En la actualidad las tierras cultivables en manos del Estado se administran por medio del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), sucesor del antiguo Itco (Instituto de Tierra y Colonización), este último responsable de institucionalizar las luchas por la tierra y calmar las movilizaciones de campesinos y campesinas entre los años sesenta y ochenta. Con financiamiento estadounidense, el IDA se convirtió en la principal herramienta del Estado costarricense para disfrazar los conflictos por tenencia de la tierra con políticas públicas del “Estado benefactor” durante el periodo de lucha armada en Centro América. Se buscaba evitar la expansión del comunismo en Centro América y hacer de Costa Rica una vitrina publicitaria de un capitalismo exitoso creando una burguesía local artificial. Entre 1990 y 2000 se implementaron los “Certificados de Abono Tributario” (CAT), subsidios a la exportación (que le costaron al Estado unos 200 mil dolares por millón exportado). Impulsaban el modelo agroexportador y desmantelaron la producción de granos básicos: arroz, frijol y maíz que abastecían el consumo nacional. Estos incentivos promovieron la pérdida de soberanía alimentaria, la extensión de monocultivos, la homogenización y la pérdida de agrobiodiversidad. La mayoría de los incentivos fueron aprovechados por transnacionales agrícolas y no por campesinos. Nueva inseguridad jurídica. Mientras la explotación de tierras cultivables enfrentan grandes procesos de concentración y acaparamiento por parte de multinacionales productoras de frutas como Del Monte y Dole, el gobierno (acatando disposiciones del Banco Mundial), propone no ofrecer más títulos de propiedad a pequeños agricultores de forma directa. El proyecto de Ley 17218 “Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en Instituto de Desarrollo Rural (Inder)” va más allá del cambio de nombre. Por otro lado el IDA no goza de buena reputación entre el campesinado costarricense, ya que se caracterizó por alentar el uso de paquetes tecnológicos con agrotóxicos y semillas certificadas dentro de los asentamientos campesinos. Se le ha denunciado por discriminación e incluso se le imputa a algunos de sus funcionarios acoso sexual hacia mujeres del campo. Con este proyecto se plantea cambiar la forma de adjudicar las parcelas a las personas que deseen tierra para trabajarla. Hasta el momento, se le otorgaban tierras a campesinos y campesinas mediante un mecanismo de selección, o en el peor de los casos por medio de actos clientelistas derivados de los comicios electorales locales o nacionales (cosa que no se plantea cambiar en la nueva legislación). Pero los campesinos gozaban de seguridad, ya que se les otorgaban derechos sobre un determinado trozo de tierra que luego de 15 años pasaba a ser un bien del productor o productora. Ahora se plantea otorgar contratos de arriendos por periodos de 5 años donde las familias campesinas quedan sujetas a más regulaciones. Esto porque el arriendo significa no dar derecho a titulo de propiedad ni poder construir ni siquiera un lugar para vivir, ya que no estará seguro de que el Estado reconozca este inmueble como “una mejora útil” —única forma de ser indemnizado al termino de los 5 años. Con esto los nuevos asentamientos campesinos quedan marcados por una inseguridad jurídica ya que el gobierno podrá sacar a los campesinos y campesinas de estas tierras en el momento que lo desee, amparado en parámetros del Plan de Desarrollo Rural, y basado en indicadores de “competitividad” y “aprovechamiento de las ventajas comparativas”, que por lo general no son compatibles con la agricultura campesina, que se basa en la biodiversidad, el cuidado de los suelos y el manejo de bosques y no pueden ser medidos por parámetros ligados al mercado global. Otro asalto a los bienes comunes. Un cambio importante viene a ser el enfoque conceptual hacia el sector empresarial. En esta línea el proyecto de ley menciona: “Fortalecer el sistema institucional rural y su articulación en la ejecución de los planes de desarrollo rural territorial, diseñados con la participación del sector privado”. No sólo representa una nueva forma de concebir las políticas públicas para el sector agrícola, sino que plantea una gran incertidumbre sobre el manejo de tierras de dominio público, poniéndolas al servicio del sector privado. La ley no aclara de ninguna forma cómo se darán este tipo de adjudicaciones, sólo abre un portillo legal para justificar lo que ya se viene dando desde hace años con las tierras del Estado: se prefiere poner al servicio de empresas del monocultivo y no en manos de campesinos y campesinas. En 2010, el IDA designó (de forma ilegal) parcelas de asentamientos campesinos para la producción de piña a una empresa agroexportadora. Esto lo denunciaron vecinos y vecinas de Guatuso, zona norte del país, colindantes con el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro. Costa Rica se viene conociendo en los últimos años por ser el más grande exportador mundial de piña, donde el principal mercado se encuentra en Europa, con un crecimiento de más del 600% en la pasada década, más de 60 mil hectáreas cultivadas y graves consecuencias para las comunidades vecinas al monocultivo. Tampoco quedan claras las alianzas de inversión público-privadas. Este proyecto de ley (que cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas en el congreso), menciona que uno de sus fines será “Promover las alianzas público-privadas necesarias y facilitando los esquemas de coinversión”. Sin aclarar la forma de operación de esta ley, queda otro portillo abierto para el gran capital financiero que invierte grandes sumas de dinero en América Latina y que viene generando un clima de especulación y acaparamiento en los mercados de tierras y producción de alimentos. Propiedad Intelectual. La discusión sobre Propiedad Intelectual en Costa Rica nunca es un tema de debate nacional, debido a que el gobierno intenta ocultarlo siempre que puede. Así, se implementaron los tratados internacionales de UPOV91 y Budapest, como parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana. Estas leyes de implementación complementarias del TLC chocaban con la Ley de Biodiversidad (Ley 8877) que fue modificada de facto por medio de decretos ejecutivos en 2008, en el gobierno de Oscar Arias, para garantizar la bioprospeción y el patentamiendo de la biodivesidad. No es gratuito que el proyecto de ley 17218 que hemos reseñado abogue por “Facilitar a los pobladores rurales, el registro y la protección de su conocimiento ancestral, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y de las innovaciones”. Estos mecanismos ponen en riesgo a quienes utilizan y comparten semillas campesinas y los saberes asociados a ellas, ya que el país esta sujeto a legislaciones que facilitan el patentamiento de la vida. En general, este cambio en la institucionalidad del sector agropecuario costarricense apunta hacia un modelo ya excluyente e insustentable con más obstáculos a las comunidades campesinas, lo que agravará la crisis del agro costarricense.