El debate de los servicios ambientales y Río+20. Recientemente, oímos hablar mucho más de los servicios ambientales, sobre todo en relación a las charlas preparatorias de la ONU y los gobiernos para la Cumbre de Río+20, prevista para junio de este año. Para entenderlo, tenemos que hablar sobre la idea central que será tratada en esta conferencia: la “economía verde”. En las noticias sobre Río+20, aparece con frecuencia la expresión “economía verde”. Suena bien, pero es importante entender que se trata de una propuesta que surge en el contexto de una economía profundamente capitalista. Como las principales economías capitalistas están enfrentando una crisis financiero-económica muy grande, sobre todo en los últimos años, buscan salir de la crisis y encontrar alternativas para que sus empresas puedan nuevamente acumular capital y obtener más ganancias a partir de actividades productivas y también especulativas, o sea, conseguir lucro “sin hacer nada”. La ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de 2008, está jugando un rol central con su iniciativa “Economía Verde”, que incluye el estudio “La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad” (The Economics of Ecosystems and Biodiversity-TEEB). El informe de la iniciativa fue publicado en 2011 con el título “Hacia una Economía Verde”. A partir de esa iniciativa surgió la idea de un “Nuevo Acuerdo Verde”, adoptado por EUA y otros países. Promete un escenario donde “ambas partes ganan”, porque se enfrentaría la crisis financiera/económica y climática con el redireccionamiento de las inversiones para lo que podemos llamar “capital natural”, además de invertir en nuevas tecnologías supuestamente limpias como el uso de la biomasa, y el “mercado de carbono”. En esa perspectiva, los servicios ambientales y su “comercialización” se tornaron algo muy central, un verdadero pilar de la “economía verde”. El resultado será, según Silvia Ribeiro del Grupo ETC que monitorea e investiga este proceso, una “mayor mercantilización y privatización de la naturaleza y de los ecosistemas, integrando sus funciones (definidas como “servicios”) a los mercados financieros”. ¿Por qué decir no al comercio de servicios ambientales? Los defensores de la idea del comercio de servicios ambientales afirman que es una excelente alternativa para los pueblos del bosque porque lo dejaría “de pie” y lo preservaría. Pero hay una serie de argumentos para decir no a los servicios ambientales y al comercio de servicios ambientales: *El comercio de servicios ambientales no pretende modificar el modelo actual de producción y consumo, que está en la base de la crisis ambiental, incluso de la destrucción gradual de los bosques del mundo. Este modelo que beneficia a una minoría de la humanidad ocurre a expensas de innumerables injusticias sociales y ambientales. Para cambiar este modelo es urgente iniciar la transición hacia otras formas de producción y consumo, con justicia social y ambiental. Es urgente, como la red Oilwatch (Observatorio del Petróleo) viene defendiendo mundialmente, dejar el petróleo y el gas en el subsuelo. *La mercantilización y la financierización de la naturaleza a través del comercio de servicios ambientales exige un control del territorio, una privatización, para que el “dueño” e incluso el comprador del “servicio” puedan controlar lo que se está “comercializando”, con la garantía de que el “servicio ambiental” sea entregado según estipula el contrato. En la práctica, esto va en contra de las luchas por el reconocimiento y garantía de los derechos territoriales de los pueblos del bosque y/o de otros ecosistemas. Porque un contrato de servicios ambientales estipula, en todos los casos, que haya un “dueño” del área, o sea, muchas comunidades con derechos no regulados sobre su territorio sufrirán aún más presión para dejar sus tierras o serán expulsadas. Y aunque consiguieran quedarse y ser beneficiadas de alguna forma, el “comprador” del servicio ambiental tendrá el derecho a acceder al área para las debidas inspecciones y monitoreos para verificar si el servicio en cuestión se está preservando y manteniendo debidamente, violando así el derecho de las comunidades sobre sus territorios e inclusive el derecho a mantener su modo de vida. *A pesar del discurso de las ONG conservacionistas de que los pueblos del bosque se beneficiarían del comercio de servicios ambientales, en la práctica poco se beneficiarán. Por el contrario, la tendencia es que haya empobrecimiento y expulsión de los pueblos de sus territorios. La experiencia de uno de los países internacionalmente conocido por su esquema de PSA, Costa Rica, muestra, según Amigos de la Tierra, que no se ha reducido la pobreza en las zonas rurales y que ha consumido el 25% del presupuesto del ministerio del Medio Ambiente. Además, la reducción de la tala constatada en el país se debe mucho más a la reducción de la rentabilidad de la cría de ganado que al programa PSA. *Los saberes tradicionales no pueden tratarse como servicios ambientales y ser comercializados. *El “servicio ambiental” de bosques más “comercializado” hasta el momento es el carbono. La experiencia con este servicio ambiental a través del “mercado de carbono” muestra que se trata de una solución falsa a la crisis climática, y que, por si fuera poco, causa la violación de derechos de pueblos indígenas y no indígenas, tanto en el Sur como en el entorno de las empresas contaminadoras en el Norte. *La expansión y la adopción global del pago y comercio de servicios ambientales profundiza el proceso de mercantilización y financierización de la naturaleza. *El PSA, con un discurso de preservación, tiende a profundizar la explotación de las riquezas naturales y la consecuente degradación ambiental, que sería “compensada” con la generación de servicios ambientales comerciables en el área preservada. Y aunque parezca increíble, cuanto más escaso es el “servicio ambiental”, mayor tiende a ser el precio y el lucro. *La financierización de la naturaleza que permite “vender” y lucrar con “activos” y “certificados” de servicios ambientales es ilegal e inmoral porque se basa en la idea inventada de que la naturaleza estaría “prestando servicios ambientales”. Lo que no se inventa es la importancia del bosque para innumerables pueblos, por ejemplo, la diversidad de animales, de plantas, el agua, la regulación del clima, la fertilidad del suelo para plantar alimentos, etcétera. Es imposible asignarle un precio a la importancia que esto tiene. *El hecho de medir, monitorear y asignar un precio a los servicios ambientales y hacer las transacciones comerciales resultantes involucra un conocimiento específico, y la tendencia es que los bancos, las empresas y las corporaciones privadas se apoderen y lucren con el comercio de servicios ambientales, sin que las comunidades tengan conocimiento de los contratos y los negocios. Un gran incentivo para esos grupos es que, debido a la crisis económico-financiera, ya se buscan nuevas formas de obtener lucros, preferiblemente, “sin hacer nada”. *La lógica y el funcionamiento de los servicios ambientales fueron pensados por científicos provenientes de la cultura occidental, que continúan fragmentando y separando al ser humano de la naturaleza, en relación a los beneficios de esos “servicios” sobre todo para la vida humana. Sin embargo, los pueblos del bosque tienen visiones y experiencias de convivencia e integración con la naturaleza que garantizan el bienestar de ambos, muy diferentes; así surgen otras visiones sobre la naturaleza, como el “buen vivir”, los derechos de la Madre Naturaleza, su no-mercantilización y no-financierización. Al ponerles un precio como forma de valorizar los servicios ambientales, son descartadas otras formas, otros lenguajes, principalmente de los pueblos del bosque, de valorar y conservar la naturaleza. *El comercio de servicios ambientales tiende a ser un estímulo más para la expansión de las plantaciones de monocultivos de árboles, consideradas “bosques plantados” por la FAO y otras instituciones internacionales y gobiernos nacionales. ¿Caminos a seguir? El capital especulativo y los actores interesados como bancos, consultores, grandes empresas, fondos de inversión, así como otros actores aliados como ONG y, frecuentemente, nuestros propios gobiernos, pretenden apoderarse de los territorios de los pueblos con el comercio de servicios ambientales para “vender” y lucrar. Así, la lucha por los derechos de los pueblos de los bosques que dependen de ellos tiende a tornarse más compleja y difícil. ¿Cómo continuar esa lucha? A continuación, algunas posibles orientaciones: a. Muchas comunidades que viven en bosques, sean campesinas, tradicionales o indígenas, comparten la preocupación sobre cómo conservar esas áreas, principalmente cuando las mismas se tornan más escasas y la necesidad por tierras aumenta. Muchas veces, exigen, en una demanda justa, el apoyo del Estado para garantizar su conservación. Las informaciones recogidas en este artículo alertan a que las comunidades, en vez de entrar en esquemas como el pago por servicios ambientales y el comercio de tales “servicios”, reúnan todas las informaciones sobre qué es y qué representa la idea de servicios ambientales y su comercio, promoviendo debates con toda la comunidad. El presente texto tiene exactamente la finalidad de alimentar esos debates. Si los gobiernos gastan recursos públicos para ayudar a grandes empresas y bancos, el mismo dinero puede ser aplicado también en políticas públicas para ayudar a las comunidades que buscan conservar y recuperar sus áreas forestales, sin necesidad de transformar esas acciones en mecanismos perversos como el comercio de servicios ambientales, lo que profundiza el proceso de mercantilización y financierización de la naturaleza. b. Una característica común del comercio de servicios ambientales y del “mercado de carbono” es su falta de transparencia. Es de suma importancia exigir, en su país, informaciones a las autoridades, a los parlamentarios, sobre la reglamentación ya aprobada y la que está siendo discutida sobre este tipo de actividad. En países donde la legislación sobre el comercio de servicios ambientales está elaborándose rápidamente, como en Brasil, hay claras contradicciones con la Constitución del país, por ejemplo, cuando los proyectos de ley proponen la privatización de algo fundamental y de libre acceso para toda la población. Por ejemplo, en el estado de Acre, entidades de la sociedad civil están pidiendo al Ministerio Público Federal que inicie una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Estadual 2.308/2010 que instituye el Sistema de Incentivos al Servicio Ambiental del Estado. c. La agricultura campesina en casi todos los países del Sur sufre la falta de apoyo, de políticas públicas, para mantenerse y fortalecerse. Ese tipo de agricultura, practicada incluso en áreas de bosques sin que haya sido una amenaza a la continuidad del bosque, ha posibilitado una convivencia y una interacción con el mismo. La idea del comercio de servicios ambientales descarta esa convivencia. Más apoyo en forma de políticas públicas para ese tipo de agricultura fortalecería la seguridad y la soberanía alimentaria de esas poblaciones y de las regiones en las que están viviendo. Además, la agricultura campesina ya contribuye, como la Vía Campesina ha divulgado, con el “enfriamiento” del planeta. Los Estados, en vez de conceder apoyo a las comunidades campesinas, a menudo financian y facilitan la introducción del comercio de servicios ambientales. Significa gastar dinero público y, a veces, asumir nuevas deudas financieras con instituciones internacionales como el Banco Mundial, cuando éstas ofrecen “incentivos” para ese nuevo tipo de “comercio”. La carga nuevamente es para el pueblo. d. La mercantilización y la financierización de la naturaleza señalan la importancia de construir alianzas más amplias entre quienes combaten el sistema financiero internacional, quienes luchan contra la privatización de la naturaleza, y quienes luchan diariamente por sus territorios y ecosistemas. e. Una alianza amplia y fuerte, contraria a la “economía verde”, está siendo propuesta a través de la convocatoria camino a Río+20. Busca concretar una agenda en conjunto con organizaciones y redes no gubernamentales y movimientos sociales, incluyendo acciones de solidaridad a comunidades impactadas por empresas que se apoderan de sus territorios y los degradan, como es el caso de la CSA en Río de Janeiro, de propiedad de las multinacionales Vale y Thyssenkrup, o contaminan el mar y afectan a pescadores como la petrolera Petrobras. La agenda conjunta prevé también la realización de la Asamblea de los Pueblos Afectados por proyectos privatizadores y degradantes en la víspera de Río+20. f. Es necesario continuar con más fuerza la lucha para que las comunidades que conservan los bosques tropicales y dependen de ellos puedan tener el derecho y el control sobre esos espacios. Significa luchar por el reconocimiento de los derechos de esos pueblos sobre sus territorios —algo aún inexistente o insuficientemente garantizado en muchos países de Latinoamérica, África y Asia. En países donde ya hubo muchos avances como en Brasil, la tendencia es de retroceso en los derechos indígenas y en los derechos de otros pueblos tradicionales, mientras crecen sin cesar los esfuerzos para crear un “mercado global en servicios ambientales”. g. Precisamos continuar la resistencia y la denuncia del capital financiero y sus actividades especulativas. A pesar de la crisis que afecta principalmente a las mayores economías del mundo, casi todos los países y sobretodo sus gobiernos continúan defendiendo el sistema e involucrados en él. Sin embargo, aumentan, en todo el mundo, las críticas y las movilizaciones que claman por cambios profundos especialmente en relación a la financierización cada vez mayor de la economía, y también de la naturaleza, con una creciente ola de privatización de todo lo que aún es público. Por eso, es necesario continuar luchando contra la expansión de esa lógica del capital especulativo para que no se apodere de áreas fundamentales para el futuro de la humanidad, incluso los bosques tropicales. Corresponde que todos denunciemos cada vez más las perversidades y contradicciones de esa lógica y sus impactos concretos en los territorios. Precisamos apoyar y fortalecer la resistencia de los pueblos para que, en primer lugar, les sea asegurado el derecho sobre sus territorios y para que se revierta el proceso de privatización de la naturaleza, también en el futuro, garantizando el libre acceso a las poblaciones que siempre la cuidaron e hicieron usufructo de ella. Como dijo una habitante de la comunidad de Katobo, en el bosque localizado al este de la República Democrática del Congo, territorio de Walikali, al expresar el significado del bosque para su comunidad: “Somos felices con nuestro bosque. En el bosque recogemos leña, cultivamos alimentos y comemos. El bosque nos da todo, legumbres, todo tipo de animales y eso nos permite vivir bien. Es por eso que somos muy felices con nuestro bosque, porque nos permite conseguir todo lo que necesitamos. Y nosotras, las mujeres, precisamos especialmente del bosque, porque es allí donde encontramos todo lo que es necesario para alimentar a nuestras familias. Cuando oímos que el bosque podría estar en peligro nos preocupamos, porque nunca podríamos vivir fuera de éste. Y si alguien nos dijera que tenemos que abandonar el bosque sentiríamos mucha rabia, porque no nos podemos imaginar una vida que no sea dentro de un bosque o cercana a éste. Cuando plantamos alimentos, tenemos comida, tenemos agricultura y también caza; las mujeres sacan cangrejos y peces de los ríos. Tenemos diversos tipos de legumbres, y también plantas comestibles del bosque, y frutas, todas las cosas que comemos, que nos dan fuerza y energía, proteínas y todo lo que precisamos”. Y eso no tiene precio. Este texto, editado por Biodiversidad, reúne los tres fragmentos finales del documento del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), Servicios ambientales y su propuesta de mercantilización y financierización de la naturaleza: Bosques, monocultivos de árboles y “economía verde”. La versión completa puede consultarse en el Boletín mensual del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM), número 175, febrero 2012 http://www.wrm.org.uy