Brewster Kneen y GRAIN
La privatización penetra nuestras vidas cada vez más profundamente, pero al mismo tiempo parece que hoy en día todo es proclamado como “patrimonio común” (es decir, algo a lo que todo el mundo —o todo el mundo en determinado contexto— tiene derecho a acceder): agua, aire, semillas e incluso alimentos, salud y educación. Es un concepto muy popular, al menos en el mundo angloparlante [donde se le conoce como commons, es decir, bienes y entornos comunes, o del común o la comunidad]. La moda de “recuperar los bienes comunes” responde en parte al esfuerzo de luchar contra la privatización, y eso es bueno. Pero si el movimiento por el reconocimiento y construcción de nuevos bienes o patrimonios comunes maneja el concepto con descuido, podría llegar incluso a facilitar su privatización. Es particularmente importante distinguir común de público, y recordar que el patrimonio común, o los bienes y entornos comunes están supuestamente asociados a comunidades.
La noción de bienes comunes es a la vez familiar e intrigante. Aun cuando los sistemas de uso comunitario del suelo son una práctica corriente desde hace mucho tiempo, el término commons evoca imágenes de Inglaterra o Gales en el medioevo, cuando a determinadas superficies o terrenos se los reconocía como comunes o de la comunidad. Esos lotes comunes eran espacios abiertos, sin cercas, disponibles colectivamente para el pastoreo, la pesca, la recolección de leña, forraje y demás. Las personas que dependían de su uso eran conocidas como comuneros. Los lotes comunes no eran necesariamente tierras de dominio público. Muchos eran de propiedad privada de la aristocracia que sustituyó a los señores feudales. Otros simplemente no tenían dueño. Quién podía usarlos, y cómo, estaba estrictamente reglamentado con base en el derecho consuetudinario. Básicamente, esos bienes y entornos comunes estaban directamente asociados a una comunidad (generalmente vinculada a una parroquia o una aldea) cuyos miembros eran los únicos que podían hacer uso de ellos, se los administraba colectivamente, lo que no necesariamente quiere decir equitativamente o sin arreglo a un orden jerárquico, se los asociaba a determinados “recursos” naturales, cuyo uso y acceso estaba reglamentado por una serie de derechos y responsabilidades.
Los antiguos lotes o campos comunes de Inglaterra fueron desmantelados a través de un largo proceso de “confinamiento”, mediante el cual la aristocracia se apoderó de tierras que habían sido de uso de la comunidad desde hacia mucho tiempo, cerrándolas con muros o cercas, transformándolas así en tierras de uso privado y para fines comerciales. Eso trajo aparejada una especialización de las fincas (por ejemplo, para la cría de ovejas), mayor concentración de la tierra en haciendas más grandes y, con el tiempo, todo el tren de la revolución industrial. Pero además despojó a los comuneros de su sustento y sus medios de vida. La “tragedia de los comunes”, una frase desprestigiada por Garret Hardin (un académico estadounidense que en 1968 escribió un artículo muy polémico sobre el tema, titulado “The Tragedy of the Commons”), no fue el agotamiento de los recursos naturales en esos entornos comunes, sino que el desmantelamiento de esos entornos comunes generó pobreza e inseguridad, dando así a luz a una nueva clase de familias rurales desposeídas, forzadas a transformarse en mano de obra asalariada barata en las nuevas fábricas y ciudades emergentes. (Esta tragedia se ha repetido de muchas maneras en muchos países, y continúa repitiéndose brutalmente hasta el día de hoy).
Qué se entiende por bienes o entornos comunes (commons, o patrimonio común) es algo que ha evolucionado bastante desde los siglos xviii y xix hasta la fecha. A veces se lo considera como un concepto anglosajón, sin equivalencias o fácil traducción en muchos otros idiomas y culturas. (En América Latina, por ejemplo, el término comunes no tiene sentido [como sustantivo traducido literalmente del inglés], a pesar que los pueblos indígenas de la región poseen una historia muy rica con muchos tipos de sistemas colectivos distintos). Pero con el paso del tiempo se lo ha reinterpretado de maneras tan diversas, que hoy en día es justo decir que no existe una clara e inequívoca definición de su significado.
Los bienes comunes hoy
Hoy en día mucha gente aboga por la idea de los bienes o entornos comunes, o patrimonio común. Se habla de las “comunidades digitales”, o del “entorno digital común” o “ciberespacio común”, por ejemplo, es decir, la convicción de que la información disponible en la Internet debe permanecer libre de barreras que entorpezcan su empleo y circulación. El agua es a menudo descrita como un “bien común”, toda vez que se plantea un nuevo proyecto de privatización del suministro de agua potable. Hace algunos años se lanzó una iniciativa para un tratado que defina el acervo genético —el adn mundial— como “patrimonio común de la humanidad”. Se publican todo tipo de escritos al amparo de las licencias de Creative Commons, un “entorno común para la innovación y el trabajo creativo” que desafía las restricciones que imponen las normas sobre derechos de autor. Cualquier frontera susceptible de “nuevos confinamientos” derivados del avance de la tecnología o cambios en la legislación —los océanos, el espacio sideral, el genoma humano, los sistemas de educación pública o estatal y hasta los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas— es hoy bautizado de apuro como “patrimonio común”, o entorno o bien “común”.
¿Qué significa esto? Aunque da la impresión de ser un movimiento coherente de resistencia a la privatización y el capitalismo neoliberal, ciertamente no lo es. El Banco Mundial, George Soros y otros partidarios del “acceso libre” o “acceso abierto”, la Fundación Ford y la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (uicn) se cuentan entre los muchos que estudian, fomentan o apoyan iniciativas asociadas a distintos tipos de los así llamados bienes o entornos “comunes”. La confusión ideológica que todo esto implica puede socavar en los hechos el trabajo de los movimientos sociales que procuran apuntalar en manos de las comunidades el control de la biodiversidad; esa confusión ideológica puede también reforzar un significado de los bienes comunes o patrimonio común, contrario al que los movimientos sociales le dan. De ahí la necesidad de un análisis más aguzado y crítico de estas nuevas corrientes.
¿Privatizadores encubiertos?
El concepto de patrimonio común —o bienes y entornos comunes— evidentemente significa cosas distintas para diferentes personas. Para algunos tiene que ver sobre todo con la propiedad en común —es decir, cómo se puede administrar colectivamente la propiedad. Para otros, especialmente del ámbito de los activistas y las campañas, el “patrimonio común” y los bienes o entornos “comunes” parecen suplir la falta de una esfera “pública” crecientemente debilitada. Sea como sea, ambos enfoques, aunque bastante contrastantes y contradictorios, pueden en los hechos respaldar la privatización.
En el antiguo sistema inglés, la propiedad común o colectiva no era más que una de las modalidades de los entornos comunes o commons. Para gran parte de la “comunidad” académica que los promueve actualmente, los bienes “comunes” no deberían ser otra cosa que la propiedad colectiva. En su cruzada a favor de los bienes o entornos “comunes”, el régimen de propiedad constituye el cimiento de cualquier empresa o relación promovida y respaldada por esas “comunidades” académicas —digamos, por ejemplo, un programa de pesca sustentable— y su meta es lograr eficiencias a través del manejo colectivo. ¡A los bancos de desarrollo les calza perfecto! Aunque los planificadores del desarrollo fundamentalistas neoliberales prefieren y fomentan de hecho los derechos de propiedad individuales antes que los colectivos, en realidad es lógico que acepten sin mucho reparo los sistemas de propiedad en común, que son básicamente propiedad privada colectiva. Toda la apuesta política a favor de los servicios ambientales promovidos por el Banco Mundial y otros —donde los mecanismos de mercado se amalgaman con mecanismos de administración participativa— responde a esa misma lógica.
Debido a las restricciones crecientes que hoy en día le impone la propiedad intelectual a la investigación científica, dificultándola, muchos científicos proponen también diversos tipos de bienes o entornos “comunes”. Un buen ejemplo de ello es el “ciberespacio común protegido” que fomenta cambia, una organización de investigación biotecnológica de Australia que está en campaña por la “ciencia libre” o “ciencia abierta” (open source science). En el ciberespacio común protegido de cambia, los científicos acceden a “una plataforma [electrónica] segura donde pueden discutir invenciones o mejoras, sin quedar invalidados por solicitudes de patente ulteriores”. En otras palabras, generan un entorno donde los científicos pueden trabajar colaborando mutuamente, sin afectar los derechos de propiedad privada de nadie. No se cuestiona en modo alguno la privatización de la investigación, simplemente permite que haya un poco más de colaboración entre los científicos.
Las organizaciones sociales y los activistas, por su parte, generalmente entienden el “patrimonio común” y los bienes o entornos “comunes” como una especie de ave fénix que se levanta de las cenizas de las instituciones públicas crecientemente debilitadas. El eje principal de esa lucha es garantizar derechos de acceso y el derecho a compartir —a menudo abanderando algún tipo de “interés público” o “interés común” generalmente poco o mal definido— en un mundo en el que parece que todo está siendo transformado en propiedad privada. Mas este enfoque también puede contribuir, de hecho, a la privatización. Por ejemplo, en lugar de eliminar los excluyentes derechos de autor, la iniciativa de Creative Commons de un “sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo”, los eleva a un nuevo nivel de aceptación social supuestamente más a tono con la tecnología (Internet) y el temperamento (favorable a compartir y colaborar) contemporáneos. Aunque desde el punto de vista jurídico las licencias de Creative Commons sí promueven el compartir en una era de crecientes restricciones impuestas por los derechos de autor, esas licencias también refuerzan todo el andamiaje del sistema de derechos de autor fundado en la propiedad.
Otros más abogan por bienes o entornos “comunes” sin límites ni reglas, ni criterios acerca de quién puede participar y cómo, tal como ocurrió con la iniciativa para compartir el “patrimonio genético común”. Los bienes o entornos “comunes” pobremente o mal definidos pueden representar un cheque en blanco para los privatizadores que pueden acceder así a bienes o entornos y territorios que serían de acceso libre o abierto para todo el mundo, facilitando de ese modo lo que se pretendía impedir al proclamarlos. Si la Amazonía brasileña fuese declarada “patrimonio común de la humanidad” en función del argumento válido de que todo el mundo se beneficia del servicio que presta como pulmón del planeta (siempre y cuando no se la tale), ¿significaría eso que la empresa Monsanto sedienta de patentes tendría el mismo derecho a sus tesoros que los kayapó? Por supuesto que no debería ser así, pero a eso es a lo que pueden llevar las exhortaciones vagas en pos de bienes o entornos “comunes” o el “patrimonio común”, al igual que las definiciones pocos claras del “interés público” o “interés común”. En la lucha por impedir la privatización y la apropiación, es imprescindible hacer conciencia de todos los caminos que conducen a ella.
La confusión reinante entre “público” y “común” —y en torno al significado mismo de lo “público”— es muy grande y grave. Históricamente, lo público (como cuando se habla de la educación pública o de una plaza pública) ha representado aquello que fue preservado fuera o arrancado del control privado tras largos procesos de lucha social y colocado bajo la jurisdicción del Estado, para el disfrute o al servicio de todos. Esto se hacía suponiendo que los Estados tienen la responsabilidad y la capacidad de velar por y asegurar el bienestar de la población en su conjunto. El neoliberalismo destruye esto. Ahora hay Estados que son agentes muy activos de la privatización, ya sea mediante licitaciones públicas, concesiones, tercerizaciones o a través de la legislación. Si “público” significa “estatal” (bajo control del Estado), la práctica actual de los Estados neoliberales demuestra, en su modalidad más extrema, que no existe ninguna garantía de que el pueblo se verá beneficiado. Muy por el contrario: el control estatal puede ser un factor clave en el mantenimiento o agravamiento de la inequidad y la injusticia. No debemos olvidar que muchos de los recursos naturales que los Estados —y de hecho, muchos de los ciudadanos— consideran “públicos”, fueron arrebatados violentamente de las manos de los pueblos indígenas o generados a partir de ese saqueo.
De modo que lo “público”, o los bienes y espacios o entornos “públicos” no son de ninguna manera equiparables a los bienes y espacios o entornos “comunes” o al “común”, aunque lo “público” forme aún hoy parte de nuestro imaginario y realidad social. Lo “público” es de alcance universal: se supone que toda la ciudadanía tiene derecho a beneficiarse de aquello que es público. El común y los bienes o entornos comunes, por contraste, siempre fueron históricamente creados o construidos por y para comunidades específicas. Si la historia ha de servirnos como lección, es imperativo reconocer que hoy en día la palabra “público” es crecientemente utilizada por los Estados para ponerse al servicio del mercado y su agenda de prioridades.
Es imprescindible mayor claridad
Es necesario examinar mucho más detenidamente la idea de bienes o entornos comunes hoy en día, y tener más en cuenta lo que persiguen los movimientos sociales a través de diversas campañas e iniciativas para (re)establecer sistemas de control popular de las semillas, los bosques y selvas, las zonas costeras, los medios de comunicación y muchos servicios públicos vitales. Si observamos retrospectivamente la historia de los commons en Inglaterra (que no quiere decir ni sugerir que los ingleses hicieron todo bien), hay dos elementos que parecen haberse esfumado de la noción y la lucha por el patrimonio común y los bienes o entornos comunes como defensa contra la privatización: su asociación a la mismísima idea o concepto de comunidad, y la posibilidad de imaginar y establecer relaciones distintas a la de propiedad.
Si la lucha por el control social de las semillas, el agua y otros bienes esenciales no está anclada en comunidades bien definidas, corremos el riesgo de fomentar el tipo de “libertad de acceso abierto para todos” que termina conduciendo a la postre a su (sobre)explotación y privatización. Y si no buscamos anclajes distintos y por fuera del cajón de la propiedad privada excluyente, corremos el riesgo de promover el programa de prioridades de la ofensiva neoliberal predominante.
La lucha por el patrimonio común y por bienes y entornos comunes como movimiento de resistencia contra la privatización merece apoyo crítico. Como parte de esa lucha, sin embargo, es imprescindible esclarecer más nítidamente por qué estamos luchando, y tener mucho más presentes las trampas que se esconden en nuestro camino.
Traducción: Alberto Villareal
Para profundizar
(Hay tantas iniciativas asociadas a los bienes y entornos comunes hoy en día, que la siguiente lista sólo da una idea general de lo que existe)
Sitios electrónicos:
The Forum on Privatization and the Public Domain
Artículos:
George Caffentzis, “A Tale of Two Conferences: Globalization, the Crisis of Neoliberalism and the Question of the Commons, http://www.globaljusticecenter.org/papers/caffentzis.htm, agosto de 2004
John Hepburn, “Reclaiming Commons —Old and New”, http://www.zmag. org/content/showarticle. cfm?ItemID=8739, 15 de septiembre de 2005.
“Underneath the Knowledge Commons, Mute, vol. 2, núm. 1, 2005. http://www.metamute.org/en/Underneath-the-Knowledge-Commons
Olivier de Marcellus, “Who made this Movement? Commons, Communities and Movements: Inside, Outside and against Capital”, The Commoner, 2003. http://www.commoner.org.uk/demarcellus06.pdf