Ataques, políticas, resistencia, relatos

No caigamos en la redd de Socio Bosque

Cuando hablamos de cambio climático no sólo nos referimos a inundaciones u otras catástrofes climáticas sino, sobre todo, a los efectos que atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos, pues los campesinos e indígenas serán quienes sufran de manera directa y más fuerte las sequías, lluvias torrenciales o heladas, nuevas y mayores plagas, la pérdida de sus cosechas o una baja en la productividad. Pero también, los pueblos de la selva que han protegido los bosques, no sólo conservando la biodiversidad, sino también evitando nuevas emisiones de CO2, pueden perder la custodia de sus bosques, al ponerlos en el mercado mundial de emisiones.

De acuerdo con la Convención de Cambio Climático, el aumento del efecto de invernadero se debe prin-cipalmente a la extracción y quema de combustibles fósiles —el petróleo, gas o carbón— y a la deforestación. Sin embargo, el Protocolo de Kyoto de la Convención, en lugar de tomar medidas drásticas frente a estas causas, ha concebido una serie de mecanismos que, en vez de enfrentar los desastres del clima, los empeoran. Estas falsas soluciones se basan fundamentalmente en el mercado de carbono a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y los nuevos programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD).

Los primeros negociantes de carbono llegaron algunos años atrás al Ecuador y consiguieron la firma de acuerdos que permitieron que extensos territorios indígenas pasaran a estar, en la práctica, bajo la custodia de manos privadas. Casos paradigmáticos son el contrato de la Onzae en territorio záparo o aquel que firmara el Programa face del “Directorio de Empresas Holandesas Generadoras de Electricidad” con Profafor del Ecuador. Este último implicaba que face fuese la dueña de las toneladas de carbono retenidas en plantaciones forestales y de bonos de carbono que le permitirían seguir contaminando. A las empresas holandesas parecía no haberles importado los impactos sociales y ambientales que su proyecto causó en el Ecuador.

El nuevo mecanismo, también controversial, que será aprobado en la próxima reunión de la Convención de Cambio Climático en Copenague, en diciembre del 2009, es la redd. Así, el carbono contenido en los bosques puede ser también parte del negocio de servicios ambientales y constituye una nueva amenaza para los pueblos en el Ecuador.

El primer problema de redd es que se enfoca sobre el 20% de las emisiones por deforestación y mantiene intencionalmente fuera al más importante: el 80% que corresponde a la quema de hidrocarburos. redd tiene otros problemas asociados a los planes del Socio Bosque.

Socio Bosque convierte una cuestión ética de conservación de bosques en una suerte de chantaje, ya que a menos que se haga un aporte de dinero, el bosque sería destruido: la deforestación “evitada” —y pagada— un cierto año podría ocurrir en años siguientes. El gobierno espera captar fondos del mercado de carbono y de la venta de los servicios ambientales que se generen. Aplicar Socio Bosque significa que se firmen convenios que violan los derechos constitucionales de los pueblos y nacionalidades indígenas y una enajenación de sus derechos territoriales.

Socio Bosque coincide con la formulación de nuevas políticas ambientales como el Código Ambiental, la Ley de Seguridad Pública o el que llamamos “Decreto 1780 de evangelización”. El gobierno asegura así el control de las áreas con recursos estratégicos, con mayor biodiversidad, garantiza el comercio de servicios ambientales y neutraliza a las poblaciones locales que puedan oponerse a sus planes.

Socio Bosque y redd no sólo no detendrán el cambio climático: no acabarán con la deforestación en el país. Estos planes permitirán que los países y empresas contamindoras del Norte sigan emitiendo gases con efecto de invernadero, mientras que las nacionalidades, pueblos y comunidades corren el riesgo de que sus territorios sean expropiados y que los ciclos de la Naturaleza sean comercializados como una mercancía más.

Las verdaderas soluciones al cambio climático son dejar los hidrocarburos en el subsuelo y proteger los bosques y respetar los derechos de las poblaciones indígenas que viven allí.

Acción Ecológica

Ecuador

Socio Bosque: puntal de la venta de la naturaleza

Nathalia Bonilla, Acción Ecológica. En Ecuador se han planteado los Proyectos Socio Bosque y Socio Páramo como mecanismos para enfrentar el cambio climático y reactivar la economía rural mediante el pago a quienes cuidan los ecosistemas. Tales proyectos se proponen frenar el cambio climático sin afectar el estilo de vida de las sociedades opulentas del Norte, principales responsables, que están dispuestas a pagar a otros pueblos para que les ayuden a resolver el problema que ellas provocaron. Esto da lugar a un negocio muy rentable: el comercio del carbono contenido en los bosques y otros ecosistemas naturales.

Estos pueblos (que tienen hoy la responsabilidad de frenar el cambio climático, y que gracias a sus práctica y saberes ancestrales han mantenido el equilibrio climático local y planetario), son los más afectados por la crisis climática, manifiesta no sólo con catástrofes sino mediante fenómenos cotidianos: cambios en el patrón de las lluvias, las sequías o las lluvias torrenciales, surgimiento de nuevas plagas, afectación a la soberanía alimentaria y la producción de alimentos.

En Ecuador ha habido antecedentes de utilizar tierras indígenas para la absorción de CO2. El proyecto de face/Profafor (proyecto de empresas eléctricas holandesas) significó contratos de 25 a 99 años, tiempo por el cual las comunidades comprometieron sus tierras, sobre todo de páramo, en plantaciones de pino o eucalipto, a cambio de dinero y la posibilidad de recibir 70% de las ganancias que hubiera por la venta de la madera. El trabajo de las comunidades para mantener las plantaciones por 20 años era gratuito, al igual que la tierra y el agua. No se consideró el impacto de las plantaciones —la erosión de los páramos, la disminución de fuentes de agua, la ampliación de la frontera agrícola para cultivos de subsistencia y pastoreo en otras zona distintas a las ocupadas por las plantaciones. Los contratos obligaban a las comunidades a replantar los árboles las veces que fuera necesario en casos de incendios, y devolver 300% de lo que recibieron si rompían el convenio de manera unilateral. Y face era la dueña exclusiva de las “toneladas de carbono” retenidas en estos “sumideros” y podían negociarlas, en forma de bonos, en el mercado internacional de carbono.

Otras propuestas proponen pagar por los bosques no deforestados. En Ecuador 80% de los bosques nativos se encuentran en los territorios indígenas y de comunidades afroecuatorianas. Años atrás llegaron los primeros negociantes de servicios ambientales. Firmaron acuerdos inconsultos con dirigentes indígenas, muchas veces en idiomas extranjeros, quedando extensos territorios en comodato por 50 años o más. Un caso paradigmático fue el contrato con la Organización de la Nacionalidad Zápara del Ecuador, que comprometía 350 mil hectáreas de bosques amazónicos.

Tales proyectos estaban por fuera del Convenio de Cambio Climático y del Protocolo de Kyoto. Hoy se propone incorporar los ecosistemas naturales al negocio del carbono mediante el programa redd (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada), que es probable se aprobará en la próxima reunión del Convenio en diciembre de 2009.

En este contexto nace el Programa Socio Bosque implementado desde diciembre de 2008, y lanzado a nivel internacional en el Convenio de Cambio Climático de Poznan, Polonia, junto con la firma de los primeros contratos, por el ministerio del Ambiente ecuatoriano.

Socio Bosque es un programa de incentivos monetarios directos anuales por hectárea de bosque, otorgados por el gobierno a propietarios individuales o comunidades indígenas que deciden proteger sus bosques nativos. El ministerio del Ambiente dice que Socio Bosque “asegura beneficios directos y equitativo para la población local, que contribuye a la reducción de las tasas de deforestación, y busca la reconciliación entre la conservación y el bienestar humano”.

Los fondos del programa provienen del presupuesto general del Estado y de donaciones de la agencia de ayuda estadounidense usaid. Para sostener el programa en el futuro se espera captar fondos del mercado de carbono, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, del Protocolo de Kyoto, de redd y de la venta de los servicios ambientales que se generen. (Según una propuesta de código ambiental elaborada por el gobierno en junio del 2009, los servicios ambientales incluyen también “conocimientos ancestrales, manifestaciones culturales, espiritualidad, economía, uso de plantas medicinales toda expresión cultural de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, […] las funciones ecológicas de la naturaleza, como la generación de nubes y agua, la purificación del aire, la conservación de la biodiversidad y la absorción de carbono por océanos, vegetación, etcétera.)

Socio Bosque firma convenios con dirigentes comunitarios (ignorando la dirigencia de las nacionalidades), en un tiempo récord, sin informar a las comunidades y sin consulta previa. Estos convenios duran 20 años e incluyen multas o juicios penales para atar a los firmantes, no establecen garantías territoriales para los involucrados y suponen la apropiación del carbono contenido en los bosques por parte del Estado, mismo que podría ser negociado en el mercado internacional —lo que implica pérdida del control del territorio para los involucrados. Dado que no hay garantías territoriales, a futuro podrían implicar la pérdida de todo el territorio.

En Ecuador quedan unos 10 millones de hectáreas de bosques naturales. Se quiere incluir 4 millones de estas hectáreas en el programa Socio Bosque. Los otros 6 millones de hectáreas se están perdiendo debido a la extracción petrolera y minera, por causa de la expansión de cultivos de palma aceitera y otros cultivos de agroexportación, o debido a la industria maderera. La tasa de deforestación en el país es de alrededor de 200 mil hectáreas al año, y el Plan Agrario Forestal cuantifica en 4.5 millones de hectáreas los bosques para explotación forestal. redd no evitará esta explotación. Al contrario, las nacionalidades, pueblos y comunidades serán expropiadas de sus derechos ancestrales sobre sus bosques. El carbono contenido en los árboles y en la vegetación del bosque (parte de ciclo de reproducción de la vida) se vende como una mercancía más. Socio Bosque no es una garantía para proteger los bosques frente a la industria petrolera o minera. Si se encuentran yacimientos en estás áreas se explotarán los recursos.

Se han registrado varias irregularidades. en la firma de convenios. El contrato de Socio Bosque con la comunidad cofán de Dureno sin informar debidamente a las bases y llegando a acuerdos solamente con los dirigentes. El presidente de la nacionalidad shuar denunció que Socio Bosque firmó un convenio con una organización de la nacionalidad a pesar de que se les hizo saber que la nación shuar NO quería Socio Bosque en su territorio. Tal hecho esta provocando fricciones y desunión dentro de los shuaras.

Es importante señalar que Socio Bosque paga por hectárea al año una cantidad que va desde los 50 centavos hasta los 30 dólares dependiendo de si hay amenaza para el bosque (si no está amenazado no entra en redd), de los servicios ambientales (esto garantizaría poder vender otros servicios ambientales en los mercados voluntarios aparte del carbono), los niveles de pobreza de la población.

La tabla siguiente elaborada por el ministerio del Ambiente dispone una relación inversamente proporcional, por lo que a más hectáreas de bosque, menor es el dinero que se recibiría.

Así, si un bosque está muy amenazado y con alta biodiversidad, podría recibir la más alta calificación de 30 dólares por hectárea pero si una comunidad pone 150 hectáreas, recibiría 30 dólares por las primeras 50 hectáreas, 20 dólares por las siguientes 100 hectáreas, lo que sumaría 3500 dólares. Por otra parte, si en lugar de poner un total de 150 hectáreas tres “socios” ponen 50 hectáreas cada uno, recibirían 1500 dólares por convenio, tres convenios, un total de 4 500. Pero estarían en un régimen de propietarios privados, sin derechos colectivos, con la posibilidad de que sus bosques sean comprados y se debiliten las estructuras comunitarias y de pueblos indígenas.

Socio Bosque coincide con la formulación de nuevas políticas como el Código Ambiental, la ley de Seguridad del Estado y el proyecto de la Ley de Recursos Hídricos. Así, el Estado asegura el control de las áreas con más rica biodiversidad, una legislación acorde con las leyes internacionales que entrarían en vigencia para el mercado de carbono, el derecho de poder negociar los servicios ambientales en el exterior como mejor le parezca y tomar las medidas necesarias (incluida la participación de las Fuerzas Armadas) para controlar la biodiversidad y el patrimonio genético y cultural del Ecuador.

Una extensión es el proyecto Socio Bosque-Capítulo Páramos con un ámbito de influencia en más de 6 mil hectáreas de páramos donde habitan unas 500 mil personas, la mayoría poblaciones indígenas, pero también grandes hacendados que se beneficiarán de estos subsidios estatales.

Ecuador

Pronunciamiento en rechazo a negociaciones ambientales

Unión Base, Puyo, 3 de agosto de 2009. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) rechaza todo tipo de negociaciones ambientales sobre bosques y políticas extractivas, que afecten los territorios de las nacionalidades amazónicas y pueblos indígenas del Ecuador considerando que el derecho a la plurinacionalidad y el Sumak Kawsay, expresados en la Constitución de la República, y el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades y pueblos ancestrales, que rezan en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la oit, la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, están para garantizar la vivencia y convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, en un mundo de aceptables condiciones, un desarrollo basado en los principios de la solidaridad, reciprocidad, conservación de todo el espacio territorial, para la seguridad y existencia de generaciones, presentes y venideras, y para garantizar un ambiente sano, libre de contaminación,

de represión, de sumisión por parte de las políticas de los ciertos gobiernos hacia los pueblos indígenas.

Que toda política y actividad extractiva y de negociación de los bosques y biodiversidad en nuestros territorios ancestrales causará inimaginables implicaciones, entre ellas la extinción de la identidad de las naciones ancestrales, la pérdida del control y el manejo de nuestros territorios que pasarían a ser manejados por el Estado, países extranjeros, transnacionales, negociadores de redd o comerciantes de carbono, todo lo cual devendría en miseria, hambre y pobreza extrema nunca antes vistas, tal como ahora ocurren con nuestros hermanos indígenas en la Amazonia norte del Ecuador por intereses geopolíticos, económicos y comerciales. Así, resuelve:

1. Alertar y comunicar a todas las bases de la estructura de la Confenaie, constituidas en los centros, comunidades, asociaciones, federaciones, organizaciones y nacionalidades, en el marco de la Resolución y Mandato del Congreso 28-31, de mayo del 2009, que la organización regional de la Amazonía ecuatoriana, no permitirá la intromisión, ni representación, ni interlocutores para que discutan, dialoguen, aun más, den paso a la negociación de nuestros bienes naturales existentes en nuestros territorios en espacios nacionales o internacionales.

2. La Confenaie no negociará ni dialogará sin consentimiento de sus bases, sobre temas de negociaciones para actividades extractivas petroleras, mineras, hidroeléctricas, Plan Socio Bosque, negocios redd, servicios ambientales, ya que ciertos organismos, como la institución Energía Ambiente y Población, Banco Mundial y los mercaderes de carbono, conjuntamente en alianza con los gobiernos latinoamericanos, pretenden negociar sobre la vida de las nacionalidades y pueblos indígenas afectando nuestros derechos territoriales.

3. Reconocemos el problema del cambio climático y exigimos a los países que reconozcan su responsabilidad en cuanto a las emisiones de gases con efecto de invernadero, disminuyendo por tanto la quema de combustibles fósiles, cuya extracción ha causado la deforestación de la Amazonia y graves problemas sociales y ambientales en nuestros territorios.

4. Rechazamos las negociaciones sobre nuestros bosques, como los son los proyectos redd, ya que pretenden quitarnos el libre manejo sobre nuestros recursos y porque además no son una solución definitiva al problema del cambio climático, al contrario, solo lo empeora.

5. Comunicamos a la coica, de la cual somos parte, como representantes amazónicos ecuatorianos con derecho a voz y voto, que ninguna persona, organismo, ong, etcétera, está autorizado a pronunciarse a nuestro nombre a favor o en contra de cualquier tema del cual no tengamos conocimiento ni participación. l

Atentamente,
Tito Puanchir, presidente Confeniae

La nueva movilización social en Ecuador

Con información de Conaie Comunicación. A partir de la asamblea extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) celebrada el 8 y 9 de septiembre en Quito, Ecuador, los Consejos de Gobierno de Conaice, Confenaie y Ecuarunari, “junto a los dirigentes de mayor nivel de las nacionalidades y pueblos” adoptaron “de forma unánime” resoluciones por las que se ratificaron en la defensa indeclinable de sus derechos fundamentales y abrieron un nuevo ciclo de movilización.

Conaie anunció que “concentraciones realizadas en el norte, centro y sur de la región andina” habían “ratificado ampliamente esta posición” y que, hacia el 18 de septiembre, concentraciones de la Amazonía, en Napo, Orellana y Sucumbíos harían pública también “su condena a las concesiones mineras y petroleras y su exigencia de incorporación de propuestas de la Conaie en la Ley de Aguas debatida en la Asamblea Nacional”. Y así lo hicieron.

Conaie reafirmó en su comunicado que “no hay proceso alguno de negociación con el gobierno” y dio a conocer sus posturas considerando que los pueblos y nacionalidades indígenas son “entidades colectivas milenarias, poseedores de territorios, recursos tangibles e intangibles”, que constituyen y forman “activamente en la sociedad ecuatoriana, presentes en todos los momentos del proceso de la vida organizada, aun antes de la conformación de la actual República del Ecuador, dominante, genocida, racista y segregadora desde las colonias invasoras. Entre sus consideraciones apelan a que “la Constitución Política en su artículo 1 señala textualmente que El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.

Entre sus resolutivos destaca el “ejercer y fortalecer los gobiernos comunitarios de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, declarándose libre de toda injerencia y prácticas ajenas que atenten al sistema de vida y organización, como entidades económicas, políticas, culturales y lingüísticas históricamente definidas y diferenciadas. Para el efecto, la Conaie y sus regionales —Confenaie, Conaice y Ecuarunari— asumen su condición de autogobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas”, el rechazo a los programas sociales que implementa el gobierno “que atentan contra sus formas de organización y sus derechos colectivos, la exigencia de “garantías integrales e irrestrictas para el ejercicio del derecho a la vida y a la territorialidad de los pueblos libres tagaeri, taromenane, oñamenane, desde sus propias sistemas de vida, de acuerdo con la Constitución Política, y de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas en 2006, y los convenios y tratados internacionales”, así como “garantías integrales a los derechos territoriales y la autodeterminación de las nacionalidades y pueblos cuyos territorios se encuentran en las zonas de frontera, quienes están amenazados por la invasión de empresas extractivas, por la militarización y la violencia, como son los awa, epera, chachi, cofán, secoya, siona en la frontera con Colombia y las nacionalidades shuar, achuar, sapara, andoas, shiwiar con el Perú”. Algo sumamente importante es la exigencia de que el gobierno titule “los territorios ancestrales a nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible, indivisible, inembargable, y el respeto a ejercer sus derechos propios, las formas de participación y organización en las circunscripciones y sus gobiernos territoriales”.

Por todo lo anterior, el Consejo de Gobierno de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador-Conaie, convocó al pueblo ecuatoriano a la gran movilización nacional desde el 27 de septiembre del 2009 en adelante en todo el país, ante la posición negligente constatada en el ejecutivo y sostenida en la Asamblea Nacional, frente a importantes situaciones y temas de interés nacional, que Conaie detalla:

• Una Ley de Aguas que no establece mecanismos de revisión del proceso de privatización arbitrario e ilegal impuesto en las últimas décadas. Que no contiene mecanismos de sanción, prevención de la contaminación de las fuentes y cuencas de agua y que mantiene el monopolio sobre la mayoría de ellas. La propuesta gubernamental es de carácter privatizador.

• Concesiones de espacios de vida de las nacionalidades y pueblos para actividades extractivas petroleras y mineras, pese a las graves situaciones dadas en el país en materia ambiental, de salud y de derechos.

• Ley de Educación que colisiona con el derecho a la educación, la gratuidad y acceso universal y democrático y la autonomía.

• Soberanía alimentaria que no garantiza los factores determinantes de la misma ni reconoce el rol de las nacionalidades y pueblos Indígenas, de los campesinos, de los afro ecuatorianos, montubios, pueblos del manglar, de los pequeños agricultores como los actores fundamentales de la misma.

• Decretos atentatorios a derechos fundamentales como el 17-80 que impone prácticas coloniales, discriminatorias, y retrógradas hacia las nacionalidades y pueblos indígenas.

• Instituciones indígenas cuya autonomía ha sido desconocida e ignorada para convertirlas en botín político.

• Un código de ordenamiento territorial que atenta contra las formas de organización, de autonomía y de ejercicio de los derechos territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas.

Ante la masiva respuesta positiva desde todos los cantones nacionales, al cierre de esta edición se preparaban desde todos los rincones del país para hacer oír sus demandas. En ese contexto, Marlon Santi, a nombre del Consejo de Gobierno de Conaie, dirigió la siguiente carta a la nación y al mundo:

CARTA ABIERTA

El Consejo de Gobierno de la Conaie,

una sola voz, a la nación

“El supremo jefe”, pretende mentir a la nación, al afirmar que la movilización convocada por la Conaie, es exclusiva de los indígenas. Con esta afirmación, muestra una vez más la soberbia, la prepotencia, la vanidad de creer que lo único cierto es lo que dice él y que es incuestionable su incapacidad de entender al país plurinacional y democrático.

Pretender que lo único que vale es su palabra, es absurdo, señor supremo jefe. Sus insultos no nos han llegado jamás pues somos ciudadanos ecuatorianos, somos pueblos y nacionalidades indígenas, de dignidad intacta.

Somos nosotros los que concebimos, propusimos, defendimos y exigimos la Asamblea Nacional Constituyente pues el país necesita un cambio profundo y radical.

Somos nosotros, nacionalidades y pueblos para quienes la palabra es sagrada, que el régimen ha perdido el verdadero rumbo del cambio y se ha orientado hacia la derecha recalcitrante. El supremo, nos llamó infantiles, y no contestamos, pues el racismo es miserable y a eso no se contesta. Nos trató de ser 4 dirigentes a exigir garantías a la democracia y tampoco le contestamos, pues nosotros somos millones y no creemos en la democracia de las cifras sino en la de derechos.

El presidente cantó impúdicamente pidiendo que nos vayamos, sin que eso nos haya afectado porque ésta es nuestra tierra y la defendemos y jamás nos iremos para que la entreguen a las transnacionales y al poder económico que ha destruido el país y que ha hecho que millones de hermanos ecuatorianos se hayan ido buscando fuera, lo que se les niega con soberbia en el país.

Nos dijo el poder que éramos locos, pero la razón es nuestra fuerza y eso lo demostramos día a día con responsabilidad. Los decretos en contra de nuestros derechos, en contra de nuestras instituciones construidas con luchas grandes y levantamientos, fueron privadas de su autonomía y convertidas en botín político dado a quienes vendieron sus conciencias.

El poder no acepta que los indígenas somos actores sociales, políticos, constructores de país y no solamente votos, objetos, como nos percibían los gobiernos racistas y colonialistas de los que el régimen actual no se diferencia.

El supremo entregó concesiones mineras, y petroleras en nuestros espacios de vida, que son sagrados y fundamentales. Nuestras “Wuarmis” fueron discriminadas y maltratadas cuando levantaron sus voces contra la injusticia; se las ha tratado de pobres e ignorantes desconociendo que se las ha empobrecido por las políticas económicas que favorecen a pocos y discriminan a muchos.

El supremo, en derroche de racismo ambiental impuso una ley de minería que es el nuevo dios del supremo que nos llevará al holocausto.

La discriminación no es nueva para nosotros; la historia colonial y escrita por los supremos dueños del país, nos ha tratado, de ignorantes, de opositores del progreso, vagos, sin almas, ni derechos. El poder económico violento y racista nos ha querido borrar de la faz de la tierra y ahora se pretende repetir la historia. No lo lograrán.

El supremo ahora atenta nuestra dignidad en la Amazonia, sin éxito.

Yo, soy amazónico, nací allí en una tierra libre, quise paz para mi gente. Las leyes de la revolución ciudadana no son leyes para nuestros pueblos.

Con las leyes del supremo, se fortalece el monstruo del poder económico; son leyes que han destruido al país y por eso reclamamos, con dignidad milenaria.

La movilización ya empezó en los páramos, en la Amazonia, en los manglares, en las calles, en los espíritus de los que queremos un país plurinacional, de derechos, de todos. l

Marlon Santi
Conaie Pushak Kuraka
Sarayaku Runa
Kitu 25 del 2009 del año colonial

Palestina

Siembras urbanas en la Franja de Gaza

A medida que el mundo rebasa los mil millones de hambrientos por la desmedida especulación de la tierra y en el precio de los alimentos, por la creciente sequía, por la expulsión de campesinos a las ciudades o por el control corporativo de toda la cadena alimentaria (de las semillas a los supermercados), crece la urgencia de resolver la soberanía alimentaria, pero no únicamente a nivel de país sino a nivel local, comunitario, barrial, familiar.

Sembrar alimentos propios puede seguir sonándole a algunas personas una utopía, y hasta un lujo, pero para mucha gente comienza a ser sinónimo de independencia real y un pendiente que en el futuro inmediato terminará siendo la lucha más fundamental de todas: la de alimentos sin condiciones. Además, en la medida de lo posible, serán nutritivos y podrán estar libres de tóxicos y transgénicos.

Por lo pronto, en Gaza, en medio de la ocupación israelí y su bloqueo brutal, que los palestinos siembren sus propios alimentos es resistencia y la supervivencia más elemental en una zona en que “80% depende de la ayuda alimentaria exterior”. Así lo narra Nikhil Aziz, en Gris Beta (9 de septiembre de 2009): “los israelíes únicamente permiten la entrada a Gaza de la mitad de la ayuda alimentaria de Naciones Unidas (durante el último sitio de Gaza sólo se permitió entrar a 10% de los camiones con comida)”. Así, plantar alimentos en cualquier pedacito de tierra disponible puede ser suficiente para asegurar la autosuficiencia. En una zona sumamente insegura e inestable, una sencilla huerta urbana garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria.

Aziz añade que “el Programa Mundial de Alimentos dice que la gente de Gaza enfrenta una aguda escasez de alimentos accesibles, nutritivos y producidos localmente”. Por fortuna existe parc (Palestinian Agricultural Relief Committees), una organización que promueve la instalación de huertas urbanas con apoyo de Grassroots International, una organización sin fines de lucro con sede en Boston.

“parc ha echado a andar unos mil jardines urbanos en Gaza y opera un programa ‘del campo a la mesa’, que lleva productos de los campesinos de Gaza a la gente con más necesidad de ayuda alimentaria. Ahmed Sourani, director del proyecto en la ciudad de Gaza (parc trabaja también en Cisjordania), dice que los jardines urbanos son vitales no sólo para lograr seguridad alimentaria, sino para darle potencial a las mujeres, y es un modo de ‘revitalizar’ la agricultura en general. Las hortalizas de traspatio son parte de la cultura de Gaza, dice él, y dado que ‘las mujeres son las principales cuidadoras de estos jardines, su reconocimiento social mejora, conforme las fuentes vitales de alimentos se expanden por toda la comunidad’.

parc brinda a las mujeres “las semillas de frutas y hortalizas y una rigurosa capacitación en el mantenimiento de una huerta: técnicas de compost, cercado, irrigación y el uso de plaguicidas naturales ‘verdes’. Las mujeres aprenden a volver cualquier pedacito de tierra, incluso en alguna azotea, en huerta florida”.

Según Aziz, parc enseña también el manejo de conejos, incorporando la cría de animales de traspatio porque el pollo y otras fuentes de proteína son prohibitivos. “Entre la hortaliza y los animales pueden volverse casi autosuficientes”. La gente produce varios alimentos como maíz, espinacas, coles, berenjenas, frijoles, calabacitas, guisantes, pero también conejos, pichones, pollo y pato.

“Los jardines urbanos de Gaza corren peligro. La mitad de las huertas financiadas por Grassroots International fueron destruidas por los ataques israelíes de diciembre de 2008 y enero de 2009. Casi todos los conejos murieron por el fósforo blanco arrojado por los soldados israelíes. Human Rights Watch ha confirmado el uso del fósforo blanco y declara: ‘es un arma perturbadora que los militares israelíes utilizaron contra los civiles de Gaza y sus animales violando leyes internacionales’. (http://www.hrw.org/es/news/2009/03/25/)”

Durante los ataques, los soldados israelíes atacaron y ocuparon las oficinas de parc y destruyeron un invernadero de capacitación, casi todos los documentos y veinte computadoras.

El debate real de la agricultura urbana apenas comienza.

Chile

Batallas por las claves de la vida y la alimentación

Santiago, 10 de septiembre. El Proyecto de Ley de Derechos de Obtentor en Chile que según los legisladores “avanza en la protección de las nuevas especies vegetales producidas en el país a través de la biotecnología, fue finalmente aprobado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados luego de una larga tramitación. Ahora el texto legal será analizado por la Comisión de Hacienda”.

Sin embargo, la lucha no está perdida. Desde mediados de julio, innumerables organizaciones ambientalistas, organizaciones campesinas, investigadores, agricultores orgánicos y pueblos indígenas de Chile (entre las que se cuentan Anamuri —Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas—, rap-al Chile —Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina—, olca —Observatorio de Conflictos Ambientales—, Cetsur
—Centro de Educación y Tecnología para el Desarrollo del Sur— y grain), recrudecieron su oposición al proyecto de ley que en los hechos expande los privilegios para los llamados “obtentores” de “nuevas variedades de plantas” mientras las compañías semilleras y el gobierno insisten en que no habrá impactos negativos para los pequeños productores ni para la biodiversidad.

Estas organizaciones enfatizan que al apegarse a las normas del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (upov), convenio de protección mediante propiedad intelectual adoptado en París en 1961 y revisado en varias ocasiones, la última en 1991, en realidad el gobierno intenta cumplir fielmente con los intereses de las transnacionales semilleras, “que buscan monopolizar la producción y la comercialización de semillas, amenazando incluso con semillas estériles (las llamadas semillas Terminator) si no se adoptan las normas impulsadas por upov.

La ley propuesta fomenta un principio inaceptable: la privatización de saberes y formas de vida diversas que son, en principio y fundamentalmente, un patrimonio colectivo de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas y de la humanidad. Al apropiarse de todo el proceso implícito, expanden y refuerzan las normas e iniciativas políticas tras las leyes de patentes que en el fondo concentran en pocas empresas un poder para acaparar vastos tejidos de procesos, arruinan los sistemas nacionales de investigación, frenan el libre intercambio de semillas y los profundos y milenarios procesos agrícolas que son la base de la fortaleza actual de infinidad de cultivos. Con esta ley se agrede e impide el normal desarrollo de las formas campesinas e indígenas de relacionarse y hacer agricultura, y se violentan principios éticos fundamentales, como son el libre acceso al conocimiento. “Al permitir la privatización de las semillas, esta ley y su antecesora ponen el lucro por sobre el derecho a la alimentación”.

Tal ley abre la puerta a la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Chile aumentando la “privatización de los recursos genéticos” al extender los llamados derechos de obtentor a todas las especies vegetales. El proyecto de ley permite, entonces, “que toda especie nativa pueda quedar como propiedad de empresas nacionales y extranjeras, con tan sólo hacer un trabajo simple de selección para lograr una población o un grupo de plantas relativamente homogéneas”. El proyecto de ley facilita en Chile “que cualquier empresa se apropie de las variedades campesinas e indígenas, al considerar como ‘nueva’ cualquier variedad que no haya sido comercializada ampliamente o inscrita en registros de propiedad intelectual” (ver artículos 5, 6 y 7).

Otro punto de preocupación es que la ley propuesta en Chile “Ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo —incluso reconocida por el Tratado de Recursos Fitogenéticos de la fao— que además fue central en crear la diversidad y riqueza genética que hoy usan las mismas empresas semilleras que buscan prohibirla. A través del artículo 48, el proyecto de ley impedirá que las comunidades campesinas e indígenas experimenten, mejoren e intercambien libremente las semillas, proceso a través del cual generaron toda la diversidad que hoy sustenta la agricultura. Peor aún, la combinación de esta ley con la ley de propiedad industrial harán posible que los agricultores cuyas variedades hayan sido contaminadas por cultivos transgénicos sean penalizados y sus variedades sean confiscadas. Se crea así una clásica situación del ladrón detrás del juez”.

Pero no para ahí la cuestión. “Al otorgar propiedad sobre variedades y no exigir prueba efectiva de mejoramiento, utilidad o inocuidad y en base a la simple expresión de un carácter, el proyecto de ley crea las condiciones deseadas por las transnacionales semilleras para la introducción y expansión de los cultivos transgénicos, incluidos los farmocultivos o cultivos destinados a la producción de drogas. La definición de los requisitos para otorgar propiedad en el artículo 6 no exige que una variedad sea efectivamente mejor que las ya existentes, ni siquiera exige que sea útil o inocua. Al definir que basta la diferenciación de un carácter (artículo 7), facilita significativamente la práctica común de las empresas biotecnológicas de utilizar variedades antiguas para adicionar transgenes o genes cosméticos (sin valor productivo, pero capaces de provocar una diferencia visible) y luego registrarlas como ‘nuevas’.”

En resumen, “al otorgar poderes monopólicos sobre las semillas, dificultar los procesos de mejoramiento genético independiente, impedir que los agricultores produzcan sus propias semillas y facilitar los procesos de concentración de las empresas semilleras, se provocará inevitablemente el alza de los precios de las semillas, encareciendo la producción agrícola en general y la de alimentos en particular. El proyecto de ley crea las condiciones para un control monopólico del primer eslabón (las semillas) de la cadena de producción de los alimentos, quedando gran parte de la población expuesta a esta vulnerabilidad. Esta situación a la fecha no ha sido posible dado que la producción de semillas se encuentra en manos de muchos y muchas agricultoras”.

Adicionalmente le confiere a las empresas facultades policiales ya que “deja en sus manos el asegurar que las disposiciones de la ley se observen adecuadamente (ver artículo 48)”. Es conocido que empresas como Monsanto y Syngenta han creado verdaderos cuerpos policiales para controlar que los agricultores y campesinos no utilicen “sin consentimiento” lo que ellos consideran su propiedad.

Inquieta pensar que este proyecto de ley lo componen normas “coercitivas” para quienes han practicado la agricultura durante milenios, y normas “promotoras” para las empresas y algunos cuantos particulares. E inquieta pensar también que hay un intento mundial por estandarizar estas “normas” en todos los ámbitos donde tengan intereses las grandes empresas que las promueven aunque las rechacen en todo el mundo, no sólo en Chile, los núcleos indígenas y campesinos. Son registros y certificaciones obligatorias que a fin de cuentas homologan un vastísimo e infinito inventario que ya no podrá diversificarse legalmente. Es decomiso y embargo de cultivos y cosechas de quienes sean acusados de no cumplir la ley, con la consabida destrucción de cultivos y frutales, decomiso de productos y embargo de exportaciones. Demandas sin fundamento por ejercer lo que tradicionalmente ha sido la práctica milenaria del cuidado agrícola. Restricción a la defensa legal de los demandados. Lenguaje leguleyo ambiguo y engañoso. Garantías a las empresas de controlar (con derechos consagrados) el comercio, la importación o la exportación de todo material de propagación (semillas, esquejes, etcétera), y en el fondo el derecho a decir qué se puede cultivar, dónde y quiénes pueden hacerlo.

Por último, dicen las organizaciones opositoras, “es alarmante que la fundamentación de la ley presente la introducción de farmocultivos como conveniente y necesaria para la agricultura chilena, dada su naturaleza inevitablemente tóxica, incluso si producen sustancias supuestamente benéficas, y que ni siquiera mencione los problemas de salud pública que ellos pudieran crear. Al no exigir inocuidad, la nueva ley permite efectivamente obtener propiedad sobre cultivos productores de drogas o sustancias químicas de uso industrial. Si se otorga propiedad sobre este tipo de cultivos en Chile, habrá presiones crecientes de parte de empresas transnacionales para convertir a Chile en una de sus zonas de cultivo. Si esto ocurre, será imposible proteger la producción alimentaria y agrícola en general de los procesos de contaminación con genes tóxicos. El país deberá asignar recursos significativos para asegurar que no estemos consumiendo alimentos tóxicos y una vez que nuestro país adquiera fama de país contaminado, la exportación agrícola se verá arruinada”.

Especulación, sequía y hambre

Iván Restrepo, señalaba en el periódico mexicano La Jornada (3 de agosto de 2009), que: “Los datos de la agencia que en Naciones Unidas se ocupa de la alimentación y la agricultura, fao, reiteran la gravedad de la situación: más de mil millones de personas padecen hambre en el mundo. Una sexta parte de la humanidad consume, per cápita, menos de 1 800 calorías diarias, lo que un ser humano necesita como mínimo para su sano desarrollo con el agravante de que en vez de reducirse el número de hambrientos este año son 100 millones más. Casi todos los desnutridos viven en el mundo en vías de desarrollo, destacadamente algunos países de Asia, que concentran las dos terceras partes de los hambrientos, seguidos de África subsahariana, con 265 millones, y rematando con los 53 millones que existen en América Latina y el Caribe, donde los hambrientos aumentaron el último año 12 por ciento”.

Leyendo más en detalle el informe de fao, éste aclara que en el África subsahariana “entre 80 y 90 por ciento de los precios de los cereales en 27 países es 25 por ciento más alto que antes de la crisis alimentaria provocada por la especulación de hace dos años”. En América Latina, ocurre una situación semejante en unos 31 países, pese al descenso internacional posterior a la crisis.

Según fao, “Las previsiones para el suministro y la demanda mundial de cereales es satisfactoria, pese a un descenso calculado de 3% en la producción mundial de 2009 respecto del récord de 2008. La producción mundial de cereales prevista para 2009 se sitúa en 2 208 millones de toneladas, un 3.4% por debajo de la cosecha récord del año pasado, es decir es la segunda mayor cosecha jamás alcanzada.

En reportes anteriores, la fao señalaba como causas de la hambruna: los desajustes estructurales del mundo, la falta de agua, entre otros recursos básicos para producir los alimentos necesarios, así como la concentración de esos recursos en pocas manos y que mucha veces no se cosecha lo que la gente necesita, sino lo que exigen los mercados internacionales.

Hoy con el dato de cosechas récord en 2008 y 2009, debemos complementar estas explicaciones con el mayor acaparamiento, la especulación que no para (aunque parezca amainar en el escaparate global) y, con el hecho de que mucho de lo que se cultiva no está destinado en lo absoluto a resolver la alimentación de la gente sino a convertirse, tarde o temprano, en alimento de animales, agrocombustibles o siembras derivadas a la fabricación de mercancías de variado tipo como edulcorantes, jarabes, tela sintética, aditivos y otros productos.

Pero ojo, porque decir cereales no agota toda la producción alimentaria mundial. Otras fuentes nos avisan que la sequía avanza en los países que son grandes productores de alimentos y que esto impacta ya la producción alimentaria total como afirma Erik de Carbonnel para Market Oracle/Global Research que señala que el promedio combinado de existencias finales de alimentos de los mayores países negociantes de Australia, Canadá, eua y la Unión Europea ha bajado continuamente en los últimos años, es en extremo preocupante y tiene un nivel de 27.4 millones de toneladas con datos de 2008, casi la mitad que cuatro años antes. Y continúa: “La sequía en el norte de China, la peor en 50 años, empeora. El área de cosechas afectadas se ha expandido a 10.6 millones de hectáreas y 4.37 millones de personas y 2.1 millones de cabezas de ganado enfrentan escasez de agua potable. La escasez de lluvia en algunas partes de las provincias del norte y del centro es la peor en la historia escrita… Hay esfuerzos de ayuda en camino. El gobierno chino ha destinado unos 12 690 millones de dólares a las áreas afectadas por la sequía. Las autoridades también han recurrido a la siembra de nubes, y algunas áreas recibieron algo de lluvia después que las nubes fueron alcanzadas por 2392 cohetes y 409 proyectiles cargados de productos químicos. Sin embargo, hay un límite en lo que se puede hacer ante una escasez de agua tan generalizada. China enfrenta una hiperinflación, y esta sequía récord empeorará las cosas. China produce un 18% de los cereales del mundo cada año. Australia ha estado sufriendo una sequía implacable desde 2004, y un 41% de la agricultura australiana sigue padeciendo la peor sequía en 117 años de historia escrita. La sequía ha sido tan severa que los ríos dejaron de fluir, los lagos se volvieron tóxicos, y los agricultores abandonaron sus tierras”.

No sólo es Asia. En Estados Unidos, California “enfrenta la peor sequía en la historia escrita. Se pronostica que la sequía será la más severa en nuestros tiempos, peor que las de 1977 y 1991… Las condiciones de sequía cerca de Austin y San Antonio han sido excedidas sólo una vez antes —la sequía de 1917-1918. Un 88% de Texas padece condiciones anormalmente secas, y un 18% está en condiciones de sequías extremas o excepcionales. Las áreas de sequía se han expandido casi cada mes. Las condiciones son tan malas que el ganado se cae y muere en pastizales áridos. La falta de lluvia ha convertido los pastizales en yermos, y los ganaderos han recurrido a alimentar a los animales con heno. Las cosechas de trigo de invierno en Texas han sufrido un daño irreversible. Los pronósticos a corto y a largo plazo no predicen mucha lluvia, lo que significa que la sequía va a empeorar”. Situaciones semejantes ocurren en Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Florida. Pero también en América, por lo menos en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, pero la más publicitada ha sido la de Guatemala, “la sequía más prolongada de los últimos 30 años, que ha dejado pérdidas cercanas a los nueve millones de dólares, equivalentes a 34 mil toneladas de alimentos”, dice un cable de Associated Press, del 18 de septiembre. “Miles de familias, de campesinos han perdido sus cosechas por causa de la sequía. El oriente del país es el sector más afectado. Sobre todo siete departamentos, de los 22 que tiene Guatemala, en el llamado ‘corredor seco’. En ese sector fueron 120 mil familias las que perdieron hasta 90% de sus cosechas, que utilizan para su subsistencia”. Las predicciones son que la sequía alcanzará México en 2010.

En Argentina “la peor sequía en medio siglo ha llevado al país a un estado de emergencia. Reses muertas yacen en las praderas, y plantas de soja abrasadas por el sol se marchitan bajo el sol veraniego”, continúa De Carbonnell. “La producción alimentaria argentina va a bajar por lo menos en un 50%. La producción de trigo del país para 2009 será de 8.7 millones de toneladas métricas, en comparación con 16.3 millones en 2008”.

En Brasil el pronóstico de la cosecha de 2009 era incierto a partir de las 58.7 millones de toneladas de 2008, porque la sequía hizo bajar drásticamente los cálculos. Datos finales de septiembre la fijan en 50.1 millones de toneladas pero aquí, de nuevo, el dato de disminución contrasta con el hecho de estar enmarcada dentro de la segunda cosecha de granos más grande de la historia brasileña con 134 340 millones de toneladas, contando la soja, por supuesto.

En África la escasez de alimentos y la hambruna están tremendas. “La producción alimentaria alrededor del Cuerno de África ha sufrido por la falta de precipitaciones. La mitad del suelo agrícola ha perdido nutrientes necesarios para el crecimiento de plantas, y la disminución de la fertilidad del suelo en toda África exacerba las pérdidas de cosechas relacionadas con la sequía…. Kenia es la nación más afectada… después de estar sin precipitaciones durante 18 meses. Kenia tiene que importar alimento para paliar una escasez y salvar a 10 millones de su pueblo de la hambruna. Los vecinos de Kenia que también padecen sequía serán de poca ayuda.” En Tanzania… más de 240 mil personas requieren ayuda alimentaria inmediata”. Situaciones de sequía, escasez de alimentos y bajas drásticas en las cosechas ocurren también en Burundi, Uganda, Sudáfrica, Malawi, Zambia, Suazilandia, Somalia, Zimbabue, Mozambique, Túnez, Angola y Etiopía.

En el caso del llamado Oriente Próximo y Asia central, sus países “sufren las peores sequías en la historia reciente, y la producción de cereales alimenticios ha bajado a algunos de los niveles más bajos en décadas. Se estima actualmente que la producción total de trigo en la región general afectada por la sequía ha bajado en por lo menos un 22% en 2009. Debido a la severidad de la sequía y a su alcance a toda la región, los suministros de irrigación de embalses, ríos, y aguas subterráneas se redujeron críticamente. Los principales embalses en Turquía, Irán, Iraq, y Siria están todos a niveles bajos, lo que impone restricciones en el uso. En vista de la gravedad de las pérdidas de cosechas en la región, se prevé una importante escasez de semillas para la cosecha de 2010”.

Con estos datos a la vista De Carbonnell predice que “El mundo se dirige hacia una baja en la producción agrícola de 20 a 40%, dependiendo de la severidad y de la duración de las actuales sequías globales. Las naciones productoras de alimentos están imponiendo restricciones a las exportaciones de alimentos. Los precios de los alimentos aumentarán vertiginosamente y millones morirán de hambre, en países pobres con déficits alimentarios”.

Sea que estemos o no de acuerdo con su visión, tenemos que armar el rompecabezas global para prevenir nuestras próximas acciones de resistencia en un mundo que hace apenas quince años nos parecía inexistente.

(Ver www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=12252)