social, el esclarecimiento y justicia para los crímenes cometidos aún impunes.
Este Tribunal Ético Popular condena la vigencia, continuidad y profundización del colonialismo histórico, ahora bajo las armas y los modos de la globalización neoliberal hegemónica en curso.
4. Recomendaciones y propuestas. Las corporaciones transnacionales actúan a nivel global y, por lo tanto, requieren una respuesta global. La respuesta a nivel de cada Estado es indispensable, pero no suficiente. Es necesario garantizar la soberanía y la dignidad de los pueblos, impidiendo la privatización de los bienes fundamentales para la vida como el agua, el aire, las semillas, el patrimonio genético, y asegurar el acceso universal a los servicios públicos. Por estas razones, este Tribunal Ético Popular recomienda y propone:
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Trabajar en la creación de una instancia judicial popular ante la cual las víctimas de las formas de operar de las corporaciones transnacionales puedan presentar sus denuncias y demandas de justicia, que actúe como lazo entre los movimientos populares y el poder judicial.
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Demandar a los gobiernos que garanticen la soberanía y dignidad de los pueblos, antes que los intereses económicos de los sectores privados; que aseguren la aplicación prioritaria de las normas internacionales que protegen los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, los derechos ancestrales y los de protección del medio ambiente; que no ratifiquen ningún nuevo tratado comercial o de inversiones sin considerar las normas de protección de los derechos humanos y de los derechos de la Naturaleza, y que rectifiquen los tratados existentes, violatorios todos ellos de las más elementales normas de esos derechos.
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Exigir la suspensión de los megaproyectos de desarrollo de monocultivos, de agronegocios, de grandes represas, de hidrovías, caminos y puertos de la Iniciativa IIRSA, hasta que se sometan a un proceso de evaluación de su impacto social y ambiental con una real participación de las comunidades y poblaciones que serán afectadas.
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Exigir la suspensión de proyectos previstos en territorio de pueblos originarios que no respetan las normas internacionales que defienden sus derechos, y que fueron ratificadas en nuestro país.
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Exigir a los poderes legislativos que impulsen leyes que obliguen al sistema judicial a llevar a cabo procesos de investigación y sanción de los delitos que violan los derechos de los pueblos y comunidades.
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Prohibir la explotación en los territorios indígenas, en las zonas productoras de agua, en las zonas forestales protegidas.
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Reconocer el derecho para recurrir directamente ante los tribunales de justicia y demandar las responsabilidades por las eventuales violaciones de derechos causados por las corporaciones transnacionales.
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Este Tribunal hace un llamamiento a la sociedad entera para que frente a las prácticas de las corporaciones transnacionales, opte por una posición ética y de rechazo al hambre, a la falta de vivienda, educación, salud, empleo, de seguridad alimentaria y, en general, de las situaciones de pobreza y de carencias absolutas que impiden el desarrollo de las personas y de los pueblos en condiciones de dignidad.
5. Compromiso del Tribunal Ético Popular. Al concluir la audiencia de este Juicio Ético Popular a las Transnacionales, las y los participantes, integrantes de movimientos populares, de organizaciones de derechos humanos, investigadores/as, nos declaramos en estado de movilización, de unidad, de encuentro, de solidaridad, para borrar las fronteras entre nuestras resistencias a las políticas de recolonización del continente, para levantar una voz unánime en Nuestra América en defensa de la soberanía alimentaria, la agricultura familiar, el respeto a nuestras identidades y formas de organización y vida, de nuestros derechos como hombres y mujeres, los derechos de las generaciones venideras, los derechos de la Naturaleza.
Desde Buenos Aires, Argentina, nos reunimos en un grito contra las políticas de saqueo, destrucción y muerte. Es un grito y serán muchas las acciones por la vida, por la libertad, por la plena emancipación.
Afirmamos que las transnacionales no pueden comprar nuestras voluntades, ni nuestra decisión de vivir con dignidad, y no podrán robar nuestra esperanza, ni nuestra capacidad de lucha.
Afirmamos que las políticas de cooptación y manipulación de los gobiernos —nacionales y provinciales— pueden retrasar las luchas, pero no las detendrán, porque la vida de los pueblos en la naturaleza, no se negocia.
Seguiremos creando alternativas propias de producción y de consumo, impulsando la realización de modelos sostenibles, y luchando para terminar con el capitalismo, el patriarcado y el racismo.
Seguiremos en solidaridad con quienes luchan por estas mismas causas en toda América Latina y el mundo, unificando fuerzas en la acción común, manteniendo nuestros sueños y nuestras convicciones, nuestra capacidad de crear en la resistencia, y de creer en los pueblos.
Buenos Aires, 29 de octubre, 2011