Esta vez, la portada nos asoma a un campo agrícola en África. La foto lo dice todo: quienes lo trabajan tienen que cubrirse y protegerse lo más posible de eso que supuestamente aplican para cuidar el cultivo que ya se alza, único, en medio de una extrema “limpieza”, una especie de “limpieza étnica agrícola”. Y se protegen porque su quehacer es tóxico, es nocivo, como lo son también los llamados “programas de intensificación de cultivos” que el gobierno de Ruanda aplica en cumplimiento de la Alianza por una Revolución Verde en África. Estos programas definen qué semillas sembrar, excluyen al extremo cualquier asociación de cultivos y determinan cuáles pueden plantarse y en dónde, y hacen un uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas químicos, venenos puros, todo con el fin de aumentar drásticamente la productividad aunque en el proceso se pierda la enorme variedad agrícola en aras de unas cuantas variedades legalizadas. Y aunque en el largo plazo esto arrastre consecuencias irreversibles en la diversidad biológica, y en la riqueza de los suelos para producir alimentos sanos y nutritivos.
Tales programas (como ya lo saben los campesinos en Asia y en América Latina donde la Revolución Verde se aplicó desde los años sesenta), devastan las relaciones sociales, la comunidad misma, menosprecian el cuidado ancestral de la vida y los saberes que lo han hecho posible, erosionan en grado sumo la fortaleza y diversidad de las semillas nativas, y someten a controles centralizados, ajenos e ignorantes, los modos de trabajo detallado que hubo siempre y que ahora son considerados “inútiles, ilegales, irrelevantes” o incluso “estúpidos”, “actos no autorizados”, fiscalizados por autoridades racistas que privilegian las disposiciones de empresas, gobiernos y “expertos”.
Por si fuera poco, las comunidades de África (como también en Asia y ahora en América Latina), también sufren invasiones, expropiaciones y expulsión de sus tierras y territorios, en nombre de un acaparamiento de tierras transnacional, corporativo, o de plano especulativo, que tiene en los gobiernos de la región sistemas jurídicos “permisivos” que criminalizan y reprimen la indudable resistencia. Debe quedar claro que la Revolución Verde mencionada recibe el “entusiasta apoyo” de fundaciones tan renombradas como la Rockefeller y la Bill y Melinda Gates, y que el acaparamiento de tierras lo respalda el mismísimo Banco Mundial, claro, con algunos “principios de inversión responsable” que intentan minimizar las posibles “reacciones negativas” que provoca tal apropiación agraria.
África, vista también como botín por las mineras aun a costa de millones de muertos, se ha vuelto un espejo donde debemos mirarnos para entender de antemano lo que se nos viene y así prevenirnos de los extractivistas, del sistema agroalimentario industrial mundial, de los inversionistas y especuladores que acaparan tierras por el planeta, y de sus promotores en gobiernos, fundaciones, sectores académicos y organismos internacionales.
Y van por todo. A las crisis combinadas que sufre el mundo, debemos emparejarle los numerosos esquemas de negocio de los cuales el acaparamiento de tierras es uno de los más decisivos, porque intenta arrebatarle a las comunidades locales, indígenas, campesinas, e incluso a las comunidades urbanas (que muchas, antes, fueron campesinas), el control de sus ámbitos comunes y sus territorios que son clave para resistir los otros ataques y para construir una autonomía y una soberanía alimentaria urgentes.
Lo intentan con los esquemas de comercio de carbono (la venta de aire) que nos venden como “mitigación del cambio climático”. Lo intentan con las reservas de la biosfera, con la agricultura por contrato, con las asociaciones entre campesinos y corporaciones que implican la tierra en garantía. Lo intentan con la certificación agraria que individualiza lo que siempre fue comunal, con el registro de pozos y manantiales, con los inventarios de semillas y con el propio catastro o registro de productores, que definirá quién puede sembrar y quién no.
Nada puede ser común ni libre, por eso también se ahondan los esquemas de “sanidad alimentaria” para criminalizar los modos tradicionales e independientes (sin certificaciones variadas) de producir alimentos, los mercados al aire libre, los puestos callejeros. Son, en fin, todas aquellas leyes nocivas que nos impiden la posibilidad de defendernos por la vía de la ley.
Pero la resistencia no descansa tampoco. “La apropiación de tierras es bandolerismo de Estado”, dice Ibrahim Coulibaly, miembro de la CNOP de Mali en África Occidental. “Tenemos que tratarlos como bandidos porque tratan de apoderarse o tomar el único recurso que les queda a los pobres y dárselo a los que ya tienen demasiado, los que ya son extremadamente ricos. Y eso es inaceptable”. Mamadou Cissokho, presidente honorario de la Red de las Organizaciones Campesinas y de Productores de África del Oeste (ROPPA) dice a su vez: “pensamos que si ya no hay Estado, si ya no quedan estructuras que nos apoyen, tenemos que cuidarnos solos. Tenemos que seguir luchando por sobrevivir, combatir el acaparamiento de nuestras propias tierras a manos de países extranjeros y empresas privadas. ¿Debemos no ser nadie en nuestras tierras? Si un inversionista viene a nuestra casa, debe gozar de absoluta seguridad. ¿Por qué todos pueden tener seguridades y nosotros no? ¿Por qué los campesinos no tienen ninguna garantía?”
También lo dijo la Red en Defensa del Maíz en México: “La soberanía alimentaria radicará siempre en el respeto del derecho colectivo a tener, guardar e intercambiar libremente semillas nativas sin la imposición de mecanismo alguno de control estatal, federal o empresarial (sea certificación, inventario, banco de semillas, catálogo de variedades, patentes, denominaciones de origen o derechos de obtentor). La soberanía alimentaria requiere condiciones que permitan la producción libre y autónoma de alimentos a nivel local, regional y nacional, el respeto a nuestros territorios, amenazados ahora por proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, carreteros, de servicios ambientales, reservas de la biósfera, privatización de los mantos de agua; territorios amenazados también por la industrialización y urbanización salvaje y por la política ambiental oficial de conservación sin gente”.
¿Qué pueden hacer las poblaciones urbanas, las clases medias, ante esta guerra que tienden contra los campesinos las empresas, los gobiernos y los organismos internacionales? Por lo pronto mirarse en el espejo de África y mirarse también en el reflejo de quienes han cuidado el mundo por milenios. Y saber que la urgencia por una soberanía alimentaria, por la producción propia de alimentos, ya está impactando las ciudades y terminará por sumirnos en una esclavitud no imaginada si no enlazamos barrios urbanos y comunidades campesinas, si no le abrimos un hueco en la ciudades a nuestra propia creatividad y a nuestro propio anhelo de no depender de quienes nos envenenan con comida a precios que nadie puede pagar.
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