En Colombia se aprobó recientemente en el congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo, un plan de gobierno del nuevo presidente Juan Manuel Santos por el periodo (2010-2014).
Uno de los temas centrales de este gobierno, que quedó incluido en dicho plan, es el de las tierras y para ello se ha anunciado una Política integral de tierras que pasa por 4 elementos básicos: restitución de tierras a las víctimas que les fueron arrebatadas a partir del conflicto; el modelo de desarrollo rural, con un Estado que provee con bienes públicos como infraestructura, investigación, electricidad entre otros para garantizar la agroexportación; formalización de la propiedad, para asegurar la inversión y compra de tierras de nacionales y extranjeros, y una política de subsidios y créditos para proyectos productivos.
Estos elementos de la política forman parte de las “recomendaciones” del Banco Mundial, para el cual resolver el problema de la tenencia de la tierra y en consecuencia formalizar la propiedad es un requisito indispensable del mercado de tierras, que permitirá dar todas las garantías y seguridad a inversionistas interesados en adquirirlas.
Lo anterior se comprende si se tiene como referencia la discusión frente a la crisis alimentaria y la carestía de alimentos en el mercado mundial1, la cual ha conllevado que grandes compañías y gobiernos estén buscando tierra en todo el mundo para producir alimentos. La FAO calcula que en el mundo hay cerca de 2 mil 600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura, que no están siendo utilizadas para cultivos. De ellas, 900 millones están ubicadas en siete países: Brasil, la República Democrática del Congo, Angola, Sudan, Argentina, Bolivia y Colombia2. Esto ayuda a explicar por qué se avanza en el país en esta “política integral de tierras” y por qué es tan importante para el gobierno seguir al pie de la letra las “recomendaciones” del Banco Mundial.
Con el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en abril de 2011, en particular mediante los artículos 56, 57, 58 y 59 se pretende facilitar el acceso a tierras a inversionistas colombianos y extranjeros para la puesta en marcha de conglomerados productivos que integren vertical y horizontalmente la producción, transformación y comercialización, especialmente en regiones como la Altillanura.
Con esas reformas no sólo se conduce a agudizar el monopolio de la propiedad rural en un país que tiene una de las mayores concentraciones de la tierra en el mundo (Gini de 0.87), gracias a erráticas políticas públicas y a fenómenos como el éxodo y desplazamiento forzado y el consecuente abandono y expolio de tierras y territorios. Se busca también monopolizar el uso del suelo en cultivos permanentes, semipermanentes y forestales destinados a la producción de alimentos para la exportación o de agrocombustibles, en menoscabo de los pobladores rurales y de la economía campesina, proveedora de alimentos y fuente de empleo rural.
Con estos cuatro artículos del Plan se levanta la prohibición de adquirir más de una unidad agrícola familiar (UAF)3 y se fomenta la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial en tierras “baldías” de la nación. Esto significa desconocer los principios y valores de la Constitución política desarrollados en la Ley 160 de 1994, en la que se reglamenta, de una parte, el derecho de campesinos de escasos recursos y de los indígenas y afrodescendientes, al acceso justo y equitativo a la propiedad de la tierra rural y, de la otra parte, la unidad agrícola familiar como mecanismo para prevenir la inequitativa distribución de la tierra y su fraccionamiento.
Incluir esta modificación de la UAF beneficiará a grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, que ya no tendrán que fraccionar compras, como por ejemplo la que hizo la empresa brasilera Mónica Semillas, que en 2008 compró 13 mil hectáreas para la siembra de maíz y soya en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Pero como no podía hacerlo de manera total, puesto que la UAF en esta región más o menos es hasta mil hectáreas, lo que hizo fue constituir seis empresas: Catanaribo, Agromarchett, Agrocaxias, Tilava, Manacacias y Monicol, que compraron, por partes, burlándose así de la legislación colombiana. Entonces, reformas como las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo están hechas a la medida de grandes empresas que como Mónica Semillas quieren adquirir grandes extensiones de tierra. Hay que resaltar que hay otros inversionistas interesados en llegar al país como argentinos, chilenos, chinos, estadounidenses, que seguramente están esperando que se modifique la ley para poder establecerse en Colombia.
Aparte de los contratos de inversión en las zonas de desarrollo empresarial, en los contratos de renta (artículo 59) que transferirían finalmente la propiedad de la finca a la empresa que invierte en producción, se terminaría sustituyendo el necesario estímulo a la producción agropecuaria por un estímulo a la acumulación de tierra en propiedad y a la especulación con la tierra en el mercado financiero internacional4.
Varios de los aspectos mencionados anteriormente han sido señalados por organizaciones agrarias del país. Éstas plantean que las reformas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo no pueden hacerse a espaldas de la opinión pública, por lo que elaboraron una carta que fue radicada en el congreso de la República con copia a varias entidades que manejan el tema rural, y que fue suscrita ampliamente por organizaciones y personas a nivel nacional, solicitando que se retiren los artículos mencionados. Han propuesto además realizar foros nacionales de discusión sobre estos temas. De igual forma el congresista Wilson Arias ha advertido en varios debates sobre el fenómeno de extranjerización de la tierra en Colombia para desarrollar grandes proyectos agroindustriales, minero-energéticos y forestales. Arias ha hecho importantes denuncias acerca de irregularidades de empresas como Mónica Semillas, que fraccionó su compra para evadir la legislación colombiana y adicionalmente recibió subsidios por más de ¡3 mil 600 millones de pesos!
Por lo anterior, consideramos que este modelo que se promueve en el país en materia de tierras, profundizará mucho más la concentración de la propiedad en manos de grandes empresarios (nacionales y extranjeros). La visión que se promueve desde el gobierno a través del ministerio de Agricultura privilegia la “flexibilización” del mercado de tierras, de modo que pueda utilizarse en actividades más productivas y por usuarios más “eficientes”, haciendo progresivamente de la agricultura de gran plantación la única forma de producción en el campo, lo cual arrasa la agricultura y la economía campesina.
Con estas reformas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el campo ya no tiene por núcleo distributivo y enfoque socioeconómico a la familia sino a la empresa; la supervivencia dependerá de la escala de producción; el interés no es la demanda interna y la producción nacional sino abastecer mercados externos de alimentos y bienes de consumo agroindustriales. El sujeto de identificación social no será el campesino sino el empresario o “el socio” (del gran inversionista).
Politóloga e investigadora de políticas públicas ambientales y rurales. [email protected]
1 “El mundo toma medidas por escasez de alimentos; se estudia posibilidad de restricciones a las exportaciones”, Periódico Portafolio, 11 de enero de 2011.
2 DNP (2010) loc. cit.
3 Se entiende por unidad agrícola familiar (UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere.
4 Héctor Mondragón. “¿Burbuja de Tierra en vez de Empresa Agrícola y Pecuaria?”. Grupo se Agricultura y Comercio, Alianza Social Continental. 2011.