Ignacio Cirio, Radio Mundo Real. El 15 de marzo se inició el desalojo masivo y violento de 800 familias posesionadas desde octubre de 2010 en el latifundio de la empresa azucarera Chabil Utzaj, el Valle del Polochic, departamento de Alta Verapaz al norte de Guatemala. Aunque se había anunciado, derivó en una maniobra de provocación a través de grupos de “civiles” que, protegidos por las fuerzas públicas, ingresaron al predio, destruyeron las casas, arrasaron la milpa y arremetieron contra los líderes de la comunidad. La tenencia y uso de la tierra y la soberanía alimentaria —las causas que generaron el conflicto armado de los setenta—, permanecen intocadas.
En su momento así lo denunció internacionalmente el equipo de comunicación de la Vía Campesina en Guatemala, apuntando que el operativo contó con participación de la fuerza pública estatal —el Ejército y la Policía Nacional Civil—, pero también hubo elementos de seguridad del ingenio.
En el proceso de posesionamiento, los líderes comunitarios contaron con acompañamiento del CUC-VC, iniciándose en octubre de 2010 los trámites de negociación de esas tierras ante la secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo Nacional de Tierras (Fontierras). El objetivo era buscar mecanismos para la compra de las fincas posesionadas. No obstante que existía una mesa de diálogo al respecto, el juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, Alta Verapaz, dictó orden de desalojo a petición de la empresa Chabil Utzaj, para el martes 15 de marzo, iniciándose en dos de las catorce comunidades asentadas, concretamente Miralvalle y Aguas Calientes.
“En lugar de seguir por la vía del diálogo, la familia Widmann, propietarios de Chabil Utzaj, y el gobierno, están optando por la violencia y violación a los derechos”, apuntó la información de la Vía Campesina Guatemala.
En momentos en que se ejecutaba el desalojo, de nada sirvió el exhorto del Comité de Unidad Campesina a gendarmes y empresarios para que se respetaran la integridad y los derechos humanos de los posesionarios, así como sus propiedades y sobre todo sus cultivos, fundamentales para su alimentación diaria. Al clarear el día 15, se habían instalado en las inmediaciones más de ocho camiones del Ejército, varias patrullas de la Policía Nacional Civil, así como civiles contratados por la empresa Chabil Utzaj, a los que en algún caso se los vio vestidos de uniformes del Ejército.
Pocas horas después, hacían ingreso al predio tractores y otras maquinarias de la empresa, destruyendo los cultivos de subsistencia de las distintas comunidades, a pesar del compromiso asumido en contrario por parte de la policía ante los líderes comunitarios.
Paradójicamente, la violencia estalló cuando ya comenzaban a retirarse las familias. Es entonces que la policía ingresó de forma violenta utilizando a otro grupo —“campesinos” armados con machetes. Fueron los “civiles”, en efecto, los encargados de realizar el “trabajo sucio” en esa dura jornada. En la retirada, la policía con bombas lacrimógenas junto con los “campesinos” de choque persiguieron a los posesionarios hasta un terreno privado, ingresando a algunas de las viviendas y golpeando a hombres y mujeres, según testimonios recogidos vía telefónica por Radio Mundo Real.
Es así que Antonio Beb Ac, comunitario seriamente herido en su cabeza, falleció durante el desa-lojo de la comunidad Miralvalle. También fue herida de una pierna María Elena Pau por parte de agentes que ingresaron a su casa. José Tun y Rafael Suy resultaron heridos de bala, al tiempo que la policía capturó a los líderes Justo Tiul Chen y Sebastián Choc.
Según informó el periódico digital guatemalteco Prensa Libre, la policía y el ejército se negaron a confirmar la muerte de Antonio Beb Ac “e incluso llegaron a decir que fue él quien se hirió a sí mismo con su machete” aunque “el fiscal a cargo del caso, Benigno Ramírez, confirmó el homicidio”.
Desde la Vía Campesina Guatemala se señala que la política seguida por el gobierno de Álvaro Cólom no tiene como finalidad solucionar los problemas de conflictividad agraria. “No puede ser que el gobierno ignore las demandas de los campesinos y que, por el contrario, beneficie a empresarios y terratenientes que están concentrando y reconcentrando la tierra para la siembra de grandes extensiones de monocultivos”, señala la organización.
En tanto, Amnistía Internacional ha divulgado la violación de compromisos humanitarios asumidos por Guatemala en este proceso de desalojo: “Los desa-lojos en el Valle del Polochic se han llevado a cabo hasta ahora sin una consulta adecuada, aviso adecuado o la prestación de alojamiento alternativo adecuado, y deben cesar de inmediato”, dijo Sebastián Elgueta, investigador de Guatemala de Amnistía Internacional, al periódico SigloXXI.
Condiciones objetivas e impunidad. Daniel Pascual, dirigente del CUC-Vía Campesina dijo en entrevista con Radio Mundo Real que los desalojos masivos se suceden permanentemente en todo el mapa guatemalteco, donde en la actualidad existe cerca de un centenar de posesionamientos de tierras: “es un claro manifiesto de la necesidad de que haya una reforma agraria en Guatemala”, resumió.
Hambrunas, desempleo, migración del campo a la ciudad representan las dolorosas condiciones objetivas para el debate sobre la conflictividad y la implementación de una reforma agraria en Guatemala; de lo contrario se sucederán estos hechos de violencia dado que, como sostiene el dirigente campesino, no existen organismos en el Estado que velen por los derechos de las familias afectadas.
El caso del Valle del Polochic ameritó la presencia en el lugar de dos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos lo cual, a juicio de Daniel Pascual, daría lugar a una investigación más profunda de los hechos y sus responsables. Dicha presencia, así como las denuncias internacionales cursadas, podrían evitar nuevos actos de violencia cuando aún se encuentran en el predio otras diez comunidades.
Daniel Pascual señala que situaciones como las del Valle del Polochic se fundan en una situación de extrema desigualdad en que subsisten los campesinos en Guatemala, las cuales coinciden con aquéllas que dieron espacio al cruento conflicto armado que golpeó al país. “Las raíces que dieron lugar al conflicto armado no fueron resueltas, tenemos situaciones graves de crimen organizado y de hecho el número de muertos por esas causas han superado a los generados en el conflicto armado”, indicó. “Son los mismos terratenientes que usaron la estrategia contrainsurgente los que tienen una actitud totalmente irracional en estos desalojos. Y el ejército contrainsurgente hoy se ha convertido en ejército de las empresas que buscan instalarse en el campo de Guatemala”.
El auge de los agrocombustibles en base a caña azucarera y palma africana, remarca Daniel Pascual, ha significado un nuevo empuje desde las empresas y terratenientes para negar el derecho de acceso a la tierra, el derecho a la alimentación y otras garantías fundamentales a los campesinos del país.
Guatemala es uno de los países de América Latina en que los niveles de concentración de la tierra se vuelven más lacerantes: “somos un país con mucha tierra de vocación agrícola y de gente muy trabajadora, sin embargo la tierra se encuentra concentrada en muy pocas manos”, indicó Daniel Pascual.
Una semana antes de los hechos de Alta Verapaz, también habían sido desalojadas totalmente otras cuatro comunidades mayas, por lo que en contexto nacional es de una verdadera guerra de baja intensidad en que decenas de familias pierden el acceso a la tierra, sus líderes son criminalizados y encarcelados y los resortes estatales de salvaguarda de derechos permanecen omisos.
Los hechos del Valle del Polochic amenazan no ser los últimos en materia de violencia en el campo guatemalteco, invadido de proyectos de agrocarburantes y extracción minera: “Así, con un Estado totalmente omiso y en asociación con las grandes empresas, existen las condiciones como para que el tipo de violencia que llega incluso a asesinatos quede en la impunidad”, reflexionó con preocupación el referente guatemalteco.