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GRAIN

En ninguna otra región del mundo es tan descarada, absurda y frenética la carrera en pos de agrocombustibles como en Indonesia y Malasia. Lejos de contribuir a mitigar el cambio climático, la situación deriva a un gran incremento de las emisiones mundiales de carbono. Es muy grave el redoblado control de grandes superficies de tierra en manos de grupos industriales que se cuentan entre los más despiadados del mundo en términos de destrucción ambiental, condiciones laborales y violaciones de los derechos humanos.

Indonesia ya volcaba gran cantidad de gases con efecto de invernadero, por el desecamiento y la quema de la turba, cuyas emisiones no se incluyen en las estadísticas oficiales. Si se contabilizaran Indonesia ocuparía el tercer puesto entre los países emisores (detrás de eua y China), y no el vigésimo primer lugar. Si todo el carbono de la turba del sudeste asiático, estimado en unas 50 mil millones de toneladas, llegara a liberarse a la atmósfera, su efecto podría extremar el cambio climático.

El desecamiento a gran escala de los pantanos de turba [el combustible fósil de residuos vegetales acumulados en sitios pantanosos, de color pardo oscuro, aspecto terroso, poco peso, que al arder produce humo denso], comenzó en 1996 con el desastroso megaproyecto de arroz del régimen de Suharto en el Kalimantan central (la parte indonesa de la isla de Borneo), y continuó al expandirse las plantaciones madereras y de palma aceitera, que al establecerse requirieron drenar la zona. La turba empezó a oxidarse y a lanzar bióxido de carbono a la atmósfera. Al desecarse, la turba se volvió muy inflamable —y se encendió en la época seca. Entre 1997 y 1998 Indonesia fue devastada por incendios que arrasaron 6% del territorio, 11.7 millones de hectáreas. Esos incendios liberaron a la atmósfera carbono equivalente a 13-40% de las emisiones mundiales de combustibles fósiles ese año.

Desde entonces, los incendios siguen liberando hasta mil millones de toneladas de carbono anuales, mientras se acelera el drenado de los pantanos de turba (más de la mitad de ellos) para establecer nuevas plantaciones madereras y de palma aceitera y producir agrodiésel, con lo cual, el futuro es aterrador. Se teme que la emisión de más de 40 mil millones de toneladas de carbono adicionales que pueden volcarse a la atmósfera en los próximos años podría impedir la estabilización del clima mundial, aun si se recortaran drásticamente las emisiones de los combustibles fósiles.

Lo inquietante es que las Partes signatarias del Protocolo de Kyoto se den el lujo de ignorar estas emisiones y financien la industria de la palma aceitera y la biomasa, brindando poderosos incentivos a los países industrializados. Y aunque las emisiones de carbono de la deforestación y del drenaje de los pantanos de turba asociados a producir agrocombustibles supere con creces las emisiones de petróleo que sustituirían, como no se contabilizan porque ocurren en el Sur global (donde no existen topes para las emisiones de carbono, según el Protocolo de Kyoto), los países ricos se acreditan “reducción de emisiones”, cuando que exportan sus emisiones y aceleran el calentamiento global.

Ambiciosos planes. Con un 45% de la producción mundial, Malasia es el mayor productor y exportador mundial de aceite de palma, seguido de Indonesia con 39%. El rendimiento de la palma aceitera en Malasia es casi el doble que el de Indonesia, y su producción es más intensiva —con uso generalizado de agroquímicos (entre ellos el venenosísimo Paraquat, que se utiliza otra vez legalmente después de 4 años en que rigió una prohibición nacional).

Pero Indonesia planea multiplicar 43 veces su volumen actual de producción de aceite de palma y ampliar la superficie plantada de 6.4 millones de hectáreas en 2006 a 26 millones de hectáreas en 2025. Pretende instalar plantaciones de caña de azúcar y tempate a gran escala, también para agrocombustibles. Ya se deforestaron 12 millones de hectáreas adicionales, supuestamente para cultivos de palma aceitera, pero aún no se siembran, lo que alimenta sospechas de que algunas empresas más bien estén interesadas en la rápida ganancia de la venta de madera, y no en agrocombustibles.

La fiebre inversionista ha atraído —mediante exenciones, subsidios y políticas públicas— miles de millones de dólares en inversiones de capital nacional e internacional. Malasia e Indonesia han decidido destinar a la fabricación de agrodiésel el 40% de la producción de aceite crudo de palma. Entre los inversionistas licenciados para la producción de agrocombustibles, los más importantes son las empresas malayas Golden Hope, ioi Corporation, Kulim, y Carotino. A principios de 2005, la empresa pt Smart (del grupo Sinar Mas) cerró un contrato de inversiones por 5 500 millones de dólares con la China National Offshore Oil Corporation (cnooc) y Hong Kong Energy. El poderoso consorcio empresarial Raja Garuda Mas, anunció inversiones por 4 mil millones de dólares en plantaciones de palma aceitera y una nueva refinería de agrodiésel en Sumatra.

Al amparo de la descentralización en Indonesia, Sinar Mas, Raja Garuda Mas y el grupo Salim Group, ligados alguna vez al dictador Suharto, se fortalecen otra vez, funcionando como un Estado dentro del Estado, se reparten entre sí el Kalimantan, y gobiernan con el respaldo de grupos paramilitares. Los tres grupos tienen lazos estrechos con China, y se han hecho famosos por su devastador comercio de madera. app y april, las empresas más culpables de la destrucción de las selvas tropicales de Sumatra, ahora son parte de los consorcios que destruyen los bosques de Kalimantan y Papúa Occidental para producir aceite de palma (extrayendo y vendiendo la madera en el proceso). También están metidos en los negocios el veterano grupo indonesio Bakrie y la firma Wilmar International. Transnacionales como Archer Daniels Midland y Cargill invierten directamente, mientras Shell, Neste Oil, Greenergy International y BioX se asocian con otras empresas grandes de agrodiésel de aceite de palma o importan fuertes cantidades de aceite de palma.

Las comunidades locales pagan el costo. El recalentamiento global acelerado amenaza las vidas de los indonesios. Muchas comunidades perderán su medio de sustento con el cambio de uso de suelo en millones de hectáreas que serán destinadas a las plantaciones. Las comunidades locales e indígenas son las más seriamente afectadas, ya que la expansión de la palma aceitera ocurre a costa de las selvas tropicales, los pantanos de turba y las tierras comunitarias con régimen de “derechos consuetudinarios”, que les pertenecen.

Según diversos informe, unos 60 millones de indígenas de todo el mundo —5 millones de ellos en el Kalimantan occidental— pueden ser desplazados de sus territorios para dar lugar a plantaciones de agrocombustibles. Es la intensificación de un modelo de destrucción en marcha, pues muchas de las empresas de palma aceitera y agrodiésel son propiedad de grupos que talan bosques y comercian con madera desde hace décadas.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advierte que en 15 años se habrá destruido 98% de las selvas tropicales lluviosas de Borneo y Sumatra, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Unos 90 millones de personas viven en esas áreas boscosas, de las cuales hay unas 45 millones que dependen de las selvas. Según Marianne Klute de Watch Indonesia, “Sumatra ya parece una única megaplantación. Ahora Kalimantan se transforma en una especie de invernadero donde se produce combustible para satisfacer las necesidades energéticas de los países industrializados”.

Y la apropiación de la tierra está generando conflictos. En marzo de 2007 Save Our Borneo manifestó que los derechos consuetudinarios de unas 2 mil comunidades dayak del Kalimantan central están amenazados por la expansión de la palma aceitera. Hay encarcelamientos y hasta asesinatos contra aquéllos que oponen resistencia a la toma de sus tierras a manos de las empresas, o contra quienes protestan por las malas condiciones de trabajo.

En una Carta Abierta a la Unión Europea, la ong indonesa Sawit Watch alertó que “más comunidades locales y pueblos indígenas se verán privados de sus tierras y su sustento”. Miles de comunidades que antes gozaban de autosuficiencia alimentaria en sus ecosistemas boscosos y con su agricultura tradicional, hoy tienen que comprar arroz en el mercado interno, aumentando así la presión sobre el abasto de arroz, que en Indonesia ya está tirante debido al cambio climático y la conversión del suelo para otros usos noagropecuarios.

Un tercio de la superficie de palma aceitera en Indonesia está cultivada por pequeños agricultores, y el gobierno tiene previsto que en el centro de cada unidad de producción de aceite crudo de palma haya una plantación a gran escala, rodeada de muchas parcelas pequeñas. A algunos agricultores minifundistas se les ha presionado a aceptar títulos de propiedad que les reconocen menos de la mitad de su tierra. Y además pierden rápidamente su autonomía, a medida que se endeudan al reconvertir sus parcelas para la producción de palma aceitera, pasando a depender de los dueños de las grandes plantaciones, para la molienda y la venta de su producción.

En Malasia, el gobierno planea explotar un millón de hectáreas con palma aceitera en Sarawak, en suelos amparados por el ‘derecho consuetudinario nativo’, donde se instalan plantaciones en tierras reclamadas por las comunidades indígenas orang asli y dayak.

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