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Ataques, políticas, resistencia, relatos

¿Hacia un nuevo ciclo de  revueltas relacionadas

con la alimentación?

Pese a las malas cosechas en Rusia y en Europa oriental, la cosecha mundial de cereales del 2010 se calculó en 2 mil 230 millones de toneladas, la tercera más grande en la historia. El consumo de cereales de ese año fue de 2 mil 260 millones de toneladas. Ese pequeño déficit de cereales no debería representar un verdadero problema pues, según datos de la FAO, a comienzos de año había más de 500 millones de toneladas de reservas de cereales, más que suficientes para cubrirlo, con creces.

Parte de la paradoja de la crisis alimentaria es que la escasez de alimentos es relativa, como lo apunta el director del Instituto Oakland: “No se puede usar la palabra escasez si se considera que más de un tercio de los cereales producidos en el mundo son usados como alimento para animales, y que una parte cada vez mayor es utilizada para hacer agrocombustibles”.1 El nuevo destino de buena parte del volumen de los granos del mundo, junto con la especulación desatada a raíz de las malas cosechas de trigo, provocó un aumento en los precios mundiales de los alimentos desde mediados de 2010.

Tal vez la principal razón de esta escalada de precios sea la especulación alimentaria, pues en 2010 el volumen de los mercados de futuros de “materias primas alimentarias” aumentó 23% en la principal bolsa de valores agroalimentaria del mundo: la Chicago Mercantile Exchange.2 Al incremento especulativo, sugiere Jalife-Rahme, se sumó la inflación generalizada por la reciente inyección de dinero de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ambos movimientos se tradujeron en lo que se comienza a conocer como agflación (inflación injustificada de los productos agropecuarios). En febrero de 2011, la FAO reportó que en enero el índice para los precios de alimentos alcanzó un nuevo récord histórico: aumentó por séptimo mes consecutivo, y alcanzó un promedio de 231 puntos, un 3.4 por ciento más que en diciembre de 2010 y el más alto (en términos reales y nominales) desde 1990, fecha en que se comenzó a medir.

Los “países de la periferia” fueron quienes más sufrieron tales aumentos. Según datos recogidos por la prensa, la ONU reconoce que en 2010 se gastó más de un billón en importaciones de alimentos, y los países pobres tuvieron que pagar por ellos 20% más que en 2009.3 Jalife-Rahme afirma que la venta de alimentos ya se convirtió en el cuarto mayor negocio del mundo, después del petróleo, el narcotráfico y la venta de armas.

El Parlamento Europeo reconoce que un 50% del incremento de los precios alimentarios recientes se debe a la especulación. Incluso los euro-diputados enviaron una petición al G-20 para que tome medidas contra la especulación y “estudie la posibilidad de conferir a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) competencias más amplias, para impedir las manipulaciones y los abusos en dichos mercados, [y] garantice que la negociación con derivados sobre materias primas alimentarias se restrinja,  en la medida de lo posible, a los inversionistas directamente vinculados a los mercados agrícolas”.4

Aunque es difícil determinar con precisión otras causas del incremento de los precios en 2010, informes recientes sugieren que tales subidas también se debieron al crecimiento de algunos cultivos estratégicos como materias primas para elaborar agrocombustibles. Esta tendencia ya operaba desde hace algunos años. Subvencionar agrocombustibles tuvo la consecuencia de que 100 millones de toneladas de cereales se excluyeron del sector alimentario en 2007; entre 2002 y 2008, 75% del alza de los precios de los alimentos se debió al desarrollo de los agrocombustibles; la subida de los precios de la energía y los abonos sólo sería responsable de un 15% del aumento global de 140% en ese periodo. Según un reporte del Banco Mundial, no publicado, pero filtrado a la prensa y citado por Toussaint y Millet5, “la producción de biocarburantes desordenó el mercado de los productos alimentarios de tres maneras principales: La producción de trigo se orienta hacia el etanol y no hacia la alimentación. Actualmente, casi un tercio del maíz que se produce en Estados Unidos se utiliza para producir etanol y cerca de la mitad de los aceites vegetales (colza, girasol y otros) para biodiesel. Esta dinámica alcista atrajo la especulación sobre los cereales.

 Según datos recabados por el Earth Policy Institute, de los 416 millones de toneladas de cereales que se cosecharon en los Estados Unidos en 2009, 119 millones se destinaron a destilerías de etanol, lo cual es suficiente para alimentar a 350 millones de personas durante un año”. Otras causas que podrían estar presionando los alimentos a la alza son el incremento en la intensidad de las sequías, la erosión del suelo, el agotamiento de los acuíferos, la reducción en algunos lugares del mundo de la superficie del área irrigada, el derretimiento de los glaciares y la conversión de tierras agrícolas para otros usos.

Sea como fuere, la combinación de la crisis agraria de largo plazo y la irrupción desenfrenada de la especulación alimentaria, así como el reciente boom en el acaparamiento de tierras a escala global6 están llevando al límite las condiciones de reproducción de millones de seres humanos en la periferia del mundo. Ya en septiembre de 2010 se experimentaron revueltas por el acceso al pan en Mozambique; a fines de ese año hubo protestas en China por los altos precios de los almuerzos para estudiantes de secundaria, y en Argelia por el incremento de la harina, la leche y el azúcar.7

Pero fueron nuevamente los países de África del Norte (y algunos del Medio Oriente) los qué más resintieron la inflación alimentaria ya que, como reconoce un estudio publicado por la FAO a finales de 2010:

Para satisfacer sus necesidades internas los países de África del Norte dependen sobremanera de las importaciones de trigo del mercado internacional, siendo Egipto el mayor importador mundial, pues importó unos 10 millones de toneladas de trigo en la campaña comercial 2009/10 (julio/junio). Argelia, Marruecos y Túnez importaron unos 4 millones 700 mil toneladas, 2 millones de toneladas y un millón cuatrocientas mil toneladas, respectivamente, pese a las cosechas abundantes obtenidas en 2009. Se prevé que en 2010/11 los volúmenes de las importaciones sean mucho mayores en los países afectados este año por una cosecha menguada.8

Durante el primer trimestre del 2011, las rebeliones sociales en África del Norte y el Medio Oriente (Túnez, Egipto y Libia de forma más generalizada; Argelia, Marruecos, Bahrein, Yemen, Omán, Jordania, Kuwait y Arabia Saudí, con menor fuerza hasta el momento) volvieron a colocar sobre el tapete el debate sobre la crisis agroalimentaria.

Sin desconocer el complejo entramado de las causas que desembocaron en el derrocamiento de los dictadores tunecino y egipcio y en los levantamientos populares en el resto de los países de la región, cada vez es más claro que el incremento desmedido en el precio de los alimentos a finales de 2010 y comienzos de 2011 jugó un papel importante en el estallido de la ira popular, como lo reconocen algunos observadores:

La mayoría de los países africanos dependen hoy de la importación de alimentos, mientras que los Estados árabes, con Egipto a la cabeza, se han consolidado ya como los mayores importadores de cereales del mundo. En Túnez, Argelia y Egipto los hogares deben invertir de un 40 a un 50% de sus ingresos en la compra de alimentos, de modo que el “boom” de los precios del 20 hasta el 25% que se vivió a partir de noviembre apenas pudo ser absorbido. Mucho menos por una población abrumadora joven que padece un insoportable desempleo. Sin trabajo no hay salario, poco pan y menos carne todavía.9

Krätke nos recuerda los trabajos pioneros de historiadores como EP. Thompson quien, bajo el concepto de “economía moral de la multitud” estudió sistemáticamente el papel de las crisis alimentarias en los sucesivos ciclos de revueltas de la sociedad inglesa durante el Siglo XVIII. Como en esa época, los pueblos que hoy se rebelan lo hacen por considerar intolerables a gobiernos que poco o nada hacen para detener los acelerados procesos de deterioro de las condiciones materiales de reproducción de sus vidas; gobiernos que, por el contrario, han preferido enfrentar con violencia las protestas en vez de asumir las demandas de los pueblos como propias. l

Miguel Ruiz Acosta

1 Deen, T. (2011). Síntomas de una nueva crisis mundial.
http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=97310

2 Jalife-Rahme, A. (2011). El meganegocio de los cárteles alimentarios anglosajones. Contralínea, 218. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2011/01/30/el-meganegocio-de-los-carteles-alimentarios-anglosajones/

3 Jalife-Rahme, A. (2011). La globalización financierista intensifica la hambruna global y sus revueltas.  La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2011/02/16/index.php?section=politica&article=024o1pol

4 Informe del Parlamento Europeo 16.02.11: http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20110216IPR13780/20110216IPR13780_es.pdf

5 Toussaint, E. y Millet, D. (2008) “Repaso de las causas de la crisis alimentaria mundial”: http://www.cadtm.org/Repaso-de-las-causas-de-la-crisis

6 Borras, S. y Franco, J. La política del acaparamiento mundial de tierras. Replanteando las cuestiones de tierras, redefiniendo la resistencia, 2010. http://farmlandgrab.org/wp-content/uploads/2010/12/La-pol%C3%ADtica-del-acaparamiento-mundial-de-tierras.pdf

7 Deen, T. (2011). op.cit.

8 FAO (2010). Perspectivas de cosecha y situación alimentaria, 4. http://www.fao.org/docrep/013/al972s/al972s00.pdf

9 Krätke, M. (2010). Especular con el hambre: el mundo, ante la próxima crisis alimentaria.  http://www.rebelion.org/noticia.php?id=112889

10 Thompson, E.P. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Barcelona: Crítica, 1979.

 

Colombia

Declaración del Congreso de Tierras, Territorios

y Soberanías

11 mil 500 delegadas y delegados de organizaciones campesinas y de trabajadores y trabajadoras del campo y las ciudades, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de pobladores urbanos, las organizaciones de víctimas de crímenes de Estado y de víctimas del desarrollo capitalista, nos reunimos en Cali del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2011 en defensa de la vida y la Madre Tierra, para ratificar nuestra voluntad de trabajo y movilización conjunta, y continuar el proceso de legislación propia sobre el territorio. 



1. Hemos venido a defender la vida y la Madre Tierra. Hemos comprobado que el consumismo, la adicción al petróleo, la destrucción de la naturaleza y la economía impulsada por la guerra nos son la única opción de vida. Los aquí presentes venimos construyendo la alternativa: territorios gobernados por las comunidades, relaciones sociales y de trabajo equitativas e igualitarias, economías sustentables donde impera el uso respetuoso de los bienes de la naturaleza, decisión autónoma sobre la producción de alimentos. 

Lamentamos que el gobierno y algunos medios de comunicación insistan en señalar que estos propósitos, y las movilizaciones que realizamos para concretarlos, sean amenazas terroristas. El editorial de El Tiempo del 3 de octubre señala que hay un aumento sensible de la movilización popular; pero se equivoca al ver tras estas acciones la presencia insurgente. El uso rutinario del señalamiento les impide ver que tras la movilización social en realidad está la respuesta indignada de la gente frente a la destrucción de la naturaleza, la invasión de los territorios por las industrias extractivas, el despojo de los bienes naturales, la continuidad de una estructura agraria inicua.

2. Dos tesis hemos confirmado: la profunda inequidad del sistema político y socio-económico que rige a Colombia, y la oposición del bloque político en el poder para transformar ese modelo y reformarse a sí mismo. El país sigue secuestrado por las mafias y la parapolítica; las acciones que el gobierno nacional dice realizar pa-ra enfrentar estos sectores evidencian que no irá a la raíz del problema —la persistencia del latifundio armado y su alianza con la oligarquía industrial y financiera— y, por el contrario, utilizará la justa aspiración social de combatir el paramilitarismo y el despojo de tierras para ajustar aún más el modelo territorial a los requerimientos del capital. 
Esta certeza ratifica lo que venimos diciendo: que no será en los espacios de la institucionalidad donde los sectores populares encontraremos la respuesta a nuestras exigencias por los derechos; que nos toca legislar y actuar por nuestra propia cuenta para garantizarlos; que debemos ir más allá de ser oposición política, y construir por nuestro lado y a nuestro modo el país que soñamos y queremos. Nuestra intervención en espacios gubernamentales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos, sólo tiene sentido si al mismo tiempo en las comunidades construimos gobierno propio y fortalecemos nuestra capacidad de ordenar la vida y el territorio. 


3. El conjunto de las medidas legislativas y de políticas que los últimos gobiernos vienen impulsando o pretenden llevar a cabo —la conversión de Colombia en una mina a cielo abierto, la imposición de las llamadas “locomotoras del progreso”, la entrega del campo a las Zonas de Desarrollo Empresarial, la adjudicación del país a la industria minero-energética, el estrangulamiento de los ríos y las aguas, en suma, volver a Colombia una zona franca de 200 millones de hectáreas—, no es otra cosa que la agenda del capital nacional y transnacional, y se sintetizan en la “privatización de los territorios”: quitarle a la sociedad y los pueblos el derecho de ordenar y gobernar sus espacios de vida y entregárselos al capital privado. 

Cada una de las luchas que nuestros pueblos vienen dando son para enfrentar este despojo. En Santurbán (Santander) para que las decisiones sobre el agua las adopten las comunidades que la beben; en el Quimbo (Huila) e Hidroituango (Antioquia) para que la elección entre comida para las comunidades o energía para las transnacionales sea una decisión de los pobladores y no de las burocracias al servicio del capital; en Puerto Gaitán (Meta) para restituir al país el patrimonio del subsuelo; en La Toma (Cauca) para que las comunidades afrodescendientes sigan mandando sobre sus fuentes de vida; en La Colosa (Tolima) para seguir siendo los dueños de su agua y de su vida; en el norte del Cauca indígena, para que el TLC con Estados Unidos no despoje a los pueblos de su autonomía alimentaria; en Bahía Málaga (Valle), Bahía Solano (Chocó) y Bahía Portete para que los puertos no destruyan la base alimentaria de las comunidades; en San Andrés para que los raizales no sean desterrados en su propia tierra; en las grandes ciudades para que las zonas francas y los puertos secos no sean sitios prohibidos para la población; en Teorama y El Tarra para impedir que la Madre Tierra sea profanada. Cada una de estas luchas populares busca impedir la desterritorialización y el despojo. 



4. Aunque víctimas del desarrollo y el despojo, nuestras comunidades han pasado a ser defensoras de la soberanía que el Estado —que debería ser su garante— ha abandonado en la feria de la “confianza inversionista”. La reactivación de las luchas sociales populares en Colombia se vienen dando justo por el camino de defender la Madre Tierra, los territorios y la soberanía nacional. 

Se trata de una dinámica similar en todo el mundo. La captura de los Estados por los intereses privados ha despertado una ola de indignación en Europa, Sudamérica y Estados Unidos contra el despojo de la economía y la vida pública. Todos ellos reclaman, igual que nosotros y nosotras, el derecho de dirigir sus vidas, sus economías y sus países. No dudamos en decir que somos parte de ésos, los indignados e indignadas del mundo. 


5. Los pueblos, organizaciones y procesos asistentes adoptamos mandatos temáticos y macroregionales, y un mandato de mandatos sobre Tierras, Territorios y Soberanías. Se trata de compromisos serios en la construcción del nuevo país, adquiridos por organizaciones y procesos que asumimos la responsabilidad de realizarlos. Entre ellos consideramos de vital importancia los siguientes: 



*Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El espíritu unitario y fraternal que nos acompaña en este Congreso, tendrá que converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la Soberanía. Un primer paso es conformar un espacio de coordinación de los procesos que nos sumamos a estos mandatos. 



*Cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso mandata prohibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. Declara no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de Anglo Gold Ashanti, BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, Cosigo Resources, Smurfitt Kappa, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las comunidades y territorios y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que salgan del país y sean sancionados. 



*Realizar —como organizaciones sociales populares— todas las acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política del conflicto armado. La guerra en nuestros territorios altera profundamente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz sólo se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho humanitario —en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado como botín de guerra—, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos. 



*Profundizar la liberación de la Madre Tierra y la realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindustriales. Por el contrario, esas tierras —robadas en cientos de años a indígenas, campesinos y afrodescendientes— deben restituirse a nuestras comunidades. Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; allí donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico para resolverlas. 


*Constituir a las organizaciones sociales y comunidades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y autoridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que amenazan su disponibilidad. 


*Construir una economía propia y articulada de los pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autonomía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimentos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos la presencia de agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monocultivos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria. 


*Realizar una reforma de territorial del país que contenga un ordenamiento territorial urbano popular democrático de las regiones reconociendo la diversidad y las diferencias tanto de pueblos que habitan al interior de los territorios urbanos, como entre las ciudades de Colombia. 


*Emprender todas las acciones necesarias hasta que los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pueblos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto. 


*Los niños y niñas presentes en el Congreso aprobaron un mandato adicional: consolidar espacios para que deliberen y sus aportes sean tenidos en cuenta. El futuro del territorio está en peligro si no despertamos sus corazones y sus conciencias para que lo defiendan. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar y construir el país de sus sueños.



Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpliremos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta construcción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos. 



Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a gobernar en nuestros territorios! 

La Madre Tierra es de quien la cuida, los territorios son de los pueblos, la soberanía es popular. 

Cali, octubre de 2011

 

Un dudoso Proyecto de Implementación

de un Marco Nacional de Bioseguridad para Costa Rica

Laura Orias Hidalgo. El pasado 16 de junio se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de este proyecto cuya convocatoria fue selectivamente extendida a varios sectores, la gran mayoría con el común denominador de un interés comercial en los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), entre ellas la empresa subsidiaria de Monsanto DL&P e integrantes del proyecto “Construcción de Capacidad Multi-País para el cumplimiento del Protocolo de Cartagena” de la Universidad de Costa Rica, administrado por el Banco Mundial.

Las organizaciones campesinas e indígenas, que repetida y abiertamente manifiestan su preocupación por este tema no fueron invitadas. El sector ecologista tuvo una muy limitada participación y sus observaciones no fueron consideradas.

Un delegado del Ministerio de Salud manifestó el resentimiento institucional sobre la indiferencia con que se trata a la salud en el contexto de la bioseguridad. El Protocolo de Cartagena sólo se centra en el movimiento transfronterizo de OGM “y sus posibles efectos adversos en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad”

Ante la preocupación e inquietud del sector comercial por la difícil confluencia entre los tratados de libre comercio (sobre todo con Estados Unidos) y el Protocolo de Cartagena, el gerente del Proyecto de Implementación de un Marco Nacional de Bioseguridad para Costa Rica y organizador de este encuentro, Jorge Madriz, respondió que la nueva iniciativa no implicaría la aprobación de leyes que regularan o trabaran aún más la comercialización de esos productos. Esto evidencia la irresponsabilidad con la que se pretende ejecutar un marco supuestamente “regulatorio”. Afirmó que no necesariamente todo el Protocolo de Cartagena sería considerado —en referencia al artículo 27 de responsabilidad y compensación por daños, que podría relegarse. Esta posición es muy delicada pues hay escasa información significativa de los efectos adversos para el ambiente y la salud y un inminente riesgo de daños impredecibles. Se llegó a sugerir que en lugar de una legislación se trabajaría con guías para tramitar solicitudes de diferentes tipos de OGM para instituciones específicas, diseñadas por un gran número de consultores muy bien pagados. A cada componente se le asignará financiamiento para pagar más consultorías, una forma ya conocida de despilfarrar recursos.

La reunión concluyó en que los encargados del proyecto insistieron  en que los asistentes firmaran de inmediato una carta de compromiso y acuerdo. Los participantes consideraron  que lo más responsable era conceder un plazo para presentar el documento, y así considerar sus implicaciones.

La Red de Coordinación en Biodiversidad no firmó ni firmará el acuerdo. Su posición es firme: disiente rotundamente de esta forma de manipular los procesos que debieran ser desarrollados con responsabilidad y en consenso. La Red continuará su trabajo de vigilancia y denuncia de este reprochable escenario.

 

Se inició un juicio ético a las transnacionales en Argentina


Las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones.

El Juicio Ético a las Transnacionales es promovido por el proyecto de “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” en articulación con colectivos y organizaciones populares de Nuestra América.

El objetivo de esta propuesta es dar inicio a un proceso de justicia popular, tomando como casos emblemáticos algunas de las grandes corporaciones transnacionales que actúan en la Argentina, y dando cuenta de las políticas públicas y privadas que favorecen este accionar, así como sus responsables.

Tomamos como excepción el caso del Ingenio Ledesma, porque entendemos que es una corporación de capitales nacionales, asociada con capitales extranjeros, que en su accionar reproduce las modalidades de acumulación de capital destructivas de las poblaciones y de la naturaleza.

Si la expropiación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial presente, abrir un proceso de Juicio Ético Popular contra sus principales operadores y cómplices, quiere ser un acto contra-colonial que contribuya a abrir brechas de emancipación futura.

Será una instancia en la que compartiremos los saberes provenientes de diferentes campos de la resistencia popular, que podrán profundizarse en diálogo con los distintos procesos de investigación-acción y de educación popular que venimos desarrollando.
 El juicio tiene una primera instancia a nivel regional, con audiencias realizadas en la Patagonia, en el NOA, y en la Triple Frontera, cuyas conclusiones e información se sistematizaron en un encuentro en Buenos Aires entre el 28 y 30 de octubre. Las sentencias regionales ya están listas.

El Tribunal Ético valora la legitimidad y consistencia de las denuncias de los casos que se presenten, y emite una sentencia que será remitida tanto a las instancias informativas y de comunicación, como a instancias políticas y jurídicas que puedan asumir un nivel de intervención política frente a la devastación realizada por las corporaciones transnacionales.

El proyecto se propone aportar argumentos, materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de resistencia de los movimientos populares que sufren de manera especial las consecuencias de estas políticas.

Las empresas que están sometidas a escrutinio son Barrick Gold
, Minera La Alumbrera,
 Agua Rica
, Ledesma
, REPSOL, Pan American Energy
, Monsanto
, Proyecto Navidad (Pan American Silver)
, Proyecto Potasio Rio Colorado (Río Tinto/Vale)
, Cargill
, Alto Paraná
, Microsoft
, Telefónica
 y  Google.

Se somete a consideración el perfil corporativo de las empresas, sus antecedentes, el origen de los capitales, la composición accionaria, el tipo de inversiones, las operaciones en el mundo y las denuncias de violaciones en el exterior, el año en que empezó a operar en el territorio.

En cuanto a los territorios afectados se consideran sus características, sus condiciones ecológicas y climáticas, su biodiversidad. Las poblaciones que lo habitan, su economía y sus culturas locales. La cantidad de habitantes, las tasas de natalidad, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, la estructura etaria y de género. También se toman en cuenta los principales medios de vida, fuentes de trabajo, etcétera.

Un tercer aspecto es el perfil de la explotación radicada en el territorio. De qué tipo de explotación se trata, cuáles son las condiciones legales, políticas y culturales que favorecieron y/o condicionaron su radicación; cuáles las características tecnológicas y económicas generales, las estrategias empresariales: sus modus operandi con respecto a las poblaciones locales, al sistema político —niveles territoriales (nacional, provincial, municipal) y funcionales (ejecutivo, legislativo, judicial)—, los medios de comunicación / Iglesia / sistema educativo (escuelas, universidades, etcétera). Dentro de esto también hay que considerar la creación de infraestructura que permite el saqueo (como el IIIRSA); los supuestos o reales proyectos y programas comunitarios, la supuesta o real responsabilidad social empresarial, las políticas de coptación y asistencialismo.

Por último están los impactos de las actividades de las empresas sometidas a juicio ético: las consecuencias de sus formas de operar o las proyecciones de esas consecuencias en caso de proyectos; la violación de los derechos humanos en general y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios (convenios y tratados ignorados y/o violados en relación a los pueblos originarios); la violación de los derechos de la naturaleza, saqueo de los bienes comunes y destrucción de los territorios donde operan; las afectaciones en la salud de las poblaciones; los impactos sobre la soberanía local, nacional y popular; la represión, criminalización y judicialización de la protesta social; los dispositivos de control social; la militarización de los territorios en conflicto. Son parte de los efectos los impactos culturales y simbólicos de sus formas de operar y de su presencia en los territorios, la violación de los derechos laborales, las condiciones indignas de trabajo, la precarización, el trabajo en negro (o clandestino), el trabajo esclavo, el avasallamiento de las economías locales; un último aspecto pero muy crucial ante lo que ocurre en el mundo es la concentración, la privatización y la extranjerización de las tierras.

Ante eso, qué respuestas existen. Hay que considerar el surgimiento de resistencias populares y quiénes son los protagonistas, cuáles son las características de la resistencia, sus formas de lucha, de organización y la búsqueda de alternativas.

Integran la Fiscalía Popular: Carlos Vicente. Darío Aranda. Enrique Chaparro. Hernán Scandizzo. Graciela Zaldúa. Horacio Machado Aráoz. José Massón. Lucrecia Wagner. Martín Becerra. Medardo Ávila Vázquez. Oscar Delgado. Patricia Agosto. Roxana Longo. Sebastián Korol. Asamblea Ciudadana Riojana / Comunidad diaguita calchaquí-Tafí del Valle / Pro Eco / ASANOA / Asamblea del Algarrobo / Vecinos Autoconvocados de Andalgalá / CAPOMA / Coordinadora de ex trabajadores del Ingenio Ledesma / Coordinadora de ex presos políticos de Ledesma / Observatorio Petrolero del Sur / Confederación Mapuche de Neuquén / Unión de Trabajadores Desocupados-General Mosconi / Foro Ambiental y Social de la Patagonia / Movimiento Nacional Campesino e Indígena / Observatorio de Conflictos Mineros / Asamblea Popular por el Agua de Mendoza / Foperma (Foro Permanente por el Medio Ambiente ) / FM La Tribu / Acción por la Biodiversidad

Integran el Tribunal Ético: Argentina. Adolfo Pérez Esquivel. Alcira Daroqui. Alejandra Ciriza. Andrés Carrasco. Carlos Pagano. José Seoane. Liliana Daunes. Javier Rodríguez Pardo. Marcelo Ruiz. Maristella Svampa. Mirta Antonelli. Nora Cortiñas. Norma Giarracca. Roberto Gargarella. Brasil. MST (Movimiento Sin Tierra). MAB (Movimiento de Afectados por las Represas). MPA (Movimiento de Pequeños Agricultores) Colombia. Red Hermandad. Chile. Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales). Honduras. Berta Cáceres (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras-COPINH). Paraguay. Tomás Palau (Base Is). Conamuri. Serpaj Paraguay. Uruguay. Antonio Elías (Red de Economistas de Izquierda)

Convocantes. Acción Por la Biodiversidad. Articulación continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA-Capítulo Argentina. Asambleas Ciudadanas Riojanas. Asamblea El Algarrobo- Andalgalá-Catamarca. Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. Asociación Civil PRO-ECO Grupo Ecologista-Tucumán. Asociación de Amigos del Río Chubut. Asociación Trabajadores de la Educación del Chubut-Atech. Asociación Docentes Universitarios-UNPSJB. Autoconvocados de Andalgalá-Catamarca. BePe-Catamarca.CAPOMA-Jujuy. Caja Roja, comunicación popular-Neuquén. Cátedra Abierta de Pueblos Originarios-Universidad Nacional de la Patagonia, SJB, Trelew. Centro Cultural La Estrella de Neuquén. Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL). Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Colectivo de Comunicación Comunitaria “Palabra Abierta”, Trelew. Colectivo Sumaj Kawsay. Comunidad Diaguita Calchaquí Tafí del Valle-Tucumán. Consejo Social de la UNPSJB. Cooperativa Cabure-í. Misiones. Coordinadora de ex trabajadores de Ingenio Ledesma-Jujuy. Coordinadora de ex presos políticos de Ledesma-Jujuy. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Espacio Docente-Trelew. Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). Feministas Inconvenientes. FM Alas de El Bolsón. FM La Tribu. Foro Ambiental y Social de la Patagonia. Foro Permanente por el Medio Ambiente de Neuquén (Foperma). Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Fundación Ecosur-Ecología, Cultura y Educación desde los pueblos del Sur-Sede Patagonia Norte. GRAIN. Grupo de Estudios sobre América Latina (GEAL). Juventud Rebelde 20 de Diciembre. Marcha Mundial de Mujeres-Argentina. Movida Ambiental-Santiago del Estero. Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH). Movimiento de Izquierda Revolucionario. Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI). Observatorio Itinerante de los Pueblos y las Mujeres indígenas (CONAMI). Observatorio Petrolero Sur. Ormache (Organización Mapuche Warriache). Red Nacional de Acción Ecologista (Renace). Trabajadores de Parques Nacionales-Jujuy. Universidad Nacional de la Patagonia SJB-Sede Trelew.

(http://juicioalastransnacionales.org/)

 

Por la defensa de las semillas en Colombia

El ICA expidió la Resolución 970 de marzo de 2010, que define los requisitos relacionados con la producción y comercialización y uso de semillas en todo el país. El ICA plantea que el objetivo de esta norma es mejorar la calidad y sanidad de las semillas que se utilizan en el país, pero en verdad lo que busca es entregarle el monopolio de la producción y comercialización de las semillas a un puñado de transnacionales semilleras y biotecnológicas, y busca quitarle el control de las semillas criollas (nativas), a millones de campesinas y campesinos (agricultoras y agricultores), que son el fundamento de su soberanía alimentaria.

 Algunas organizaciones como el Grupo Semillas, la Campaña Semillas de Identidad, la Confluencia de Organizaciones por la Soberanía y Autonomía Alimentaria y el Colectivo de Abogados José Alvear, estamos trabajando en la elaboración de una demanda judicial de esta norma. Queremos invitarlos a ustedes y a sus organizaciones a participar en este proceso para construir esta demanda.

 Actualmente hemos elaborado una matriz que nos ayude a identificar la normatividad existente en el país sobre semillas, identificando su contenido y alcance y quiénes son afectados por éstas. Ahora queremos identificar algunos casos en los que ya se haya aplicado esta norma en los agricultores. En la página del ICA se reporta la siguiente información:

ICA alerta a agricultores sobre [el] uso de semillas de costal (19 de mayo de 2011): 
En el 2010, el ICA llevo a cabo 8 brigadas de control en la comercialización de semillas, en los departamentos de Tolima (3 brigadas), Huila, Casanare, Boyacá, Córdoba y Cesar. En estas brigadas fueron visitados 35 municipios y 119 empresas. De las empresas visitadas, 21 presentaron infracciones a la norma 970 de 2010, por lo que se realizaron sellados de semillas comercializadas ilegalmente. Boyacá fue el departamento en donde más hubo sellamientos de semilla. En total, un millón167 mil 225 kilogramos de semilla fueron sellados, entre los que se encuentran arroz paddy seco y semilla (un millón 30 mil 560 kilogramos), semilla de papa (88 mil 350 kg), semilla de maíz (36 mil 698 kg), semilla de trigo (9 mil 360 kg), semillas de pastos (934 kg), semilla de arveja (674 kg), semilla de cebada (320 kg), semilla de frijol, (210 kg) y semilla de habichuela (120 kg).http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2011/ICA-alerta-a-agricultores-sobre-uso-de-semillas-de.aspx.

Recientemente en Campoalegre en el Departamento del Huila, el ICA decomisó 70 toneladas de semilla de arroz a pequeños agricultores.

Para la demanda que se está instaurando, es muy importante que podamos identificar y documentar estos casos de decomiso de semillas a los agricultores en diferentes regiones del país, para aportarlos como pruebas documentales o testimoniales; para ello se requiere que los agricultores o las organizaciones acepten aportar estas pruebas de persecución, presión y decomiso de semillas.

 También quisiéramos incluir casos que documenten proyectos o programas gubernamentales o privados de ayuda o fomento agrícola, y de acceso a créditos financieros, en donde se obligue que mediante estos programas y créditos, se obligue el uso de solo semillas certificadas y registradas. Estos casos pueden ser importantes en el proceso, porque muestran como los agricultores son directa o indirectamente obligados a usar semillas de las empresas. (Se requiere los documentos de soporte de estos programas y de los contratos que les hacen firmar a los agricultores).

 “Les agradecemos si pueden explorar y monitorear en sus regiones estos casos y ayudarnos recopilar esta información para aportarlos a la demanda”, decían en una carta anterior los promoventes de esta iniciativa y fijaron la fecha para entrega de estos documentos el 31 de agosto.

 A mediados de septiembre se integró un borrador de la demanda y a finales de septiembre se realizó una reunión con las organizaciones participantes, para hacerle aportes.

Lo importante, en este caso, es compartir con otras organizaciones del continente, que en Colombia ya comenzó algo tan temido como la decomisación de semillas y que hay grupos y organizaciones dispuestos a dar la batalla en defensa de las semillas nativas. Compartir también la necesidad de interponer demandas para frenar este tipo de acciones, nocivas para el futuro de la humanidad.

 

“El imperio de la ley contra el imperio

de la justicia”

Van más de 50 mil asesinatos en la guerra sucia del gobierno mexicano en cinco años, incluidas todas las mujeres asesinadas sin miramientos ni castigo alguno. Son más de 20 mil los de-saparecidos. Hay más de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es descomunal la devastación ambiental por envenenamiento, basura, represas, privatización de agua, deforestación, crecimiento urbano, monocultivos, agrotóxicos, criaderos industriales y minería. Los transgénicos avanzan y el acaparamiento de tierras crece.

El territorio nacional está fragmentado y el miedo cunde, la desconfianza crece. Hay expulsiones masivas de gente en el campo y cambio de uso de suelo a punta de pistola.

Según datos de Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava las mineras cuentan con 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, un 26 por ciento del territorio continental mexicano.

Son meros indicios de una situación insostenible que tiene que cambiar antes de que México se desbarranque en el abismo de violencia y sinsentido que propone “el imperio de la ley”.

En la guerra perpetua contra los pueblos que forman México, el mismo Estado promueve impunidad para algunos, es decir condiciones para evadir las consecuencias de quebrantar la ley. Menosprecia, tras un impermeable de “responsabilidad superior”, las exigencias de quienes sufren las violaciones frecuentes a sus más elementales derechos. Desmantela el aparato jurídico que antes protegía los bienes o ámbitos comunes. Frena los derechos colectivos —el fundamento más vasto de una democracia real— de pueblos indios, de género, de campesinos, laborales, educativos y otros muchos posibles.  Teje una espesura legal tan intrincada que, de facto, la sociedad queda impedida de ejercer la vía procesal. Promulga o enmienda la Constitución, las leyes y reglamentos, obstaculizando directamente la justicia. Criminaliza a las personas, comunidades y grupos que se opongan a políticas, programas o megaproyectos. Se somete a más y más reglas paralelas que dejan de lado el sistema jurídico mexicano en aras de matrices diferentes que engloban prácticas de gobierno —estatutos, reglamentos, criterios, normas estándares— derivadas de los de los tratados de libre comercio. México es el país con más tratados firmados en el mundo. Desde 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica este actuar del Estado mexicano como “desvío de poder”.

El 21 de octubre comenzó a sesionar en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (continuación del Tribunal Russell que intervino ante los crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos en la guerra de Vietnam). El TPP fue el que hizo visible la brutal represión masiva de las dictaduras sudamericanas y la represión francesa en Argelia en los años setenta.

El TPP es independiente de toda institución, partido, o nacionalidad en el mundo. Es una instancia autogestionaria integrada por personas de reconocida calidad moral, que adquiere legitimidad del proceso social que le solicita su intervención. Se trata de un proceso colectivo que intenta poner la responsabilidad en el centro de cualquier convivencia humana. En ese sentido es un tribunal de conciencia, un espacio de ética, un modo de repensar el pacto social y, como su nombre lo indica, ser tribunal lo hace ser un cuerpo de opinión, pero también una tribuna para que los agraviados expresen desde múltiples rincones del país sus querellas y sus propias visiones de futuro. También provoca vinculación entre los agraviados, entre las diferentes luchas de reivindicación.

Tras años de pláticas entre varios grupos mexicanos y el Tribunal, éste accedió a inaugurar un proceso de dos-tres años en México ante la contundente carga de evidencias que le presentaron.

El proceso del TPP es una oportunidad para repensar el derecho en México (algo que sólo ha ocurrido en la Convención de 1914-1915 y en los Diálogos de San Andrés). Nadie invoca derechos cuando la relación fluye. Los derechos se reclaman cuando algo está roto. Esto significa cuestionar que el Estado se arrogue la primacía del derecho, emita leyes a su beneficio, lesione con toda la violencia incontrolada de una guerra engañosa los derechos de los pueblos, promueva el aislamiento individual de la población soslayando los derechos colectivos que impulsan a los pueblos a buscar su propio proceso de redefinición y su propio destino.

Al no poder apelar a la ley para que los proteja o los impulse, los pueblos invocan la autonomía en los hechos. La autonomía viene de dejar de confiar en un sistema jurídico que niega y sojuzga sistemáticamente a la mayoría. México es uno de los pocos países del mundo donde ni siquiera están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. El ramplón artículo 2 constitucional que con cinismo los reconoce únicamente como “sujetos de interés público” quedará para la historia como la manera engañosa de negar el mínimo derecho de ser “sujetos de derecho público” en aras de escamotearles la existencia y someterlos a su clientelismo descarado. (RVH)

(www.tppmexico.org)

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