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Algunos indicios de la crisis global

y las devastaciones venideras

Como siempre, esta sección presenta fragmentos de voces, artículos, testimonios declaraciones de muchas personas y colectivos que sufren problemáticas particulares o están al pendiente de ellas para documentarlas, analizarlas y denunciarlas.
Ahora, sin afán alarmista, presentamos algunos de los problemas asociados con las actuales crisis combinadas que sufre nuestro planeta, problemas agravados por la devastación que en los territorios de los pueblos desatan las grandes empresas (junto con los gobiernos) por su avidez de hacer negocio, incluso con las crisis. No es un recuento exhaustivo, son sólo unos cuantos ejemplos, pero en los números siguientes continuaremos el recuento, para que tengamos presentes estos problemasy continuemos nuestra reflexión de cómo salirles al paso.

 

La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, en sólo una década sus ingresos pasaron del quinto al tercer lugar como generadora de divisas, sólo superada por los ingresos petroleros y los de la industria automotriz. El auge de la minería se debe a muchos factores, entre ellos el aumento del precio de los metales, pero también la creciente importancia de otros minerales en la industria de la tecnología y la carrera armamentista.

Lo que ni los bancos ni los industriales mineros informan es que dicho crecimiento se ha fincado sobre la destrucción del medio ambiente pasando por encima de los derechos de los dueños de las tierras, los campesinos y los pueblos indígenas. Y cuando éstos se defienden, sobre sus vidas. El auge de la industria minera está manchado con la sangre de quienes deberían beneficiarse con esos minerales. Para que esto sea posible cuentan con un marco normativo ad hoc; instituciones públicas a su servicio y políticas que obedecen a sus intereses; todas adecuadas a los intereses del capital después de las reformas al artículo 27 constitucional mexicano [que abre la privatización de las tierras comunales] y la firma de tratados de libre comercio.

 Un ejemplo de lo permisivo de la ley minera es que declara toda la actividad minera de utilidad pública, preferente a cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales, y excluida de todo impuesto estatal o municipal. Declarar que la minería es de utilidad pública implica que el Estado puede expropiar los terrenos donde se ubican los minerales para entregarlos a los concesionarios, lo cual puede suceder si éstos se niegan a facilitar sus tierras para esas actividades; que sea preferente conlleva el peligro de que pueblos que se asienten en esos terrenos, siembren en ellos o realicen otras actividades importantes para ellos deben abandonarlos. En otras palabras, el mineral es más valorado que la vida misma.

 El problema se agrava más tratándose de pueblos indígenas por la relación espacial que éstos mantienen con la naturaleza, la cual resulta indispensable para su existencia y desarrollo. Si bien es cierto que las leyes aprobadas en nuestro país no reconocen explícitamente su derecho al territorio, sí lo hacen los documentos internacionales, que también tienen validez en el territorio mexicano. Atendiendo al contenido de éstos, los pueblos tienen derecho a decidir sobre el uso, aprovechamiento y administración de los recursos naturales, incluida la minería. Pero a la hora de otorgar las concesiones a las empresas extranjeras el gobierno hace como si estos no existieran, lo que en sí mismo ya representa una violación a los derechos de los pueblos.

 Ellos lo saben. Y no están dispuestos a que se les despoje de su patrimonio. Por eso cada día que pasa vemos más comunidades campesinas y pueblos indígenas oponiéndose a las actividades mineras en sus territorios, porque ello representa la destrucción de sus lugares sagrados, la contaminación de sus ríos, de donde toman agua para su subsistencia y la contaminación del medio ambiente en que viven. De esto no hablan las cifras del Banco de México ni la Cámara Minera de México. Pero hay que hablar, porque representan los costos sociales y ambientales que los que se benefician con la actividad minera no pagan y se trasladan a la sociedad en general. Francisco López Bárcenas, “Minería y pueblos indios”, La Jornada, 17 de febrero de 2011

 

Por extractivismo entendemos la apropiación de los bienes comunes, de  modo directo o indirecto, para convertirlos en mercancías. Se trata de  una fase diferente del modelo neoliberal luego de la primera etapa anclada en las privatizaciones, la apertura comercial y financiera y la desregulación laboral. Forma parte del proceso de financierización de  las economías, toda vez que podemos considerar el extractivismo como un proceso más especulativo que productivo: las inversiones son mínimas y  el retorno del capital es tan veloz como sucede en el sistema financiero.

En la producción de soja, y en otros rubros de la agricultura, se alquilan las tierras y las máquinas, de modo que la inversión fija es muy baja en el conjunto del capital movilizado. Pero el retorno se produce en apenas una cosecha, al cabo de la cual el pool de siembra puede emigrar a cualquier otro lugar porque (precisamente) no se ha fijado en ningún espacio físico. Algo similar sucede con la minería, con la peculiaridad de que las ganancias son fabulosas.

Es un modelo excluyente porque no necesita personas. Más aún, las  personas son un obstáculo. Mientras el modelo basado en la producción industrial durante la sustitución de importaciones necesitaba trabajadores calificados y gran cantidad de obreros y empleados en la producción y la distribución, y necesitaba a los consumidores de esas  mercancías, con el modelo extractivo sucede todo lo contrario: la mecanización hace irrelevante el trabajo humano (la minería tiene un  sistema muy similar al de las plataformas petrolíferas con alta rotación de trabajadores especializados que viven muy lejos del lugar de trabajo). Y no hay consumidores, ya que los productos primarios son exportados a países lejanos para alimentar ganado o para ser procesados.

Es un modo de producir mercancías que destruye la naturaleza. “El  proceso de privatización y concesiones de lotes petroleros, gasíferos, mineros y forestales se ha ido profundizando en Perú, con los últimos tres gobiernos: Fujimori, Toledo y Alan García. Fujimori dejó el 15% de la Amazonía lotizada y concesionada; Toledo avanzó puntos más y García ha llegado a privatizar el 72% del territorio amazónico en lotes concesionados y entregados al gran capital transnacional, muchos de los cuales se superponen a las reservas  territoriales de pueblos en aislamiento voluntario”, dijo el dirigente  indígena peruano Alberto Pizango al cumplirse el primer aniversario de  la masacre de Bagua.

La extracción empobrece a los países productores y enriquece a las multinacionales. Paga impuestos apenas simbólicos y en ocasiones nada, ya que estos emprendimientos suelen implantarse en limbos jurídicos como las zonas francas y aprovechan todas las ventajas que les ofrecen los países propietarios de esas riquezas.

Forma parte de lo que el geógrafo David Harvey ha definido como  “acumulación por desposesión” o, si se prefiere, por robo o apropiación. El reciente informe del Banco Mundial, Los recursos naturales en América Latina y el Caribe. ¿Más allá de bonanzas y crisis?, afirma que los países de la región  “llegaron a ser de los más prósperos del mundo gracias a la producción  de metales precios, azúcar, caucho, granos, café, cobre y petróleo”.

Suena extraño que la expoliación colonial sea leída de ese modo por una  institución que pretende orientar las políticas nacionales. Más aún,  asegura que “las exportaciones de bienes primarios siempre han activado las economías de la región, llenando las arcas de los gobiernos”, y que América Latina “puede derivar beneficios significativos por ser la mina y el granero” de las economías centrales. Casi un insulto.

Omite, por ejemplo, la creciente militarización de áreas enteras para despejar población molesta para este tipo de acumulación, que tiene en la guerra colombiana su mayor expresión. Los territorios de la guerra son exactamente aquellos donde las multinacionales han puesto sus ojos para apropiarse de los bienes comunes como lo muestran varios estudios. En paralelo, el agronegocio se apropia de millones de hectáreas desplazando a la población campesina productora de alimentos, con lo que la seguridad alimentaria de las naciones de debilita.

En consecuencia, este modelo genera pobreza y exclusión. El economista argentino Claudio Katz recordó un estudio de CEPAL que afirma que en la Argentina el 10% más rico tiene un ingreso per cápita mayor que ese mismo sector en los países anglosajones, en tanto la población con menores ingresos es veinte veces más pobre que los estratos más bajos de  los países desarrollados. Raúl Zibechi, “Pan para hoy, incertidumbre para mañana”, Alai Amlatina, 27 de octubre de 2010

 

Veintiún grupos de la sociedad civil expresaron su azoro y su indignación ante el artículo (aparecido en la revista Nature) de Johannes Lehmann y Stephen Joseph, presidente y vicepresidente de la Iniciativa Internacional Biochar, e impulsores de créditos de carbono y subsidios al biochar). El texto propone que en aras de mitigar el cambio climático podría ser útil convertir en plantación de carbono un área de tierra más grande que India. Algo tremendo. El artículo, publicado en agosto de 2010 en Nature Communications, alega que se podría neutralizar 12% de los gases con efecto de invernadero produciendo vastas cantidades de carbón para luego añadirlas al suelo, según las prácticas conocidas ahora como biochar. Pese a que los autores alegan que esto puede hacerse sin trastocar los hábitats naturales y las tierras de cultivo, las cifras y cálculos ofrecidos arrojan un panorama muy diferente, que implica el trastocamiento de las tierras a una escala nunca antes vista. Los autores alegan que existen unos 200 millones de “tierras de cultivo abandonadas” que podrían convertirse en plantaciones de árboles y otros cultivos para producir biochar. Alegan que otros 170 millones de pastizales tropicales podrían convertirse en plantaciones de árboles de corta rotación para producir biochar y forrajes animales.

El concepto de “tierras de cultivo marginales o abandonadas” ha sido fuertemente criticado por los movimientos sociales y los grupos de la sociedad civil por todo el mundo porque el término hace referencia expresa a tierras de las que dependen en gran medida millones de pastores y agricultores campesinos. Referirse a las tierras comunitarias ricas en biodiversidad como “abandonadas y marginales” y asumir que tales tierras están “disponibles” para convertirlas en carbón tiene ya el efecto de promover acaparamientos masivos de tierras —especialmente en África, Asia y América Latina. Tales tierras, en realidad, juegan un papal esencial en mantener la biodiversidad y en regular el clima.

Los grupos que criticaron lo sesgado del artículo de Nature Communications son parte de un grupo mayor que incluye a más de cien organizaciones que firmaron una declaración internacional a fines del año pasado urgiendo a tomar precauciones contra el desarrollo de iniciativas de biochar en gran escala y a ponerle un alto a los créditos de carbono. Comunicado de prensa de 21 grupos de la sociedad civil incluido el Movimiento mundial por los Bosques Tropicales, Econexus, African Biodiversity Network, el Grupo ETC, Gaia Foundation entre otros, 30 de agosto de 2010

 

Avanza uno de los más increíbles ataques a los bienes comunes del planeta y la humanidad: la privatización del aire. El principal instrumento para ello es un mecanismo llamado cínicamente REDD (reducción de emisiones por deforestación y/o degradación evitada de bosques), que está entre los puntos clave que promueve el gobierno mexicano en las negociaciones internacionales sobre el clima. La propuesta de los programas REDD es que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo deforesten. Por ello se llama deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario donde “ambas partes ganan” como dicen los empresarios y sus ONG amigas. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva hayan destruido. Y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10% del área original se cuente como deforestación evitada. Al programa original se le agregaron versiones llamadas REDD++, que incluyen pagos por acrecentar los inventarios de carbono y pagos por conservación y manejo sustentable del bosque. En el primer caso se trata de, además de deforestar, establecer en su lugar monocultivos de árboles, otra fuente de lucro adicional, con fuertes impactos ambientales y sobre las comunidades.

Lo más perverso de este mecanismo es lo que llaman “conservación y manejo sustentable”, porque apunta directamente a despojar a las comunidades indígenas y campesinas de sus derechos y territorios.

La propuesta de REDD es que como se paga, lo que se haga con el bosque y su capacidad de absorción de dióxido de carbono debe ser verificable, es decir, definido por agentes externos a las comunidades. Para éstas y los ejidos significa pagar caro a expertos para que les digan qué pueden o no hacer en sus propios bosques y territorios, y firmar voluntariamente (o engañados por instituciones gubernamentales y ONG que gestionan estos programas) la alienación de su manejo autónomo del territorio, para poder cobrar unos pesos por la supuesta capacidad de absorción de sus bosques. Esa capacidad la compran empresas altamente contaminantes y grandes emisores de gases con efecto de invernadero, para seguir contaminando con la justificación (no probada científicamente, pero muy lucrativa) de que en otra parte del mundo habrá un bosque que absorberá sus emisiones. A su vez, esto entra en un mercado secundario de créditos de carbono donde la misma empresa puede revender a otros por un precio mayor, recuperar toda su inversión y además ganar dinero. El mayor volumen monetario de los mercados de carbono es la especulación secundaria, es decir, la venta y reventa de, literalmente, puro aire. Silvia Ribeiro, “Vendiendo aire”, La Jornada, 11 de septiembre de 2010

 

La gran industria farmacéutica casi ha conseguido eliminar a todos sus competidores. Desde el 1 de abril de 2011 todas las hierbas medicinales se convertirán en ilegales en la Unión Europea. Las personas sólo podrán medicarse con los productos que genere esta industria, sin ninguna otra opción, y pagando los precios que quiera.

La industria farmacéutica y la agroindustria completaron en marzo el proceso para asumir cada uno de los aspectos relacionados con la salud, y los alimentos que tenemos que consumir. Todo ello promete acabar con la poca salud de la que dispongamos.

El primero de abril se celebra a los santos inocentes. Ésta es la broma más despiadada de todos los tiempos. La Directiva Europea de Productos Medicinales Herbarios Tradicionales puso normas para el uso de los productos herbolarios que eran utilizados libremente con anterioridad.

Esta directiva requiere que todas las preparaciones herbolarias sigan los mismos procedimientos utilizados por los productos farmacéuticos. Incluso si la hierba se ha utilizado durante miles de años como remedio. Los gastos para conseguir esta aprobación son tan altos que sólo las grandes empresas pueden costearlo (del orden de 80 mil a 120 mil libras esterlinas por hierba), y cada hierba que forme parte de un compuesto tiene que ser ensayada por separado.

Poco importa que una hierba haya sido utilizada sin peligro y con eficacia durante mucho tiempo. Recibe el mismo trato que un medicamento. Las hierbas son ajenas a este proceso. Son preparaciones hechas a partir de fuentes biológicas. No son purificadas, ya que podría cambiar su naturaleza y eficacia. Supondría una deformación de su naturaleza y un cambio en su uso como medicinas. Heidi Stevenson, Gaia Health, “Las hierbas medicinales desaparecerán de la UE”, noticiasdeabajo.wordpress.com, 27 de septiembre de 2010

 

En 2010 la temperatura promedio global fue de 14 grados Celsius, y 2005 fue el año más caluroso en los 131 años de registro. Esta noticia no es sorpresa para los residentes de 19 países que experimentaron un calor récord en 2010. Bielorrusia fijo un récord de 38.9 grados Celsius, para Europa, Birmania sufrió una temperatura de 47.2 grados Celsius para el sureste asiático completo. El 26 de mayo de 2010, la antigua ciudad de Mohenjo-daro en Pakistán llegó a 53.5 grados Celsius —un récord no sólo para el país sino para toda Asia. De hecho ésta es la cuarta temperatura más alta registrada alguna vez en cualquier parte del mundo.

La temperatura de la tierra no sólo aumenta, sino que trepa a tasas cada vez más aceleradas. Entre 1880 y 1970 la temperatura promedio global creció más o menos en 0.03 grados Celsius por década. Desde 1970, ese ritmo incrementó de forma dramática a 0.13 grados Celsius por década. Dos tercios del incremento de casi 0.8 grados Celsius en la temperatura global desde 1880 ocurrió en los últimos 40 años. Y 9 de los 10 años más años más calurosos ocurrieron en la última década. La temperatura global está influida por varios factores, algunos naturales y otros debidos a las actividades humanas. Un fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur se caracteriza por extremos en las temperaturas del Océano Pacífico y cambios en los patrones atmosféricas. El ciclo implica fases opuestas, y ambas tienen impactos globales. La fase de El Niño por lo general aumenta la temperatura promedio global, mientras que su contraparte, La Niña, tiende a bajarla. Las variaciones de temperatura son también determinadas por los ciclos solares. Dado que estamos próximos a uno de los mínimos de irradicación solar (qué tanta energía recibe la tierra del sol), y justo entramos en un episodio de La Niña en la segunda mitad de 2010, habríamos esperado un año más fresco de los normal —lo que hace de la alta temperatura récord de 2010 algo todavía más notable.

Desde la Revolución Industrial, las emisiones de las actividades humanas, los gases con efecto de invernadero como el bióxido de carbono, han puesto al sistema climático de la tierra muy fuera de su rango normal. Los niveles de bióxido de carbono en la atmósfera han subido  casi 40 por ciento, de 280 partes por millón a casi 390 partes por millón. Al sobrecargarse de esos gases, que atrapan el calor,  la temperatura de la tierra sigue subiendo.

No son sólo las poblaciones costeras las amenazadas por las crecientes temperaturas globales. Mayores temperaturas reducen la productividad de los cultivos y las reservas de agua, lo que afecta la seguridad alimentaria a nivel mundial. Los agrónomos han trazado una correlación entre los aumentos de un grado Celsius de temperatura por arriba de lo óptimo durante la temporada de crecimiento y una caída del 10 por ciento en la productividad de los cereales. Las olas de calor y las sequías pueden ocasionar también recortes drásticos en las cosechas. Los glaciares montañosos, que se encogen en todo el mundo por el aumento de temperatura, son la reserva de agua de riego y potable para gran parte de la población mundial incluyendo a cientos de millones de personas en Asia. Alexandra Giese, Global Temperature, Earth Policy Institute, enero de 2011

 

Los herbicidas, especialmente el glifosato, son ampliamente utilizados en todo el mundo. Países como Argentina, Colombia y Brasil sufren agresión social y política, además de las consecuencias ecológicas y sanitarias derivadas de su uso.

El glifosato no sólo afecta a las plantas a las que se supone que va dirigido. Es importante estudiarlo no sólo por las consecuencias sobre la salud humana, sino por las que tiene sobre el ambiente: de la contaminación de aguas a la disminución en la supervivencia de diferentes artrópodos, lo que afecta gravemente a la cadena trófica de los entornos agrarios donde se utiliza este herbicida [...]

El glifosato no se utiliza únicamente en el control de “malas hierbas”, sino que se utiliza para destruir distintos cultivos, tanto legales como ilegales. Numerosas organizaciones sociales, humanitarias y ecologistas han denunciado su uso en las fumigaciones llevadas a cabo por el Plan Colombia. Porque las fumigaciones no sólo afectan al ambiente, sino que directa e indirectamente afectan a la salud y a la vida de las personas provocando el desplazamiento de poblaciones enteras.

Suponiendo que la especificidad del compuesto fuese tan elevada como para sólo afectar a la enzima que sintetiza aminoácidos esenciales en las plantas, su acción también afecta sin duda la flora microbiana necesaria para mantener la fertilidad y el equilibrio ecológico del suelo, incluida la flora necesaria para que plantas como la soja se desarrollen correctamente. Es importante indicar la aparición de resistencias al glifosato tanto por la transferencia entre plantas transgénicas y silvestres, como por mutaciones, estas resistencias hacen necesario el uso de más cantidad de producto, con las consecuencias obvias [...]

Es muy complejo el estudio epidemiológico de las consecuencias del uso del herbicida sobre las poblaciones. No se pueden sacar conclusiones serias con el típico ejemplo: “Después de pasar la avioneta enfermé”. Existen muchas investigaciones serias (aunque no suficientes) como para necesitar especulaciones, rumores y exageraciones. [...]

Un grupo francés, liderado por el doctor Seralini, tiene varios estudios en el 2009 que indican que el glifosato es tóxico a concentraciones hasta 400 veces por debajo a las detectadas en los vegetales tratados con glifosato [y que se supone] aptos para el consumo humano. Genera problemas hormonales (en los receptores de andrógenos y estrógenos), daño en el ADN y efectos dañinos para las células. Además de las alteraciones hormonales, existen otros estudios que indican que el glifosato promueve tumores y sus adyuvantes [...]

Si de por sí es perverso el uso de estos venenos en alimentación por las consecuencias sobre la salud tanto de las poblaciones que los producen como las que los consumen, qué decir cuando las fumigaciones son utilizadas con el fin de desplazar a comunidades enteras. En Colombia, el glifosato se utiliza, además de la agricultura, en la fumigación de cultivos, lícitos e ilícitos y con el objetivo de desplazar a la población civil del terreno. El gobierno colombiano, para justificar su uso, realiza estudios que concluyen que las fumigaciones no tienen consecuencias sobre la población, basándose en que las ciento y pico personas estudiadas tenían presencia de glifosato en orina porque ¡ya estaban en contacto con el mismo por su trabajo! ¿Y por qué no investigaron personas que no trabajaran con el herbicida? [...]

Es importante indicar que la fumigación de la coca llevada a cabo por el Plan Colombia, así como la fumigación de cultivos lícitos, está produciendo efectos devastadores sobre la población civil: enfermedades, malformaciones, abortos, contaminación de aguas, y por último desplazamiento. Lo explicado más arriba demuestra que el uso del glifosato sobre la población, sea cual sea el motivo, es un crimen contra la humanidad que debería ser juzgado. Alfredo Caro-Maldonado “¿Qué se sabe de las consecuencias del uso del glifosato?”, International Action for Peace, Agencia Prensa Rural, 21 de noviembre de 2010.

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