¡Se adueñan de la tierra! El nuevo acaparamiento agrario

El nuevo acaparamiento agrario

GRAIN, octubre de 2008

Juntas, las crisis alimentaria y financiera actuales dispararon un nuevo ciclo mundial de apropiación de tierras. Los gobiernos con “inseguridad alimentaria”, que dependen de importaciones para alimentar a su población, están arrebatando tierras agrícolas fuera de su país en las que pretenden producir alimentos propios. Las corporaciones alimentarias y los inversionistas privados, ávidos de ganancias en medio de la crisis financiera, ven la inversión en tierras agrícolas extranjeras como una importante y nueva fuente de lucro. Las tierras agrícolas fértiles se privatizan y se concentran más y más. De no poner coto a este proceso, el acaparamiento mundial de tierras puede significar en muchos sitios el fin de la agricultura en pequeña escala como medio de vida y sustento.

Nuevo acaparamiento.

El “descubrimiento” de América desencadenó una brutal expulsión de comunidades indígenas. Los colonialistas blancos se adueñaron de los territorios ocupados por los maoríes en Nueva Zelanda y por los zulúes en Sudáfrica. Es un proceso violento muy vivo hoy en día, de China a Perú. La prensa informa a diario de luchas por la tierra —mineras como Barrick Gold invaden las montañas de América del Sur, o corporaciones alimentarias como Dole o San Miguel estafan a los campesinos filipinos y se quedan con sus derechos agrarios. En numerosos países los inversionistas privados compran grandes extensiones para disponer de ellas como parques naturales o áreas de conservación. Crecen los casos en que la nueva industria de los agrocombustibles, promovida como respuesta al cambio climático, expulsa gente de su tierra.

Pero ahora crece una nueva y preocupante tendencia a comprar y acaparar tierras para desplazar su producción de alimentos a otros países, del mismo modo en que muchas empresas desplazan a otros países variados procesos industriales, productivos o incluso financieros,  algo que hoy se conoce como “dislocación”: que un proceso (en este caso el cultivo de alimentos) se saque fuera del “contexto social, económico y político-jurídico original” (el país que busca comprar tierras), “con tal de extraer ventajas de las condiciones económicas, sociales y político-jurídicas de los países a donde se lleva la producción”. Esto lo engendró la crisis alimentaria mundial (y la crisis financiera más vasta de la que es parte) —al estallar casi juntas en los últimos 15 meses.

La seguridad alimentaria es una razón de peso. Depender de la importación de alimentos hace que muchos países prefieran dislocar su producción de alimentos que competir duramente en los mercados. Ésta es una innovadora estrategia de largo plazo para alimentar a sus pueblos a buen precio y mucha mayor seguridad. Significa comprar, rentar o apoderarse de tierras agrícolas en otros países mediante tratos desiguales y cultivar en ellas los alimentos que necesitan. Arabia Saudita, Japón, China, India, Corea, Libia y Egipto van en ese camino. Desde marzo de 2008, funcionarios de alto rango de muchos de esos países han movido activamente sus hilos diplomáticos en busca de tierras fértiles en Uganda, Brasil, Camboya, Sudán y Pakistán. Los gobiernos “cortejados” generalmente reciben bien los ofrecimientos extranjeros de inversión.

Otros van por las ganancias. Ante el desplome financiero, los especuladores financieros y la industria alimentaria —las casas de inversión que manejan las pensiones de los trabajadores, los fondos de capitales privados que van tras las ganancias rápidas, los fondos de cobertura que huyen del desplome del mercado de los instrumentos derivados, los comerciantes de granos con nuevas estrategias de crecimiento— ven nuevas fuentes de lucro en el control de tierras para producir alimentos y combustibles.

Puede sonar disparatado que gobiernos extranjeros estén comprando tierras en Sudán para producir y exportar alimentos a sus propios ciudadanos, cuando la crisis en Darfur (en el oeste sudanés) hace que el Programa Mundial de Alimentos intente alimentar a 5.6 millones de refugiados. Lo mismo ocurre en Camboya, donde 100 mil familias (medio millón de personas), carecen de alimentos. Pero ocurre.

La tierra no ha sido una inversión típica para muchas empresas transnacionales. Es tan fácil que la tierra quede envuelta en conflictos políticos que muchos países ni siquiera permiten que sea propiedad de extranjeros. Y la tierra no se valoriza de la noche a la mañana, como los cerdos cebados o el oro. Para lograr rentabilidad los inversionistas requieren aumentar sus capacidades productivas —y a veces ensuciarse las manos operando sus establecimientos agropecuarios. Pero con las crisis alimentaria y financiera, juntas, en muchos países se dispararon los precios de los alimentos y los precios de la tierra son bajos. Ahora es negocio controlar cuanto antes las mejores tierras: aquellas cercanas a los suministros de agua disponibles.

Los gobiernos pueden promover “seguridad alimentaria” con su agenda de políticas públicas, pero son los inversionistas quienes hacen el negocio y ganan. No nos engañemos. Si bien los funcionarios públicos negocian los contratos de apropiación de tierras destinadas a cumplir con una “seguridad alimentaria”, se espera explícitamente que el sector privado se adueñe de la tierra y entregue productos. A fin de cuentas, en estos nuevos acaparamientos, las empresas privadas extranjeras terminan controlando las tierras agrícolas que producen alimentos para otros, no para las comunidades locales. ¿Alguien dijo que el colonialismo era una cosa del pasado?

Seguridad alimentaria.

Arabia Saudita y China compran tierras por todo el mundo, desde Somalia a Kazajstán. Son también India, Japón, Malasia y Corea del Sur en Asia. Egipto y Libia en África. Bahréin, Jordán, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente.

China es ostensiblemente autosuficiente en alimentos. Pero tiene una población gigantesca, sus tierras agrícolas desaparecen ante el avance industrial, sus fuentes de agua están sometidas a graves presiones. No es sorpresa que la seguridad alimentaria sea uno de los puntos principales de la agenda de su gobierno: tiene 40% de los agricultores del mundo y sólo 9% de las tierras agrícolas mundiales. Pero tiene más de 1.8 billones de dólares de reservas en divisas, así que China cuenta con bastante dinero para invertir en su propia seguridad alimentaria “dislocada”.

Desde bastante antes del estallido de la crisis alimentaria mundial en 2007, Pekín se comenzó a llevar parte de su producción de alimentos al extranjero. En años recientes funcionarios concretaron unos 30 tratados de cooperación agrícola que dan a empresas chinas acceso a tierras agrícolas de “países amigos” a cambio de tecnología, capacitación y fondos para infraestructura. Ocurre en Asia y en toda África. Es una serie de proyectos muy diversos y complejos. De Kazajstán a Queensland, y de Mozambique a Filipinas hay un proceso sistemático: las compañías chinas arriendan o compran tierra, montan grandes establecimientos agrícolas a los que envían a sus agricultores, científicos y extensionistas para hacerlas producir. La mayor parte de la agricultura china en el extranjero se dedica a producir arroz, soja (soya) y maíz, junto con cultivos para agrocombustibles: caña de azúcar, mandioca o sorgo.

El arroz producido fuera es invariablemente híbrido y procede de semillas llevadas de China. Los agricultores y científicos chinos le enseñan a los trabajadores rurales locales a cultivar arroz “a la manera china”. A menudo, tales jornaleros, contratados para trabajar en los establecimientos agrícolas chinos, en África por ejemplo, no saben si el arroz es para alimentar a su pueblo o a los chinos, pero la naturaleza furtiva de varios negocios relacionados con la tierra los hace entender el destino de las cosechas, y crece el resentimiento.

De hecho, la enorme pérdida de tierras agrícolas y fuentes de agua en China es tan grande que “China no tiene otra opción” que producir en el extranjero, dice un experto de la Academia China de Ciencias Agrícolas. A principios de 2008, el Ministerio de Agricultura trazó una política gubernamental central para dislocar su producción de alimentos. Hay indicios de que el sector privado puede jugar un papel cada vez mayor.

Por ser naciones del desierto, los Estados del Golfo Pérsico —Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— tienen escasez de suelo y agua para cultivar alimentos o criar ganado. Pero poseen enormes cantidades de petróleo y dinero, lo que les permite producir sus alimentos en otros países.

La crisis alimentaria actual los afectó muy fuerte. Como no les queda sino importar alimentos (sobre todo de Europa) y puesto que sus divisas tienen paridad con el dólar estadounidense (excepto Kuwait), el aumento simultáneo de los precios de los alimentos en el mercado mundial y la caída del dólar implicó que su gasto en importación alimentaria se inflara en los últimos cinco años, de 8 mil millones de dólares a 20 mil millones.

Además, tienen enormes poblaciones de trabajadores inmigrantes poco remunerados (son quienes construyen las ciudades y atienden en los hospitales), por lo que es imprescindible que las dinastías políticas del Golfo les proporcionen alimentos a precios razonables si pretenden desactivar estallidos sociales.

Cuando se disparó la crisis alimentaria y se cortó el suministro de arroz de Asia, los Emiratos Árabes Unidos entraron en pánico —80% de su población son trabajadores inmigrantes casi todos consumidores de arroz. Ante la inminente escasez de agua, los sauditas tuvieron que reconocer que tendrían que dejar de producir incluso trigo (su principal alimento) hacia el año 2016. Todo esto hizo que, bajo la égida del Consejo de Cooperación del Golfo (ccg), se unieran con Bahréin y los otros países del Golfo para formular una estrategia colectiva de producción de alimentos en el exterior. Ahora buscan acuerdos comerciales, sobre todo con los países islámicos: su compromiso es proporcionar capital y contratos petroleros mientras se garantice que sus corporaciones tengan acceso a tierras agrícolas y que saquen el producto de regreso a su país. Los Estados preferidos son Sudán y Pakistán, seguidos de Birmania, Camboya, Indonesia, Laos, Filipinas, Tailandia y Vietnam, Turquía, Kazajstán, Uganda, Ucrania, Georgia, Brasil.

Japón y Corea del Sur también buscan afanosos tierras agrícolas en el extranjero. Ambos reciben alrededor de 60% de sus alimentos de fuera (en Corea, es más de 90% si se excluye el arroz). A principios de 2008, el gobierno coreano formuló un plan nacional de adquisición de tierras extranjeras, designando al sector privado como actor central. Las empresas coreanas de alimentos ya compran tierras en Mongolia y Rusia oriental para producir alimentos que serán exportados a su país. El gobierno explora varias opciones en Sudán, Argentina y Asia sudoriental.

Japón parece basarse en el sector privado para organizar importaciones de alimentos mientras el gobierno hace malabarismos con el marco político mediante acuerdos de libre comercio, tratados bilaterales de inversión y pactos de cooperación para el desarrollo. Los sucesivos gobiernos japoneses han resistido todo tipo de presiones que los impulsan a reestructurar la agricultura japonesa: ahí reinan las fincas agrícolas familiares y las corporaciones no tienen autorización para ser dueñas de la tierra. Esa presión puede crecer ahora que las empresas japonesas compran tierras en lugares como China y Brasil.

La agricultura industrial de India está en serios problemas: por un lado los costos de producción, por otro la mermada fertilidad del suelo. Es dudosa la disponibilidad de agua a largo plazo. Las luchas por el acceso a la tierra se complican: hay una resistencia social generalizada a las llamadas Zonas Económicas Especiales. Estimulados por la crisis alimentaria mundial y probablemente porque no quieren quedarse al margen, varios ejecutivos de agroempresas, y la Corporación Estatal de Comercio, propiedad del gobierno de India, ven necesario producir fuera parte de los alimentos del país. Los cultivos de oleaginosas, legumbres y algodón se van a producir en el extranjero y continuarán con la producción nacional de trigo y arroz pues calculan que eso es más barato.

Birmania le abastece 1 millón de los 4 millones de toneladas de lentejas que India importa cada año para complementar su producción interna de 15 millones de toneladas. Ahora, en vez de comprarle a Birmania, los comerciantes y fabricantes indios quieren entrar y cultivar ahí, ellos mismos, las lentejas. Es más barato y tienen más control sobre el proceso.

Con el apoyo de su gobierno, las empresas indias rentan tierras agrícolas birmanas para producir cultivos destinados a India. El gobierno indio le proporciona a la junta militar birmana nuevos fondos especiales para mejorar su infraestructura portuaria, e impulsa un acuerdo bilateral de libre comercio e inversión, adaptado para allanar las diferencias en las políticas de ambos Estados. Ahora, los gerentes de las corporaciones de la India están comprando también plantaciones de palma aceitera indonesias y buscan en Uruguay, Paraguay y Brasil tierras para cultivar lentejas y soja.

Contradicciones.

“Invertir en agricultura” se ha convertido en un llamado a que prácticamente todas las autoridades y expertos encargados de resolver la crisis alimentaria mundial cierren filas. Y los diplomáticos e inversionistas saltan de país en país buscando tierras y haciendo propuestas. Pero los gobiernos cortejados aceptan rápidamente: son ingresos nuevos de capital extranjero para construir infraestructura rural, mejorar instalaciones de almacenamiento y embarque, consolidar establecimientos agropecuarios e industrializar sus procesos. En varios de esos acuerdos se prometen innumerables programas de investigación y mejoramiento genético.

No obstante, tras la retórica de los acuerdos en los que supuestamente todos salen ganando, el objetivo real no es el desarrollo agrícola o rural, sino el desarrollo de las agroempresas.

Hace unos meses, el primer ministro de Camboya, Hun Sen, anunció públicamente que daba en arrendamiento campos arroceros khmer a Qatar y Kuwait, para que éstos produjeran su propio arroz. Si bien no se especificó la región, debe ser bastante grande pues el gobierno obtiene a cambio casi 600 millones de dólares en préstamos. Al mismo tiempo, el Programa Mundial de Alimentos tuvo que comenzar a enviar ayuda alimentaria por un valor de 35 millones de dólares para mitigar el hambre que azota el ámbito rural en Camboya.

En Filipinas, donde mucha gente tuvo que reducir su ingesta de comida, desde marzo de 2008 Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Bahréin van una y otra vez al país a asegurar tierras para su propio suministro de alimentos. Para cortar de raíz toda controversia, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo logró introducir de contrabando el acuerdo de apropiación de tierras firmado con los Emiratos Árabes Unidos (donde muchos filipinos trabajan para mantener en marcha la economía filipina) según la nueva política industrial halal (conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana) de su gobierno. De este modo, el proyecto de los Emiratos Árabes Unidos aparece como un componente integral de un programa financiado por el gobierno para construir una nueva industria nacional, y no lo que realmente es: desviarle a extranjeros ricos tierras agrícolas fértiles y probablemente en disputa.

Los movimientos sociales de la región protestan porque los diversos fondos recibidos por Birmania a cambio del uso exclusivo de parte de sus tierras agrícolas son un apoyo subrepticio que se le brinda al régimen militar represivo que gobierna ese país. En Uganda estalló una enorme protesta pública cuando Reuters informó de las conversaciones del gobierno con el ministerio de Agricultura de Egipto, dando detalles de un arrendamiento de más de 840 mil hectáreas de tierras agrícolas ugandesas (¡2.2% de la superficie total de Uganda!) a empresas egipcias para producir trigo y maíz con destino a El Cairo. Los funcionarios de gobierno negaron el acuerdo, pero el parlamento de Uganda exigió una sesión de emergencia para investigar el tema.

Imán de inversión.

Ante el embate conjunto de crisis alimentaria y financiera, controlar la tierra es un nuevo imán para los inversionistas privados. No son las operaciones típicas de las agroempresas transnacionales —por ejemplo, que Cargill invierta en una planta de procesamiento de soja en el Mato Grosso de Brasil. Hablamos de asumir el control de tierras agrícolas. Los actores principales son la industria alimentaria y con mucho mayor peso las firmas financieras.

En los círculos de la industria alimenticia, las empresas japonesas y árabes de comercialización y procesamiento son quizás las más involucradas en adquirir tierras en el extranjero. Cinco conglomerados comerciales dominan el mercado de alimentos y agronegocios de Japón —Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni y Sumitomo— mediante la compra, el procesamiento, el transporte, la comercialización y la venta al público.

En gran medida se centran en satisfacer las necesidades del mercado interno japonés, pero ahora captan nuevos mercados en el extranjero, le dan más importancia que antes a la producción y ya poseen 12 millones de hectáreas de tierras agrícolas en el extranjero donde cultivan alimentos y forraje. Parte de esas tierras están en China, donde en 2006 Asahi, Itochu y Sumitomo comenzaron a arrendar cientos de hectáreas para producir alimentos orgánicos con destino a los mercados chino y coreano. En 2007, Asahi expandió su proyecto y creó el primer establecimiento lechero japonés en China. Un año después Asahi aprovechó la tragedia de la melamina en la leche para lanzar su primer producto de leche líquida con un precio 50% más caro: ¡el capitalismo del desastre en su mejor expresión! Las empresas japonesas también están metidas en Brasil (ver recuadro).

Fiebre por la tierra.

El cambio climático, la destrucción del suelo, la pérdida de las fuentes de agua y el estancamiento de los rendimientos de los cultivos dentro del paradigma del monocultivo se han vuelto la gran amenaza contra el futuro suministro de alimentos del planeta según la gente en el poder. Para ellos se traduce en poco margen de ganancia, precios elevados y urgencia de más tierra. Y las finanzas, que tanto apostaron y perdieron, están buscando refugios seguros y las tierras agrícolas son un juguete nueva que brinda dividendos. Es vital producir alimentos, los precios seguirán altos, hay tierra barata disponible: negocio redondo.

A lo largo de 2008, un ejército de casas de inversión, fondos de capitales privados, fondos de cobertura y otros por el estilo han estado comprando ávidamente tierras agrícolas en todo el mundo —con gran ayuda de organismos como el Banco Mundial, su Corporación Financiera Internacional y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, quienes allanan el camino para esta corriente de inversión y “convencen” a los gobiernos de que cambien las leyes de propiedad de la tierra. Los precios de la tierra suben y activan una vertiginosa  fiebre por adueñarse de tierras.

En septiembre de 2008 mientras todos los ojos estaban puestos nerviosamente en Wall Street, Deutsche Bank y Goldman Sachs ponían su dinero a resguardo inviertiendo en China, en los mayores establecimientos porcinos y avícolas, en las procesadoras de carne, y en derechos a tierras agrícolas. La empresa BlackRock Inc., con sede en Nueva York, una de las mayores administradoras de dinero del mundo, con casi 1.5 billones de dólares en sus libros, acaba de crear un fondo de cobertura agrícola de 200 millones de dólares, 30 millones de los cuales se utilizarán para adquirir tierras en todo el mundo. Morgan Stanley, que casi engrosa la fila de los rescatados por el Departamento de Hacienda estadounidense, compró 40 mil hectáreas de tierras agrícolas en Ucrania.

Muchos compiten por el fértil cinturón que desde Ucrania atraviesa el sur de Rusia. Renaissance Capital, casa de inversiones rusa, adquirió derechos sobre 300 mil hectáreas de tierras ucranianas. Black Earth Farming, un grupo sueco de inversiones, adquirió el control de 331 mil hectáreas de tierras en la región de tierra negra de Rusia. Alpcot-Agro, otra empresa sueca, compró los derechos de 128 mil hectáreas. Landkom, grupo británico de inversiones, compró 100 mil hectáreas de tierras en Ucrania y aspira a 350 mil hectáreas para 2011. En toda esta tierra se producirán cereales, aceite, carne y productos lácteos para quienes pueden pagarlo.

Los países escogidos en esta nueva tendencia —entre los que se cuentan Malawi, Senegal, Nigeria, Ucrania, Rusia, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Brasil, Paraguay o Australia— ofrecen tierra fértil, relativa disponibilidad de agua y cierto nivel de crecimiento de la productividad agrícola. El horizonte temporal del que hablan los inversionistas es, en promedio, de 10 años. Entienden que hay que hacer producir la tierra y crear infraestructura comercial —las tasas de retorno anuales proyectadas son de 10 a 40% en Europa o hasta 400% en África.

Cambios en la propiedad agraria.

Muchos países están cambiando leyes, políticas y prácticas sobre la propiedad de la tierra. China está en vías de una importante reforma que facilite que los campesinos vendan sus derechos al uso de la tierra, que de lo contrario sería propiedad del Estado en nombre del pueblo. La reforma facilitará que, a título individual, los agricultores vendan o arrienden sus derechos, y que utilicen sus títulos agrarios como garantías colaterales de préstamos. Esto puede alentar una enorme reestructuración del medio rural en China, que pasaría de los innumerables pequeños establecimientos agrícolas actuales —injustamente culpados de las últimas crisis de seguridad alimentaria de China— a una menor cantidad de grandes establecimientos, sobre los que las empresas podrán entonces tener derechos más sólidos. Se especula que muy pronto Ucrania depondrá su prohibición de venta de tierra a extranjeros. Sudán, donde la mayoría de la tierra es propiedad del gobierno, está emitiendo arrendamientos de 99 años a un precio muy bajo, si no es que gratis.

Pakistán tiene normas claras que permiten a inversionistas extranjeros ser dueños y trabajar en lo que se clasifica como “establecimientos agropecuarios empresariales”, donde las leyes laborales del país no se aplican.

El Banco Mundial y el Banco Europeo para la Investigación y el Desarrollo, asesoran activamente a los gobiernos para que modifiquen las políticas y prácticas de propiedad de la tierra de manera que los inversionistas extranjeros tengan más incentivos para volcar su dinero. Según funcionarios del Banco Mundial, cambiar las leyes de propiedad agraria es un objetivo integral del programa de 1 200 millones de dólares del Banco para manejar la crisis alimentaria en África. El Banco Europeo para la Investigación y el Desarrollo promueve una reforma de políticas agrarias en respuesta a la crisis alimentaria en Europa y Asia Central, con especial atención en los posibles grandes exportadores de granos: Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria y Kazajstán.

¿Y entonces?

Este auge de adquisición de tierras demuestra que los gobiernos perdieron su fe en el mercado. La crisis alimentaria mundial sacudió esa fe cuando los países se enfrentaron súbitamente a una falsa escasez ocasionada por la especulación más que por la oferta y la demanda. Los Estados del Golfo son bastante lúcidos en su intención de controlar o acaparar tierras agrícolas extranjeras para garantizar su abasto directo de alimentos, excluyendo lo más posible a los mercaderes y otros intermediarios, lo que reduce en un 20-25% sus gastos de importación. De todo lo anterior subyace un desprecio por los mercados abiertos y el libre comercio, tan laureados por los asesores occidentales en los últimos cuarenta años.

Con esta tendencia, los trabajadores, los campesinos y las comunidades locales inevitablemente perderán acceso a una tierra donde podrían producir alimentos localmente. Se está entregando la base misma sobre la que podría construirse soberanía alimentaria. Nada reemplaza la tierra ni la posibilidad de laborarla y vivir de ella.

Y el problema central es la reestructuración. Esas tierras (pequeñas propiedades o bosques) serán transformadas en grandes plantas industriales conectadas a lejanos mercados. Los campesinos no volverán a ser agricultores reales, haya o no trabajo. Ésta será tal vez la mayor consecuencia.

Se insiste que es necesario invertir más en agricultura y construir solidaridad entre los países del Sur creando una economía cooperativa, fuera del alcance del imperialismo (occidental o del Sur). Pero ¿qué agricultura? ¿Qué tipo de economías? ¿Quién controlará esas inversiones y quién se beneficiará de ellas?

Esas operaciones no harán mella en la crisis alimentaria ni traerán “desarrollo” necesariamente a las comunidades locales. Muchas de esas inversiones agrícolas en el extranjero son facilitadas mediante tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio más amplios, lo que dificulta la solución de futuros problemas.

Es muy probable que concederle tierras agrícolas a otros países o a inversionistas privados para producir alimentos que serán enviados a otra gente, le aseste duros golpes a las luchas de tantos movimientos que reclaman una reforma agraria genuina y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Muchos de los países escogidos son importadores netos de alimentos, con conflictos muy serios en torno a la tierra. En Pakistán, los movimientos campesinos ya suenan la alarma sobre 25 mil poblados que serán desplazados si se acepta la propuesta de Qatar de producir parte de su producción de alimentos en la provincia de Punjab. En Egipto, campesinos del distrito de Qena han estado luchando con uñas y dientes por recuperar 1 600 hectáreas que se le concedieron a Kobebussan, un conglomerado japonés de agronegocios, para producir alimentos con destino a Japón. En Indonesia, la finca arrocera saudita de Merauke, —1.6 millones de hectáreas entregadas a un consorcio de 15 empresas que producirán arroz para exportarlo a Riyadh—, desprecia el derecho nacional de los habitantes de Papúa que no encuentra cómo vetar el proyecto.

 La tenacidad del Banco Mundial y otros por facilitar el control agrario a los ávidos inversionistas extranjeros como solución retorcida a la crisis alimentaria, puede culminar en conflictos explosivos.

Es verdad que algunos acuerdos reservan parte de los alimentos producidos para las comunidades de la región o para el mercado interno del país huésped. Algunos incluyen agendas sociales, la construcción de hospitales o escuelas. Pero promueven un modelo industrial de agricultura con grandes fincas empresariales que genera pobreza y destrucción ambiental, exacerba la pérdida de biodiversidad, contamina con agroquímicos y organismos genéticamente modificados, y afianza la agricultura orientada a la exportación —fórmula que provocó que la crisis alimentaria 2007-2008 fuera tan difícil para tanta gente, sobre todo en Asia y África.

Por último: ¿qué ocurre en el largo plazo cuando concedes el control de las tierras agrícolas de tu país a naciones e inversionistas extranjeros?

Esta es una versión resumida. El documento completo está disponible en: http://www.grain.org/briefings/?id=214 Las fuentes pueden consultarse en http://tinyurl.com/landgrab2008.