Zonas de sacrificio y defensa territorial: el caso de las consultas del Yasuní y del Chocó andino

Luego de más de varias décadas de lucha a favor del Yasuní, el 20 de agosto 2023, el pueblo ecuatoriano votó decididamente por que en ese rincón de la Amazonía ecuatoriana se suspenda toda actividad petrolera; que se mantenga el crudo en el subsuelo; que deje de ser una zona de sacrificio.

Ese mismo día la población del Distrito Metropolitano de Quito votó contundentemente por que se prohíba la minería artesanal a pequeña, mediana y gran escala en la zona llamada Chocó Andino, ubicada en el noroccidente de la ciudad de Quito, conocida también como la “capital mundial de la panela orgánica”. De esa manera, se evitó que esta zona de gran importancia desde el punto de vista ecológico y cultural sea convertida en una zona de sacrificio.

Las zonas de sacrificio son aquellos lugares donde se prioriza la ganancia económica por sobre los derechos humanos y de la naturaleza, generándose devastación ambiental a través de la contaminación, deforestación, destrucción de ecosistemas y de formas de vida. Se configuran cuando hay una intencionalidad del Estado, ya sea porque permite o lleva a cabo acciones destructivas que generan beneficios, o porque se abstiene de tomar medidas para frenar las acciones de los actores económicos responsables.

En estas zonas de sacrificio los Estados demandan a sectores de la población, considerados como inferiores, que hagan una ofrenda para alcanzar un bien superior, un bien universal, con connotaciones morales, casi heroicas. Se exige una renuncia sacrificial para alcanzar el progreso, la modernización, y se hacen estas exigencias bajo el presupuesto de que los “daños negativos aceptables” a nivel local son imprescindibles; a cambio del bien común.

Se pide a segmentos de la sociedad sacrificar sus tierras o formas de vida, para que otros tengan una mejor vida, bajo el argumento de aspiraciones universales, como si todos fuéramos y tuviéramos la misma escala de valores y aspiraciones.

Éste es el caso del Parque Nacional Yasuní, el hogar de pueblos indígenas en aislamiento; y considerado por la ciencia occidental como el lugar más biodiverso del planeta. Justamente ahí hay reservas petroleras importantes, con un crudo de muy mala calidad. Los diferentes gobiernos de turno han insistido en sacrificar la zona por un “bien mayor”: la generación de divisas para sostener la economía del país, aunque gran parte de los ingresos petroleros no se usen para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para pagar la deuda externa.

El Estado pidió a la población ecuatoriana que aceptemos que el Yasuní sea una zona de sacrificio, y lo que propuso fue que aceptáramos un acto de fe, porque no conocemos con exactitud los volúmenes de crudo que saldrán de cada pozo perforado, cuándo se secarán, cuántos nuevos pozos se necesitará perforar para que el campo petrolero sea rentable, por tratarse de un yacimiento de mala calidad.

Y se hacen cálculos: cuánta biodiversidad es sacrificable a cambio de esta aventura petrolera. En el Chocó Andino se calcula si la extracción minera es más rentable que la producción de panela, sin considerar que lo que está en juego es la forma de vida de sus pobladores.

Aunque un accidente no puede considerarse como sacrificio, porque no hay una intencionalidad, la omisión de normas o protocolos, o la simple realización de obras que jamás debieron llevarse a cabo en ciertos lugares, los convierte en zonas de sacrificio. Éste es el caso del río Coca en Ecuador, represado para servir al mayor proyecto de generación eléctrica del país. Ahí confluyen varios factores de riesgo; hay actividad sísmica, está ubicado a las faldas de uno de los volcanes más activos del Ecuador, por ahí atraviesan los dos oleoductos que sacan el petróleo crudo para la exportación. La confluencia de esos factores hizo que se inicie un agresivo proceso de “erosión regresiva” del río, lo que hizo que el 7 de abril 2020 ocurriera la ruptura de los dos oleoductos porque la carretera desapareció, poniendo además a las comunidades de las riberas del río en grave riesgo. Se han hecho algunas variantes para los oleoductos y la carretera, pero la erosión avanza. El gobierno dice que es un fenómeno natural y que la ruptura de los ductos fue un accidente, pero fueron las decisiones erróneas del Estado las que construyeron esta zona de sacrificio.

Hay zonas de sacrificio donde confluyen en el mismo lugar, actividades mineras o la extracción petrolera, refinerías metálicas o de hidrocarburos, ductos o infraestructura portuaria; y para que todo se mueva, alguna fuente de generación eléctrica. Todos estos elementos destructivos son necesarios para que el objetivo económico se concrete: en este caso, el extractivismo. En estas zonas de sacrificio hay factores de riesgo adicionales, que son atraídos por la aparente bonanza económica, como la proliferación de la economía criminal. A esto se suma que hay una complicidad del Estado al ignorar la aplicación de normas ambientales. Son zonas de sacrificio creadas por omisión del Estado, que deja de ejercer su papel de control y de aplicar los derechos humanos.

Tomando prestadas las palabras de Alberto Acosta, hay zonas sacrificables debido a su abundancia. Es la maldición de la abundancia la que hace que zonas con suelos de extraordinaria fertilidad, territorios con abundancia de minerales o hidrocarburos sean zonas sacrificadas para la generación de ganancias. Éste es el caso de la Pampa Húmeda Argentina y la Cuenca Baja del Río Guayas, zonas de altísima fertilidad, dedicadas a la agroindustria y la agroexportación, con el decidido apoyo del Estado. Es también el caso de las zonas mineras en Bolivia, Perú y Chile, cuyos impactos van más allá de la zona de explotación, pues sus desechos contaminan los ríos, acarreando la contaminación a lo largo de su ruta.

Hay actividades económicas que crean zonas de sacrificio en lugares que no están ligados necesariamente a la abundancia de un lugar, sino que son considerados como menos valiosos desde el punto de vista económico, social o ambiental. Ahí se instalan botaderos de basura o de desechos tóxicos, refinerías y otras actividades riesgosas.

Y lo que se propone con frecuencia son compensaciones. De esa manera, la gente, los pueblos, la naturaleza, se hacen “sacrificables” en la medida que se pueda calcular una compensación económica o se asegure la dotación de servicios. En la consulta popular del Yasuní, entre los argumentos presentados por el gobierno de turno y las empresas petroleras para que la población ecuatoriana votara NO a dejar el crudo del Yasuní en el subsuelo fue que la población local se iba a quedar sin agua entubada, servicios de salud y educación, pues eran las petroleras las encargadas de dotar esos servicios. Fue una forma de chantaje la que se hizo a la población local: o aceptan que esta zona se sacrifique para que puedan tener acceso a esos servicios, o se quedan sin ellos. Otro argumento fue que se perderían las fuentes de trabajo generados por la empresa —trabajos temporales y peligrosos—… y el resultado fue que los pobladores votaron SI a dejar el petróleo en el subsuelo.

Todo esto hace que el sacrificio se convierta en un problema de control moral. La violencia sacrificial es omnipresente, está en cada carretera, en cada mina, en cada pozo petrolero y depósito de desechos tóxicos. Es por eso que toda la argumentación, las acciones y normativas que justifican la violencia sacrificial deben ser cuestionadas, resistidas y enfrentadas. Sus escalas de valores, desmanteladas, su lógica desmitificada y revelada.

Los resultados de las consultas populares a favor del Yasuní y del Chocó Andino son importantes primeros pasos, porque aún hace falta mucho para que se aplique la voluntad popular, pues aún persiste en peligro que desde el Estado y las empresas persista la voluntad de que estas áreas sigan siendo zonas de sacrificio, como lo demuestran declaraciones hechas por el poder ejecutivo.