Crisis climática. Cancún: la solución está en los pueblos
Reunimos fragmentos de voces de personas y colectivos para iluminar la movilización por justicia social y ambiental que llegó a Cancún, Quintana Roo, México en diciembre de 2010, con motivo de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático. Para quienes se manifestaron, fue muy contundente el menosprecio de los gobiernos, salvo el de Bolivia, y en cambio fue muy esperanzadora la enorme gama de movimientos, organizaciones y colectivos que junto con Vía Campesina rechazaron tajantemente las falsas soluciones y las enmiendas de mercado expresándose en caravanas que llegaron a Cancún para hacer sentir un reclamo global en pos del planeta. Hoy estos movimientos tiene certeza de que las verdaderas soluciones están en el corazón de las comunidades y los pueblos.
Pregunte a cualquiera cuáles son las exportaciones más famosas de México y le contestará con una sonrisa sardónica y una mirada al norte: gente y drogas. Ahora el país tiene un nuevo producto de exportación: derechos de contaminación (una herencia del neoliberalismo por el hábito que tienen los países del Norte de descargarle sus problemas al Sur global).
Desde 2006, México le ha estado vendiendo derechos de contaminación a España, el Reino Unido, Suiza, Francia, Japón y los Países Bajos. Las compañías que compran los derechos (productoras de energía como Iberdrola o Electrabel, por ejemplo, o fabricantes de cemento como Cemex) son eximidos de la obligación legal de reducir las emisiones de bióxido de carbono que les imponen las leyes europeas o japonesas. Como los derechos de contaminación se venden muy barato en México, esas empresas ahorran millones y pueden retrasar por años las medidas contra el calentamiento global.
Los derechos de contaminación de México son ya mercancía de gran venta en los mercados financieros. Bancos privados como BNP Paribas y Credit Suisse, intermediarios y mercaderes como Cargill, AgCert y Gazprom Marketing & Trading los compran para especular y venderlos a terceros. Y por qué no, si los precios son volátiles y se gana mucho dinero. Y si el mercado global de contaminación con gases de efecto invernadero se vuelve tan enorme como algunos prevén —billones de dólares— nadie en Wall Street o en otros centros financieros puede darse el lujo de quedar fuera.
La idea del negocio es simple. Si según las leyes europeas o japonesas se deben reducir las emisiones de gases, y si los países industrializados no quieren pagar los costos que ello implica, hay que hacer reducciones donde sea más barato hacerlo, en países como China o México. Así las industrias en esos países pueden hacer dinero vendiendo reducciones al Norte.
Si se tiene una industria sucia, habrá muchas emisiones que reducir y se puede ganar mucho dinero. No es sorpresa que más de dos docenas de criaderos industriales de cerdos operados por Granjas Carroll de México, subsidiaria de Smithfield, con sede en EUA, obtengan ingresos extra capturando y quemando el metano que produce el excremento de los cerdos. Y como el metano es un gas con efecto de invernadero mucho más peligroso que el dióxido de carbono, quemar una sola tonelada de éste en Puebla y Veracruz significa que se pueden vender derechos para emitir 20 toneladas de CO2 en Europa.
Si un empresario produce una sustancia todavía más peligrosa que es gas con efecto de invernadero, él —y los consultores que contrate en EUA, Europa o Japón— pueden hacer aún más dinero. Vean Quimobasicos de Nuevo León, el mayor exportador mexicano de derechos de contaminación. Con sólo destruir algunas miles de toneladas de un subproducto, un gas conocido como HFC-23, Quimobasicos puede vender más de 30 millones de toneladas de derechos de contaminación de dióxido de carbono a Goldman Sachs, EcoSecurities y a J-Power, la compañía japonesa generadora de energía. Hacerlo le cuesta a la compañía el equivalente a 3 pesos mexicanos (28 centavos de dólar) por tonelada de CO2 “equivalente”, que a los precios actuales —pero según el intermediario que lo venda— puede venderse al menudeo en unos 20 dólares la tonelada.
No es sorpresa que las compañías y los países de todo el mundo intenten ser lo más sucios posibles a modo de ganar dinero limpiando un poco. Tampoco sorprende que este nuevo mercado no beneficie a quienes en realidad cuidan el ambiente. Las comunidades que viven con modos de vida que emiten poco carbono, que luchan por evitar que las compañías extractivas y las industrias contaminantes invadan sus regiones, no son lo suficientemente sucias como para tener entrada al negocio. Ni tienen el dinero para engrasar las ruedas de la regulación ni los costosos consultores que requiere uno para lucrar en el nuevo negocio.
No esperen que en la cumbre climática de Cancún los gobiernos implicados en ponerle fin a este destructivo comercio de contaminación hagan algo. A fin de cuentas Naciones Unidas ayudó a instalar este mercado en 1997 en Kyoto, y mucha gente ha lucrado de eso.
En Cancún las cosas pueden empeorar si se permite que el carbono de los bosques nativos se venda en el mercado de la contaminación. Esto podría ser lo que una red de pueblos indígenas llama: “potencialmente el mayor acaparamiento de tierras en la historia”. Larry Lohmann, México’s newest export and the road to Cancún, Focus on Trade, núm 154, noviembre, 2010.
Juntamos nuestras miles de luchas en Cancún los miembros de la Vía Campesina de más de 30 países de todo el mundo para exigir a la Cumbre sobre Cambio Climático (COP 16), justicia ambiental y respeto a la Madre Tierra, para denunciar los ambiciosos intentos de los gobiernos, principalmente del Norte, de comercializar todos los elementos esenciales de la vida en beneficio de las corporaciones transnacionales y para dar a conocer las miles de soluciones para enfriar el planeta y frenar la devastación ambiental que hoy amenaza seriamente a la humanidad.
Tomando como principal espacio el Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Social y Ambiental, celebramos talleres, asambleas y reuniones con nuestros aliados en una acción global que llamamos Los Miles de Cancún y que repercutió por todo el planeta y hasta en las mismas salas del Moon Palace de la COP 16. Esta acción del 7 de diciembre, tuvo como expresión de nuestra lucha una marcha de miles de miembros de La Vía Campesina acompañados por los mayas de la península mexicana y miles de aliados de organizaciones nacionales e internacionales.
La movilización a Cancún inició el 28 de noviembre con tres caravanas que partieron de San Luis Potosí, Guadalajara y Acapulco, recorrieron los territorios más simbólicos de la devastación ambiental y de las resistencias y las luchas de las comunidades afectadas. El esfuerzo de las caravanas fue un trabajo conjunto con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Movimiento de Liberación Nacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas y cientos de pueblos y personas que nos abrieron las puertas de su generosidad. El 30 de noviembre arribamos con nuestras caravanas a la ciudad de México, celebramos un Foro Internacional y una marcha acompañados de miles de personas y cientos de organizaciones que también luchan por la justicia social y ambiental.
En nuestra jornada hacia Cancún, otras caravanas, procedentes de Chiapas, Oaxaca y Guatemala, tras muchísimas horas de viaje se unieron en Mérida para celebrar una ceremonia en Chichen Itzá y llegar a Cancún el 3 de diciembre a instalar el Campamento por la Vida y la Justicia Social y Ambiental. El 4 de diciembre abrimos nuestro foro y dimos inicio a nuestra lucha en Cancún.
Los actuales modelos de consumo, producción y comercio han causado una destrucción ambiental de la cual los pueblos indígenas, campesinos y campesinas somos las principales victimas. Nuestra movilización hacia Cancún y en Cancún es para decirle a los pueblos del mundo que necesitamos un cambio de paradigma de desarrollo y economía. Hay que trascender el pensamiento antropocéntrico. Hay que reconstituir la cosmovisión de nuestros pueblos, que se basa en el pensamiento holístico de la relación con el cosmos, la madre tierra, el aire, el agua y todos los seres vivientes. El ser humano no es dueño de la naturaleza: es parte de todo lo que tiene vida.
Ante la necesidad de reconstituir el sistema, el clima, la madre tierra, denunciamos que:
1. Los gobiernos continúan indiferentes ante el calentamiento del planeta y en vez de debatir sobre los cambios de políticas necesarias para enfriarlo, debaten sobre el negocio financiero especulativo, la nueva economía verde y la privatización de los bienes comunes. 2. Las falsas y peligrosas soluciones que el sistema capitalista neoliberal implementa como la iniciativa REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación); el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio), la geoingeniería, representan comercializar los bienes naturales, la compra de permisos para contaminar o créditos de carbono, con la promesa de no talar bosques y plantaciones en el Sur. 3. La imposición de la agricultura industrial a través de los transgénicos y el acaparamiento de tierras, atentan contra la soberanía alimentaria. 4. La energía nuclear, es muy peligrosa y de ninguna manera es una verdadera solución. 5. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio facilitan la intervención de las grandes transnacionales en nuestros países. 6. Los impactos que ocasionan los tratados de libre comercio con los países del Norte y la Unión Europea, no son más que acuerdos comerciales que abren más las puertas de nuestros países a las empresas transnacionales para que se adueñen de nuestros bienes naturales. 7. Se excluye a los campesinos y pueblos indígenas en las discusiones de los temas trascendentales en la vida de la humanidad y de la madre tierra. 8. Se expulsó a compañeros y compañeras del espacio oficial de la COP 16 por su oposición a los planteamientos de los gobiernos que apelan por un sistema depredador que apuesta por exterminar a la madre tierra y a la humanidad.
No estamos de acuerdo con la simple idea de “mitigar” o “adaptarnos” al cambio climático. Se necesita justicia social, ecológica y climática, por lo que exigimos:
1. Retomar los principios de los acuerdos de Cochabamba del 22 de abril del 2010 como un proceso que realmente nos lleve a la reducción real de la emisión de gases de carbono con efecto de invernadero y para lograr justicia social y ambiental.
2. La soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina sustentable y agroecológica dado que la crisis alimentaria y la crisis climática son ambas consecuencias del sistema capitalista. 3. Es necesario cambiar los modos de vida y las relaciones destructivas del ambiente. Fragmentos del comunicado de Vía Campesina en Cancún, REDD NO, Cochabamba SÍ, 9 de diciembre 2010.
El acuerdo de Cancún es bueno para Estados Unidos y los países desarrollados, pero es muy malo para el clima. No impide que la temperatura global aumente en más de cuatro grados centígrados. Y, como señaló con toda claridad la delegación de Bolivia, “recientes reportes científicos muestran que 300 mil personas ya están muriendo cada año por los desastres relacionados con el cambio climático. Este texto amenaza con el aumento de muertes anuales a un millón” [...]
El acuerdo da permiso para matar. Más que avance es un retroceso. Las naciones desarrolladas no ofrecieron nada nuevo en reducción de emisiones ni en financiamiento. Por el contrario, lograron abrir los candados para dar marcha atrás a los compromisos existentes, y avalar todas las rutas de escape posibles para evadir sus responsabilidades. El texto comunica textualmente que los países acuerdan que las emisiones nacionales “deben tocar techo lo antes posible”, pero no especifica cuál es ese techo, cuándo es lo antes posible ni qué sucede a los que no lo cumplan. Luis Hernández Navarro, “Acuerdo de Cancún: licencia para matar”, La Jornada, 14 de diciembre, 2010.
El cambio climático está ocurriendo y sus consecuencias ya son sufridas por millones de personas —en particular las más vulnerables— y todo indica que el problema se agrava a pasos agigantados. Las causas del calentamiento global son perfectamente conocidas, como también lo son las medidas necesarias para evitar que se profundice y termine afectando a la humanidad en su conjunto. Sin embargo, sabemos que los gobiernos siguen negándose a hacer lo que es su obligación para enfrentar seriamente el problema.
En 1992 todos los gobiernos del mundo se comprometieron, en un convenio internacional, a adoptar medidas para evitar el desastre climático. Surgió así la Convención sobre el Cambio Climático, que casi todos los gobiernos firmaron y ratificaron. Desde entonces han pasado 18 años durante los cuales los gobiernos han hecho poco y nada para enfrentar el problema. Durante casi dos décadas se ha estado violando el espíritu de la Convención, que apuntaba a evitar que el cambio climático ocurriese. Dadas sus posibles consecuencias para la supervivencia de la humanidad, dicha violación puede ser catalogada de crimen de lesa humanidad.
Por supuesto que somos concientes de que los gobiernos no actúan solos y que a su amparo operan grandes empresas (estatales y privadas) que lucran con la explotación y venta de combustibles fósiles, que todos sabemos son la principal causa del cambio climático. También somos concientes del poder de dichas empresas sobre muchos de los gobiernos. Sin embargo, ello no exime a sus gobiernos de la responsabilidad (asumida al firmar esta Convención) de proteger ese bien común de la humanidad que es el clima del planeta. [...]
Las últimas reuniones de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio Climático no han ido más allá de negociar —sin mayor éxito—aspectos secundarios, sin decidirse a enfrentar el meollo del problema: la eliminación total de las emisiones de combustibles fósiles en el menor plazo de tiempo posible. [...]
El mundo aún tiene la esperanza de que los gobiernos adopten las decisiones necesarias para evitar el desastre climático y está dispuesto a apoyarlos. Para que esa esperanza pueda concitar su apoyo, se requieren señales claras de un cambio total de actitud. La principal señal debería ser el poner a los combustibles fósiles en el centro del debate. Que se deje de lado la discusión de las falsas soluciones a las que se han vuelto tan adeptos (“sumideros de carbono”, “deforestación evitada-REDD”, “Mecanismo de Desarrollo Limpio”, “compensación de emisiones de carbono”, etcétera) y que se centren en el verdadero problema: en cómo salir rápidamente de la era de los combustibles fósiles. Fragmentos de una carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales , noviembre 2010.
Para el presidente Felipe Calderón los campesinos e indígenas que practican agricultura de montaña son causantes de la deforestación. Según Calderón, aunque el reparto agrario fue una cuestión de justicia social, continuarlo hasta fines del siglo pasado provocó que se repartieran también bosques y selvas para ser utilizados en la agricultura. El presidente ignora que la mayoría de los pueblos indígenas ocupan territorios ancestrales, reconocidos por la Corona española a través de títulos primordiales. Estos territorios se encuentran entre las regiones mejor conservadas y con mayor biodiversidad, de ahí que en la actualidad sean codiciados para establecer áreas naturales protegidas en el marco de REDD+ para establecer reservas y bosques de carbono.
La agricultura mesoamericana que utiliza la técnica de manejo de monte que el Presidente sataniza, se orienta a la diversificación y se caracteriza por crear selvas y bosques antropogénicos. Así el monte que se tumba y quema en un ciclo para hacer milpa o chacra, se dejará descansar por varios años hasta que vuelva a regenerarse y durante la regeneración estará capturando más carbono que cuando el bosque ya estaba maduro.
Las montañas cambian constantemente, pues en algunos años se siembra en un sitio y en otros se siembra en un lugar distinto, pero no se deforestan. El manejo del monte implica saberes profundos y especializados en la orientación del agua de la lluvia y las corrientes para evitar la erosión y garantizar el buen regadío, también en las temporadas y formas de hacer la roza, tumba y quema para incorporar la mayoría de los nutrientes al suelo, y controlar el fuego. El manejo del monte no es deforestación. Ana de Ita, “El presidente Calderón contra los campesinos de montaña”, La Jornada, 27 de diciembre, 2010.
Cancún fue el escenario de un costoso evento para beneficiar a las transnacionales y gobiernos más contaminantes. Por los resultados y la dinámica antidemocrática, se podría pensar que fue una reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC), como la de 2003, donde el campesino coreano Lee Kyoung-Hae se inmoló para mostrar la injusticia que significan estos tratados. Pero fue una reunión del Convenio de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, de facto convertido en una nueva Organización Mundial de Comercio de Carbono. Los muertos los sigue poniendo el Sur global.
Los países más contaminantes y sus grandes industrias —los que más han emitido gases de efecto invernadero y lucran enormemente con ellos, devastando el planeta de todos— consiguieron lo que se proponían y más: rompieron cualquier compromiso vinculante de reducir emisiones; no establecieron ninguna meta de reducciones; crearon un fondo climático que será administrado por el Banco Mundial; legalizaron nuevos mecanismos de mercado, incluidas las peores versiones de REDD (eufemísticamente llamado Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques) que abre a una ola planetaria de privatización de bosques y expulsión de comunidades, además de ser un gran aliento a la especulación financiera. También lograron un comité de tecnología a su gusto, que eliminó las referencias a las barreras que constituyen las patentes para el Sur y da amplia participación a las transnacionales y la industria para imponer sus tecnologías. Los derechos indígenas y campesinos, la participación de sociedad civil no comercial, son mencionados decorativamente, sin efecto real.
Si esto fue una negociación ¿qué recibió el Sur global por tanta concesión? La respuesta es sorprendente: nada. Sólo promesas vacías, sin valor jurídico, sobre “movilizar” fondos, “reconocer la necesidad” de reducir emisiones, “abrir” procesos, “evaluar” en futuros igualmente inciertos. Mientras los países históricamente más contaminantes no hacen ningún compromiso de reducción, ahora los países del Sur tienen que informar sobre sus reducciones. Eso no está mal, pero la injusticia es evidente.
Para entender mejor lo que pasó, hay que leer las comunicaciones oficiales al revés: donde dice “consenso”, léase “desacuerdo”, donde dice “multilateralismo”, léase “negociaciones secretas entre algunos”, donde dice “reconocemos la necesidad de reducir las emisiones”, léase “los países del Norte no volveremos a firmar compromisos vinculantes de reducción”, donde dice “proteger los bosques” léase “privatizarlos”, donde dice “recuperamos la confianza”, léase “recuperamos los créditos que pagará el público y aumentamos las indulgencias de carbono”, donde dice “transferencia de tecnología”, léase “jamás evitarán el pago de patentes en la tecnología que venderemos al Sur, basada en sus recursos y subsidiada por ellos mismos”, donde dice “progreso” léase “avance de mecanismos de mercado e inyección de optimismo al mercado financiero especulativo”.
La lista es larga y falta que donde dice “democracia y participación”, debe leerse “censura y represión”, de lo cual varias redes de organizaciones por la justicia ambiental e indígenas presentes en Cancún pueden dar testimonio.
La presidencia de México en el Convenio se encargó de gestionar este resultado, con una dinámica igual a la de la OMC: llamando a grupos de delegados por separado, elegidos por la propia presidencia, a negociaciones ocultas, fragmentarias y nunca en pleno, manipulando debilidades y deseos, confrontando selectivamente a países o regiones entre sí, prometiendo quién sabe qué recursos. Finalmente presentó, tardíamente para no dar tiempo a consideración real en plenario —donde todos podrían ver todo—, un documento “final” no solicitado por los órganos del convenio y como reclamó Bolivia, con la opción de “tómelo o tómelo”. En la misma tónica, decidió unilateralmente que la objeción argumentada por Bolivia no necesitaba ser tomada en cuenta, arguyendo arbitrariamente que no era necesario el consenso para decidir, lo cual es una violación flagrante de las reglas del Convenio. Sería como afirmar, digamos, que se puede tener la presidencia sin ganar las elecciones. [...] Bolivia en cambio, defendió en Cancún con dignidad y valentía los intereses de los pueblos, expresados por más de 35 mil participantes en la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizada en Cochabamba. Los movimientos y organizaciones sociales lo saben y rendirse no está en la agenda. Silvia Ribeiro, “La Organización Mundial de Comercio de Carbono”, La Jornada, 18 de diciembre de 2010
“Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los pueblos y los derechos de la Naturaleza”, tal como lo ha expresado la Cumbre de los Pueblos Frente al Cambio Climático realizada en Cochabamba, donde la CLOC-VC tuvo una activa participación.
Los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), son una iniciativa surgida de las negociaciones de cambio climático que pretende incorporar los bosques —y otros ecosistemas— a los mercados internacionales, para lo que necesitan atacar los derechos de los pueblos y las comunidades sobre sus tierras y territorios. Este mecanismo es una profundización y expansión global de la privatización y apropiación de los bosques, paramos y tierras agrícolas por parte de los estados y las empresas privadas. REDD implica la creación y el comercio global de servicios ambientales en desmedro de la soberanía alimentaria y demás derechos de los pueblos promoviendo su control por grandes corporaciones, el control de los territorios y la militarización de los mismos. Declaración de la CLOC-Vía Campesina ante REDD, octubre, 2010.
El Ministerio del Ambiente ecuatoriano se encuentra empeñado en promover obsesivamente el Programa SocioBosque como uno de los 6 componentes directos de la estrategia nacional REDD+ en el Ecuador. También está diseñando el Programa Nacional Conjunto (PNC-REDD+) que se enmarca en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este programa viola abiertamente la Constitución, las leyes nacionales y acuerdos internacionales referentes a los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, porque ha sido implementado desde hace dos años sin ningún proceso previo de consulta a los pueblos indígenas. No solamente que el PNC-REDD+ profundiza la mercantilización de la naturaleza sino que se encamina hacia posicionar al Ecuador como proveedor de servicios ambientales en el mercado mundial.
Esto conlleva graves problemas. El primero es que el Ecuador estaría introduciéndose con fuerza en el mercado de carbono que es volátil, poco confiable, sujeto a alta especulación y que cada vez presenta mayores síntomas de fraudes y estafas, como lo señala la Interpol (Reuters, 4 de junio 2010). Actualmente el control del mercado de carbono está casi en su totalidad en manos del sistema financiero internacional y de intermediarios o empresas que contaminan y destruyen el medio ambiente. Otro problema es que se estaría involucrando al Ecuador en la perversidad del mercado mundial de agua y de biodiversidad, pues significaría consolidar lo que se conoce como “compensación” por destrucción o contaminación. Con este mecanismo se permitiría el menoscabo de fuentes de agua o de zonas con rica biodiversidad y poder “compensarlo” a través de inversiones en su conservación en otros lugares del planeta. El mercado de servicios ambientales resultaría un incentivo a prácticas destructivas sobre páramos, bosques, o fuentes de agua.
Otro problema de REDD+ y su modalidad SocioBosque o SocioPáramo es que el Estado ecuatoriano, al negociar con los contratos en el mercado internacional, podría estar colocando grandes territorios del Ecuador —que pertenecen en gran medida a pueblos y nacionalidades indígenas— como garantías o hipotecas en el mercado global de servicios ambientales. Para los compradores es prioritario asegurarse los derechos de propiedad sobre el carbono o sobre la captación de carbono, sobre la biomasa, los árboles y otra vegetación y sobre las fuentes de agua. Así, se estaría trasladando los derechos de los pueblos, en primer lugar al Estado, y posteriormente a los compradores de bonos, los mismos que pueden ser bancos o empresas. REDD+ significaría la pérdida de los derechos colectivos de los pueblos sobre sus tierras y territorios. Es por esto que el PNC REDD+ enfatiza el interés en la medición, monitoreo y continuidad de los “beneficios múltiples” pues a los tenedores de bonos les interesa poder venderlos o simplemente garantizar a la industria la posibilidad de emitir más gases con efecto invernadero o destruyendo la naturaleza con total impunidad y de manera permanente. Acción Ecológica se suma a los Miles de Cancún, 5 de noviembre de 2010.
Para muchos el Acuerdo de Cancún es positivo, probablemente porque es mas fuerte la necesidad de mantener la idea de que “hubo algún resultado” que analizar verdaderamente el contenido y las consecuencias del mismo.
El acuerdo no establece compromisos vinculantes, empodera al Banco Mundial abriendo la posibilidad de mayor privatización, endeudamiento y condicionalidades, establece fondos insuficientes para responder a los impactos del calentamiento global y sus medidas de adaptación y arriesga a la humanidad a una elevación de temperatura promedio por encima de los 2º.
Cuando la gente demandaba un acuerdo efectivo en Cancún, no hablaba de un acuerdo a cualquier costo. Ésa no era la idea. Lejos de avanzar para responder con responsabilidad al cambio climático, se ha entregado abiertamente al “capitalismo salvaje” y sus instituciones la gestión de una crisis de grandes dimensiones que compromete la vida de millones de personas.
Aunque el resultado se postula como la salvación del multilateralismo, paradójicamente pone en vigencia el formato de “compromisos voluntarios” que es el “corazón” del Acuerdo de Copenhagen y arriesga a que en el futuro —como dijimos antes— los argumentos de la “urgencia” y la debacle del planeta ante el cambio climático justifiquen ya cualquier salida, mejor si autoritaria, mejor si mercantil, mejor si excluyente, mejor si sólo mantiene el statu quo de las élites. Es decir, adiós al multilateralismo.
La solución está en los pueblos, y me atrevo a decir que la agenda propuesta por el Acuerdo de los Pueblos ha planteado una línea de trabajo fruto de una acumulación de luchas de experiencia y propuesta, es un espacio que con mayor legitimidad se atrevió a decir la verdad.
Nos queda hoy construir solidaridad para enfrentar la crisis y proteger a los más vulnerables, mantener la digna lucha por la justicia climática y terminar con la lógica de la impunidad. Fragmentos del discurso de Elizabeth Peredo Beltrán, directora de la Fundación Solón, Bolivia, 13, diciembre de 2010.