Quién financia la producción masiva de carne en Ecuador

A pesar de todos los problemas ambientales de la cría masiva de animales, los cinco principales Bancos Públicos de Desarrollo han invertido en los últimos 10 años más de 4500 millones de dólares para financiar a empresas ganaderas industriales, en países como Brasil, Ecuador, México, China, Vietnam, Madagascar y Kenia, todo bajo el pretexto del “desarrollo sostenible”. La Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama prestamista para el sector privado del Banco Mundial, ha facilitado financiación a ganaderos por valor de más de 1800 millones de dólares, desde 2010.

En la actualidad los bancos públicos de desarrollo financian operaciones industriales a gran escala a Louis Dreyfus Company (LDC, alimentos para animales), Marfrig (carne de res), Mavin (cerdos) y Pronaca (cerdos y aves), entre otras.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) están apoyando, a través del financiamiento, la expansión y fortalecimiento de empresas gigantes de carne y lácteos como Minerva y Smithfield Foods.

Desde 2017, BID Invest —el brazo privado del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—, ha incrementado más de veinte veces sus inversiones en ganadería (su cartera es de unos 500 millones en la actualidad). Este banco tenía en su agenda el financiamiento a la transnacional brasileña de Marfrig Global Foods por millones de dólares para ampliar sus operaciones, pero debido a la presión de organizaciones de derechos animales, humanos y ambientales —agrupadas en la campaña Stop Factory Farming Finance (SFFF)—, el préstamo se logró cancelar.

En el caso del préstamo de CFI al gigante de la agroindustria Louis Dreyfus LDC, la campaña internacional contra la expansión de granjas de crianza intensiva se centró en cuestionar sus compras de maíz y soya —sobre todo destinadas para alimento balanceado en las granjas industriales— provenientes del Cerrado brasileño, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, por el avance del agronegocio. Pese a la fuerte campaña contra este préstamo, se los aprobaron y Louis Dreyfus recibió 200 millones de dólares.

Un estudio publicado el 20 de junio del 2022 describió que Agrícola Xingu, un proveedor indirecto de LDC, no sólo es responsable de la deforestación de más de 32100 hectáreas en el Cerrado, sino que forma parte de un grupo de productores industriales que reclaman la “posesión” de un área ocupada por más de 300 años por la comunidad tradicional de Capao do Modesto en el estado de Bahía. Dos casos de préstamos a la industria de la carne en el Ecuador son ejemplares:

Pronaca: empresa que controla la industria de los cerdos y las aves. A principios del 2021 CFI aprobó un crédito de 50 millones de dólares para la expansión de las granjas agroindustriales de Pronaca, la empresa de producción de carne de pollo y cerdo más grande del país, con una historia controversial por ser causante de graves problemas sociales y ambientales en el Ecuador.

Pronaca cuenta con más de 30 granjas industriales, de cerdos y aves, construidas en la provincia de Santo Domingo de Tsáchilas, y con 115 operaciones en otras 10 provincias del Ecuador. Cada granja puede llegar a albergar miles de cerdos o aves. La empresa ha sido denunciada por las comunidades aledañas, por la contaminación de los ríos provocada por los desechos animales, lo que resulta en graves afectaciones a la salud humana y a la naturaleza.

Los daños ambientales responsabilidad de la empresa, en particular en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, están bien documentados. Ahí, Pronaca alberga cerca de un millón de cerdos, casi el doble de la población humana. Los pobladores que viven en las zonas de influencia de las granjas porcícolas se quejan porque los residuos de esos animales acaban en el río, que lo contamina con bacterias coliformes fecales. Varios estudios de la calidad del agua de los ríos muestran contaminación que en algunos casos supera cientos de veces los máximos autorizados; y el olor en las zonas cercanas es pestilente.

El pueblo tsáchila, con una población de entre 3 mil y 4 mil personas que viven en siete comunas en la provincia, depende de los ríos para su abasto de peces, y agua para sus cultivos y para cocinar y bañarse. Este pueblo y la población campesina resultan afectados.

El modelo impuesto por Pronaca ha generado una enorme dependencia en el mundo rural, puesto que esta empresa controla toda la cadena del maíz / balanceados / pollos / cerdos, hasta llegar a la gente que consume.

Pronaca ha provocado la expulsión de quienes producen en pequeño pollos y cerdos; ha habido además una ampliación de la frontera del maíz en extensas áreas agrícolas que antes estaban dedicadas a la producción de alimentos, y ahora producen balanceados. Pronaca también ejerce control en el sector de los consumidores. Desde que logró ser la empresa líder en la producción de animales de granja, el consumo de productos cárnicos se disparó, concentrando peligrosamente la alimentación del país.

Dado el enorme control que ejerce Pronaca en toda la cadena maíz / balanceados / carne de pollo y cerdo, ésta puede imponer los precios de los insumos de los que se abastece la industria y de los productos que llegan al plato quienes consumen.

Pronaca es hoy la sexta empresa más grande del país, con un gran poder de mercado, y la apoyan varias instituciones financieras internacionales, pese a que nuestro país, según el artículo 188 de la Constitución, debería privilegiar la producción campesina para la soberanía alimentaria.

En 2013, la CFI otorgó otro préstamo de 70 millones de dólares a Pronaca, para una mayor expansión de las operaciones ganaderas de la empresa en Santo Domingo de los Tsáchilas. Más de un año después, el Ministerio del Medio Ambiente aprobó las licencias de 14 granjas de Pronaca.

Según información de CFI, el préstamo de 2021 fue por 50 millones de dólares que se utilizarían para respaldar el programa de inversión de la compañía durante 2020-2022. El programa de inversión de Pronaca “se enfoca en mejorar la eficiencia y la expansión de la capacidad en sus fábricas de alimentos, granjas porcinas e instalaciones de procesamiento de carne de cerdo y aves”; es decir, ampliar la frontera avícola y porcina en el país. La información de CFI añade que la compañía es propiedad de las familias Bakker y Gerritsen de Ecuador y las familias Gutiérrez y Bosch de Guatemala.

Financiando a la industria camaronera. El 5 de agosto de 2022, la Corporación Financiera Internacional anunció otro financiamiento a la industria de la carne en el Ecuador. Un préstamo de 45 millones de dólares para “mejorar la resiliencia del sector camaronero”, otorgado a la Industrial Pesquera Santa Priscila S.A., el principal exportador de camarón del país. Esta pesquera pertenece a la familia Salem, relacionada con un ex vicepresidente del país. La nota de prensa de la CFI dice que se “ayudará a la empresa a ampliar su número de granjas y mejorar su automatización y productividad”.

Si bien el préstamo de CFI tiene categoría B, que incluye “actividades comerciales con posibles riesgos y/o impactos ambientales o sociales adversos limitados que son pocos en número, generalmente específicos del sitio, en gran parte reversibles y fácilmente abordables a través de medidas de mitigación”, no son desconocidos los graves impactos que ha tenido la expansión de la industria camaronera sobre el ecosistema de manglar y sobre las poblaciones que tradicionalmente lo han cuidado y dependen de éste para su sobrevivencia. En la ficha del préstamo se señala que los recursos se utilizarán para: “financiar la adquisición de la granja California, que comprende 1300 hectáreas de granjas camaroneras en el área de Naranjal, cerca de Guayaquil; y conectar esta finca a la red eléctrica, eliminando el uso de generadores de energía diésel en los sistemas de bombeo y aireación y alimentación automatizados (el ‘Proyecto’)”. La compañía espera disminuir las emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI) mientras mejora los niveles de productividad en sus estanques de camarones debido a una mayor estabilidad y calidad de la oxigenación”.

La nota añade que los fondos de CFI sólo se invertirán en granjas que estén adaptadas a los estándares de certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) o Best Aquaculture Practices (BAP), promoviendo buenas prácticas con beneficios de sostenibilidad. La ASC fue fundada en 2010 por WWF y la fundación Sustainable Trade Initiative (IDH), como programa de etiquetado y certificación para productos de la acuacultura. Ninguno de estos sistemas de certificación evalúa los impactos de la industria camaronera en las poblaciones locales, problemas muy bien documentados y ampliamente denunciados. En Ecuador, los inconvenientes asociados a la industria camaronera se iniciaron en la década de 1970 y se mantienen hasta nuestros días.

El proyecto se ubica en el cantón Naranjal, donde se encuentra una parte de la Reserva Manglares Churute que ya muy afectada por las camaroneras.

En los últimos años, la industria camaronera ha empezado a expandirse a tierras agrícolas, afectando la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. Se ha expandido sobre humedales de agua dulce de gran importancia ecológica, poniendo en peligro la fauna y flora nativa de estos ecosistemas.

Pese a que esta empresa sigue expandiéndose con recursos de las bancas públicas de desarrollo, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas se mantiene.

Las comunidades tsáchilas en la actualidad se están coordinando con organizaciones campesinas y ecologistas, para seguir denunciando y resistiendo a la expansión de la crianza intensiva de animales.

Las bancas públicas de desarrollo deben dejar de financiar estas actividades que contribuyen a la deforestación, a la pérdida de territorios indígenas y campesinos y vulneran los derechos colectivos y de la naturaleza.