Declaración de Heredia - Clima, bosques y plantaciones
Organizaciones de la sociedad civil de todos los continentes nos hemos reunido en Costa Rica entre el 24 y el 28 de marzo para compartir experiencias, visitar comunidades campesinas, reflexionar y generar propuestas sobre la temática de clima, bosques y plantaciones.
En la primera parte de nuestro encuentro visitamos comunidades campesinas de la zona norte y pudimos verificar el impacto del monocultivo de piña sobre comunidades locales, sus territorios, sus fuentes de agua, su salud y los ecosistemas locales y comprobar que las comunidades campesinas continúan protegiendo sus bosques y regenerándolos frente a todas las agresiones que reciben.
Pudimos constatar la imposición de un modelo agroexportador que se repite con distintas formas y productos a lo largo de todo el globo y que nos conduce hacia la presente debacle ambiental. Este modelo de exportación de productos básicos, con sus monocultivos, el uso intensivo de agroquímicos, el transporte de productos a través de miles de kilómetros para el consumo de un norte opulento es una de las principales causas de la actual crisis climática.
Costa Rica se vende al mundo como un país “verde” que defiende sus bosques y su biodiversidad. Sin embargo hemos verificado que ésta es una imagen falsa que no refleja la realidad que vive el pueblo y el ambiente en Costa Rica.
Después de dos días de reflexionar sobre las causas que han llevado a nuestra sociedad a esta situación y sobre la propuestas que desde los ámbitos oficiales se están realizando queremos compartir nuestras conclusiones, nuestros compromisos y nuestras propuestas para enfrentar el cambio climático.
Nuestra primera conclusión es que el cambio climático es la consecuencia inevitable de un sistema socioeconómico y político que ha convertido a la naturaleza y a las personas en una mercancía y que si bien es una de las amenazas más serias que deberemos enfrentar hacia el futuro, es parte de una cadena de crisis que vienen sucediéndose los últimos años.
En segundo lugar hemos llegado a la conclusión de que ninguna de las soluciones propuestas desde los ámbitos gubernamentales y de Naciones Unidas enfrenta realmente las causas del cambio climático.
Hemos concluido que el mercado de los bonos de carbono, el mecanismo conocido por su sigla en inglés como redd, el pago por servicios ambientales y todos los mecanismos de mitigación o compensación basados en el mercado son instrumentos que no sólo no cumplen el objetivo declarado, sino que avanzan en la mercantilización de toda la vida y por lo tanto en la destrucción de nuestro planeta y en el agravamiento del cambio climático. Todos estas propuestas se convierten en “blancos móviles” que cambiando permanentemente intentan distraernos de los verdaderos problemas.
El mercado global y sus grandes corporaciones se han apropiado de las negociaciones sobre cambio climático en las Naciones Unidas y las han secuestrado, convirtiéndolas en un espacio para negocios que de ninguna manera responden a las necesidades y las medidas que urgentemente se deben tomar.
El Banco Mundial, que ha sido responsable de financiar la destrucción del planeta, ahora está adoptando un papel de liderazgo en las negociaciones sobre clima, promoviendo modelos de mercado fracasados que convierten en una burla los intentos de enfrentarse a la crisis climática.
Tampoco las tecnologías que se están desarrollando como respuesta, tales como los agrocombustibles, nuevas variedades de transgénicos, el uso del “biochar” y otras similares son una respuesta real al cambio climático. Detrás de todas estas falsas soluciones están las grandes corporaciones con la complicidad de los gobiernos, que se han convertido en simples facilitadores de los negocios de las mismas. Al mismo tiempo, son también los gobiernos quienes promueven la represión y la criminalización de las personas y organizaciones que resisten a la imposición de plantaciones, monocultivos y todas estas falsas soluciones.
Por este motivo, nos hemos comprometido a desarrollar nuestra propia agenda, centrada en las necesidades y luchas de nuestros pueblos, para generar y contribuir a un movimiento social amplio que busque transformar este sistema desde abajo hacia arriba.
En este marco, la defensa del clima, los bosques y otros ecosistemas de la mano de los pueblos es la única alternativa posible para el futuro que estamos construyendo. Las mujeres desempeñan un papel de liderazgo fundamental en el camino hacia un cambio de relaciones entre las personas y con la naturaleza que privilegie la cooperación por sobre la dominación y el control.
Al mismo tiempo rechazamos las plantaciones y monocultivos porque desplazan comunidades, destruyen bosques, contaminan el planeta y generan más cambio climático y éste será uno de los puntos principales de nuestra agenda a futuro. Definitivamente resaltamos que las plantaciones no son bosques.
Sobre esta base es que nos proponemos:
1. La defensa de la tierra y territorios en oposición a cualquier tipo de concentración de la tierra en poca manos. Proponemos la realización de una reforma agraria integral, partiendo de la integración solidaria de mujeres y hombres con su tierra y protegiendo el agua y la biodiversidad que nos sustenta. Nos oponemos terminantemente a las reformas agrarias de mercado promovidas por el Banco Mundial, que sólo buscan el desplazamiento de las comunidades para ocupar sus territorios. Nuestra propuesta es relacionarnos con la tierra de manera respetuosa y sin agredirla. Entendemos que defender el territorio es defender nuestra cultura y nuestro modo de relacionarnos entre nosotros y con la tierra.
2. Soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir sobre todo lo concerniente a la producción de alimentos y la agricultura. La soberanía alimentaria comienza con la defensa de las semillas criollas y el vínculo con la naturaleza. Para poder ser soberanos necesitamos producir localmente y de manera diversificada la mayor parte de nuestros alimentos para nuestro consumo en armonía con la naturaleza y de esta manera podemos producir alimentos para todos, “enfriando el planeta” y combatiendo el cambio climático. Éste es el camino para lograr pueblos y ecosistemas saludables y en equilibrio.
3. Oponernos a los mecanismos de mercado para el clima, resistiéndolos y denunciándolos. Denunciaremos en todos los ámbitos posibles la falsedad de los bonos de carbono, el mecanismo redd o todas las propuestas similares que puedan surgir a futuro. Nos comprometemos a explicar en todos los ámbitos posibles con claridad las razones por las que estos mecanismos jamás podrán dar una respuesta a la actual crisis climática.
Estos objetivos los concretaremos a través de realización de actividades en las que nos iremos coordinando y apoyando:
* Educación y concientización a través de la producción de materiales educativos, audiovisuales y todas aquellas herramientas que permitan ampliar la base de personas concientes de la problemática.
* Realización de estudios de caso para documentar los impactos del cambio climático y sus falsas soluciones, acompañando a las comunidades afectadas en sus denuncias.
* Creación de alianzas con todos los movimientos sociales que cuestionan este sistema socioeconómico: organizaciones campesinas, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, organismos de derechos humanos, sindicatos, etcétera.
* Apoyo a los movimientos de afectados por el cambio climático para ayudar a que su voz se escuche y fortalecer su estrategias de sobrevivencia.
* Trabajo a nivel local, nacional e internacional de manera coordinada y solidaria.
Volvemos a nuestros países hermanados con el pueblo de Costa Rica en sus luchas contra los Tratados de Libre Comercio y en defensa de la biodiversidad, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.
Heredia, Costa Rica, 28 de marzo de 2009
El doble discurso del carbono neutral
Javier Baltodano, Coecoceiba-Amigos de la Tierra Costa Rica. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Calentamiento Global (ipcc) señala en su último informe que la temperatura promedio de nuestro planeta está incrementando y podría elevarse de 3 a 6 grados centígrados en el presente siglo si no se logra reducir las emisiones de dióxido de carbono (co2) entre 60 y 80%.
Sin embargo, los gobiernos y las empresas abordan el tema con un doble discurso. En vez de asumir la responsabilidad y promover reducciones concretas de emisiones alejándose del uso de los combustibles fósiles, se limitan al juego de las compensaciones y mercados del carbono. Así, los niveles de consumo y producción de co2 se mantienen sin cambio mientras se compran a manera de indulgencia o con intención publicitaria las reducciones que supuestamente otros llevaron a cabo.
Más que reducir emisiones de su fuente, las propuestas conocidas como Carbono Neutral dicen compensar mediante el comercio de las emisiones. (Un crédito es igual a una tonelada de carbono que supuestamente se deja de emitir o se retira de la atmósfera.) Por ejemplo, uno de los esquemas de compensación utilizados, se relaciona con la siembra de arbolitos. En teoría los arbolitos crecen y fijan en su madera carbono que toman de la atmósfera. Se dice que sembrar 2 hectáreas de bosque tropical compensa el carbono emitido por un europeo promedio durante un año. Pero no se especifica que no es bosque lo sembrado sino plantaciones de árboles en monocultivo, que usan gran cantidad de insumos y destruyen la biodiversidad.
Se dice también que con 25 dólares se financia la siembra de cinco arbolitos que compensan el carbón emitido durante un viaje en avión. Pero nadie garantiza el futuro de los arbolitos. A menudo ni siquiera se garantiza la sobrevivencia del primer año.
Tampoco se reflexiona sobre el hecho de que las estimaciones de fijación de co2 por parte de una plantación de árboles posee niveles altos de incertidumbre.
Mucho menos se informa si las compañías encargadas de la siembra desplazaron campesinos o indígenas para sembrar esos arbolitos y menos se analiza que oficializar el comercio de carbono crea una especie de “derechos de contaminación de la atmósfera” lo que viene a impulsar el proceso de privatización del último de los grandes espacios comunes.
En Costa Rica, la actual política oficial para enfrentar el Cambio Climático se limita al discurso C-Neutral. Se publicita la siembra de 5 millones de arbolitos durante el 2007, pero no se menciona que 80% fueron árboles de especies exóticas, de crecimiento rápido, sembrados por empresas como parte de un negocio. Tampoco se dice que van a ser cortados mediante tala rasa en un lapso relativamente corto y que una buena parte será aprovechado en fabricar tarimas para la exportación de frutas. Estas tarimas por lo general se desechan a los pocos días, liberando el carbono fijado. No es casual que la primera empresa en declararse C-Neutral fue justo una transnacional productora de fruta. La misma declaró que iba a neutralizar únicamente las emisiones producto del transporte terrestre de su fruta en Costa Rica mediante la compra de créditos de carbono a la institución que justamente subvenciona las plantaciones de arbolitos utilizados en la producción de tarimas.
Mientras los mercados de carbono alcanzan tasas de crecimiento de 300%, generando intercambios de varios cientos de millones de euros al año, las emisiones también crecen. Las inversiones en la producción de combustibles fósiles incrementaron 70%, llegando a 340 millones de euros anuales hacia 2005. Es decir, los mercados de carbono no ayudan a disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. El mercado libre y voluntario no es la manera de saldar la deuda ecológica ni de financiar la conservación de bosques. Se deben establecer, a nivel internacional, cánones y regulaciones drásticas a la contaminación de la atmósfera.
Se necesita crear, con estos cánones, fondos internacionales de fomento a la restauración y conservación de bosques cuya administración implique la participación de los pueblos indígenas y las comunidades relacionadas al bosque. Hay que erradicar también la íntima relación entre los gobiernos y las empresas del petróleo, del transporte, la fabricación y la comercialización de vehículos. Fomentar políticas alternativas que nos desintoxiquen de los combustibles fósiles. Urge promover, tal y como lo señalan organizaciones ecologistas y campesinas en todo el mundo, la soberanía alimentaria sustentada en la parcela campesina, en sistemas agroforestales y en mercados locales que reduzcan drásticamente las necesidades de transporte masivo de alimentos y de uso de agroquímicos que caracteriza la producción agropecuaria industrial, responsable de mucho del calentamiento global.
Arroz transgénico en Brasil
Silvia Adoue, Radioagencia np, 19 de marzo de 2009. Organizaciones ambientalistas están en campaña contra la liberación comercial de una variedad de arroz transgénico en Brasil. La variedad ll62 pertenece a la multinacional Bayer y será el tema de una audiencia pública en Brasilia, capital del país. El día siguiente, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (ctnBio) tiene marcada una reunión en la cual el producto de la Bayer será motivo de discusión.
De acuerdo con el coordinador de la campaña de Transgénicos de Greenpeace, Rafael Cruz, los transgénicos hasta hoy no fueron debidamente estudiados. Sin embargo, en la opinión del especialista, la ctnBio no se caracteriza por el principio de precaución.
“Si Brasil autoriza el plantío de ese arroz, será el primer país que lo siembre con fines comerciales y que comerá un arroz que posee efectos desconocidos para la salud humana. Se sabe que los residuos agrotóxicos pueden implicar pérdida de la masa neurológica. Las pruebas realizadas mostraron que las cobayas transmitieron residuos en la leche materna para sus hijos. Entonces, la campaña pide básicamente que las personas digan no al arroz para no ser cobayas.”
Según Cruz, en la época de la autorización del maíz transgénico de la Bayer, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) requirió más estudios sobre el herbicida glufosinato de amonio, el mismo utilizado en el arroz. Pero, la ctnBio ignoró el pedido y aprobó el producto.
Europa, que autorizó el uso del herbicida, dio marcha atrás y ya decidió que no renovará su licencia.
¿Es peligrosa la nueva ley estadunidense hr 875?
Según Simon C. Hart, director del programa latinoamericano de la organización Where There be Dragons (www.wheretherebedragons.com) la nueva ley de seguridad en los alimentos conocida como hr 875, que sometió al Congreso la representante Rosa DeLauro el 4 de febrero de 2009, es un nuevo instrumento que “virtualmente criminaliza todos los cultivos orgánicos” con el pretexto de que ponen en riesgo la seguridad de los alimentos. Dice Hart: “Con esta legislación, las semillas orgánicas tradicionales, transmitidas de generación en generación, se consideran de hecho ‘semillas contaminantes’, una amenaza para la ‘seguridad’ en los alimentos”.
En su artículo “Monsanto’s dream bill” [“La soñada ley Monsanto”], aparecido el 9 de marzo en Opednews, (http://www.opednews.com/
articles/Monsanto-s-dream-bill-hr-by-Linn-Cohen-Cole-090309-337.html) Linn Cohen-Cole afirma que la citada ley “es monstruosa nivel tras nivel. Son el poder que le otorgará a Monsanto, la criminalización de cualquier banco de semillas, los términos por los cuales pueden los agricultores caer en prisión, las multas confiscatorias en las que pueden incurrir, el rastreo satelital de sus animales, las facilidades que le otorga a los funcionarios para que se metan en las propiedades de los granjeros sin ningún requisito legal, el despojo de sus derechos de propiedad, la imposición de los criterios internacionales ‘industriales’ (que son el lado voraz, sucio empresarial y anticampesino) a los establecimientos agropecuarios independientes —la única parte de nuestro sistema alimentario que todavía funciona— y por último la eliminación planeada de los agricultores mediante estos elementos”. Para Linn Cohen Cole, “las corporaciones quieren la tierra, quieren más industrialización intensiva, quieren ponerle fin a los animales normales para sustituirlos con ejemplares diseñados genéticamente y que serán propiedad de las empresas, quieren ponerle fin a las semillas nativas normales y como tal al resguardo y ahorro de las semillas que hacen los agricultores y las personas. Quieren el control de todas las semillas, los animales, las plantas y la tierra”.
Para Simon C. Hart, es casi imposible que dicha ley tan disparatada pase (apenas está en los primeros periodos de revisión), pero “históricamente está en la línea de la legislación agrícola federal. Políticas semejantes ‘tan absurdas’ son responsables de la desaparición de los ranchos familiares en muchas de nuestras comunidades.
El proyecto de ley hr 875 es un legajo enorme y engorroso pero vale la pena revisarlo para encontrar un espejo de las varias leyes de semillas, o de leyes relativas a aspectos de agricultura y alimentación que en otros países legalizan ya la avidez de control que ahora se cierne también sobre los agricultores estadunidenses.
El mito de las tierras marginales
The Gaia Foundation, Biofuelwatch, African Biodiversity Network, Salva la Selva, Watch Indonesia, Econexus. Se les llama tierras marginales, ociosas, degradadas, subutilizadas, eriales, dormidas, tierras de cultivo abandonadas. Con todos estos términos se promueve una “solución” a los impactos de los crecientes cultivos de agrocombustibles. En parte para responder a las acusaciones de que los agrocombustibles compiten con la producción de alimentos, algunos planificadores ya proponen que esos cultivos se siembren en tierras llamadas ociosas o marginales.
Se nos dice que hay millones de hectáreas por todo el mundo, especialmente en África, y que no son de importancia ni para la diversidad ni para secuestrar carbono, que no juegan en la producción de alimentos ni en garantizar (eso nos dicen) el sustento de la gente. Algunos proponen que plantar en “tierras marginales” los agrocombustibles, será muy positivo, que dará ingresos a las comunidades locales además de brindar alternativas a los combustibles fósiles en el mercado.
Se ha dicho que incluso debería haber incentivos al uso de esas dizque tierras marginales como licencias para emitir más co2. Hay la suposición extendida de que los países en desarrollo tienen vastas superficies de erial que esperan a que alguien les dé buen uso.
Pero si miramos con mayor detalle estas tierras “marginales” resulta que tales tierras definidas como “marginales”, “erial”, “ociosas”, son vitales para el sustento de familias campesinas, de pastores de las mujeres o los pueblos indígenas. Lo que los gobiernos o las cor-poraciones consideran tierras “marginales” son de hecho tierras que han estado bajo régimen comunal o que tienen usos tradicionales durante muchas generaciones. Que no son privadas ni tienen una producción agrícola intensiva.
La vida de los pueblos que las utilizan ha sido ignorada. Las comunidades que se relacionan con estas tierras ricas en biodiversidad, que se alimentan de ellas, que le sacan provecho, que sirven para pastoreo o para colectar medicamentos tradicionales no entienden que se ignore el valor de su existencia.
Datos de la desaparición de las lenguas
“Según el Atlas unesco de las lenguas del mundo en peligro de desaparición”, dice una nota de Agencia de Noticas del Ecuador y unesco, “más de 200 de los 6 mil idiomas existentes se han extinguido en el curso de las tres últimas generaciones, 538 están en situación crítica, 502 están seriamente en peligro, 632 tienen riesgo de perderse y 607 se hallan en situación vulnerable”.
El Atlas indica que “199 idiomas cuentan con menos de diez hablantes y 178 más tienen un número de hablantes que va de los 10 a los 50. Entre las lenguas muertas recientemente, el Atlas cita el manés de la Isla de Man, que se extinguió en 1974 con la muerte de Ned Maddrell; el aasax de Tanzania, extinguido en 1976; el ubyh de Turquía, que se extinguió en 1992 con la muerte de Tefvic Esenc, y el eyak de Alaska, que desapareció en 2008 con la muerte de Marie Smith Jones”.
El Atlas se detiene a considerar cuál es el futuro de algunas lenguas. “En el África Subsahariana, cuya población se entiende en más de 2 mil idiomas (casi un tercio de todos los del mundo), es muy probable que un 10 por ciento de estas lenguas desaparezcan en los próximos cien años. India, Estados Unidos, Brasil, Indonesia y México, países con gran diversidad lingüística, son al mismo tiempo los que tienen más lenguas en peligro”.
Con todo, la alarma no es sistemática y obedece a condiciones complejas que habría que determinar caso por caso. “Papua Nueva Guinea, el país con la mayor diversidad lingüística del mundo (más de 800 lenguas), es también uno de los que, proporcionalmente, tiene menos en peligro (sólo 88 de sus lenguas). Hay lenguas que el Atlas señala como extintas y que son objeto de una revitalización activa. Es el caso del córnico (Cornualles) o el sîshëë de Nueva Caledonia, que podrían transformarse de nuevo en lenguas vivas”.
Para el director general de unesco, Koichiro Matsuura, “La desaparición de una lengua conduce a la desaparición de varias formas de patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del legado invaluable de las tradiciones y expresiones orales de la comunidad que la habla… la pérdida de los idiomas indígenas va también en detrimento de la biodiversidad, porque las lenguas vehiculan numerosos saberes tradicionales sobre la naturaleza y el universo”.
¡No al maíz transgénico!
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
Al gobierno de México
Al Convenio de Diversidad Biológica / Protocolo Internacional
de Cartagena sobre Bioseguridad
A la Organización de Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas / FAO
Las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, ambientales, de educación popular,
organizaciones de base, comunidades eclesiales, grupos de productores, integrantes de movimientos urbanos,
académicos y científicos, analistas políticos de la Red en Defensa del Maíz, rechazamos enérgicamente
la siembra de maíz transgénico en México. Es un crimen histórico contra los pueblos del maíz,
contra la biodiversidad y contra la soberanía alimentaria, contra diez mil años de agricultura campesina
e indígena que legaron esta semilla para el bien de todos los pueblos de mundo.
Declaramos que el decreto presidencial del 6 de marzo del 2009, que permite la siembra de maíz transgénico, intencionalmente no considera que:
México es centro de origen y diversidad del maíz. Existen más de 59 razas reconocidas y miles de variedades, que serán indefectiblemente contaminadas.
Los pueblos indígenas y campesinos son quienes han creado y mantienen este tesoro genético del maíz, uno de los principales cultivos de los que depende la alimentación humana y animal en el planeta.
El maíz es alimento básico de la población mexicana. En ninguna parte se ha evaluado su consumo cotidiano y en grandes cantidades, como sucede aquí. Existen estudios científicos que, con mucho menor consumo, reportan alergias y otros impactos a la salud humana y de los animales alimentados con transgénicos.
Las variedades de maíz transgénico que se propone plantar en el país no resuelven los problemas de la agricultura mexicana: son más caros, pues el costo de las semillas y la licencia son mayores que los cultivos convencionales; no aumentan los rendimientos (son iguales o incluso los disminuyen, a menos que exista una muy fuerte incidencia de plagas que no son frecuentes en México); utilizan más plaguicidas, pues emiten la toxina Bt constantemente, generando resistencia y plagas secundarias que deben controlarse con otros plaguicidas.
Provocarán daños a la diversidad biológica y al ambiente: al ser México un país megadiverso, ningún estudio realizado en otras condiciones es aplicable pues las variables e interconexiones aumentan exponencialmente.
Por ser un cultivo de polinización abierta es imposible evitar la contaminación transgénica del maíz cuando se siembra a campo abierto. La contaminación ocurre también en los almacenes, transportes, industrias.
Los transgénicos no sirven para la agricultura campesina ni orgánica, pero irremediablemente contaminarán las variedades nativas y criollas de maíz, además de ser una amenaza para la producción orgánica que perderá su nicho de mercado.
Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación.
Los pueblos originarios de México crearon el maíz y han sido los guardianes y creadores de la diversidad de variedades que actualmente existe. De la integridad de sus derechos dependerá la soberanía alimentaria y la preservación de esta diversidad. Por ello, la contaminación transgénica es una herida a la identidad de los pueblos mesoamericanos y atenta contra diez mil años de agricultura. La siembra de maíz transgénico es un ataque frontal a los pueblos originarios y campesinos y una violación a sus derechos.
El maíz para los pueblos que constituimos México no es una mercancía, si no el origen de una civilización y base del sustento de las vidas y economías campesinas.
No permitiremos que se pierdan nuestras semillas, ni que se contaminen por transgenes propiedad de empresas transnacionales. No acataremos las leyes injustas que criminalizan las semillas y la vida campesina. Seguiremos cuidando el maíz y la vida de los pueblos.
Responsabilizamos de la pérdida y daños al maíz mexicano a las corporaciones productoras de semillas transgénicas; al poder legislativo que aprobó una Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Ley Monsanto) a favor de las empresas, al gobierno de México, a los secretarios de Agricultura, Medio Ambiente y a la Cibiogem que son responsables de las medidas finales para eliminar toda protección legal al maíz. Por todas estas razones:
Rechazamos la siembra experimental o comercial de maíz transgénico y exigimos su prohibición en México.
Rechazamos la “Ley Monsanto”, su reglamento y cualquier otra forma de criminalización de las semillas campesinas.
Rechazamos el monitoreo gubernamental de las milpas campesinas, porque es usado como pretexto para eliminar aún más semillas campesinas.
Nos comprometemos y llamamos a todas las comunidades y pueblos indígenas y campesinos a defender las semillas nativas y a continuar sembrando, guardando, intercambiando y distribuyendo sus semillas propias, así como a ejercer el derecho sobre sus territorios e impedir la siembra de maíz transgénico.
Llamamos a la población a exigir que todos los alimentos que comemos diariamente garanticen estar libres de transgénicos. Llamamos a los organismos internacionales a condenar al gobierno de México por esta violación a los derechos ancestrales de los campesinos, a la biodiversidad, a la soberanía alimentaria y al principio precautorio en centros de origen de un cultivo básico para la alimentación y economía mundial.
Red en Defensa del Maíz
Más información: http://www.endefensadelmaiz.org
Rechazo al Tratado de Libre Comercio con la UE
Tras la salida de Nicaragua de la mesa de negociación, la ronda de negociaciones entre la ue y América Central ha sido suspendida. Con esta salida las políticas agresivas de la ue por el momento fueron bloqueadas.
La Coordinadora Europea Via Campesina felicita a las organizaciones de Vía Campesina en Centroamérica y a las otras organizaciones de los sectores sociales por su gran oposición a estas negociaciones y su resistencia exitosa.
El denominado Acuerdo de Asociación no es más que un Tratado de Libre Comercio que tiene como objetivos principales la liberalización, a favor de grandes empresas multinacionales y la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos (salud, vivienda, educación, agua, telefonía entre otros).
Con el Acuerdo de Asociación, la ue intenta continuar con su agenda neoliberal, descrita en la estrategia “Europa Global”, ya fracasada y que no se ha podido realizar dentro de la omc. Por más que este acuerdo incluya algunas cláusulas de derechos humanos o de medioambiente, queda claro que éstas lo que pretenden es que las empresas transnacionales se apoderen de los servicios públicos, recursos naturales, sistema financiero, biodiversidad y recursos genéticos que son abundantes en la región centroamericana. Respaldamos la decisión del gobierno nicaragüense de abandonar la mesa y llamamos a los gobiernos centroamericanos a tomar en cuenta las necesidades de sus pueblos y no defender los intereses de las multinacionales.
En el ámbito de la agricultura es obvio que los intereses de la agroindustria pretenden imponer un modelo depredador, agroexportador y altamente dependiente de la tecnología y del capital financiero europeo. Este tratado pone en peligro la región centroamericana porque mediante las patentes la región perderá sus semillas criollas, los saberes ancestrales, la soberanía de los pueblos y la producción de alimentos sanos.
Además, les roban a las comunidades campesinas la posibilidad de ejercer su función principal de provisión de alimentos a nivel local. En realidad lo que está en juego en los tlc con Europa son modelos totalmente diferentes, es decir, la ue impulsa el modelo agro-industrial y los campesinos/as e indígenas de Centro América y Europa optamos por el modelo de la Soberanía Alimentaría.
La Coordinadora Europea Via Campesina y La Via Campesina de Centroamérica con otros sectores sociales de la región rechazamos cualquier pretensión de reactivar las negociaciones en las condiciones que se ha venido negociando en absoluta desigualdad atentando con la soberanía y la integración de los pueblos centroamericanos.
¡El comercio desigual,
es un acto criminal!
Globalicemos la lucha,
Globalicemos la esperanza
Coordinadora Europea
Via Campesina y
La Via Campesina Centroamérica,
8 de abril 2009
www.viacampesina.org
www.eurovia.org
Ecuador
El malestar por la minería
Durante todo el periodo de gobierno de Rafael Correa ha estado a discusión la ley minera que otorga amplias potestades a las empresas para explotar varios tipos de minerales por todo el país.
En un comunicado del 12 de enero de este año, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) criticaba que desde el propio Ejecutivo que se anuncia progresista, se promoviera una ley minera de carácter neoliberal que “generará graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para el país”. Conaie afirmaba: “Hemos venido insistiendo por todos los medios en que es imperativo un debate nacional serio, responsable y riguroso sobre la minería en el país y hemos emplazado al presidente y a los ministros diversos que hablen al país con la verdad: la minería a gran escala y a cielo abierto, que es la que se pretende imponer en el país con la actual ley minera, es una práctica lesiva en todos los países donde se ha practicado”.
Para Conaie, como para muchas organizaciones de la sociedad civil, con la ley minera “se ha desconocido derechos fundamentales como el de la consulta, y no hay garantías suficientes para la protección del entorno natural y del agua”. En su comunicado, la Conaie puntualizaba que “es de conocimiento mundial que esta actividad genera graves impactos de orden ambiental si no se la hace con el máximo rigor”, y agregaba que hay imágenes y testimonios “sobre la violencia contra las comunidades que resisten a la ley minera: decenas de hombres y mujeres asfixiados por los gases lacrimógenos, incluso niños y personas de la tercera edad, un líder que fue desaparecido en perfecto estado de salud y que ahora apareció gravemente herido, su vida está en peligro… Decenas de comunidades están sumidas en una situación de terror al saber que sus tierras están concesionadas a empresas transnacionales y que muchas de ellas deberán abandonar sus hogares o cohabitar con una industria que los matará progresivamente de contaminación y destrucción de su hábitat”.
En su evaluación, la Conaie insistía: “No hay minería segura a nivel mundial. En las minas de mayor control y donde se ha usado alta tecnología se han dado accidentes graves que han contaminado irreversiblemente cuencas de agua e intoxicado a cientos de personas… El país aún no cuenta con la tecnología ni con las instancias de control que reduzcan a la expresión mínima de estas tragedias. La experiencia de la Amazonía Norte debe servirnos de escuela: la contaminación originada por la explotación petrolera es gigante, irreversible y cientos de ecuatorianos y ecuatorianas han sido víctimas de lo que se considera una hecatombe ambiental. Nos preguntamos si esto se entiende en el gobierno actual o simplemente no se lo quiere entender y se considera que el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a vivir en paz y seguridad y a la salud es para unos pocos ecuatorianos y que la muerte de otros es el precio a pagar por lo que erradamente se ha llamado progreso”. Por último, la Conaie alertaba: “Se está criminalizando la protesta social, se está estigmatizando irresponsablemente a personas y organizaciones y se está satanizando posiciones que desde el inicio han pedido diálogo, debate, transparencia, responsabilidad”.
Pese a todo, la ley minera se aprobó. El 31 de marzo pasado, afirmaba Gloria Chicaiza en un comunicado de Acción Ecológica, “representantes de los Sistemas Comunitarios de Agua de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, y varias comunidades de la provincia del Azuay, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad por la aprobación en enero de la Ley Minera. Esta acción se suma a la demanda de inconstitucionalidad que presentó la Conaie el pasado 17 de marzo”. Para los usuarios de los sistemas de agua del Azuay la multicitada ley minera viola varios derechos establecidos en la nueva Constitución: “El derecho a la consulta, los de la naturaleza, el derecho humano al agua y la prelación en su uso, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al buen vivir, el derecho que garantiza la alimentación. También se violentan Convenios Internacionales como el 169 de la oit, la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas entre otros”.
“Esta nueva demanda”, afirma en su comunicado Acción Ecológica “evidencia el proceso sostenido y creciente de oposición que mantienen las comunidades afectadas por proyectos mineros de gran escala a la reciente ley minera aprobada, sobre la que ya se viene dando una lluvia de acciones legales. El compromiso expresado por el presidente de la Corte Constitucional de actuar con justicia pone la mirada nacional e internacional sobre el cumplimiento de su palabra, basado en los principios de avanzada que rigen la nueva Constitución y que le han dado enorme reconocimiento fuera del país”.
Argentina
Fiebre minera en territorio mapuche
Marcelo Maggio y Nicolás Gildenegers, Biodiversidadla. El gobierno de Neuquén otorgó permiso de exploración a una empresa minera de accionistas chinos y californianos en territorio mapuche. La futura mina de cobre se ubicará a 12 kilómetros al sur de Loncopué, a orillas del río Agrio y al pie del cerro Tres Puntas, en territorio de la comunidad Mellao Morales. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida resiste este proyecto y le dice “No a la Mina”.
Loncopué se ubica en zona cordillerana y la separan 376 kilómetros de la capital de Neuquén. Con poca vegetación y especies en riesgo de extinción, la atraviesa el río Agrio, cauce que nace del volcán Copahue. Una geografía provincial cuyos nombres remiten de modo permanente a la cultura mapuche, a cuyas comunidades los gobiernos locales se empeñan en avasallar de modo sistemático.
Emprendimientos Mineros sa es una empresa constituida principalmente con capitales chinos, presidida por Jihuan Wo. La otra accionista es A Grade Trading, compañía con sede en Los Ángeles, California. En Argentina estos capitales ya se encuentran explotando la mina de hierro de Sierra Grande (río Negro).
La mina se sitúa en Campana Mahuida, un paraje que está 15 kilómetros al sur de la localidad de Loncopué. Allí viven criollos y mapuche. En 2007 la empresa CorMiNe (Corporación Minera de Neuquén, una sociedad del estado provincial) hizo contrato de exploración con opción a compra por parte de Emprendimientos Mineros sa. La compañía china compró los derechos en abril de 2007 y a partir de allí comenzó a proyectar su mina de cobre. Ni gobierno ni empresa consultaron a los pobladores y productores de la zona, que están amenazados por otras nueve minas en la comarca (proyectos que involucran la propiedad de ex-legisladores y de la familia Sapag).
La población de Loncopué sabe que el método de extracción será el que ya han hecho tristemente célebre en Argentina las empresas mineras Barrick Gold (Veladero, San Juan) y Xstrata (La Alumbrera, Catamarca): volado de montañas con dinamita y lixiviación de roca con ácido sulfúrico, el método de la “minería a cielo abierto”.
Se dinamitarán a diario 28 mil toneladas del cerro Tres Puntas. Las voladuras generan levantamiento de polvo contaminante en la atmósfera, lo que afecta la salud de los habitantes, los animales y la vegetación de vastas zonas, según el viento. Como se usan camiones de gran altura y tamaño, destruyen los caminos y contribuyen a esparcir el polvo que permanecía oculto en las montañas. El ácido sulfúrico con el que se rocía la roca se filtra en las capas de agua superficiales y en las subterráneas. Como Emprendimientos Mineros sa estima que no puede adquirir suficiente ácido sulfúrico en Neuquén, establecerá una planta en el territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales. Las nubes tóxicas que generan estas plantas precipitan como lluvia ácida y no sólo afectarán la zona, sino que, por las características de la Patagonia, estas nubes pueden recorrer hasta mil kilómetros, afirman los vecinos de la asamblea de Campana Mahuida.
Hay dos insumos fundamentales para la minería a cielo abierto: agua y electricidad. Según averiguó la asamblea, como la electricidad de la zona no es suficiente, ni es posible hacer un tendido de alta tensión por los campos (pues hay fuertes negativas de la población), la empresa evalúa producir electricidad mediante un generador diesel, mediante la constante quema de combustible fósil. El más grave de los puntos es que el agua necesaria para rociar las pilas de roca triturada provendrá de las fuentes de agua en la zona, el río Agrio, que también será el lugar donde se volcará parte de los residuos. Y el problema entonces pasará a ser de gran parte de la provincia, desde Zapala y Cutral-Có hasta Neuquén capital, adonde llegará el ácido sulfúrico y el gasoil que derramen en el río Agrio. Toda la cuenca se verá afectada porque el Agrio es uno de los afluentes del río Neuquén.
Cristian Hendrickse participa en la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida y colabora como asesor legal.
Él explica: “el gobierno apoya este emprendimiento y apoya la minería en general. Para ellos, Neuquén tiene una matriz económica de cuatro puntos: el petróleo, la energía, la minería y la forestación. Este proyecto no ha sido consultado con nadie, ni siquiera con la comunidad mapuche Mellao Morales, que vive sobre un territorio que ahora es la corteza que envuelve los minerales que se quieren llevar. La actitud del gobierno ha sido la de ignorar a la comunidad mapuche, desconocerla. Con los únicos que hablan es con los empresarios mineros. Esto es un flagrante incumplimiento del Convenio 169 de la oit (que establece los derechos de los pueblos originarios) y que en Argentina tiene rango constitucional, por lo tanto está por encima del Código de Minería. Las empresas prometen fuentes de trabajo, y hay necesidades. Pero en realidad son puestos que requieren otra capacitación a la que tiene la gente de acá. La gente local tiene experiencia en el trabajo agrícola y ganadero, no en lo minero. Entonces van a traer gente de otros lugares, ellos mismos lo han dicho. La consecuencia será la pérdida de puestos de trabajo en lo relacionado a la economía regional, el turismo y la agricultura orgánica principalmente. También se generará un aumento en el costo de vida porque va a haber un movimiento de dinero de una clase gerencial, sobre todo en lo relacionado a la vivienda, ya que éste es un lugar donde hay un déficit de viviendas muy importante. Nos hemos autoconvocado como vecinos resistiendo este proyecto. Se ha hecho un plebiscito en la Comunidad Mapuche Mellao Morales y 99% votó por el no al emprendimiento minero. Entonces aquí estamos en una pulseada, si el gobierno va a poner el oído en lo que quiere la gente o si va a poner el oído en la billetera de las grandes compañías.
Ver nota completa en: http://www.biodiversidadla.org/Principal/ Agencia_de_Noticias_Biodiversidadla/ Argentina_fiebre_minera_en_territorio_mapuche
Paraguay
Efectos de la concentración del manejo de semillas
La Nación, 17 de febrero. El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) emitió un comunicado en el que informará a la opinión pública sobre la falta de semillas en el país.
Por esta razón, se aguarda que se disponga la utilización de granos como semillas, como una medida paliativa, según refirió el propio presidente de la institución, Luis Llano Imas, luego de reunirse con las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag).
Esta disposición fue propuesta por el ministro de Agricultura y Ganadería, Cándido Vera Bejarano, días atrás, luego del problema registrado con las semillas entregadas por la Entidad Binacional Yacyretá, que no contaban con el valor germinativo requerido.
Según Llano Imas, esta disposición será adoptada porque en el mercado interno ya no se cuenta con las semillas para abastecer la demanda interna, por ende se adoptará esta medida, durante el tiempo que sea necesario para que las empresas semilleristas estén con capacidad de abastecer la demanda.
La causa de la falta de semillas, según el titular del Senave, se debe a que la sequía también colaboró para perjudicar el desarrollo de la producción de semillas, por ende la situación es crítica, ya que no se cuenta con semillas y en el caso de que exista, es muy escasa.
“Esta medida ya la habíamos adelantado, mediante la Resolución 55, que bajaba los estándares para determinar el porcentaje germinativo de las semillas”, destacó el funcionario, quien desde hace algunos días viene coordinando con Agricultura y productores la manera de salvar esta falta de material germinativo en el país.
“Pero ahora vamos a informar a la ciudadanía sobre el caso, que no existe semilla alguna en el mercado y que se puede dar lugar a la consideración de los granos como semillas”, refirió Llano Imas.
El titular del mag había adelantado hace pocos días que la entidad que él encabeza traspasará los fondos asignados al rubro semillas a la oei (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura), para que se encargue de comercializar las semientes. Alegó que el mag no quiere involucrarse en la parte comercial de las semientes. La institución recibirá un millón de dólares para la adquisición de los granos que serán considerados como semillas, según el titular del mag.