Biodiversidad
El hambre de ganancias de las transnacionales
Sebastián Valdomir, redes-at, Uruguay. Los resultados de la reciente Cumbre de la fao relacionada con la llamada “crisis alimentaria” global fueron muy negativos. No sólo los gobiernos se abstuvieron de asumir compromisos concretos para solucionar las causas de dicha crisis, sino que, en sus diversos mensajes, promovieron vías que han demostrado ser, una y otra vez, las causantes de los desastres alimentarios a escala global. La solución —según varios gobiernos latinoamericanos— es más libre comercio y reproducción ampliada del capitalismo agrícola. Así, los principales promotores del libre comercio global aprovecharon la grave crisis alimentaria para afirmar que el mejor remedio sería concluir exitosamente y cuanto antes las negociaciones de la Ronda de Doha de la omc, con un acuerdo que incluyera la liberalización profunda del comercio agrícola internacional. En ese coro reportaron Pascal Lamy, director general de la omc, Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, Dominique Strauss Kahn, director general del Fondo Monetario Internacional y Mariann Fischer Boel, comisaria de Agricultura de la Unión Europea, entre otros.
Según ellos, llegar a un acuerdo en las negociaciones de la omc ayudaría a “estabilizar” la situación de total desajuste de los precios de los alimentos, y a dar “garantías” a los países que son importadores netos de alimentos, de que este tipo de situaciones no se volverán a producir. Un acuerdo en el marco de la omc, dicen sus promotores, ayudará a “disciplinar” los mercados internacionales de especulación financiera instalados en varios segmentos de las cadenas agroalimentarias globales.
En los hechos, tal acuerdo agrícola reforzará el poder de los actores dominantes del comercio internacional de alimentos —las transnacionales agroalimentarias— pues implicará la reducción general de los aranceles e impuestos a las importaciones alimentarias, el fin de las medidas proteccionistas y las ayudas internas a la producción local de comida.
No extraña que los mandos de las instituciones intenten convencer al mundo de las bondades de la receta del libre comercio. Ése es su trabajo. Pero sorprende que las posiciones de países como Argentina, Brasil, México, Ecuador o Uruguay en la reciente Cumbre de la fao (3 a 6 de junio), son igualmente llamados en favor de un acuerdo en la Ronda de Doha tan entusiastas como los de los líderes del fmi, el bm y la omc.
Estos países latinoamericanos son grandes productores de alimentos pero mantienen inmensas deudas internas con sus propias poblaciones, por la mala distribución de la riqueza, el casi nulo acceso a la tierra y la falta de soberanía alimentaria, mientras promueven una mayor liberalización comercial.
Cristina Fernández, presidenta argentina, identifica como causas de la crisis alimentaria los problemas de acceso y distribución de alimentos, las políticas proteccionistas de los países centrales y la fuerte concentración de poder en los mercados internacionales, unos cuantos actores corporativos que operan el sector agroalimentario con gran especulación.
Según ella, “hay un doble estándar, es como que de los países centrales se emiten mensajes acerca del libre comercio, de no proteccionismo, pero en los casos concretos y en las políticas concretas desde hace décadas, los países en proceso de desarrollo tenemos fuertes dificultades para acceder a los mercados”.
Así, la presidenta afirma que existe poco “libre comercio real”, y los países en desarrollo tienen dificultades en acceder a los mercados internacionales con sus productos primarios. “La segunda cuestión es reorientar a través de los organismos multilaterales de crédito, las inversiones hacia aquellos países que podemos ser y somos grandes productores de alimentos pero que también hemos incorporado en la producción de alimentos, en la producción agrícola, fuerte tecnología” (ver www.fao.org, para todas las citas de los funcionarios latinoamericanos en la Cumbre de fao).
El gobierno de Brasil plantea algo semejante: “la así llamada crisis mundial de los alimentos es, sobre todo, una crisis de oportunidades y de distribución” afirma el presidente Lula. “Brasil, como potencia agrícola, está comprometido con el aumento de su producción… La superación de las trabas actuales requiere, evidentemente, la conclusión exitosa… de la Ronda de Doha. Un acuerdo que deje de contemplar el comercio agrícola como una excepción a las reglas y permita a los países más pobres generar renta con su producción y su exportación”.
Insiste Lula, “si el mercado agrícola europeo no se abre a los productos agrícolas de los países pobres será muy difícil llegar a un acuerdo… Si los países ricos no disminuyen los subsidios agrícolas que otorgan a sus productores, los países pobres muy difícilmente podrán ser competitivos”.
La posición del gobierno de México —expresada en la Cumbre de fao por el secretario de Agricultura Alberto Cárdenas— es muy conocida: “Hoy más que nunca los países en desarrollo requieren mercados justos, abiertos, equitativos, con reglas y disciplinas claras, de otra manera no podrán adquirir alimentos básicos, poniendo en mayor riesgo la estabilidad de muchos países”.
Cárdenas explica que el presidente Calderón emitió 19 medidas “para apoyar las economías de los mexicanos más pobres”. Algunas son: la reducción drástica de los altos aranceles de maíz blanco y amarillo, arroz, frijol, trigo, soya y leche en polvo, y la reducción de los aranceles a la importación de fertilizantes y componentes químicos.
Miguel Toma, del gobierno uruguayo, afirma que “una conclusión exitosa en materia agrícola de la Ronda de Doha tendrá efectos positivos en la seguridad alimentaria mundial. La disminución de aranceles, la eliminación de los subsidios a las exportaciones y la reducción significativa de medidas de ayuda interna que distorsionan la producción y el comercio por parte de países desarrollados, redundará en una reforma fundamental del mercado agrícola mundial… los países productores eficientes tendrían las garantías necesarias para realizar inversiones que aseguren una expansión considerable de su producción y oferta exportable”.
La ministra de Agricultura Marigen Venegas, de Chile, asegura que se debe “eliminar el proteccionismo y los subsidios que los países desarrollados aplican a sus agriculturas y que distorsionan el comercio agrícola internacional. El crecimiento de los países en desarrollo necesita de más y mejor comercio agrícola, un comercio internacional con reglas claras y justas”.
El ministro ecuatoriano de Agricultura, Walter Poveda, dijo que la crisis alimentaria requiere que los países sean “cada vez con menos barreras para el comercio y fronteras más abiertas para la fluidez de productos agrícolas en el mundo, principalmente desde aquellos países con mayores limitaciones técnicas y de comercio exterior hacia los países desarrollados”.
Una apertura de los mercados agrícolas de acuerdo a lo que apunta la Ronda de Doha generará mayor volatilidad de los precios de los productos básicos, contra lo cual los gobiernos del sur no conservan ningún tipo de instituciones de regulación o defensa de la producción local de alimentos, desmantelados por años de liberalización comercial a lo largo de los años noventa, a través del Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay del gatt y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, más los tratados de protección de inversiones.
En los países del sur global, los mecanismos y modalidades de intervención directa de los gobiernos sobre los mercados y la producción agrícola como los impuestos a la exportación, mecanismos de salvaguardia y aranceles a las importaciones fueron erradicados como mala palabra por el neoliberalismo en nombre del libre comercio. Esto mismo es lo que ahora precisamente se pretende establecer con un acuerdo global de libre comercio en la omc. Aprovechando esto, no han cesado de incrementar sus ganancias las empresas transnacionales de la agroalimentación.
Contrariamente a lo que los promotores de la Ronda de Doha de la omc manifiestan públicamente, nada de lo que se negocia en este marco apunta a colocar reglas concretas para regular los mercados financieros, ya que por el contrario, Estados Unidos y la Unión Europea presionan ya para que nada intervenga en los movimientos de los capitales a escala global.
El contexto está hecho a la medida de los intereses de las agroempresas transnacionales, y es ampliamente aprovechado por ellas como lo prueban las obscenas tasas de ganancias divulgadas en los momentos mas críticos de la crisis alimentaria actual.
La “crisis del campo” y el síndrome de Estocolmo en la sociedad argentina
Carlos A. Vicente, GRAIN. Varias actitudes de los principales actores públicos en la “crisis del campo” en los últimos meses (la “gente del campo”, los “pequeños productores”, los medios de comunicación, la gente de clase media, algunos sectores de la izquierda, el gobierno) produce fuerte desconcierto por las actitudes, reacciones y contradicciones que día a día sembraron una de las peores crisis de los últimos años en la sociedad argentina.
Esta situación invita a pensar en las razones de tremendo desbarajuste y a prestar atención a los innumerables análisis publicados. Más allá de la certeza y agudeza de algunos textos, en las últimas semanas muchos pensamos que faltaba una pieza en el rompecabezas y vez tras vez nos vino a la cabeza la idea de una sociedad viviendo el “síndrome de Estocolmo”.
Qué es el Síndrome de Estocolmo. El Grupo etc lo definió en un documento del 2002, donde decía que “poco después de la histórica conferencia de Estocolmo, un robo de banco con una situación de rehenes en esa ciudad acaparó los encabezados de la prensa. El furor de los medios no se debió a que hubiera rehenes sino a que, cuando fueron liberados, no querían abandonar a sus captores. Dos de las cuatro víctimas fueron eventualmente arrebatadas a sus héroes bandidos”. Desde entonces, los siquiatras denominan a este fenómeno como el síndrome de Estocolmo. La teoría afirma que tras un determinado tiempo de depender del secuestrador, por instinto el cautivo se vinculará con éste. En junio de 2002, Camila Montecinos describió el síndrome de Estocolmo como “un fenómeno político en las relaciones entre el opresor y el oprimido”.
Esta figura, desde el punto de vista político, sienta a la perfección lo que estamos viviendo en Argentina. Porque claramente hay un “secuestrador”: son las grandes corporaciones del agronegocio que tienen maniatada a toda la sociedad argentina sin que ésta se anime a dar una respuesta contundente.
Un secuestrador que tiene sus cómplices en los grandes terratenientes y los pooles de siembra que obtienen ganancias espectaculares a costa de todos los trabajadores argentinos destruyendo nuestros suelos, contaminando el país, desplazando a poblaciones rurales y dejando de producir alimentos. Y que también tiene sus socios en los grandes medios de comunicación que deforman la realidad hasta el hartazgo por defender estos poderosos intereses.
Estos socios no dejan de ser esclavos de los señores todopoderosos de la agroempresa que manejan hoy el mundo a su antojo y que mañana pueden partir con sus semillas transgénicas a otros puertos dejando un país devastado y sin rendir cuenta alguna de los daños.
Más evidencia del “síndrome” es la participación de la Federación Agraria Argentina en las protestas del “campo”. Los pequeños y medianos agricultores (no tan pequeños muchos de ellos) salieron abiertamente a aliarse a quienes siempre han sido sus opresores, que llevaron en las últimas décadas al cierre de miles de establecimientos agropecuarios y a un nivel inédito de concentración de la tierra (trágico si se consideran las superficies manejadas por los pooles de siembra). Quienes hasta hace unos meses cuestionaban esta problemática, hoy se han convertido en la “mano de obra” para los piquetes rurales. Y del discurso crítico a la concentración de la tierra, la lucha por una agricultura con agricultores y la búsquedas de alianzas con sectores campesinos, pasaron sin escalas a defender los intereses de aquellos a quienes sin duda quieren emular.
Buena parte de la sociedad argentina supo ponerse la “escarapela” del campo e identificando confusamente la “argentinidad” con la soja (la argentinidad al palo, diría la Bersuit) no dudaron en salir a defender estos intereses corporativos con carteles que inundan tristemente la ciudad de Marcos Paz, o colman el monumento a la Bandera en Rosario. Prisioneros del agronegocio, no dudan en defenderlo aunque durante las últimas décadas hayan tenido que ver día a día cómo los alimentos se encarecen y se hacen más inaccesibles para la mayoría de la población.
Y el gobierno argentino, políticamente activo durante las últimas décadas en abrirse a este modelo de monocultivos transgénicos de exportación y que hasta hace unos meses tenía como uno de sus principales aliados a Gustavo Grobocopatel, Rey de la Soja —al punto de delegarlo para llevar la soja a la bolivariana República de Venezuela—, es también un prisionero enamorado de su opresor. Basta como muestra que acaba de aprobar un nuevo maíz transgénico que incorpora ya tres eventos (resistencia a glifosato, resistencia a glufosinato y toxina Bt). Más monocultivo, más agroquímicos, mayor dependencia de las corporaciones. Todo lo que públicamente critica y expresa se debe cambiar.
El síndrome de Estocolmo tiene una salida. Comprender quiénes son los opresores y enfrentarlos. Este es el gran desafío pendiente.
Las transnacionales: ¡culpables!
El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), fundado por Bertrand Rusell en los años sesenta, sesionó en Lima, Perú para dictaminar sobre empresas europeas en América Latina y resolvió “sancionar moral y éticamente” a las empresas transnacionales así como “conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea”. La sanción del TPP abarca también, expresamente, “a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo”.
El dictamen final del TPP se dio a conocer en la clausura de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas III, paralela a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Unión Europea, América Latina y el Caribe.
En las sesiones del TPP, se presentaron más de veinte casos contra empresas transnacionales europeas, denunciadas en audiencia pública por organizaciones sociales y de trabajadores, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de América Latina y el Caribe.
El dictamen del tpp anuncia además la decisión de pedir “al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que a la brevedad posible presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de caracterizar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales”.
El dictamen también exhorta a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que “se garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos” y que “se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y el respeto y aplicación prioritario de las convenciones, pactos internacionales, declaraciones y normas de la oit y en general de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.
El tpp “reconoce la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas, y otras organizaciones de base. Se compromete además a continuar acompañando con sus competencias y trabajo las violaciones de los derechos de los pueblos por las empresas transnacionales, los Estados y las instituciones internacionales y de construcción de alternativas”.
Perú: Alan García decreta destruir las comunidades
En un boletín de prensa fechado en mayo, Miguel Palacín Quispe, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (caoi) alertó contra el nuevo decreto 1015 emitido por el gobierno de Alan García, “como instrumento para despojar los territorios ancestrales y arrasar las formas tradicionales de trabajo, economía y organización: en resumen destruir a las comunidades indígenas, algo que ni la dictadura de Alberto Fujimori, en la década pasada, se atrevió a hacer”.
El decreto legislativo 1015 modifica la ley 26505 (Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas), que exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de dos terceras partes de los miembros de comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al 50% más uno de los asistentes a la asamblea comunal.
El decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Si una comunidad de mil miembros hace una “asamblea” con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.
Se añade que quienes no son miembros de la comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la asamblea.
Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorios comunales pueden apropiarse “legalmente” de esas tierras amañando “asambleas”.
El decreto 1015 es un grave atentado contra las comunidades campesinas por parte de un gobierno cada vez más entregado a los apetitos de las empresas transnacionales que saquean nuestros bienes naturales.
La caoi convoca a la solidaridad internacional para detener esta amenaza privatizadora y destructiva de las comunidades campesinas e indígenas en el Perú.
Breve retrato de la papa transgénica
Elizabeth Bravo, Acción Ecológica. El Parlamento Andino declaró en 2006, a la región andina (específicamente los países de la Comunidad Andina), libre de papa transgénica, por la importancia cultural y social de este cultivo en las poblaciones andinas, y porque el centro de origen y diversidad de la papa es esta región.
La diversidad genética de papa es tan alta ahí, que dentro de un ayllu en Bolivia se puede encontrar hasta 70 variedades de papas entre amargas, semi amargas y dulces. Estudios recientes han demostrado que existen 235 especies de papas, entre silvestres y cultivadas, cada una con cientos de variedades.
El peligro de introducir papa transgénica en la región estriba en que la mayoría de las variedades nativas de papa pueden entrecruzarse entre sí, y por supuesto con papas transgénicas. Los siguientes factores que favorecen el flujo de genes en la papa son la coincidencia en la floración, la presencia de polinizadores, la sobrevivencia de semilla sexual en los campos de cultivos, la habilidad de propagación mediante cruces naturales entre especies silestres y cultivadas dando lugar a semilla fértil, la germinación y sobrevivencia espontánea que da lugar a variaciones en especies silvestres y cultivadas e introgresión.
A pesar que algunas pruebas de campo bajo condiciones controladas pretenden demostrar la ausencia del riesgo de contaminación genética de las variedades nativas de papa (cultivadas o silvestres) con material transgénico, el riesgo de contaminación es muy amplio por los factores de flujo de genes mencionados, los cuales se exacerban en la complejidad ecológica y social existentes en la región andina, donde se practica el intercambio de papa entre comunidades muy distantes.
Existen ya algunas papas transgénicas que están listas para salir al mercado.
El gobierno sudafricano ha aprobado un proyecto financiado por Estados Unidos para cultivar papas modificadas genéticamente en seis lugares secretos del suelo africano. En Estados Unidos se cultivó una papa similar pero fue sacada del mercado debido a la resistencia de los consumidores. Esta papa transgénica fue desarrollada por el Instituto Internacional de la Papa, en su sede en Perú.
Esta papa transgénica está manipulada para resistir los ataques de la polilla de la papa (Phthorimaea operculella), la misma que puede ser controlada con el uso de variedades de papa nativa resistentes a la polilla, o con un buen sistema de manejo del cultivo.
Hay investigación que demuestra que en el campo, las polillas de la papa no dañan el tubérculo, sino a las hojas, pero esto no tiene efecto en el rendimiento del tubérculo. Es durante el almacenamiento cuando la modificación genética se vuelve efectiva, por lo que introducir esta papa genéticamente modificada en el mercado, beneficiaría sobre todo a los grandes comercializadores. Se ha demostrado que estas polillas se alimentan de otras Solanaceae y pueden convertirse en un serio riesgo para las especies agrícolas y silvestres, que son de suma importancia. Hay preocupaciones de orden científico en relación a esta papa, como la presencia de genes de resistencia a antibióticos.
Otra papa transgénica, con resistencia al hongo que produce la enfermedad del tizón tardía, o lancha de la papa, está en la lista de espera para ser liberada en el campo. Es una papa desarrollada por la empresa alemana basf. Esta papa transgénica ha sido modificada con un gen de una variedad silvestre de México, Solanum bulbocastanum (emparentada con la papa y que es resistente al hongo que produce la enfermedad). El marcador genético utilizado es un gen con resistencia a herbicidas.
A pesar de que se habría podido recurrir a otras técnicas para controlar al hongo, se prefiere la manipulación genética, porque la resistencia puede ser transmitida a líneas comerciales de manera más rápida. Aun cuando se están introduciendo genes de especies relativamente emparentadas, en estas papas transgénicas se inserta un cóctel de genes, cuya expresión puede generar una serie de impactos a la salud, al ambiente, y a la biodiversidad local.
Los pueblos tejen resistencia
Presentamos algunos fragmentos relevantes de la Declaración de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas iii, celebrada en Lima, Perú en mayo de este año.
…Rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.
La estrategia de la Unión Europea Europa Global : Competir en el mundo, supone profundizar las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones.
…Esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la omc que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales… varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos.
Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos acuerdos en Centroamérica, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur, cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.
En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia, el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.
Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales que pretenden esconder sus verdaderas causas: el direccionamiento de la producción de los países a la exportación, la pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y la conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de “libre comercio”. Es inadmisible que se proponga más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.
Reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos… Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países…
Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones eti/Entel. Llamamos a los gobiernos que promuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de eua y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos… Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.
La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerzas sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, dan ejemplo de combatividad y elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.
Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.