Llamamiento para el 17 de abril
Día Internacional de las Luchas Campesinas
¡Acabemos con el acaparamiento de tierras!
¡La tierra para quienes la trabajan!
Jakarta, 2 de marzo de 2012. El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada año se celebra este día en todo el mundo, en defensa de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos.
Durante los últimos años hemos padecido la aplicación de nuevas políticas y de un nuevo modelo de desarrollo basado en la expansión y expropiación de terrenos, conocido como acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras es un fenómeno impulsado por inversionistas y personas con poder a escala local, nacional e internacional, con la connivencia de gobiernos y autoridades locales, para controlar los recursos más preciados del mundo.
El acaparamiento de tierras ha provocado la concentración de la tierra y recursos naturales en manos de grandes inversionistas, dueños de plantaciones, empresas madereras, hidroeléctricas y mineras, desarrolladores turísticos e inmobiliarios, autoridades portuarias y de infraestructuras, etcétera. La consecuencia ha sido el desalojo y desplazamiento de poblaciones locales —generalmente campesinos y campesinas—, la violación de derechos humanos y de la mujer, el aumento de la pobreza, la fractura social y la contaminación ambiental. El acaparamiento de tierras trasciende las estructuras imperialistas Norte-Sur: las corporaciones transnacionales involucradas están basadas en Estados Unidos, Europa, Chile, México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea del Sur, entre otros.
Las instituciones financieras, como los bancos privados, los fondos de pensiones y otros fondos de inversión, se han convertido en agentes poderosos en el acaparamiento de tierras, mientras se siguen emprendiendo guerras para tomar el control de las riquezas naturales. El Banco Mundial y algunos bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de tierras y agua mediante la promoción de medidas y legislaciones que favorecen a las corporaciones, como el suministro de capital y garantías para inversores corporativos y el fomento de un modelo económico de desarrollo destructivo y extractivo. En el interín, el Banco Mundial y otras instituciones propusieron siete principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR) que deberían prevenir los abusos, pero que en realidad dan legitimidad al acaparamiento de tierras por parte de inversionistas públicos y privados. La Via Campesina, junto con aliadas y alidos claves, ha protestado en contra de esta iniciativa durante los últimos dos años.
El acaparamiento de tierras es un fenómeno global basado en la dominación corporativa de la agricultura a través del control de la tierra, el agua, las semillas y otros recursos. Muchos gobiernos y gabinetes estratégicos la justifican aduciendo que la agroindustria modernizará las prácticas agrícolas atrasadas y garantizará la seguridad alimentaria para todos. Sin embargo, por muy difundidas que sean estas justificaciones, se ha demostrado que son completamente falsas en el mundo real.
Los agentes clave detrás del acaparamiento de tierras dan prioridad a las ganancias por encima del bienestar de las personas: producen agrocombustibles si ello resulta más rentable que la producción de alimentos; y exportan su producción alimentaria si ello resulta más lucrativo que venderla en el mercado local. En esta carrera por lucrar, la agro-industria está aumentando su control de los sistemas de producción de alimentos, monopolizando recursos y dominando los procesos de toma de decisiones. Los grupos de presión corporativos poseen una fuerte inflencia política que a menudo embarga las instituciones democráticas. Además, actúan con la complicidad de la clase dirigente local y nacional (comerciantes, políticos y líderes de comunidades), que no protegen a su propio pueblo del saqueo.
El acaparamiento de tierras ha desposeído a campesinas y campesinos y pueblos indígenas, especialmente a mujeres y jóvenes, de sus recursos y medios de sustento. También está dañando el ambiente. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas se ven expulsados de sus territorios por fuerzas armadas, lo que aumenta su vulnerabilidad y en ciertos casos ocasiona incluso la esclavitud. Las falsas soluciones al cambio climático, basadas en el mercado, como el concepto en boga de la “economía verde”, están logrando separar para siempre a las comunidades locales de sus recursos agrícolas y naturales.
Así pues, La Via Campesina realiza un llamamiento a todas y todos sus miembros y aliados, movimientos de pescadores, organizaciones de trabajadores agrícolas, grupos de estudiantes y medioambiente, movimientos a favor de la justicia social, para organizar acciones en todo el mundo el dia 17 de abril para ejercer una masiva demostración de resistencia popular al acaparamiento de tierras y destacar la lucha contra el control corporativo sobre los recursos agrícolas y naturales.
Unámonos y luchemos:
Para detener el acaparamiento de tierras y reclamar la tierra tomada. ¡La tierra debería estar en manos de quienes la trabajan!
Para aplicar una reforma agraria integral a fin de llevar justicia social a las zonas rurales.
Para acabar con el control de la vida de miles de millones de personas, ejercido por unos pocos inversores y empresas transnacionales.
Para oponernos a los principios de las “inversiones agrícolas responsables” (IAR) propuestas por el Banco Mundial, ya que nunca puede ser “responsable” el hecho de que inversionistas y empresas acaparen tierras agrícolas.
Para reforzar el sistema de producción agrícola basado en la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.
Invitamos a organizaciones, movimientos y agrupaciones y personas a que el 17 de abril organicen una acción directa, una proyección de vídeo, un mercado campesino , una ocupación de tierras, un debate, una protesta, una exposición de arte, o cualquier otra acción que destaque el mismo objetivo.
La Via Campesina
El agua nuevamente entre
la vida y la muerte
Elizabeth Peredo Beltrán, ALAI AMLATINA, 14 de marzo, 2012. Han pasado ya 15 años de la primera versión del Foro Mundial del Agua y 20 de la Declaración de Río. Durante esos años el Consejo Mundial del Agua liderado por empresas como Veolia, Suez, Coca-Cola, Monsanto y otras grandes transnacionales han desarrollado una visión muy sofisticada del agua, una visión que está fundamentada en el concepto de que el agua es un bien mercantil necesario para la vida y la ecología, funcional a los derechos humanos y a la sobrevivencia, por lo tanto… un gran negocio.
En todo ese tiempo, en lugar de mejorar el cuidado de las fuentes y acuíferos en todo el mundo la situación ha empeorado sustancialmente. Los equilibrios ecológicos necesarios para la supervivencia y la fluidez del ciclo hidrológico se han quebrado como nunca antes, debido a los procesos de agroindustria a gran escala, contaminación minera y proyectos de energía basados en la construcción de enormes hidroeléctricas, entre algunas de sus causas. Por su parte, las empresas están buscando cada vez mas ganarle terreno a la gestión pública y se siguen dando debates entre gestores públicos versus empresarios y diplomáticos corporativistas que intentan convencernos de que el papel de los privados es inevitablemente necesario para la gestión del agua. En estos debates y acuerdos de gobernanza global del agua se pretende deslegitimar la gestión pública y fortalecer el concepto que fue desarrollado por el Consenso de Washington: el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del Milenio sólo serán posibles si existe una fuerte inversión privada, por lo tanto el desarrollo, los derechos humanos y los equilibrios ecológicos están librados a la suerte del mercado.
Este principio ha permitido construir un sistema especulativo de alto vuelo que ahora viene a reforzarse con el desarrollo de la economía verde que es más de lo mismo, pero pensado para crear mercados especulativos con un tinte verde añadido para dar la sensación de que se está protegiendo el planeta y con la intención, esta vez sí, de mercantilizarlo todo; no sólo el agua que tomamos y hasta el aire que respiramos sino inclusive el futuro del planeta. Aunque parezca ciencia ficción esto es posible así como ha sido posible que desde este Foro se hayan impulsado soluciones técnicas y corporativas escandalosas hace unos años y que ahora ya están puestas en práctica.
En La Haya, el Foro Mundial del Agua de 2003 se propuso incentivar la creación de semillas transgénicas para “ahorrar agua” según su diagnóstico de que es la agricultura la que mayor agua usa en el mundo. Por entonces los activistas del agua reclamaron que esta solución se podía constituir en un crimen que podría afectar la salud de todo el mundo y activaron campañas para evitar las semillas transgénicas e incluir el principio precautorio sobre estas tecnologías. Hoy, las semillas transgénicas son parte del comercio mundial de alimentos y sus tecnologías e insumos; en esta semana Argentina se ha enorgullecido de presentar al mundo el patentamiento de una nueva semilla transgénica capaz de “ahorrar” agua en la producción de trigo, maíz y soya a nivel mundial.
Las cosas van mal porque han dejado las decisiones mas importantes sobre la vida y sobre el planeta a las corporaciones y a los gobiernos poderosos y desarrollistas que asentados bajo el principio de que todo se compra, se paga, se vende o se repara pagando, han llevado hasta los límites la imposibilidad de construir una sociedad solidaria, cuidadosa del medio ambiente y sobre todo respetuosa de un bien sagrado para la vida como es el Agua.
El Foro Mundial del Agua se ha negado sistemáticamente a apoyar en sus declaraciones el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. En el Foro Mundial del Agua de México en 2006 fueron apenas 4 los países que firmaron una declaración por minoría exigiendo el derecho humano al agua entre ellos Uruguay y Bolivia. Sin embargo en Naciones Unidas hace dos años no hubo ni un solo voto en contra de la Resolución 64/292 declarando el Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, los países que se oponían sólo pudieron abstenerse de votar pero no explicitar su negativa a un evidente consenso generado desde los pueblos y desde los países que saben que éste es un derecho inalienable para la humanidad.
¿Cómo es posible que sistemáticamente el FMA se niegue a este derecho y que en Naciones Unidas se haya aprobado sin oposición hace dos años? ¿Siendo que son los mismos países los que forman parte de las declaraciones ministeriales por un lado y de las Resoluciones y Conferencias por el otro? ¿Por qué es que ahora, luego de ese paso tan importante en el sistema multilateral de las Naciones Unidas, el FMA no recupera el logro y más bien busca retroceder y aminorar las posibilidades de implementación del derecho humano al agua derivándolo a los procesos de privatización? Es más, ahora el FMA está decididamente enfocado a incluir el agua en “todas sus dimensiones económicas, sociales y ambientales en un marco de gobernanza, financiamiento y cooperación”… como afirma su declaración, a pesar de la protesta de algunos países.
Mientras tanto, miles, si no millones de experiencias e iniciativas de gestión social y solidaria, experiencias exitosas de gestión publica, están dirigidas a significar el agua como un bien común, un bien no mercantil para la vida.
Las políticas y visiones promovidas por el Foro Mundial del Agua no están a la altura de los desafíos que plantea y el planeta y la humanidad y por el contrario están condenando la gestión del agua a su manejo por los poderes corporativos incapaces de priorizar la vida, preocupados más bien de cómo seguir extrayendo ganancias hasta de donde no hay, desde sistemas financieros, especulativos y sistemas de litigios corporativos cobijados en las instituciones financieras internacionales.
Considerando el extremo agotamiento de los recursos y el desbalance ecológico producido en el planeta es indispensable que la gobernabilidad del agua debe quedar fuera de las manos del Consejo Mundial del Agua y ser construida desde los consensos de los ciudadanos, de los pueblos y del interés público. Por ello es que los movimientos sociales en Marsella están proponiendo que sean la ONU la que convoquen a un Foro Global del Agua que posibilite escuchar las voces de la gente para pensar en el agua como un bien para la vida. Las organizaciones sociales están pidiendo que se refuercen los sistemas locales y que se contribuya a un ejercicio de la vigilancia social para asegurar que su maneo sea social, democrático y solidario.
Se dice no sin razón que “Miles han vivido sin amor, ninguno sin agua” (Auden). Nosotros añadimos, “sin amor, sin empatía ni solidaridad, será imposible asegurar que el agua llegue limpia y pura para todos…”
Presentación de Elizabeth Peredo en el Foro Mundial del Agua, Marsella, 2012
La cátastrofe del agua en México
sólo la explican las políticas que
impuso el TLC
Andrés Barreda. La crisis creciente del agua en el continente americano, afecta a todo el mundo pues es la principal reserva hídrica del planeta. No obstante, eso no basta para explicar lo que ocurre en México. Aquí la devastación es desaforada y única en dos rasgos.
Primero, la cantidad de pérdidas de ríos, acuíferos, bosques de agua, glaciares, que provoca más y más estallidos de conflictos en más lugares del país. En ningún otro lugar de América Latina el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) (el único tribunal ético sobre la materia en el mundo) ha tenido que atender tantos casos. Segundo, la naturaleza de la catástrofe sólo la explica la política hídrica que impuso el TLCAN, que organizó un uso del agua sistemáticamente discrecional, depredador, corrupto, falsamente remediador (por privatizante y lucrativo); un uso excluyente que a su vez impuso un ocultamiento de la información estratégica (con “confidencialidad” pero con venta de datos), y una criminalización rigurosa de cualquier signo de resistencia social.
En México el libre comercio promovió políticas de uso depredador de los recursos naturales. No sólo el agua. También las tierras, biodiversidad, minerales y fuentes de energía; de los recursos humanos y los territorios. Se reformaron innumerables leyes en favor del uso irresponsable del agua por parte de las transnacionales de la extracción minera, petrolera y del gas shale, de las industrias (automotriz y aérea, maquiladoras, electroinformática o textil) que matan ríos completos; las empresas de agricultura y ganadería con químicos y transgénicos, sea en megagranjas o en megaplantaciones dirigidas a la agroexportación (de hortalizas, frutas, aguacate, mariguana o agrocombustibles). Más la excepcional destrucción de los bosques mexicanos.
Pero también predan el agua las empresas constructoras, comerciales y de servicios (la urbanización salvaje), con negocios ligados a la generación de masas descomunales de basura, la construcción privatizada, extendida y especulativa de microviviendas con obsolescencia programada, la deforestación y descampesinización para construir carreteras y aeropuertos y expandir la frontera urbana, construir miles de nuevas gasolineras, cientos de nuevos clubes de golf, privatizar y construir con despilfarro megaplantas de tratamiento de aguas, y mega o minipresas hidroeléctricas.
Son impensables los niveles de sobreexplotación de acuíferos, la contaminación de todos los tipos de cuerpos de aguas, el envenenamiento y las masivas enfermedades degenerativas, el descenso en los niveles de los acuíferos, la sequía de ríos, que difícilmente se observan con tal expansión e intensidad en otros lugares del mundo. Estas implacables actividades destructivas de los recursos hídricos son consideradas estratégicas para el éxito y prosperidad de las políticas de libre comercio.
México se encuentra dentro de la franja planetaria de países que se espera padezcan más el colapso climático —por tormentas extremas, huracanes, inundaciones, sequías y ondas de calor asociadas a hambrunas, deslaves en pueblos apartados, quiebre de infraestructuras. Es sabido que el libre comercio castiga muy desigualmente a los diversos países del mundo.
Pero lo que casi nadie quiere notar dentro y fuera de México es el modo combinado en que el calentamiento global y el libre comercio ya castiga al país.
Tal devastación es para las empresas una oportunidad de facilitar el despojo o la venta de tecnologías especulativas de “adaptación” y “mitigación”. El despojo del agua en México es valorado por los privilegiados globales como arma para el despojo final de tierras y territorios que los resistentes ejidos y comunidades indígenas de México se niegan a entregar.
El uso del agua no es un problema entre otros. Aunque el Panel Internacional sobre Cambio Climático y las redes ambientales de los gobiernos se cuidan de no hablar del asunto, la crisis del agua es el punto donde el cambio climático ya mata a miles de personas y muy pronto matará a millones de personas. Se habla mucho de las guerras geopolíticas del agua, cuando debería hablarse de políticas de exterminio hídrico de esa población que el capital mundial considera sobrante.
México es un doloroso laboratorio del que otras naciones deberían tomar nota, escuchando la demanda que la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales va a realizar dentro del TLA contra el gobierno mexicano por usar su política hídrica como un medio torcido para destruir la soberanía, entregar las riquezas a los grandes dueños del dinero mundial y castigar a la población nacional.
Mineras canadienses
Las corporaciones de la muerte
Gilberto López y Rivas, La Jornada, 2 de marzo, 2012. Habitantes de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, denuncian a la empresa canadiense Fortuna Silver Inc, que a través de Minera Cuzcatlán opera en la región desde 2008 extrayendo plata y provocando graves problemas sociales y ambientales. No hubo consulta alguna para abrir la mina. Su imposición fue obra de autoridades corruptas que aconsejaron la acción directa, como suele ocurrir en un país donde los gobiernos de los tres niveles son obsecuentes con las corporaciones extranjeras y violentamente autoritarios contra quienes se oponen a la enajenación de ya 26% del territorio nacional concesionado a los proyectos mineros, de los que 73% son de empresas canadienses.
El 18 de enero, su secuela trágica ocasionó el asesinato de Bernardo Méndez Vásquez y graves heridas a Abigaíl Vásquez Sánchez. Los agresores, armados presuntamente con fusiles R-15, fueron identificados por los pobladores y es posible observarlos en fotografías: son el presidente municipal, Alberto Mauro Sánchez, quien junto con el regidor, Gabriel Pérez Ruiz y otros sujetos que se ostentan como policías municipales abrieron fuego ese día contra quienes han manifestado su firme oposición a la explotación minera en sus territorios.
El gobierno de Oaxaca pretende minimizar los graves acontecimientos aduciendo que “es un problema político”, pero omite información vital sobre la responsabilidad de la empresa minera en el origen y desarrollo del conflicto. Personeros de la minera intervinieron burdamente en el proceso electoral local para que candidatos afines quedaran en los principales cargos municipales. Los “elegidos” se han dedicado a proteger los intereses de la empresa y actúan contra del mandato de la gente, generando una pugna intracomunitaria al atacar las formas representativas y de democracia directa propias de la vida comunal.
Con el apoyo económico de la corporación minera y el aval incondicional de las autoridades municipales, se integró la asociación San José Defendiendo Nuestros Derechos, cuyos integrantes, con el apoyo armado de cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno, han llevado a cabo distintas acciones represivas contra los opositores a la empresa, hasta que el 18 de enero perdió la vida Bernardo Méndez Vásquez.
En este contexto de impunidad, violación flagrante de garantías y daños ecológicos, los pobladores destacan lo aberrante que resultan los reportes sobre el beneficio económico de la empresa, que dio a conocer que los costos de producir una onza de plata en la mina San José son de 7.40 dólares. Si el precio de compra actual de la onza es de 32.20 dólares, se tiene una ganancia de 24.80 dólares por cada onza del metal producida. Según la propia empresa, la mina estaría produciendo al año 5 millones de onzas de plata (124 millones de dólares de ganancias por ese periodo). Antonio Elio Brailovsky, en “Contaminación y minería”, afirma: “Cómo hacen las mineras para generar grandes ganancias, teniendo en cuenta el costo de remover y tratar miles de toneladas de roca para obtener una pequeña cantidad de los minerales buscados. La respuesta es que, a diferencia de otras actividades industriales, la gran minería no hace gestión integral de sus residuos peligrosos: simplemente los acumula. El secreto de la rentabilidad es ése: dejar los residuos peligrosos sin tratamiento”. (Comunicación electrónica, 25/1/2012).
Los pobladores de San José del Progreso no han recibido nada. Por el contrario, el agua, que significa vida y preservación de la sustentabilidad para las generaciones venideras, ahora se canaliza en grandes caudales para la minera, que representa muerte, fraccionalismo y destrucción. El líquido vital, antes utilizado para sembrar alimentos, ahora sirve para los lucros privados.
San José del Progreso es un caso emblemático de lo que ocurre no sólo en Oaxaca; también en Guerrero, Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y otros estados.
Los pobladores de San José del Progreso demandan el cierre definitivo de la Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Inc, a la que se acusa de violaciones graves a los derechos humanos, y a la que se identifica como autor intelectual de las agresiones contra la oposición comunitaria a partir de 2008. Reclaman la desaparición de poderes del municipio y el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos contra sus pobladores. Solicitan audiencia inmediata con el gobernador y la reparación del daño a los deudos de Bernardo Méndez Vásquez. ¿Pero, puede alguien reparar el daño generado por un asesinato? Exigen también el cese a la represión contra los luchadores sociales en todo el país y la expulsión de todas las corporaciones mineras de México, por atentar contra nuestra soberanía, la paz social y contra la integridad y la vida misma. Demandas absolutamente elementales.
Marcha de los pueblos en Ecuador
Ante la arrogancia de los que pretenden
arrebatarles su historia
El 8 de marzo, desde innumerables comunidades y regiones del Ecuador, una marcha trepó y bajó quebradas, valles, y breñales, saliendo de los páramos, la selva profunda y las altas montañas. Su destino fue Quito, como siempre, y para variar esta marcha tuvo la profunda motivación de defender el agua, resistir la minería y el extractivismo, y abrir un debate con la opinión pública, nacional e internacional, en torno al papel del gobierno, a los límites que debería poner —y la actitud que debería tomar— luego de escuchar a la población. Sí, ese mandar obedeciendo que, como decían los zapatistas, era el corazón del gobierno, el fruto de una relación distinta entre gobernantes que obedecen (es decir escuchan) a quienes gobiernan.
Muchas reacciones ha suscitado la marcha. Pero la respuesta que importa es la enorme legitimidad que sumó desde los múltiples rincones y desde los gobiernos comunitarios. Esto hizo de la marcha por la dignidad y la defensa del agua, una vez más, la vuelta de los pueblos que en Ecuador siempre terminan respondiendo —desde su sabiduría ancestral comunitaria y su idea nada lineal de la complejidad— a quienes, buscando sojuzgarlos, pretenden imponerles una mirada suplantadora desde la cual menosprecien su historia y el entendimiento que tienen de ella.
Desde diversos puntos comenzó a crecer la marcha. Ya para el 11 de marzo Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Zamora, Loja, Saraguro, Cuenca y Nabón, y después buena parte de la Amazonía, sumaban sus contingentes en una marcha se que ensanchó con cada paso “como los arroyos alimentan a los ríos”.
En diciembre 2011, en un acto público nada clandestino, “la Conaie debatió y anunció la realización de una movilización nacional, cuyos objetivos, apegados a los mandatos de la Constitución de Montecristi, son: la redistribución del agua mediante la urgente aprobación de una nueva ley de aguas; una revolución agraria para cuyo inicio es urgente la aprobación de la Ley de tierras y la realización de la reforma agraria, tomando como base la soberanía alimentaria; el cambio del modelo minero-extractivista que hoy se impone por un nuevo modelo, el del Buen Vivir-Sumak Kawsay; la no aceptación de nuevos impuestos que afecten a los pequeños propietarios y productores; y, el cese inmediato de la criminalización de la protesta social y la anulación de los juicios por sabotaje y terrorismo a los 194 líderes y lideresas comunitarias”. Se convocó a “la unidad con todos los sectores sociales organizados”... La respuesta superó las expectativas. “De esta decisión colectiva surgió la Marcha Plurinacional, recogiendo prioritariamente la iniciativa de las comunidades afectadas por la megaminería, alarmadas por la anunciada firma de las concesiones y por el inicio del primer proyecto minero a cielo abierto en Zamora Chinchipe”. Así se expresaba la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) al paso de la marcha mientras por los caminos saludaban más y más compañeros y compañeras de todas las regiones posibles.
Durante el quinto día de movilización, los dirigentes de Ecuarunari, Conaie y las organizaciones locales dijeron: “La minería es un atentado al agua, a la vida, a las próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad con nuestros hijos y nuestros nietos defender la vida. Para extraer una onza de oro (un anillo) se demanda un promedio de 7 a 8 mil litros de agua; para producir una tonelada de cobre se emplea entre 30 y 500 mil litros de agua. Y se destruyen los nacimientos del líquido vital. Por ello exigimos el cumplimiento del Mandato Minero, que deja sin efecto las concesiones mineras en fuentes de agua”.
Dos días después en Cañar, Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, expresó: “no debemos tener miedo ante los pronunciamientos y amenazas del gobierno central. Se ha dicho que van a sacar de los trabajos públicos a muchos de nuestros compañeros/as que están apoyando a la marcha. No debemos tener miedo porque estamos organizados, estamos caminando juntos para decir que no estamos de acuerdo con las políticas de éste gobierno. Queremos que respete a nuestra organización, no queremos que entregue nuestros territorios a las empresas mineras y petroleras... el pueblo unido junto con las organizaciones estamos demostrando la unidad”.
Ya por llegar a Quito, Humberto Cholango, dirigente de la Conaie, afirmó públicamente: “No es sólo una movilización o un reclamo indígena. Amplios segmentos de la población urbana y rural, mestiza, indígena y de afros han coincidido en la elaboración de una plataforma conjunta y en la movilización plurinacional. Por eso nuestro asombro ante la reacción del gobierno, de la prensa oficial-pública y de sus partidarios, que en lugar de dar respuesta clara sobre los objetivos de la marcha se apresuró a calificarla de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’, de estar ‘aliada y financiada por la vieja derecha’. Con esos falsos criterios iniciaron una inmensa campaña nacional e internacional, llegando incluso a convocar, a través de las Embajadas ecuatorianas, movilizaciones en respaldo del régimen, supuestamente amenazado. Nuestras primeras reacciones no fueron de enojo, sino de risa: ¿la respuesta del presidente es por incapacidad de comprender las movilizaciones autónomas de los pueblos organizados, o será que la tan publicitada encuesta del 80% de respaldo al gobierno es una mentira propagandística? Nosotros nos preguntamos: ¿cuándo la crítica, la movilización popular y las propuestas alternativas han desestabilizado la democracia? A los únicos que la crítica, la movilización y las propuestas han desestabilizado, son a los regímenes autoritarios y a las dictaduras. A las democracias, solamente las han fortalecido”.
Y terminó su discurso con palabras que habrá que recordar: “nosotros no sobornamos a dirigentes, no utilizamos millones de dólares del pueblo para movilizar gente, no tenemos dinero para confundir al pueblo en cadenas de televisión. Nuestra propaganda es el ejemplo de nuestros taitas y mamas que fueron dignos ante los opresores de turno. Sin embargo, nuestra lucha es insuficiente sin la participación de todos y todas. Hoy, al igual que en las victoriosas luchas contra el tlc, nuestro grito de combate sigue siendo: ¡Para todos todo, nada sólo para los indígenas!”
Biodiversidad
El gen mágico ¿y después qué?
Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina, 17 de marzo 2012. Se anunció con bombos y platillos el descubrimiento de un gen que confiere resistencia a la sequía, que señalan como un éxito científico-tecnológico argentino.
Es una investigación de la Universidad del Litoral, el Conicet y la empresa Bioceres. El descubrimiento cuenta con apoyo del gobierno nacional a través del Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao y de la presidente Cristina Kirchner. La empresa Bioceres tiene como uno de los principales accionistas al rey de la soja, Gustavo Grobocopatel. Estamos en presencia de una alianza entre el Estado argentino, el gobierno nacional y uno de los máximos sojeros del mundo. Bioceres fue fundada por Víctor Trucco, ex-presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, entidad encargada de distribuir soja transgénica en todos los comedores infantiles y de familias hambrientas en plena crisis del 2001, agravando aún más la situación de desnutrición. Fue la entidad utilizada para difundir y consolidar el paquete tecnológico de Monsanto no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica.
Más allá, es interesante analizar el pensamiento que lleva al Estado y al gobierno a defender estas posturas: ese pensamiento cortoplacista que busca dominar la naturaleza que es incapaz de convivir con los ciclos naturales y que busca “hacerlos desaparecer” con un razonamiento lineal y simplista —totalmente superado por las evidencias científicas y la debacle ecológica del mundo.
Evidencias científicas que han provocado que las grandes corporaciones del campo abandonen sus experimentos transgénicos en Europa y se trasladen a nuestros territorios por el masivo rechazo que los alimentos y experimentos transgénicos provocan en la población europea.
Debacle ecológica que se refleja en más de mil millones de hambrientos en el mundo, en la brutal pérdida de biodiversidad y en el cambio climático provocado por la acción humana.
Ya casi no tiene sentido advertir a nuestros dirigentes políticos sobre las consecuencias nefastas que tendrá este experimento argentino transgénico porque en realidad ellos ya lo saben y lo festejan. Admiten que las consecuencias negativas de pertenecer a este “modernismo tecnológico“ son las habituales y lógicas para estos tiempos. Ocurre con la minería a cielo abierto, con las fumigaciones, con la ganadería intensiva, con la contaminación del agua, con la explotación del petróleo, con la energía nuclear y con los transgénicos.
La misma presidenta lo dijo en forma casi textual en teleconferencia con Capitanich, gobernador del Chaco:
“Con este nuevo descubrimiento vamos a tener que profundizar la Hidrovía, hacer más de todo esto para poder sacar los granos transgénicos resistentes a la sequía que se sembrarán en esos lugares”. Se refería al proyecto IIRSA, diseñado, pensado y financiado por el Banco Mundial para transformar nuestros ríos en autopistas que permitan entrar con barcazas y barcos cada vez de mayor calado y llevarse todo (como hicieron los ingleses con las vías férreas).
Este descubrimiento transgénico nos hará más dependientes de los mercados globales; la frontera agropecuaria se extenderá aún más, arrollando montes y selvas, expulsando pueblos originarios, pequeños productores y cuanto encuentre a su paso. Sojas y maíces resistentes a la sequía se transformarán en agrocombustibles que alimentarán el consumismo del primer mundo y el de las clases altas de los mal llamados ”países emergentes”. El gen contra la sequía se insertará en unos pocos cultivos patentados aumentando así la pérdida de biodiversidad y bajando la calidad y variedad de los alimentos que consumimos. El escaso agua que caiga en esas zonas secas será captado por los organismos genéticamente modificados resistentes a la sequía impidiendo la recarga de los acuíferos y que se acumule en el suelo.
Los desmontes y la aplicación del modelo tecnológico de agricultura industrial en zonas secas completarán el panorama y agravarán el cambio climático provocando sequías cada vez más intensas y hambrunas mayores. La pregunta es ¿y después qué?
Y es difícil dar una respuesta.
Si no se atacan las verdaderas causas del hambre en el mundo todo lo que se haga será para peor o en el mejor de los casos de duración efímera. El hambre en el mundo es consecuencia de un modelo globalizado que estalla por distintos lados porque no es real, es virtual, antihumano, anti ecológico, insustentable e injusto.
Hoy hay más de mil millones de hambrientos pero se tiran a la basura según la FAO mil 300 millones de toneladas de alimentos por año. Si no actuamos no habrá tecnología que nos salve ni gen que se introduzca en seres vivos que produzca “el milagro”.
El respeto por la naturaleza, una vida más armoniosa, el fin del consumismo y el despilfarro, hallar el sentido de nuestra existencia en la tierra pueden ayudarnos a cambiar pero es, sin dudas, mucho más difícil y revolucionario que descubrir un gen, insertarlo en otro ser vivo, patentarlo y hacer un gran negocio.