Colombia
La resistencia social contra
las “locomotoras” de Santos
Aurelio Suárez Montoya, Alai Amlatina, 15 de marzo de 2011. Mientras el Congreso de la República discute el Plan Nacional de Desarrollo que es, de verdad, un plan de negocios del capital privado, en especial del financiero y del foráneo, diversos sectores se ponen en pie para resistir los embates iniciales por implementarlo. Ese Plan, donde el 40% del presupuesto son las inversiones de conglomerados económicos nacionales e internacionales, se funda en “alianzas público-privadas”, primordialmente para las denominadas “locomotoras”, entre las que sobresalen la infraestructura, la minería y el agronegocio, y sin que tampoco sean ajenas para ningún otro campo, incluidas la seguridad social, la salud y la educación superior.
El ministro de Transporte, alegando la eliminación de la tabla de fletes para el transporte de carga, dijo que suprimir la regulación en esta área, dejarla en manos del mercado, era parte de la “modernización” de la infraestructura. Para ello, coincidiendo con el Banco Mundial, el interés es acabar dicho sistema normativo para abrir la puerta a grandes inversionistas, incluso extranjeros, que desalojen a pequeños empresarios o camioneros. El intento de reemplazar por operadores poderosos a algunos de los 140 mil que existen, y que transportan en promedio menos de 3 toneladas al día favoreciendo a multinacionales e importadores se truncó, por ahora, con la férrea y firme protesta de 15 días.
Igual ha ocurrido con el proyecto de explotación aurífera de Greystar en Santurbán, en Santander. La marcha de más de 40 mil personas y la audiencia pública, donde se manifestaron desde el gobernador Serpa hasta las organizaciones campesinas y sociales, contra el despropósito de afectar el agua de la que se surten 2.2 millones de habitantes del oriente colombiano, reiteran que no se aceptará el saqueo a rajatabla de los recursos naturales del país ni por parte de las empresas internacionales ni de los especuladores financieros que las patrocinan.
La marcha lechera nacional en Bogotá el 9 de marzo, el plantón de miles de indígenas y asociaciones de productores de Nariño en la frontera con Ecuador y la concentración en Manatí de ganaderos del sur del Atlántico y del norte de Bolívar —damnificados por el invierno— ratificaron que no será fácil para los consorcios del agronegocio suprimir la leche nacional, incluida la de la cantina, ni por las importaciones ni por el contrabando, ni por los TLC ni por los productos industriales elaborados con leche falsa promovidos para engañar consumidores. La victoria de los lecheros, quienes reivindicaron la justeza de sus demandas, fue contundente.
Las “locomotoras”, criticadas por algunos como “faltas de tracción”, enfrentan un mayor desafío: la resistencia social, creciente y erguida, para evitar que aplasten lo que resta de trabajo, producción y bienestar nacional.
Tamaulipas, México
La plaga del maíz
transgénico
Luis Hernández Navarro, La Jornada 15 de marzo de 2011. En los últimos años, el campo tamaulipeco ha estado asolado por la plaga del narcotráfico. Los agricultores deben pagar a los cárteles derecho de piso para poder trabajar o tener protección. Si no pagan, sus ranchos son ocupados por sicarios y sus cosechas y ganado robados. Ahora, además, sufrirán la plaga del maíz transgénico.
El pasado 8 de marzo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) otorgó a la transnacional Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603, resistente a herbicidas, en una superficie menor a una hectárea. Se cultivará en predios de agricultores cooperantes, en los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, en Tamaulipas, y en el predio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de Marín. La autorización es un paso previo para permitir el cultivo comercial del grano.
La autorización se dio en contra de la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Esta institución, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consumo humano. México es uno de los países con más altos niveles de consumo humano de maíz. A pesar de que este estudio no se ha hecho, la Secretaría de Salud dio su aprobación al MON 603.
Sagarpa dijo que otorgó esta solicitud para siembra piloto porque es necesario usar esta tecnología para aumentar la producción y disminuir las importaciones, en un momento de crisis de alimentos. El argumento es absolutamente falso. Como lo muestran múltiples estudios científicos, los transgénicos no fueron diseñados para aumentar los rendimientos, y no sólo no los incrementan, sino que frecuentemente los reducen.
El aval del gobierno mexicano a los cultivos es parte de un ambicioso plan de las compañías productoras de semillas genéticamente modificadas para ocupar el territorio y el mercado mexicanos. En 2010 Monsanto y Pioneer-Dupont solicitaron 11 permisos para la siembra piloto de máiz transgénico en Sinaloa, Coahuila y Durango (La Laguna), Tamaulipas y Chihuahua. La siembra piloto es el segundo paso para llegar finalmente a la siembra comercial. La siembra piloto considera mayores extensiones y relaja las medidas de bioseguridad.
A principios de 2011 Sagarpa rechazó tres permisos para siembras piloto de maíces transgénicos de Monsanto en Sinaloa. Argumentó que era necesario tener más información y que, según un nuevo estudio de Conabio, existían más variedades nativas en el norte del país que las reconocidas con anterioridad.
Está en proceso de análisis la solicitud para la siembra piloto, en los mismos municipios, de otro maíz transgénico de Monsanto, que combina el MON 89034 y el MON 88017.
El maíz MON 603 de Monsanto es un maíz resistente al herbicida glifosato, producido por la misma transnacional. En México se comercializa con la marca Faena. Es famoso entre quienes se oponen a los transgénicos, pues su evaluación, junto a la efectuada a los maíces MON 863 y el MON 810, sirvió de base para lograr la moratoria de siembra en Francia y Alemania en 2009.
El profesor de biología molecular Gilles Eric Seralini, experto del gobierno francés en OGM y asesor de la Unión Europea en materia de biotecnología, analizó los resultados de un estudio en ratas alimentadas con tres variedades de maíz transgénico, el MON 863, el MON810 y el NK603, fabricados por Monsanto. Seralini encontró que las ratas alimentadas con maíz transgénico registraron toxicidad hepatorrenal, diferencias en el crecimiento, aumento de triglicéridos, problemas de fertilidad y tamaño de los fetos. Concluyó que el maíz transgénico no es un producto seguro para la salud.
El estudio de Seralini contradijo los resultados de una investigación previa financiada por la transnacional, la cual afirmó que no había diferencias entre las ratas alimentadas con maíz transgénico y las alimentadas con dietas convencionales. Monsanto, junto con otros científicos, organizó una campaña en su contra. Seralini los demandó legalmente por difamación y ganó el juicio.
De acuerdo con la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados mexicana, la siembra experimental es el primer paso para continuar con la siembra piloto y de ahí pasar a la siembra comercial. Esta legislación fue aprobada por el Congreso en 2005 con el voto a favor de varios legisladores del Partido de la Revolución Democrática y la abstención de otros que dicen estar en contra.
La ley fue el mecanismo usado para eliminar la moratoria existente desde 1998. El 9 de marzo de 2009 un decreto presidencial puso fin a la moratoria de facto que prohibía la siembra experimental o comercial de maíz transgénico en México, por ser país centro de origen del grano.
Entre 2009 y 2011 Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer Hi Breed y Syngenta solicitaron 110 permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León e incluso Jalisco.
De éstas ya fueron aprobadas 67 solicitudes en casi 70 hectáreas. Las restantes están en proceso de estudio.
Después de aplaudir el uso de transgénicos, algunos medios de comunicación han propalado la versión de que las especies endémicas de maíz no producen más que hambre. La afirmación es una absoluta estupidez y una vergüenza.
La plaga del maíz transgénico ha llegado, junto al narcotráfico, al campo tamaulipeco. Con ello se ha establecido una cabeza de playa para su expansión por todo el país. Urge detenerla ya. Mañana será demasiado tarde.
Transgénicos en México
Trampas legales
Ojarasca, 18 de marzo. México atraviesa por un momento de enorme ilegitimidad de su gobierno. En un momento así, la llamada “incidencia política” (movilizar “contactos” en la clase política para que promuevan iniciativas de ley como las de los estados Michoacán y Tlaxcala, muy promocionadas como leyes defensoras del maíz nativo en México), termina legitimando normas que no necesariamente corresponden con lo que era anhelo de la gente y que sirven de obstáculo concreto a los afanes de justicia de la población.
Entre el 15 y el 17 de marzo se reunió en asamblea la Red en Defensa del Maíz (RDM), un espacio que por casi diez años ha promovido el trabajo cotidiano con perspectiva global de un universo de comunidades, municipios, organizaciones, pueblos indígenas y mestizos, campesinos todos, que están empeñados en defender su vida de cultivadores al cuidado del mundo. Ahí existe un diálogo permanente en directo, sin retórica, donde se trabaja en lo práctico por alcanzar autonomía y soberanía alimentaria. Uno de sus logros más concretos es haber logrado mantener, por casi diez años, una moratoria autogestionaria en sus regiones, contra los transgénicos.
Ahora, alarmada por las autorizadas siembras piloto de maíz transgénico en Tamaulipas, y por las nuevas leyes estatales de supuesta “protección” del maíz, la Red en Defensa del Maíz reunida en asamblea, emitió el 17 de marzo un Comunicado sobre siembras piloto y leyes estatales de “protección” del maíz donde expresó:
Defender el maíz en México pasa necesariamente por el respeto a la libre determinación y autonomía de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos.
Rechazamos una vez más cualquier siembra experimental, piloto o comercial, así como la distribución, almacenamiento, comercialización, de organismos genéticamente modificados en cualquier parte del territorio nacional (y en el mundo).
La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente.
Lamentamos profundamente que las leyes nos roben la palabra, no nos permitan dialogar desde lo profundo y nos traten de imponer en este caso la ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y sus derivados, como el único camino legal para defender nuestro derecho de vivir como pueblos de maíz, siendo que dicha ley nos impide esa defensa.
Rechazamos enérgicamente el primer permiso otorgado para la siembra piloto de maíz transgénico de Monsanto en Tamaulipas, ya que estas siembras piloto son únicamente un paso más para lograr la siembra comercial extensiva aunque simulan ser un control de bioseguridad. Están en “análisis para su aprobación” muchos otras solicitudes de siembras piloto de variedades de maíz transgénico para distintas regiones del país y después de ellas el maíz transgénico podrá ser sembrado de manera comercial.
Según estudios realizados por científicos independientes, el maíz MON 603, aprobado por el gobierno mexicano en fase piloto a Monsanto, provoca efectos nocivos a la salud, lo que constituyó la base para establecer la moratoria a la siembra de maíz transgénico en Alemania y Francia.
Reiteramos que México es centro de origen del maíz y en todo el territorio nacional existen razas nativas y miles de variedades que serán inevitablemente contaminadas con transgénicos. La coexistencia del maíz convencional y el maíz transgénico es imposible.
Los mexicanos consumimos maíz cotidianamente en muy altas cantidades y amplios sectores sociales se han manifestado en rechazo a consumir su principal alimento con transgénicos.
La RDM (sabiendo que los congresos estatales de Michoacán y Tlaxcala promulgaron “leyes que se promueven como leyes para proteger al maíz de la contaminación transgénica y para establecer zonas libres de transgénicos”), insiste en que dichas leyes:
...no prohiben la siembra (experimental, piloto o comercial) de maíz transgénico. Tampoco prohiben la introducción de semillas transgénicas en los estados, pero sí definen el procedimiento de autorización para introducirlas, almacenarlas, distribuirlas y comercializarlas en su territorio, dando certeza jurídica y económica a la inversión de empresas semilleras y agroindustriales, transnacionales y nacionales... Criminalizan las semillas nativas y su libre intercambio. Propician la erosión de la cantidad y calidad de la enorme variedad de semillas de maíz (restringiendo ésta a unas cuantas docenas de variedades por inventariar, que después serán la base para sancionar a quienes transgredan las disposiciones de propiedad intelectual que entraña la ley)... Buscan fiscalizar a los productores mediante un directorio o registro que conlleva infinidad de requisitos, y al mismo tiempo excluyen de la supuesta protección de esta ley a todos aquellos que no alcancen a cumplir estos requisitos de control exigidos sin razón. Someten el quehacer campesino y las decisiones agrícolas a un antidemocrático consejo estatal, que además da muy poco peso a la participación campesina y que tiene la facultad de “monitorear actos no autorizados” en las comunidades.
“Monitorear actos no autorizados” implica un despropósito monumental que no logra esconder el afán policiaco de tales leyes estatales y le abre la puerta a los fiscalizadores hasta los rincones del quehacer agrícola ancestral. La RDM recalca:
Denunciamos la rapidez con que se aprueban estas leyes, desde una mínima representación política, sin consultas reales e informadas a todos los mexicanos y mexicanas que seremos afectados por sus implicaciones.
Las leyes de Michoacán y Tlaxcala de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario, son una trampa porque fortalecen y legitiman la Ley de Biodiseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (la famosa ley Monsanto), utilizada para levantar la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México.
Los procedimientos definidos en estas dos nuevas leyes son una cadena de huecos y complejidades jurídicas y administrativas que entorpecen el acceso a la justicia y el ejercicio de nuestros derechos.
Llamamos a los pueblos, comunidades y organizaciones a que exijan la derogación de las leyes federales relacionadas, y a frenar estas leyes estatales que, al igual que el proyecto de ley de consulta de los pueblos indígenas, simulan ser leyes de protección de derechos, cuando en realidad son nuevos instrumentos para minimizar la resistencia ante el despojo.
Llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico.
Rechazamos la siembra experimental, piloto, o comercial de cualquier tipo de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
“Agarren a ésa, no la dejen ir”
Radio Mundo Real, 29 de marzo, Tela, Honduras. La presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Miriam Miranda, salió el lunes 28, temprano, a una manifestación pacífica de la comunidad garífuna en el paraje El Boquete, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida. No volvió a su casa. Fue detenida y golpeada por la policía, llevada a la cárcel y acusada de sedición. Nada nuevo, moneda corriente en la Honduras dictatorial.
Miriam está herida en el estómago, por las quemaduras que le provocó una bomba de gas lacrimógeno que le lanzaron. Tuvo también problemas respiratorios. Un recurso de Habeas Corpus presentado por sus abogados y la presión de varios dirigentes sociales hizo posible que la activista fuera conducida de la cárcel de Tela al hospital Tela Integrado, de la misma ciudad, fuertemente custodiada por efectivos militares y policiales que nunca la dejaron sola. Luego fue liberada condicionalmente y la defensa de Miriam trabaja para que se le otorgue la libertad definitiva.
A las 6 de la mañana del 28 de marzo unos 150 garífunas realizaban una movilización pacífica en la zona de El Boquete contra los atropellos a su derecho a la tierra, en rechazo a la subida de precios de los productos de la canasta básica familiar y en solidaridad con el gremio magisterial, que lucha contra la privatización de la educación en el país.
Luego de 20 minutos llegó al lugar un grupo de unos 25 policías y militares, que agredieron a los manifestantes y realizaron detenciones selectivas. Otro integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña, Milton Casildo, también fue apresado, golpeado y afectado por los gases lacrimógenos. Al igual que Miriam, Milton fue liberado.
Radio Mundo Real pudo entrevistar el 29 de marzo a la presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña, ya de vuelta en su trabajo. “Estoy todavía un poco conmocionada, pero lista para seguir luchando”, empezó la charla la activista.
“Estaba muy claramente dirigida la represión hacia mi persona, porque incluso el jefe de la policía, el suboficial Sánchez, gritaba a sus subalternos ‘a ésa agarrenmelá, no me la dejen ir’”, contó Miriam. “Fui brutalmente golpeada, arrastrada por la carretera y sobre todo una de las bombas lacrimógenas fue dirigida hacia mí, me quemó el estómago y tuve una intoxicación bronquial”, agregó.
Miriam fue acusada de sedición y de ser “una persona de peligro para la seguridad interna del país”. A ella no le quedan dudas que la intención era dejarla presa. Dice que la salvó la presión nacional e internacional y el trabajo de los abogados del Frente Nacional de Resistencia Popular, nacido contra el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Por ejemplo, Amigos de la Tierra Internacional, federación ambientalista con presencia en cerca de 80 países, y que ha conocido de cerca el trabajo de Miriam en defensa de los territorios de las comunidades garífunas, reaccionó con preocupación ante el caso. Integrantes del Comité Ejecutivo de la federación llamaron varias veces a la Fiscalía de Tela para manifestar su alerta. Según denuncia Miriam, el suboficial Sánchez afirmó durante el operativo contra los manifestantes garífunas que si la policía y los militares no lograban hacer caer las “cabezas” del movimiento, se caía todo su trabajo. “Eso es una clara criminalización de la protesta, de los movimientos sociales”, manifestó la activista.
Miriam reconoce que tiene miedo por su vida, porque sabe que está “en la mira de este gobierno sucesor del golpe de Estado”. Además, la libertad condicional que se le ha otorgado implica que puede ser detenida nuevamente en cualquier momento.
La presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña considera que la represión en el país nunca había sido tan brutal como en el presente, y afirmó que las comunidades garífunas nunca se habían sentido tan reprimidas como ayer. “Están usando las bombas lacrimógenas no sólo para dispersar, sino como un arma contra la gente en resistencia y movilizándose. Las bombas lacrimógenas matan, ya lo hemos comprobado en las movilizaciones en Tegucigalpa” (capital del país), aseguró. Esa ciudad está totalmente sitiada por militares y policías, según denuncia Miriam.
De todas formas, la activista hondureña destaca que el pueblo de su país está en resistencia y que las organizaciones y comunidades están fortaleciéndose para defender sus derechos. “A pesar de que los medios de la oligarquía de este país quieran ocultar la verdad, éste es un pueblo que está en resistencia permanente. Hay miles de personas que estamos luchando por un país mejor”, consideró. “Hay una oligarquía que utiliza a Honduras como su finca privada y eso no lo vamos a permitir todos aquellos y aquellas que estamos en resistencia”, sentenció Miriam.
Ver: RadioMundoReal
http://www.radiomundoreal.fm/Agarren-a-esa-no-la-dejen-ir
La Vía Campesina
La semilla es la base de la soberanía alimentaria
Durante el Foro Defendamos las Semillas Campesinas por la Vida y el Futuro de la Humanidad, en Bali, Indonesia, en marzo de 2011, se reunieron unos cuarenta representantes de organizaciones de la Vía Campesina de Indonesia, Corea del Sur, India, Madagascar, Francia, México, Brasil Chile y El Salvador. Ahí entre todas y todos se emitió una serie de recomendaciones para defender las semillas campesinas.
Entre éstas una primera reflexión enfatizaba que: “Nuestras comunidades demuestran que nuestras propias semillas son superiores en numerosos aspectos a las semillas comerciales. Las semillas de la industria requieren de inmensas cantidades de insumos químicos, de agua y maquinaria que destruye nuestra salud y la del ambiente. Llevan a los campesinos hacia la deuda, y a abandonar sus cultivos nutritivos para el beneficio de los cultivos industriales de exportación. Las semillas campesinas son sistemas vivos. Seleccionadas y multiplicadas en los mismos campos que se cultivan, son capaces de adaptarse a las condiciones locales y a cambios en el clima, sin utilizar venenos químicos ni la tecnología industrial. Funcionan bien para las necesidades de nuestros pueblos y permanecen en nuestras manos, bajo nuestro control y cuidado. Son una alternativa real a las semillas híbridas y transgénicas de las corporaciones que fuerzan a los campesinos a depender de ellas. Nos damos cuenta que la soberanía alimentaria es, antes que nada, la soberanía de semillas”.
Reconociendo que es indispensable fortalecer la Campaña Internacional de Semillas de la Vía Campesina, conocida como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad, para “profundizar, expandir y entrelazar el trabajo presente a través de apoyo mutuo e intercambio, formación y educación, así como actividades políticas en común”, la Vía se propone insistir en la lucha política por la defensa de las semillas campesinas e indígenas y fortalecer y promover, en la práctica, los sistemas campesinos de semillas. Para la Vía Campesina, “las semillas son la base de la soberanía alimentaria”.
Por eso, en su comunicado de recomendaciones, los y las representantes presentes insistieron en que “Es urgente publicitar, denunciar y luchar en contra de la criminalización de los campesinos y campesinas que usan y defienden sus semillas. Debemos internacionalizar los casos locales, dándoles visibilidad. Debemos hacer que el mundo entienda que estamos ante ‘una guerra por las semillas’, que de sus resultados depende toda la humanidad, y que en la primera trinchera de esta guerra, defendiendo los intereses de todos y todas, estamos las campesinas y los campesinos quienes mantenemos y usamos las semillas campesinas. Éstos son los campesinos que hoy enfrentan la cárcel, órdenes de aprensión y demandas legales por el hecho de utilizar y seleccionar nuestras propias semillas”. En el mismo sentido la reunión insistió en que se debe mostrar públicamente “la verdadera irresponsabilidad y criminalidad que son la destrucción y privatización de las semillas campesinas y a favor de los transgénicos, las semillas híbridas, y el monopolio de las corporaciones”, y enfatizó que es necesario analizar las políticas y leyes sobre semillas en cada país y “hacer campañas contra las leyes locales, nacionales e internacionales que dan legalidad a la privatización de nuestras semillas y que permiten transgénicos y otras tecnologías de la industria para manipular las semillas”. Es crucial emprender una “campaña pública que aclare la amenaza de todas las tecnologías industriales para nuestros escosistemas campesinos. Y organizarnos para sacarlas de nuestros campos”.
Se discutió también en torno a algunos términos, nociones y conceptos como “bancos de semillas”, “patrimonio común de la humanidad”, “intercambio libre”, “recursos genéticos”, que no necesariamente reflejan bien la intención, alcances y perspectiva de una campaña como la que emprende la Vía Campesina.
Más allá de las conclusiones, lo importante del encuentro es que las organizaciones integrantes de la Vía reflexionen en común en torno al universo completo del quehacer campesino, intenten entender en lo común los caminos que hay que recorrer y las posibles soluciones que permitan fortalecer la vida campesina, en gran medida indígena, que es la semilla de mucha de la vida en el planeta.
Sanidad alimentaria para quién:
el bienestar de las corporaciones
contra la salud de la gente
GRAIN, abril 2011
Éste es un resumen de un nuevo documento de análisis que examina el modo en que la llamada “sanidad alimentaria” o “inocuidad de los alimentos” se está utilizando como instrumento para incrementar el control corporativo sobre la alimentación y la agricultura. También se discute lo que la gente puede hacer, y hace ya, al respecto. El documento completo puede consultarse en:
El constante flujo de escándalos, brotes epidémicos y extremas medidas regulatorias que conforman el paquete del sistema alimentario industrial ha hecho de la sanidad alimentaria un punto de importancia mundial. Nuestra creciente dependencia de alimentos y cultivos industriales concentra a una escala sin precedentes y amplifica de muchas nuevas maneras los riesgos, lo que vuelve más necesaria una intervención para garantizar que nadie enferme a causa de los alimentos. Tras esta intervención, hay una agenda escondida de las corporaciones.
El término “sanidad o inocuidad” alimentarias puede hacer creer que se está protegiendo la salud de la gente, o incluso la del ambiente. La Unión Europea pregona que cuenta con un sistema de sanidad alimentaria que va “de la granja al tenedor” —un lema destinado a tranquilizar a los consumidores con la idea de que alguien cuida su salud. Pero lo que ocurre en nombre de esta “seguridad sanitaria” de los alimentos no tiene que ver tanto con los consumidores o con las normas sanitarias sino con buscar que todos aquellos involucrados en producir, preparar y entregar o servir alimentos se sometan a un número de normas y “estándares” fijados por los supermercados y por la industria alimentaria: regulaciones que se imponen, primero que nada, para garantizar las ganancias.
Puede ser que los gobiernos sean los que fijen un cuerpo de regulaciones de sanidad alimentaria mediante políticas y medidas administrativas (inspección de los servicios y otros), pero es el sector privado quien idea e instrumenta los criterios reales. Esta división público-privada (que implica una complicidad) provoca un conjunto de problemas, y así llegamos a una situación en la que:
* en esencia el sector alimentario industrial se regula a sí mismo, lo que refuerza el argumento de que la sanidad alimentaria no está primordialmente relacionada con la salud pública, sobre todo porque continúan ocurriendo terribles brotes de envenenamiento con comida.
* los gobiernos terminan trabajando para el sector corporativo, aun cuando éste no sea su papel, porque el sistema regulador es público pero los criterios y estándares son privados.
Ahora, gracias a la globalización y a la liberalización de las regulaciones relativas al comercio y la inversión, este modelo de sanidad alimentaria se va expandiendo —y somete a los campesinos, los pescadores y a los trabajadores de la industria alimentaria por todo el mundo a los dictados de las corporaciones. Si India quiere venderle pescado o uvas a la Unión Europea tiene que someterse a las regulaciones europeas y a los estándares fijados por las cadenas de supermercados que controlan el mercado en la Unión Europea. Si los brasileños quieren venderle pollo o soya [soja] a Arabia Saudita, entrarán en juego los criterios de los Estados del Golfo. “Muy bien”, podría uno pensar. “Después de todo, esto tiene que ver únicamente con las operaciones de los grandes establecimientos agrícolas industriales”. Pero no sólo tiene que ver con las exportaciones. La idea —y la realidad— es que los países adopten estos estándares y los apliquen en sus mercados internos también, impactando a fin de cuentas a todos los agricultores de un país en particular.
Quién fija los estándares y quién se beneficia con ellos. El comercio internacional jamás había sido tan grande. El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre agricultura comenzó a eliminar los aranceles y cuotas hace casi veinte años. Desde entonces, la línea de fuego de las disputas en torno al comercio alimentario se ha trasladado a lo que se conoce como barreras “no arancelarias”, como las normas sanitarias relacionadas con los alimentos. Hoy, si uno quiere proteger de la competencia a los agricultores de un país, no se puede fijar un aviso fronterizo que diga “Ya tenemos suficientes melones, así que ¡fuera!”, pero sí es posible fijar un aviso que diga: “Sólo aceptamos melones producidos con métodos halal [el modo permitido por la religión musulmana] de 15 a 20 centímetros de diámetro, enjuagados con agua potable y que tengan certificación de que fueron cultivados en fincas que cuentan con sus propios inodoros”. Esto es muy bueno para Carrefour, cuyos abastecedores contratados producen justamente ese tipo de melones. Pero ¿qué ocurre con los agricultores en pequeña escala que no pueden cumplir con estos criterios ni cubrir los costos de certificación que conllevan? Y si los dejan fuera de los supermercados, ¿qué otras opciones tienen?
Una creciente porción de los alimentos que compra la gente les llega a través de las cadenas de abasto de los supermercados transnacionales y las corporaciones que sirven alimentos al público. A nivel mundial, el comercio de alimentos al menudeo obtiene por ventas 4 billones de dólares anuales. Los supermercados hicieron más de la mitad (51%) de esas ventas en 2009, siendo las 15 corporaciones principales las que lograron 30% de las mismas. Juntos, los diez minoristas en alimentos más importantes (Walmart, Carrefour, Metro, Tesco, Schwarz, Kroger, Rewe, Costco, Aldi y Target), tuvieron entradas por un billón y 100 mil millones de dólares en 2009, lo suficiente para ser considerados el décimotercer “país” más rico del mundo. Éstas son las firmas que moldean los sistemas de “sanidad” o “inocuidad” alimentaria de hoy y detentan un enorme poder en decidir no sólo dónde se produce la comida y dónde se vende, sino exactamente cómo se produce y cómo se maneja.
Existe toda suerte de fondos de desarrollo, micro-créditos y programas de subsidio gubernamental diseñados para ayudar a que los agricultores en pequeña escala cumplan con estos estándares corporativos. Mediante tales programas, unos cuantos logran posicionarse frágilmente produciendo por contrato para supermercados como Tesco o compañías de venta de alimentos al público como McDonalds. Pero la realidad es que la mayoría de los campesinos simplemente quedan fuera, dado que los supermercados prefieren trabajar con abastecedores y establecimientos mayores. El espacio para que los campesinos que cultivan coles en China o papas en Zambia puedan comercializar sus productos disminuye con rapidez en la medida en que se expanden los supermercados y las compañías que sirven alimentos al público, y en la medida en que las alternativas, como los mercados al aire libre y los puestos callejeros son cerrados por los gobiernos que insisten en aplicar los estándares corporativos. Sólo las grandes empresas ganan en esta situación —y nada ganan los productores, ni los trabajadores ni los consumidores de alimentos.
Cómo salir de este atolladero. Este secuestro corporativo del abasto alimentario no deja de ser cuestionado seriamente. Un creciente movimiento popular de oposición confirma que una verdadera inocuidad alimentaria proviene de un modelo muy diferente de agricultura y alimentación.
Los campesinos y los pequeños productores nos enseñan que la sanidad alimentaria no se logra con una “tolerancia cero” a los microorganismos ni con el enfoque de “extrema higiene” que promueven las grandes corporaciones (y que implica pasteurización, radiación, esterilización, etcétera). Destruir la biodiversidad, incluida la microflora y la microfauna, provoca inestabilidad, lo que se manifiesta en enfermedades. Es mejor buscar balances y equilibrios que conlleva la diversidad, dado que son éstos los fundamentos reales de la armonía y la salud. Hacerlo requiere saberes y que haya muy poca distancia entre la producción de alimentos y su consumo, lo que es la base de sistemas alimentarios diferentes, “alternativos” que mucha gente anhela.
Debemos defender enérgicamente la agricultura campesina y la producción de alimentos de base comunitaria, los mercados campesinos, las pequeñas tiendas y los puestos de comida callejera, que con frecuencia son atacados en nombre de la sanidad alimentaria. Ellos son o pueden ser la columna vertebral de economías locales y de lo que muchos consideran como comida más sana. Apoyar estos circuitos está en auge, pero se requieren más inversión y esfuerzo, incluida la preocupación por una verdadera sanidad alimentaria. De igual modo, las campañas por frenar los supermercados extranjeros como Walmart o para evitar que otros países impongan sus medidas alimentarias son sumamente importantes.
Al fin y al cabo, la sanidad alimentaria tiene que ver con quién controla nuestros alimentos. ¿Le dejaremos ese control a las corporaciones? ¿No debemos ser nosotros los que los controlemos?
Puntos centrales de este documento
1. Aunque suene a salud pública, en realidad lo que se está protegiendo es la riqueza de las corporaciones. Los sucesivos escándalos, brotes epidémicos y medidas regulatorias extremas han convertido la “sanidad alimentaria” o “inocuidad alimentaria” un asunto global. A primera vista, todas estas acciones parecen dirigidas a garantizar una higiene apropiada, de tal modo que la gente no se enferme. Profundizando, la sanidad alimentaria se volvió un campo de batalla crucial para el futuro de la agricultura y la alimentación y un dispositivo para expandir el control de las corporaciones.
2. La agricultura industrial es el problema en gran medida. El procesado y la comercialización de alimentos a escala industrial amplifica los riesgos sanitarios de la producción. Una pequeña finca a la que se le contamine uno de sus productos (digamos huevos con salmonella), afectará sólo a una pequeña cantidad de personas. Un gran establecimiento al que le pase lo mismo afectará a un gran número de personas, incluso más allá de sus fronteras. Muchos de los peores problemas de seguridad sanitaria en los alimentos son generados por las malas prácticas asociadas con la agricultura industrial —enormes dosis de fertilizantes y plaguicidas químicos, la utilización de antibióticos y otros compuestos farmacéuticos con propósitos no terapéuticos, el hacinamiento de gran densidad de animales que favorecen los brotes epidémicos, el abuso sufrido por los animales para incrementar la productividad y reducir costos, además de las malas prácticas laborales.
3. Los gobiernos establecen las regulaciones pero la industria fija los criterios. Los organismos públicos supervisan ampliamente la aplicación de las políticas de sanidad alimentaria. Los gobiernos establecen y supervisan las leyes. Pero es la industria alimentaria —(desde la que abastece de materia prima a la que vende al menudeo) la que define los criterios y los pone en operación. Esto tiene por resultado estándares muy sesgados en favor de las necesidades de las empresas, y que son voluntarios (la llamada auto-regulación). El control sobre los estándares deja a las empresas con la sartén por el mango y le carga a los gobiernos la responsabilidad de los desastres y la obligación de solucionarlos.
4. Las corporaciones ganan, la gente pierde. Los estándares empresariales buscan maximizar las ganancias y organizar los mercados, no establecer una seguridad sanitaria de los alimentos. Por supuesto, nadie gana nada matando gente, ni enfermándola de gravedad, pero al lograr tal dominación de los mercados y al incidir de tal modo en los regímenes regulatorios, la industria alimentaria ha logrado que los incidentes de seguridad sanitaria sean, para las corporaciones, simples costos implícitos en el proceso de hacer negocios.
5. Hoy, los acuerdos comerciales son el mecanismo central para expandir y poner en efecto los criterios de sanidad alimentaria por todo el planeta. Estados Unidos y la Unión Europea utilizan de modo agresivo las políticas comerciales, en especial los acuerdos bilaterales de libre comercio, para impulsar sus estándares y regular el acceso al mercado en favor de las agroempresas. Sin embargo, los exportadores no son los únicos afectados. Los países que adoptan estos criterios industriales, sobre todo en el Sur global, los aplican también a los mercados internos. Como ni los productores ni los procesadores o vendedores de alimentos en pequeña escala pueden cumplirlos (o están en una lógica de producción muy distinta), quedan fuera de los mercados e incluso se les criminaliza por sus prácticas tradicionales.
6. Los estándares se esparcen por doquier. Las corporaciones y los gobiernos están haciendo más estrictas las regulaciones en torno a la sanidad alimentaria para expandir su control sobre el comercio de alimentos. Pronto será imposible vender un pollo tailandés o un corte de carne brasileño a la Unión Europea si los animales no fueron criados y sacrificados de acuerdo a las consideraciones de bienestar animal de los europeos. De igual modo, ahora hay un enorme interés comercial en definir y fijar regulaciones mundiales al comercio de la llamada comida halal [que responde a los modos de la religión musulmana].
7. La verdadera seguridad sanitaria de los alimentos proviene de los equilibrios, no de los extremos. Los pequeños productores y procesadores nos enseñan que podemos lograr una sanidad alimentaria mediante la biodiversidad, los saberes y la estabilidad que proporcionan los equilibrios. Como dijera el agricultor francés Guy Basitanelli, de La Confédération Paysanne: “manejar los balances microbianos y proteger y producir cierta flora específica con base al respeto por las prácticas locales y tradicionales, es lo que mejor garantiza la seguridad sanitaria”. En cambio, conduce a la inestabilidad que el sistema empresarial dependa de una higiene extrema mediante una esterilización forzada y tecnologías industriales (radiación o nanotecnología).
8. La gente está haciendo mucho para revertir este secuestro corporativo. Hay un fuerte movimiento de oposición que busca debilitar el control que tienen los agronegocios sobre el sistema alimentario dominante, y busca promover mejores enfoques. La ”sanidad alimentaria” o, por hablar más ampliamente, la “calidad de los alimentos”, está en el centro de estas batallas —sea porque la gente y las organizaciones resisten la entrada y/o la expansión de los supermercados y las corporaciones agroindustriales, porque promueven y respaldan la producción de alimentos y sus mercados a nivel comunitario y local, porque boicotean a las grandes cadenas y los dudosos productos (de los OGM a la carne estadounidense), porque apoyan a los trabajadores de la industria alimentaria en sus luchas por salarios justos, derechos colectivos y prestaciones, porque frenan los llamados acuerdos de libre comercio, o porque reforman las políticas agrícolas con el fin de respaldar la agricultura campesina. Este movimiento está creciendo, pero necesita mayor respaldo para convertirse en la columna vertebral de nuestras economías alimentarias y devolverle a la gente la “seguridad sanitaria” de los alimentos.
El próximo asalto a la biodiversidad
Verónica Villa, Grupo ETC, marzo 2011. Las estrategias de las empresas y los gobiernos para aprovechar el cambio climático y así mantener el control sobre la producción energética, agrícola, tecnológica y de materiales convergen cada vez más en torno al concepto de biomasa.
La biomasa engloba más de 230 mil millones de toneladas de materia viva que la Tierra produce cada año —de árboles a microbios. Esta riqueza se encuentra principalmente en el Sur global y sustenta la vida de la mayoría de los habitantes del planeta. Hasta ahora sólo 24% de la biomasa terrestre se utiliza en la supervivencia humana y en la producción industrial. Sin embargo, con las nuevas tecnologías —nanotecnología y biología sintética, entre otras— la industria puede convertir 86% de la biomasa global no utilizada en un botín. Una “fiebre del etanol” potenciada miles de veces, pues ahora no sólo se habla de producción de combustibles, sino de mantener todos los sectores industriales que conocemos y que hasta ahora dependen del petróleo, el carbón y el gas. A esta transformación la nombran “economía verde” o “economía de la biomasa”.
El nuevo uso del término “biomasa” reduce pastos y bosques a fuentes de celulosa y carbón. Con tal de ampliar el negocio, gobiernos e industria incluyen también como biomasa comercializable llantas, lodos de los desagües, plásticos, maderas tratadas, materiales de construcción recubiertos y los desechos de la demolición; el estiércol de los animales criados industrialmente y los despojos de los rastros (o mataderos) y de la ganadería intensiva.
Ni siquiera con esas cuentas hay suficiente biomasa en el planeta para lograr una economía que no dependa de combustibles fósiles, manteniendo el mismo consumo. Estamos sobregirados en el “banco” de la biomasa, en el filo de la muerte progresiva de bosques y océanos. Acaparar los frágiles ecosistemas para encontrar nuevas fuentes de combustibles y otros insumos industriales es una acción criminal contra un planeta en crisis, entre otras cosas porque todos esos “deshechos” no utilizados son la base fundamental para reciclar la potencialidad de los suelos y la inmensidad vegetal.
La privatización de la materia vegetal para transformarla en mercancías diversas, la ingeniería de células para convertirlas en micro-fábricas de compuestos químicos y el reordenamiento de los ecosistemas para volverlos proveedores de “servicios” son parte constituyente de la nueva propuesta. En resumen: las industrias y los gobiernos más poderosos quieren seguir con la misma forma sucia, injusta y devastadora de producción y acumulación de capital, pero ahora usando todo lo que quepa en la definición de biomasa. Y nos lo quieren vender como una economía amigable con el planeta.
Los nuevos amos de la biomasa. Biología sintética y el próximo asalto a la biodiversidad, es la nueva investigación del Grupo ETC que desnuda las falacias de la “economía verde” o “economía de la biomasa”. Nuevas amenazas biológicas, nuevos tóxicos y la devastación irreversible de la ecología son descritos detalladamente en el documento. La primera parte da un panorama de la situación actual y de lo que significa para los pueblos y la naturaleza. La segunda parte habla de los actores que impulsan la nueva “bioeconomía” y las tecnologías con las que está asociada.