Las Áreas Naturales Protegidas desconocen el territorio indígena
Ana de Ita, La Jornada, 15 de enero de 2011. A la par que en el mundo aumentan las presiones para mantener protegidos sitios de alta diversidad biológica, los pueblos indígenas y comunidades locales redoblan sus luchas de resistencia contra el establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) en sus territorios. La política que busca mantener los reductos mejor conservados del planeta se enfrenta muchas veces con los derechos de los pueblos nativos, ya que muchos de esos reductos existen porque las comunidades indígenas los han conservado, recreado y mantenido.
En México, la mitad del territorio nacional es propiedad de ejidos y comunidades agrarias, hogar de campesinos y pueblos indígenas. Y aunque el discurso de protección de la naturaleza es afín a sus concepciones, las Áreas Naturales Protegidas se han convertido en una amenaza para sus territorios y para la autonomía o libre determinación, que es su principal demanda.
Las ANP se establecen por decreto de cualquier nivel de gobierno y son de utilidad pública, lo que permite incluso su expropiación. Los derechos de los poseedores están por debajo de la regulación del decreto, el programa de manejo y el ordenamiento ecológico; no tienen prioridad sobre otro sujeto o grupo social involucrado: se consideran uno más de las llamadas “partes interesadas” (stakeholders). Los poseedores tampoco tienen derecho de veto, ni se garantiza su conocimiento previo informado, aun sean pueblos indígenas.
En las ANP no se garantiza que los objetivos de conservación prevalezcan sobre intereses de lucro, pues no están prohibidas actividades muy contaminantes, como la explotación de petróleo o de minerales, ni la apropiación de agua, o cualquier otro recurso por cualquier agente económico, sólo se exige que no se cause deterioro al equilibrio ecológico.
En las ANP los administradores gubernamentales, las organizaciones internacionales de conservación, o incluso las empresas privadas enajenan a la asamblea de ejidatarios y comuneros el control de las decisiones sobre el territorio y uso de los recursos, de ahí que cada vez tengan mayor dificultad para establecerse.
Hasta el año pasado en México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) administraba 174 ANP, en una extensión de 25 millones 400 mil hectáreas. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, 95% de las ANP está ubicado en superficies de uso común, ejidales y comunales, por lo que se adueñan de 23% de la superficie del sector social y al menos 71 de ellas se encuentran sobre territorios de 36 pueblos indígenas. De las 152 áreas terrestres prioritarias para la conservación, que abarcan 51 millones 600 mil hectáreas, al menos 60 se traslapan con territorios indígenas.
A fines de los ochenta, las pretensiones gubernamentales de instalar ANP fueron enfrentadas por los ejidos y comunidades poseedores de los territorios proponiendo áreas voluntarias de conservación. Existen 177 áreas voluntarias, en 15 estados del país, que abarcan alrededor de 208 mil hectáreas, y en ellas participan al menos nueve pueblos indígenas. La mayoría se encuentra ubicada en Oaxaca, donde existen 79 áreas de certificación voluntaria. Pero en 2008, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cambió y colocó las áreas voluntarias de conservación como una categoría más de área natural protegida —estableció su carácter de utilidad pública y de competencia federal— y extendió sus condicionamientos hacia ellas, adoptando atribuciones sobre los territorios que las comunidades habían buscado no permitir.
Esto ocasiona fuertes conflictos entre las comunidades y la Conanp, al enfrentarse en los territorios dos modelos de conservación y dos estructuras de gobierno. La conservación que viene de las comunidades con sus regulaciones decididas por acuerdo de asamblea, y la conservación impuesta desde afuera, que busca tomar las decisiones sobre el territorio. Cuando las comunidades buscan dar por terminado el compromiso de “conservación voluntaria” se han encontrado con que es obligatorio y deben esperar hasta terminar el plazo, o pagar un estudio técnico que justifique su negativa.
En 2010, justo antes de las Conferencias de Nagoya (sobre el Convenio de Diversidad Biológica-COP 10) y de Cancún, (sobre Cambio Climático-COP 16), los pueblos kuna, kichwa kayampi, q’eqchi de Livingston, bene gulash y ñu savi, empezaron a circular la llamada Declaración de Heredia, en que exigen que no se establezcan más áreas naturales protegidas en territorios indígenas, se anulen las que a la fecha se han decretado y se restituyan dichas tierras y territorios a las comunidades y pueblos despojados.
El establecimiento de ANP considera que los territorios indígenas y campesinos son terrenos baldíos.
Mosquitos Terminator
para controlar el dengue
Elizabeth Bravo. Por primera vez se introdujeron mosquitos transgénicos a la naturaleza. Tres millones de “machos estériles” fueron liberados en las Islas Caymán por Oxitec (una empresa biotecnológica de la Universidad de Oxford), que forma parte del consorcio MosqGuide, que incluye entre sus colaboradores a científicos de la Universidad de Sao Paulo, The Gorgas Institute en Panamá y el Instituto Nacional de Salud Pública de México, entre otros centros de investigación de India, Tailandia, Estados Unidos e Inglaterra. El fin es controlar el dengue.
El siguiente paso es introducirlos en Malasia y Brasil. En ambos países ya cuentan con los permisos necesarios por parte de las autoridades responsables. La aprobación permite la liberación de mosquitos Aedes aegypti OX513A, vectores del virus del dengue y la fiebre amarilla.
Los Aedes en cuestión son mosquitos transgénicos machos portadores de un gen “asesino” que al aparearse con las hembras de mosquitos silvestres (casi) toda su descendencia muere. Se trata de un mosquito “terminator”, y a pesar de ello se le considera “ambientalmente benigno” porque sólo el mosquito hembra transmite el virus.
Según la doctora Mae Wan Ho no se puede afirmar que la técnica es “segura” por sólo liberar mosquitos machos, ya que en laboratorio tienen que producirse machos y hembras transgénicas (los machos no pueden aparecer de la nada, se necesita siempre de las hembras). Los machos transgénicos tienen que ser separados de las hembras y esto se hace en la fase de pupa, cuando los machos son más pequeños, pero siempre hay hembras más grandes o machos más pequeños. En una población de un millón de insectos, es muy probable que se infiltren hembras, capaces de transmitir el dengue y los genes letales.
En Brasil el proyecto es coordinado por la profesora de la Universidad de São Paulo (USP) Margareth Capurro, y la primera prueba fuera del laboratorio se hizo en Juazeiro, en Bahía, donde ya existe una biofábrica de la llamada Moscamed donde se trabaja con otro insecto transgénico: la mosca de la fruta, también en el desarrollo de “machos estériles”. La nave donde se instalará el proyecto puede producir un millón de huevos por semana, con potencial de hasta mil millones de huevos en el mismo periodo.
Oxitec tiene estrechos vínculos con Syngenta con quien desarrolla plagas agrícolas transgénicas para enfrentar el problema creado por las variedades Bt, pues los insectos se han hecho resistentes a las toxinas presentes en estos cultivos transgénicos.
Otro de los financiadores de Oxitec es la Fundación Gates, que aportó casi 20 millones dólares para un trabajo conjunto de la empresa con la Universidad de California en Irvine, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México. El proyecto cuenta además con financiamiento del gobierno mexicano. La cepa transgénica será evaluada en el estado de Chiapas.
Esta forma de abordar el control de las enfermedades transmitidas por vectores, distrae la atención de las causas estructurales por las cuales prolifera esta enfermedad. De acuerdo al doctor Jaime Breilh, esta enfermedad está asociada al deterioro de los espacios urbanos en los barrios empobrecidos y hacinados de las ciudades latinoamericanas, la crisis de los servicios sanitarios, la no disponibilidad de agua corriente que obliga a la reserva de agua en precarios recipientes abiertos, la ausencia de sistemas de disposición de elementos sólidos que al ser expuestos se convierten en criaderos larvarios, los procesos de migración del campo a los barrios depauperados urbanos, el crecimiento de formas de vivienda precarias y el desmantelamiento de los programas de prevención de las enfermedades transmitidas por vectores. Con el dinero que se está usando en desarrollar estos peligrosos mosquitos transgénicos se podrían implementar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones afectadas.
Transnacionales en
Argentina esclavizan
a sus trabajadores
Stella Calloni, Buenos Aires, La Jornada, 6 de enero. Las empresas transnacionales de granos Nidera y Southern Seeds Production SA (SSP) mantenían encerrados a 130 trabajadores, y a otros 69, respectivamente —incluyendo adultos, adolescentes y niños—, en condiciones de servidumbre y en clara violación a los derechos humanos básicos y laborales, en establecimientos rurales de San Pedro, a poco más de cien kilómetros al oeste de esta capital.
Esos casos se descubrieron por la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que publicó en estos días el periodista y escritor Horacio Verbitsky conmocionando a la opinión pública.
Una fotografía publicada en Página 12 fue comparada por el rabino progresista Daniel Goldman con la que se tomó al momento en que los aliados ingresaron a la barraca de Auschwitz, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde encontraron a “los esclavos recostados en sus literas con esos rostros y miradas donde ya nada los sorprende. Evidentemente hay un paralelismo entre ambas”.
Goldman sostiene que “lo que acontece en San Pedro no es otra cosa que una variante más de las formas de nazismo en Latinoamérica”.
Modelo neoliberal. Las condiciones de trabajo en las zonas rurales han sido consideradas siempre las más injustas y miserables. Pero esto se agravó en los años 90 cuando la implantación del modelo neoliberal produjo desempleo masivo y un avance de grupos de grandes y medianos productores en todo el país sobre las tierras de los pequeños productores y las comunidades indígenas.
Los ministerios argentinos de Trabajo y Desarrollo Social advirtieron en estos últimos años sobre esa situación, de la que nunca hablaron las cuatro entidades rurales, que mantuvieron al país en vilo al comenzar el año 2008, cuando se negaron a pagar un impuesto sobre las millonarias ventas de soya al exterior.
En esos momentos mantuvieron cortes de carreteras y paros indefinidos, que bordearon el golpe como se denunció aquí, pero en sus establecimientos seguían trabajando los peones contratados en forma irregular y en condiciones de esclavitud.
Una mayoría de las personas esclavizadas en estos últimos casos provenía de la provincia norteña de Santiago del Estero, donde los campesinos luchan contra productores sojeros que se apoderan de sus tierras y utilizan grupos civiles e incluso “compran policías y jueces” para apoyar sus abusos, como denunciaron los dirigentes.
En la empresa Nidera, denunciada además por la AFIP por evadir impuestos por más de 260 millones de pesos, de las 130 personas encerradas y en condiciones de servidumbre, 30 eran niños y adolescentes. No tenían luz ni agua, no podían salir a ninguna parte y le descontaban la comida de sus magros salarios.
Estaban alojados en camiones de chapa, en los que dormían hacinadas hasta 20 personas, trabajando más de diez horas a pleno sol, incluidos días feriados. No sabían cuál era su salario final y tampoco dónde estaban.
En el último allanamiento en SSP el magistrado interviniente ordenó la detención de uno de los dueños y de cuatro capataces, mientras que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires clausuró el establecimiento.
Estos casos se enmarcan además con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, cuya investigación encabeza desde diciembre pasado el fiscal de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.
El magistrado determinó que los trabajadores son traídos bajo engaños por una empresa intermediaria, (tercerizadas) y se les mantiene en condiciones de esclavitud.
En Southern Seeds para dormir contaban con unas 30 literas viejas dentro de una carpa de lona que debían compartir. Además, no tenían baños ni luz. El agua para bañarse la trasladaban en botes de agrotóxicos. “Si alguno se escapaba nos decían que lo iban a pagar todos”, dijeron las víctimas.
Ante esta realidad el ministro de Trabajo provincial, Óscar Cuartango, estimó que la situación descubierta —que se extiende a otros establecimientos agrícolas— rozaba lo que se considera jurídicamente crimen de lesa humanidad.
Por otra parte, el fiscal determinó que estos trabajadores regresen a sus tierras con el dinero que les deben y advirtió que las víctimas “no pueden se-guir trabajando con los victimarios”, ante una solicitud de la empresa.
También se expuso la complicidad de la dirección sindical de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), conducida por Gerónimo Venegas, quien fundó con el gastronómico José Luis Barrionuevo la llamada Confederación General del Trabajo Azul y Blanca unida a la derecha peronista que ataca duramente al gobierno actual.
Venegas apoyó incluso a las dirigencias empresariales rurales responsables de estas y otras situaciones similares.
El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, dijo que urge terminar con ésta y otras situaciones similares.
En los años 90 comenzaron a descubrirse cómo se utilizaba el trabajo esclavo en varias fincas o en fábricas textiles y otras en esta capital. Incluso hubo incendios en talleres de costura que provocaron víctimas fatales. “Las penas para los responsables de este tipo de delito van de tres a 15 años de prisión”, explicó el fiscal Giagnorio.
Para muchos juristas este debe ser el año en que se ponga fin a la esclavitud en el trabajo rural o en las ciudades mediante fuertes campañas.
De la misma manera las investigaciones judiciales demostraron en el caso de la toma del Club Albariño en Villa Soldati e incluso en el parque Indoamericano —donde la represión dejó tres muertos recientemente— cómo grupos de personas, apoyadas por punteros políticos, incitan y pagan sumas miserables a los sin techo para ocupar terrenos, que después lotean ellos y venden a otros, en una historia doblemente trágica.
En el país, 80 por ciento de la superficie cultivada está en manos de 20 por ciento de la población y sólo el mayor terrateniente del país, la firma Benetton, de Italia, posee tierras cuyo tamaño equivale a 4 mil 500 veces esta capital. El tema de la esclavitud abrió una ventana largamente cerrada que mira hacia el interior profundo del otro país.
Minería en Guerrero, México
“El corazón de las tinieblas”
Ojarasca, enero 2011. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) realiza asambleas desde el 23 de enero para determinar las acciones que habrán de emprenderse en la región y su posicionamiento formal ante las intenciones de las mineras extranjeras que buscan instalarse en la región Costa Chica-Montaña.
Las crónicas coinciden en señalar que desde principios de noviembre, tres personas que se identificaron como empleados de la minera Hochschild México, con capital británico, llegaron a las oficinas de la CRAC en la cabecera de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero y solicitaron una entrevista con la dirección de la Policía Comunitaria, para notificarles que iban a sobrevolar la región en helicóptero a muy baja altura por los cerros de la zona.
Eso, más la presentación de un documento fotocopiado que demuestra que desde le 21 de octubre de 2010 Hochschild cuenta con los permisos para realizar estas indagaciones, emitido por la Dirección de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI levantó un revuelo en la región que es fácil de entender ante la escalada arrasadora que está asumiendo la minería en las regiones indígenas de México y en toda América Latina.
Pablo Guzmán, coordinador de la Casa de Justicia de la crac, confirmó que las asambleas de enero comenzarán en Jonotichán donde se reunirán 24 comunidades dentro del área de influencia de la Casa de Justicia para “tomar decisiones por cada núcleo agrario y emitir un pronunciamiento al respecto”.
Según las investigaciones de la propia gente de la región son tres los proyectos mineros, uno que Hochschild Mining pretende echar a andar en territorios indígenas, con el muy ominoso nombre de “Corazón de las Tinieblas” (con resonancias de expoliación y envilecimiento como las narradas por Joseph Conrad en la novela del mismo nombre), que incluye San Luis Acatlán, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec y Tlacoapa. Dos proyectos más emprenderá Camsim Minas denominados Proyecto San Javier y La Diana, en el territorio de Iliatenco y Malinaltepec.
Lo que más sorprende a las comunidades es que nadie ahí tenía conocimiento de que la voracidad de las empresas estaba poniendo los ojos en su territorio, mientras que los documentos oficiales de la Secretaría de Economía señalan que había información desde hace años.
Según Rodríguez Montes, “no resulta extraño que desde el gobierno se haya dado anuencia a 550 concesiones de explotación y exploración a empresas mineras tan sólo de 2000 a 2009, es decir, en menos de una década, de acuerdo a la Dirección General de Minas y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, que especifican en una lista los Títulos de Concesión Minera Expedidos durante ese periodo. Las concesiones implican 1 millón 583 mil 928 hectáreas.
(Ojarasca, con información de Jesús Rodríguez Montes y Zacarías Cervantes de El Sur, de La Jornada Guerrero y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias)
La Vía Campesina denuncia:
la Fundación Bill & Melinda Gates
compra acciones de Monsanto
Glendive, Montana, EUA (10 de septiembre 2010). La Vía Campesina, un movimiento campesino global que representa a pequeños agricultores, trabajadores sin tierra, pescadores, mujeres rurales, juventud y pueblos indígenas, con 150 organizaciones miembros de 70 países en cinco continentes, denuncia la reciente adquisición de acciones de Monsanto por parte del fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates. La Fundación Bill & Melinda Gates fue fundada en 1994 por William H. Gates, fundador de Microsoft, y hoy ejerce una influencia hegemónica sobre las políticas globales de desarrollo agrícola. La Fundación canaliza cientos de millones de dólares hacia proyectos que animan campesinos y agricultores a usar las semillas transgénicas y agroquímicos de Monsanto. En agosto el fideicomiso de la Fundación Bill & Melinda Gates, el cual maneja la dotación de 33 millones 500 mil dólares que financia los proyectos filantrópicos de la fundación (de la cual Bill y Melinda son síndicos) anunció que había comprado 500 mil acciones de Monsanto, valoradas en un poco más de 23 millones de dólares.
Según Dena Hoff, granjera familiar diversificada de Glendive, Montana, y coordinadora norteamericana de Vía Campesina, “la compra de acciones de Monsanto por parte de la Fundación Bill y Melinda Gates indica que el interés de la fundación en promover la semilla de la compañía tiene que ver menos con filantropía que con lucro. La fundación está ayudando a abrir nuevos mercados para Monsanto, la cual ya es la mayor compañía de semilla del mundo”.
Desde 2006 la Fundación Bill y Melinda Gates colabora con la Fundación Rockefeller, entusiasta promotora de cultivos transgénicos para los pobres del mundo, para implementar la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA), la cual está abriendo el continente a la semilla transgénica y sustancias químicas vendidas por Monsanto, Dupont y Syngenta. La Fundación ha dado 456 millones de dólares a AGRA, y en 2006 contrató a Robert Horsch, quien fue ejecutivo de Monsanto por 25 años, para trabajar en el proyecto. En Kenya alrededor de 70% de los recipientes de fondos de AGRA trabajan directamente con Monsanto, casi 80% del financiamiento de Gates en el país tiene que ver con biotecnología, y sobre 100 millones de dólares en donaciones se han dado a organizaciones kenyanas conectadas a Monsanto. En 2008 un 30% de los fondos de la Fundación para desarrollo agrícola fueron a promover variedades de semilla transgénica.
En abril la Fundación Bill y Melinda Gates y los ministros de finanzas de Estados Unidos, Canadá, España y Corea del Sur se comprometieron a donar 880 millones de dólares para crear el Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria Global (GASFP), manejado por el Banco Mundial para “combatir el hambre y la pobreza en el mundo”. En junio el GASFP anunció 35 millones de dólares a Haití para aumentar el acceso de agricultores con parcelas pequeñas a “insumos agrícolas, tecnología y cadenas de abastecimiento”. En mayo Monsanto anunció que donó 475 toneladas de semilla a Haití, que están siendo distribuidas por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID). El administrador de USAID es Rajiv Shah, quien trabajó con la Fundación Gates antes de ser nombrado por la administración Obama en 2009.
Según Chavannes Jean-Baptiste del movimiento campesino haitiano de Papaye y coordinador caribeño de La Vía Campesina, “Es realmente chocante para las organizaciones campesinas y movimientos sociales de Haití enterarnos de la decisión de la Fundación Bill y Melinda Gates de comprar acciones de Monsanto mientras le está dando dinero a proyectos agrícolas en Haití que promueven las semillas y agroquímicos de la compañía. Las organizaciones campesinas de Haití denuncian esta política que va contra los intereses de 80% de la población haitiana, y va contra la agricultura campesina, base de la producción de alimentos de Haití”.
La Fundación Bill y Melinda Gates también financia la iniciativa Feed the Future (Alimentando el Futuro), del gobierno de Estados Unidos, que es administrada por el Departamento de Estado. En una audiencia del subcomité congresional sobre Feed the Future, Gerald Steiner, vicepresidente ejecutivo de Monsanto, testificó que “Feed the Future es emocionante porque reconoce los imperativos empresariales por los cuales Monsanto y otras compañías tienen que operar... Queremos hacer bien en el mundo, mientras que queremos hacerle bien a nuestros accionistas”. Steiner mencionó el proyecto de Monsanto para desarrollar maíz resistente a sequías en África, también financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Según Dena Hoff, “Por buenas que sean sus intenciones, las fundaciones no deberían estar determinando las políticas alimentarias y agrícolas de ninguna nación o pueblo. La democracia requiere la participación informada de la sociedad civil para determinar lo que es en el mejor interés de la población de cada nación. ‘Hacerle bien a nuestros accionistas’ parece ser una motivación ilegítima para intervenir en la salud y bienestar del planeta y todos sus habitantes en el afán de hacer una ganancia”.
Quizás no sea coincidencia que en julio el ejecutivo en jefe y presidente de Monsanto, Hugh Grant, compró 2 millones de dólares en acciones de la compañía, y el vicepresidente y ejecutivo a cargo de finanzas Carl M. Casale compró 1 millón 600 mil dólares en acciones. “Grant y Casale se han echado al bolsillo tremendas sumas vendiendo acciones de Monsanto a través de los años”. La compra de acciones de Monsanto por parte de Gates, Grant y Casale puede haber sido en anticipación de la noticia difundida la semana pasada de que investigadores habían publicado el genoma del trigo, un grano básico para un tercio de la población mundial. “Para Monsanto, un mapa de calidad del genoma del trigo podría potencialmente ayudarnos en nuestros esfuerzos por traer mejores variedades de trigo a los agricultores”, declaró Monsanto. En 2008 la Fundación Bill y Melinda Gates otorgó 26 millones 800 mil dólares a la Universidad de Cornell para hacer investigación sobre trigo y en mayo dio 1 millón 600 mil dólares a investigadores de la Washington State University para desarrollar variedades transgénicas de trigo resistentes a sequías.
La Fundación Gates continúa empujando los productos de Monsanto a los pobres, a pesar de la creciente evidencia de los peligros ecológicos, económicos y físicos de la producción y consumo de cultivos transgénicos y agroquímicos. En junio el tribunal supremo de Estados Unidos determinó en el caso Monsanto vs. Geerston Seed Farms, su primer caso sobre un cultivo transgénico. La corte reconoció que la contaminación genética de cultivos no transgénicos, causada por el flujo de transgenes de ADN de cultivos transgénicos, que ocurre mediante la dispersión del polen por viento y abejas, es dañino y oneroso al ambiente y los agricultores. Según la página web de la Fundación Bill y Melinda Gates, “AGRA y sus socios han diseminado más de cien variedades nuevas de semilla mejorada por todo el continente (africano)”.
La Vía Campesina sostiene que asegurar una alimentación saludable, adaptarse al cambio climático, conservar suelos, agua y bosques, y revitalizar economías rurales requiere políticas que promuevan la soberanía alimentaria y sistemas agroecológicos a pequeña escala, que se fundamenten en semilla nativa. Naciones Unidas calculan que 75% de la diversidad genética vegetal del mundo se ha perdido a medida que los agricultores han abandonado la semilla nativa a cambio de variedades genéticamente uniformes ofrecidas por corporaciones como Monsanto. La homogeneidad genética aumenta la vulnerabilidad de los pequeños campesinos a cambios repentinos en el clima y hace surgir nuevas plagas y enfermedades, mientras que la agrobiodiversidad semillera —con semilla nativa adaptada a diferentes microclimas, elevaciones y suelos— es fundamental para la adaptación al cambio climático. El guardar y replantar semilla nativa aumenta la agrobiodiversidad y fortalece la plasticidad genética (la capacidad de adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones) de los cultivos.
Henry Saragih, coordinador general de La Vía Campesina en Jakarta afirma que “La Vía Campesina condena este desvío de la ayuda humanitaria con fines comerciales y esta privatización de las políticas alimentarias”.
Nueva legislación
de la UE sobre semillas
Amenaza las variedades
locales, favorece patentes
y tecnologías de control
Biotechwatch-Grecia, 19 de octubre, 2010. Una nueva revisión de la legislación de la UE relativa a la comercialización de semillas, que se espera que se aplique en breve, parece ser una amenaza real para la preservación y difusión de las variedades locales, conduciendo a su prohibición. En cambio, las disposiciones propuestas favorecen a las grandes empresas de semillas, mediante la extensión de los derechos de propiedad intelectual y la promoción de nuevas tecnologías para el control de todas las variedades vegetales comerciales.
Sin que se haya conocido públicamente, la Comisión Europea comenzó a revisar la legislación de la UE relativa al comercio de semillas desde 2008. Hasta hace unos años, la comercialización de semillas de variedades no registradas (tradicionales, locales, y producidas por los mismos agricultores) en la mayoría de los países no estaban sometida a un control eficaz, ya que representaban una parte relativamente pequeña del mercado y se comerciaban sin fines comerciales competitivos. En junio de 2008, la Comisión Europea propuso una directiva sobre la conservación de ciertas variedades, concluyendo en una serie de directivas, las cuales se aplican de manera diferente en cada país de la UE. Su función es regular el movimiento de las razas comerciales animales, las variedades de plantas adaptadas a las condiciones locales, así como de las que están en riesgo de extinción. Los Estados miembros de la UE se verán obligados en breve, posiblemente en 2011, a incorporar las directivas relativas a su derecho nacional.
Sin embargo, a pesar del título “para la preservación de la diversidad”, estas directivas no frenan la pérdida de la biodiversidad agrícola ni simplifican la legislación. Como se ha señalado, aunque dieron entrada a las variedades locales en las listas oficiales, se crearon demasiados obstáculos burocráticos. Tres condiciones son consideradas particularmente irracionales, y se estima que tienen el peligro de la prohibición de las variedades no registradas: la necesidad de demostrar la importancia de esta diversidad, la limitación y la distribución de las semillas locales sólo en sus zonas de origen y la restricción cuantitativa del cultivo de las variedades con respecto a las variedades comerciales.
Un papel importante en la configuración de estas directrices parece haber jugado la industria de semillas, con una actividad empresarial ya internacional y con las diez mayores empresas de ella controlando 67% del mercado. Entre ellas se encuentran empresas-colosos como Monsanto, Bayer y Syngenta, las cuales, aparte de la industria química y biotecnológica se han expandido rápidamente en el campo del comercio de semillas y desde hace tiempo están ejerciendo como grupo de presión para que la UE asuma la nueva legislación y exija el fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual y su protección. Las empresas sostienen que en este momento están perdiendo 40% de los mercados potenciales a causa de “reproducciones ilegales” como las llaman, así como por la producción de semillas de variedades no inscritas Los intereses de la industria de semillas están representados en todos los continentes por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), a través de políticas relativas a la Protección de las Obtenciones Vegetales (PVP).
Hasta ahora, la ingeniería genética parecía servir a la industria como una solución ideal para asegurar los derechos de propiedad intelectual, puesto que las variedades genéticamente modificadas pueden ser patentadas y detectadas en el campo con su código genético. Los agricultores que están comprometidos con contratos relativos pueden ser demandados por reproducción ilegal, en caso de que guarden y comercialicen las semillas transgénicas. La industria biotecnológica se ha negado a asumir la responsabilidad de cualquier contaminación de cultivos, e insiste en el establecimiento de límites cuantitativos que permiten la contaminación genética limitada de cultivos no transgénicos, sin que esto venga especificado en la etiqueta del producto.
Dada la creciente resistencia europea a los organismos genéticamente modificados, la industria ahora propone otras soluciones tecnológicas al respecto. En las negociaciones por las nuevas normativas legislativas que son relativas a la comercialización de semillas, se pretende conseguir la posibilidad de identificar las variedades mediante una tecnología de secuenciación genética conocida como Marcador Molecular. Esta tecnología —que no es una modificación genética— permitirá a las empresas reconocer sus variedades en el campo y así evitar volver a sembrarlas el año siguiente. Sin embargo, se ignora el riesgo de que estas secuencias genéticas pudieran aparecer y detectarse en un campo vecino, a causa de un cruzamiento accidental o inseminación de las plantas, generando los mismos problemas de propiedad, al igual que con los OGM.
¿Cuáles serán las consecuencias si las compañías de semillas logran imponer su agenda? Organizaciones ambientales y sociales ya han señalado la agresión autoritaria contra las variedades locales —el último componente “libre” de la producción agrícola— y la creación de una relación peligrosamente dependiente entre conciliación y control a través de patentes y nuevas tecnologías, incluso en las semillas convencionales.
Se trata de una flagrante eliminación de los derechos fundamentales del mantenimiento y de la propia producción de semillas y una enorme transferencia de valor de los agricultores a las empresas, las cuales están reclamando ya abiertamente los principales procesos agrícolas. Lo interesante es que incluso algunos analistas conservadores han comenzado a darse cuenta de que lo dicho puede conducir a una merma del desarrollo y de la investigación. Con una industria que, no pudiendo generar valor a través de la innovación, intenta agarrar el último residuo del mercado y aumentar sus beneficios, y por consiguiente impide cualquier progreso de la agricultura.
Moratoria a la geoingeniería
De acuerdo a un boletín de prensa del Grupo ETC, “Los 193 países firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) cerraron su décima reunión bianual con una memorable decisión consensada: establecer una moratoria de facto sobre los proyectos y experimentos de geoingeniería”.
Con la participación de ministros de 110 países el acuerdo logrado en el CBD pide a los gobiernos “asegurar que no habrá actividades de geoingeniería hasta que hayan sido considerados en profundidad los riesgos al ambiente y la biodiversidad y los posibles impactos culturales y económicos. El Secretariado del CDB recibió instrucciones para informar también sobre las diversas propuestas de geoingeniería que existen y posibles opciones de regulaciones intergubernamentales”.
Para Pat Mooney, director del Grupo ETC, “Esta decisión es una victoria del sentido común y de la precaución. No inhibirá los estudios para investigación científica. Las decisiones sobre geoingeniería no puede hacerlas un pequeño grupo de países que establezcan ‘directrices voluntarias’ sobre la manipulación del clima. Con esto se puso al descubierto la poca credibilidad que este tipo de esfuerzos tenía en los círculos políticos en el Norte global. La Royal Society del Reino Unido y sus contrapartes deben cancelar su Iniciativa sobre el Manejo de la Radiación Solar, (Solar Radiation Management Governance Initiative) y respetar que los gobiernos del mundo han decidido colectivamente que las discusiones sobre geoingeniería deben ocurrir en Naciones Unidas, donde todos los países tienen un lugar en la mesa y donde la sociedad civil puede ver, vigilar e incidir en lo que están decidiendo”.
Aunque el acuerdo no es perfecto, como bien afirma el Grupo ETC, pues falta hacer menos estrecha la definición de geoingeniería e incluir, por ejemplo, las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, es importante haber puesto un freno a estos peligrosos remiendos tecnológicos que ya no pueden echarse a andar sin violentar un consenso de Naciones Unidas, como afirmó Silvia Ribeiro, del Grupo ETC.